Portuario (4)
Sector marítimo colombiano avanza en estrategia de descarbonización y sostenibilidad
Written by Super UserColombia se encuentra en una etapa crucial para la modernización de su infraestructura portuaria y logística. Según datos del Ministerio de Transporte, entre enero y septiembre de 2025, el sistema portuario nacional movilizó 126,7 millones de toneladas, donde la región Caribe fue protagonista al concentrar el 85,0% de esta operación. Este dinamismo resalta la urgencia de adoptar modelos sostenibles, dado que el transporte marítimo es responsable del 2,9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una cifra que podría incrementarse en un 35,0% para el 2050 si no se implementan medidas de mitigación inmediatas.
De acuerdo con La Nota Económica, representantes del sector público, privado y organismos internacionales se reunieron en Bogotá para definir una hoja de ruta hacia la descarbonización. Durante el encuentro, se subrayó que Colombia avanza en el desarrollo de su Plan de Acción Nacional bajo el programa GreenVoyage2050 de la Organización Marítima Internacional (OMI). Para lograr los objetivos de emisiones netas cero, los expertos identificaron la necesidad de reducir la incertidumbre en las concesiones portuarias, cerrar brechas en el suministro energético para la electrificación y establecer marcos regulatorios claros que incentiven el uso de combustibles alternativos.
La colaboración interinstitucional será determinante para convertir estos compromisos en resultados medibles sin perder la competitividad del servicio. Además de los avances liderados por la Dirección General Marítima (DIMAR), el país tendrá un rol activo en la agenda internacional al organizar la primera conferencia global para la transición más allá de los combustibles fósiles en Santa Marta. Este esfuerzo busca no solo cumplir con estándares globales, sino también integrar una perspectiva de transición justa que modernice la flota de cabotaje y beneficie a las comunidades costeras.
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Written by Super UserLa Organización Marítima Internacional (OMI) informó que cuatro Estados (Bélgica, Alemania, el Reino de los Países Bajos y Suecia) depositaron sus instrumentos de ratificación al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP de 2010). Con esta adhesión, el tratado suma 12 Estados contratantes y se acerca al cumplimiento de los requisitos para su entrada en vigor, proyectada como fecha más temprana para el 30 de noviembre de 2027.
Según el portal Mundo Marítimo, la activación del convenio requiere que las partes contratantes hayan recibido en el año calendario precedente un mínimo de 40,0 millones de toneladas de carga SNP sujeta a contribución. Los cuatro nuevos Estados ratificantes recibieron en conjunto cerca de 28,0 millones de toneladas en 2025, cifra que, sumada a los datos de los ocho Estados que ya habían ratificado previamente (más de 22,0 millones de toneladas en 2024), será evaluada después del 31 de mayo de 2026 para confirmar la fecha definitiva de entrada en vigor, 18 meses después del cumplimiento del umbral.
Una vez operativo, el convenio establecerá un régimen basado en el principio de que quien contamina paga, cubriendo daños por contaminación, incendio y explosión derivados del transporte marítimo de hidrocarburos, productos químicos, gases licuados y otras sustancias peligrosas. La indemnización total tendrá un límite máximo de 250,0 millones de Derechos Especiales de Giro (aproximadamente US$360,0 millones), financiada mediante un Fondo SNP al que contribuirán los receptores de dichas cargas tras cada siniestro. Se estima que alrededor de 65.000 buques requerirán certificados de seguro SNP para operar bajo el nuevo marco normativo.
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Corte Suprema de EE.UU. anula aranceles que afectaban a más de 100 países
Written by Super UserLa Corte Suprema de Estados Unidos determinó la anulación definitiva de los aranceles globales impuestos unilateralmente por el presidente Donald Trump. A través de un fallo aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal concluyó que el mandatario carecía de autoridad legal para aplicar dichos impuestos a las importaciones sin la aprobación explícita del Congreso. La decisión representa un revés sin precedentes para una de las principales políticas económicas de la actual administración, marcando límites claros sobre el poder ejecutivo en materia comercial.
Según La República, el presidente del tribunal, John Roberts, redactó el documento argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no fue concebida para establecer políticas arancelarias de tal magnitud. El gobierno había invocado dicha normativa para gravar productos provenientes de más de 100 naciones y sancionar comercialmente a México, Canadá y China bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo. En los últimos 50 años, tal herramienta legal solo se había utilizado para embargos específicos, motivo por el cual diversas instancias judiciales previas ya habían declarado ilegales las medidas adoptadas desde la Casa Blanca.
Las estimaciones oficiales indicaban que la estrategia arancelaria pretendía recaudar aproximadamente US$1,5 billones durante la próxima década. Sin embargo, análisis de la Reserva Federal de Nueva York revelaron que los ciudadanos y empresas estadounidenses terminaron asumiendo el 90,0% del costo de los gravámenes. Ante la anulación, los jueces disidentes advirtieron sobre el enorme desafío logístico que implicaría devolver miles de millones de dólares a los importadores afectados. Frente al fallo adverso, los representantes comerciales del gobierno han manifestado su intención de explorar nuevas herramientas legales para intentar restablecer la cuestionada política tributaria.
Puerto Antioquia inicia con capacidad de 7,0 millones de toneladas
Written by Super UserLa infraestructura logística del Urabá antioqueño ha dado un salto cualitativo con la entrada en funcionamiento de Puerto Antioquia, una terminal que inicia actividades con una capacidad operativa cercana a los 7,0 millones de toneladas anuales. Este volumen representa aproximadamente el 4,0 % del total de la carga movilizada por los puertos del país, la cual ascendió a 180,5 millones de toneladas en 2024. El megaproyecto, que demandó una inversión privada de US$764,0 millones y más de 30 meses de ejecución, cuenta con un muelle de 1.340 metros y un calado de 16,5 metros, características técnicas que lo hacen apto para recibir buques tipo New Panamax sin riesgo de encallar.
Según La República, la ubicación geográfica de esta obra se convierte en su principal promesa de valor, al consolidarse como el punto de salida más próximo para los centros de producción que concentran el 70,0 % del PIB nacional. Las estimaciones del proyecto indican que dicha cercanía permitirá ahorros en distancia del 32,0 % hacia Bogotá y del 51,0 % hacia Medellín frente a otras alternativas del Caribe. Asimismo, la plataforma terrestre de 38 hectáreas está equipada para gestionar 18.000 TEU en contenedores vacíos y más de 7.000 llenos, fortaleciendo la competitividad del comercio exterior mediante la diversificación de las rutas logísticas.
A pesar del aval otorgado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución del 29 de enero de 2026, gremios como Analdex advierten que el pleno potencial del puerto depende de la finalización de obras complementarias. Si bien la terminal potenciará la exportación de perecederos y el ingreso de mercancías, la conectividad vial sigue siendo un desafío pendiente, específicamente por la inconclusión del Túnel del Toyo. No obstante, la habilitación oficial para la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá marca un hito en la descentralización portuaria, reduciendo la dependencia histórica de nodos como Buenaventura, Cartagena o Barranquilla.