El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0594 de 2026, mediante el cual actualizó los umbrales arancelarios aplicables a las importaciones de calzado cuyo precio FOB declarado se ubique por debajo de determinados límites. La medida, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fija un gravamen del 35,0% para las compras externas que ingresen con valores declarados iguales o inferiores a rangos que oscilan entre US$7,0 y US$11,0 por par, dependiendo del tipo de producto. La normativa aplica específicamente sobre las partidas arancelarias 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405 del Capítulo 64 del Arancel de Aduanas Nacional, así como sobre la subpartida 6406.10.00.00, correspondiente a capelladas. En este último caso, el arancel se activa cuando el precio FOB declarado resulte igual o inferior a US$5,90 por kilogramo bruto. La decisión responde a un contexto de crecimiento acelerado de las importaciones originarias de países sin acuerdo comercial vigente con Colombia, cuyas cantidades importadas de pares de calzado se incrementaron un 13,1% en 2024 y un 24,7% adicional durante 2025. En el segmento específico de capelladas, el avance fue significativamente superior, alcanzando un 78,2% en 2024 y un 93,4% en 2025, cifras que justifican la continuidad y el reforzamiento de las barreras arancelarias destinadas a proteger la actividad productiva nacional. La norma tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de su entrada en vigor, periodo tras el cual el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior evaluará la pertinencia de mantener o desmontar el mecanismo.

Según el diario La República, el principal origen de las importaciones provenientes de países sin tratado comercial en 2025 fue China, con una concentración del 56,2%, seguida por Vietnam con el 26,3% e Indonesia con el 12,8%. Entre las naciones con acuerdo comercial vigente, únicamente Brasil registró una participación relevante, equivalente al 8,4% del volumen total importado. Al analizar la dinámica trimestral más reciente, el valor de las importaciones de calzado pasó de US$128,7 millones en el primer trimestre de 2025 a US$133,5 millones en el mismo periodo de 2026, representando un incremento del 3,7%. Solo durante marzo, las compras externas crecieron un 24,1% y alcanzaron los US$49,2 millones, evidenciando la aceleración de la tendencia importadora. La decisión del Ejecutivo se enmarca en un contexto más amplio de pérdida de dinamismo del sector productivo local. La participación del cuero, calzado y marroquinería en el Producto Interno Bruto se redujo del 0,3% promedio registrado entre 2007 y 2017 al 0,1% entre 2018 y 2024. En términos monetarios, el aporte del sector pasó de un promedio de $1,77 billones anuales a $1,23 billones durante el último año. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), la industria está conformada por cerca de 9.384 empresas formales y genera más de 127.000 empleos directos, consolidando su relevancia dentro del tejido económico nacional.

Los umbrales establecidos por el decreto buscan desincentivar las prácticas de subfacturación que han afectado históricamente al sector, garantizando condiciones más equitativas de competencia en el mercado interno. Para la partida 6401, que incluye calzado impermeable y de seguridad con puntera metálica, el umbral quedó fijado en US$7 por par. El mismo límite rige para las partidas 6402 y 6404, que agrupan calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, así como calzado deportivo. En el caso de la partida 6403, correspondiente a calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural o regenerado, el umbral asciende a US$11 por par, mientras que la partida 6405, que reúne los demás tipos de calzado incluidos aquellos con parte superior en cuero natural o regenerado, contempla un límite de US$8 por par. Es importante señalar que la norma excluye expresamente las importaciones originarias de países con acuerdos comerciales vigentes con Colombia. Paralelamente, el Ministerio de Comercio anunció la semana anterior un proyecto de decreto para establecer aranceles inteligentes en sectores estratégicos como el acero, el plástico y el textil, complementando así la estrategia de protección productiva con medidas que abordan tanto el producto terminado como los insumos de fabricación. Según representantes de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, el sistema moda en su conjunto involucra cerca de 142.000 micro y pequeñas empresas y genera alrededor de 2,5 millones de empleos, en su mayoría ocupados por mujeres y madres cabeza de familia.

