El sector autopartista colombiano anticipa un año de dinamismo comercial, proyectando una expansión de hasta el 8,0 % para el cierre de 2026, impulsada fundamentalmente por la demanda de posventa y el envejecimiento natural del parque automotor. Dicho comportamiento se sustenta en las cifras registradas durante el año anterior, cuando se matricularon 254.438 vehículos nuevos, lo que representó un aumento del 26,4 %, mientras que las motocicletas alcanzaron las 1.125.540 unidades vendidas, marcando un crecimiento del 35,1 %. Este volumen de rodamiento garantiza una necesidad constante de reposición y servicios de mantenimiento, vitales para la movilidad nacional.

Según Dataifx, a pesar de las expectativas positivas en ventas, el gremio Asopartes advierte sobre desafíos estructurales derivados de las nuevas reglas fiscales y la presión arancelaria. La industria, que depende en un 85,0 % de insumos importados, enfrenta riesgos de iliquidez por la aplicación plena del Decreto 572 y la propuesta gubernamental de elevar los aranceles hasta un 40,0 % para vehículos de combustión y un 35,0 % para motocicletas. Tal escenario podría encarecer los repuestos por encima de la inflación, desplazando el consumo hacia canales informales y afectando la competitividad de las empresas legalmente constituidas.

Adicionalmente, la transición energética plantea interrogantes sobre el futuro de los incentivos tributarios para los vehículos híbridos y eléctricos, un segmento que, aunque creció en el último periodo, requiere estabilidad jurídica para consolidarse. El presidente del gremio, Carlos Andrés Pineda, enfatiza que los automotores híbridos demandan una especialización técnica que actúa como barrera frente a la informalidad, por lo que desincentivar su uso podría tener efectos contraproducentes. En consecuencia, el sector clama por reglas claras que permitan proteger el empleo formal y garantizar la seguridad vial en las carreteras del país.

La decisión del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30,0% a las importaciones colombianas a partir del primero de febrero de 2026 ha generado una alerta en la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes). La agremiación advierte que esta barrera comercial elevará significativamente los costos de ingreso de vehículos y repuestos al mercado vecino, lo cual se traducirá en precios más altos para el consumidor final y en una posible escasez de referencias de alta rotación. Tal coyuntura no solo afecta la dinámica comercial, sino que podría incentivar el crecimiento de canales informales e ilegales, comprometiendo la trazabilidad de los componentes y la seguridad vial de los usuarios.

Según el diario El Espectador, el impacto económico de la medida es considerable, dado que el sector autopartista es un eslabón clave en la cadena productiva nacional. Cifras del Radar de las Autopartes, basadas en reportes del DANE, indican que las exportaciones de estos insumos alcanzaron los US$222,7 millones FOB con corte a noviembre de 2025. El gremio señala que cambios bruscos en las condiciones de acceso alteran la planeación comercial de fabricantes y distribuidores, poniendo en riesgo la estabilidad del empleo formal y la inversión tanto en Colombia como en Ecuador.

Ante este escenario adverso, Asopartes ha hecho un llamado a los gobiernos de ambas naciones para activar canales diplomáticos y técnicos que permitan revisar el alcance de la restricción frente a los compromisos comerciales vigentes. La organización subraya la necesidad de encontrar soluciones concertadas que protejan el mercado binacional y aseguren un abastecimiento legal, evitando que las distorsiones de precios terminen favoreciendo al contrabando y afectando la competitividad de una industria esencial para la movilidad regional.