La actualización de los umbrales arancelarios constituye una señal clara de la intención gubernamental de frenar la erosión competitiva que ha sufrido la cadena productiva del calzado nacional durante la última década. Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá en gran parte de la capacidad institucional para fiscalizar el cumplimiento real de los valores declarados en aduanas, dado que la subfacturación ha sido precisamente el mecanismo mediante el cual se han eludido las barreras arancelarias vigentes desde el Decreto 1881 de 2021. El crecimiento del 93,4% en las importaciones de capelladas sugiere que la industria importadora ha migrado parcialmente hacia la estrategia de ensamblar localmente con componentes extranjeros, lo cual reduce el costo arancelario del producto terminado. En consecuencia, una política integral requerirá no solo umbrales más altos para el calzado terminado, sino también mayor vigilancia sobre las cadenas de ensamblaje que puedan desvirtuar el espíritu proteccionista de la norma. El reto para las 9.384 empresas formales del sector será aprovechar este escudo temporal de cinco años para invertir en productividad, innovación y formalización, de modo que al término de la vigencia la industria local pueda competir en condiciones más robustas frente a la oferta asiática.

Para obtener más información sobre el desempeño del sector cuero, calzado y marroquinería, así como los riesgos y oportunidades derivados de las políticas comerciales vigentes, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Además, explore los Reportes EXIM para analizar los flujos de comercio exterior del sector.

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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0595 del 11 de junio de 2026, mediante el cual se crea el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL). La normativa establece un marco integral de disposiciones arancelarias, aduaneras e industriales orientadas a impulsar la fabricación y el ensamblaje local de vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV), híbridos de autonomía extendida (E-REV), eléctricos de batería (BEV) e híbridos completos (FHEV) dentro del territorio colombiano.

Con esta medida, el Ejecutivo busca consolidar una industria nacional de movilidad eléctrica, alineada con los objetivos de reindustrialización, transición energética y descarbonización del transporte consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El decreto contempla la creación de la partida arancelaria 98.03, desdoblada en dos subpartidas diferenciadas para materiales importados bajo las modalidades CKD (Completely Knocked Down) y SKD (Semi Knocked Down), ambas con un gravamen del 0,0% para los vehículos ensamblados localmente.

La iniciativa se sustenta en la experiencia acumulada por instrumentos previos como el Programa de Fomento a la Industria Automotriz (PROFIA) y el Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor y de la Seguridad Vial (IAMAS), el cual alcanzó una utilización superior al 99,0% del contingente asignado y generó incrementos del 21,1% en las unidades producidas entre los años 2021 y 2022. La decisión gubernamental llega en un momento de expansión acelerada del segmento electrificado en el mercado automotor nacional.

Según el diario La República, el INPIMHEL constituye el eje central del nuevo esquema regulatorio, al otorgar cupos de importación exclusivos para vehículos completamente terminados de las categorías PHEV, E-REV, BEV y FHEV. Dichos cupos no serán acumulables de un año a otro y se distribuirán conforme a un calendario que autoriza hasta 20.000 unidades para 2026 y otras 20.000 unidades para 2027, bajo un arancel preferencial del 5,0%.

La asignación será proporcional a la inversión efectivamente certificada por cada beneficiario ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad encargada de administrar el instrumento. Paralelamente, el decreto otorga un tratamiento arancelario del 0,0% para el componente técnico inicial requerido en la puesta en marcha de las plantas, incluyendo equipos, bancos de prueba, matrices, moldes, herramientas especializadas, sistemas de medición, calibración, líneas piloto e infraestructura tecnológica.

El beneficio cubre 305 subpartidas arancelarias específicas y estará condicionado a que los bienes se encuentren amparados por el acto administrativo de aprobación correspondiente. Uno de los compromisos más relevantes del instrumento establece que al menos el 70,0% de la mano de obra utilizada en las actividades de ensamble, integración, validación técnica y puesta en marcha deberá ser nacional. De igual manera, la norma fija porcentajes progresivos obligatorios de integración de contenido local en los vehículos ensamblados: 2,0% en 2027, 4,0% en 2028, 6,0% en 2029 y 8,0% a partir de 2030, aplicables exclusivamente a la modalidad CKD. El incumplimiento de estas metas acarreará la suspensión inmediata de los cupos de importación, la pérdida de los beneficios arancelarios y la revocatoria del reconocimiento como beneficiario del programa. Adicionalmente, el reconocimiento INPIMHEL tendrá una vigencia máxima de sesenta meses, periodo durante el cual los beneficiarios deberán presentar informes trimestrales y anuales de avance, mantener sistemas integrales de trazabilidad digital y conservar la documentación asociada durante un mínimo de cinco años.

El Régimen de Transformación y Ensamble (RTE-E), por su parte, establece las condiciones operativas para que las industrias de fabricación o ensamble puedan importar materiales bajo las modalidades CKD y SKD con arancel del 0,0%, siempre que operen en depósitos habilitados de transformación y ensamble o en zonas francas. La autorización inicial del RTE-E tendrá una vigencia de hasta tres años, prorrogable por un año adicional, y posteriormente podrá renovarse por periodos de diez años.

Para acceder a la modalidad SKD, las empresas deberán acreditar una producción mínima del 15,0% de vehículos BEV y cumplir con el porcentaje de integración nacional establecido. El decreto prohíbe expresamente la acumulación de beneficios entre instrumentos, de modo que las variables utilizadas para el RTE-E no podrán servir para obtener ventajas en otros programas de política industrial. El mercado colombiano ofrece condiciones favorables para la implementación de este régimen: durante el primer cuatrimestre de 2026, los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 207,0% en matrículas frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando 14.541 unidades, mientras que los híbridos sumaron 27.238 registros con un avance del 73,4%.

Desde la perspectiva de Sectorial, la creación simultánea del RTE-E y del INPIMHEL representa una señal inequívoca del Gobierno para atraer inversión extranjera directa hacia el segmento de movilidad eléctrica. La estructura de incentivos combina aranceles del 0,0% para componentes técnicos y materiales CKD/SKD con cupos de importación de vehículos terminados al 5,0%, configurando un modelo que busca replicar el éxito del programa IAMAS adaptándolo a las tecnologías de propulsión limpia. No obstante, la efectividad del esquema dependerá en gran medida de la capacidad institucional para procesar las solicitudes antes del cierre del plazo en diciembre de 2026, así como de la disponibilidad real de proveedores nacionales capaces de satisfacer los porcentajes de integración local exigidos. La exigencia del 70,0% de mano de obra nacional constituye una oportunidad significativa para la generación de empleo calificado en ingeniería, diseño y manufactura avanzada, aunque el escalamiento progresivo de la integración del 2,0% al 8,0% deberá ir acompañado de programas de formación técnica y fortalecimiento de la cadena de autopartes local para evitar cuellos de botella operativos.

Para obtener más información sobre las implicaciones regulatorias y comerciales de esta normativa en el sector automotor colombiano, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Acceda a los Foros Sectoriales para conocer de primera mano las tendencias de la industria automotriz y las oportunidades derivadas de la transición hacia la movilidad eléctrica. Consulte también nuestros Reportes EXIM para analizar los flujos de comercio exterior asociados a los componentes y vehículos electrificados.

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El sector de aceites vegetales cerró 2025 con un récord histórico de producción de 1,9 millones de toneladas (+12,0%) e ingresó al primer trimestre de 2026 manteniendo el dinamismo. La producción acumulada ene-mar 2026 alcanzó 562.528 toneladas (+3,8% interanual), liderada por las zonas Oriental (47,3%) y Central (35,1%). Las ventas internas crecieron 2,3% en el mismo lapso, mostrando una recuperación moderada frente al estancamiento observado en 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) cerró 2025 con un crecimiento de 8,7% ($1.753 mil millones), impulsado por el dinamismo exportador y la recuperación de la demanda industrial.

Las exportaciones del 2025 totalizaron US$1.221,9 millones (+70,3%), consolidando el papel del sector como motor del comercio exterior agroindustrial; en enero de 2026 sumaron US$90,1 millones (+48,2%), con Camerún, Brasil y Países Bajos como principales destinos. Los precios internacionales presentaron un repunte: en marzo de 2026 el aceite de palma se cotizó en US$1.103,0 por tonelada, mientras que el aceite de soya alcanzó US$1.482,0 por tonelada, presionada por el conflicto en Medio Oriente y choques climáticos. Los riesgos del sector se concentran en los aranceles bilaterales con Ecuador, los bloqueos viales y la inminente entrada en vigor del reglamento europeo contra la deforestación.

El comportamiento del ingreso corriente disponible en los hogares de Colombia ejerce una presión sobre la capacidad de demanda, la estructura del gasto privado y los niveles de consumo de bienes no esenciales en el mercado interno. La reducción de la incidencia de la pobreza monetaria a un nivel del 28,0% al cierre del año anterior implica que un porcentaje de la población nacional ha experimentado un incremento en sus flujos monetarios, logrando de esta forma ubicarse por encima del umbral de vulnerabilidad económica básico. Sin embargo, para este segmento de la población, salir de la condición estadística de pobreza no se traduce de forma automática en una capacidad de consumo diversificada o en una expansión del gasto hacia bienes de valor agregado industrial.

Por el contrario, los hogares cerca de la línea de pobreza monetaria deben destinar la totalidad de sus recursos corrientes a la cobertura de necesidades primarias de subsistencia, lo que genera una rigidez en la canasta de compras y comprime el consumo en categorías como entretenimiento, vestuario, educación privada y tecnología. De forma paralela, el sostenimiento de una tasa del 9,6% en la incidencia de la pobreza monetaria extrema indica que casi una décima parte de los habitantes del país enfrenta privaciones incluso para adquirir una canasta mínima de alimentos, lo que restringe por completo su participación en los circuitos comerciales formales de bienes durables y consolida un mercado de consumo masivo altamente orientado a la adquisición de productos básicos de bajo costo.

De acuerdo con los resultados del boletín técnico de pobreza monetaria publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la línea de pobreza monetaria nacional se fijó en un valor de $482.041 mensuales por persona para el 2025, registrando un crecimiento nominal del 4,7% en comparación con la línea del año anterior, establecida en $460.198. El reporte oficial de la entidad especifica que, para un hogar promedio compuesto por cuatro integrantes, el umbral de ingresos mensuales mínimos para no ser considerado en situación de pobreza se ubicó en $1.928.164, un monto que en las grandes cabeceras urbanas se eleva hasta los $2.131.624 y en las trece ciudades y áreas metropolitanas principales escala a $2.372.512.

El DANE destaca que la incidencia de la pobreza monetaria en los centros poblados y las zonas de ruralidad dispersa alcanzó un nivel del 39,5%, una proporción que equivale a 1,6 veces la tasa registrada en las cabeceras urbanas, la cual se situó en un 24,6%. Esta disparidad geográfica en la distribución de los ingresos corrientes genera un impacto directo en las estrategias de distribución de las empresas de comercio minorista: las regiones presentan una canasta de consumo concentrada casi exclusivamente en alimentos e insumos de producción primaria y otras muestran una transición paulatina hacia un gasto más diversificado, impulsada por la reducción de 3,8 puntos porcentuales en la incidencia nacional de la pobreza frente al registro de 2024, cuando la tasa se ubicaba en un 31,8%.

La recomposición de los ingresos familiares también se reflejó en el comportamiento de la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente de Gini, el cual presentó una reducción al pasar de 0,551 puntos en 2024 a un nivel de 0,531 puntos en el año 2025. Esta moderación en la concentración de la riqueza se explica por el incremento real del 11,8% en los ingresos corrientes per cápita de las personas pertenecientes al quintil uno, que representa al segmento de menores recursos de la población, en contraste con el modesto incremento del 0,5% observado en el quintil cinco, que agrupa a los ciudadanos de ingresos más elevados.

Desde la perspectiva de Sectorial, la reducción de la pobreza monetaria nacional al 28,0% y la caída del coeficiente de Gini a 0,531 puntos evidencian una mejora coyuntural en los ingresos de los hogares menos favorecidos.

El crecimiento del 11,8% en el ingreso del quintil uno representa una señal positiva para el consumo de bienes de primera necesidad, de modo que se estabilizan los volúmenes de venta en el comercio minorista de alimentos y productos básicos de aseo. No obstante, la organización considera que el incremento nominal del 4,7% en la línea de pobreza, fijada en $482.041, impone una barrera estructural para la reactivación de los sectores de mayor valor agregado, como la vivienda nueva, los vehículos y el turismo.

La concentración del gasto familiar en la cobertura de arriendos y servicios esenciales limita la generación de excedentes financieros de ahorro. Sectorial concluye que las empresas de consumo masivo deberán enfocar sus estrategias comerciales en formatos de bajo costo unitario para capturar la liquidez de este amplio segmento poblacional.

Para conocer detalladamente las fluctuaciones en los patrones de consumo masivo, el impacto de las variables de ingreso sobre los diferentes sectores comerciales y los análisis de liquidez en las distintas capas socioeconómicas de Colombia: consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y participe en las mesas técnicas de nuestros Foros Sectoriales, herramientas clave para orientar la toma de decisiones estratégicas de su organización.

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