El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar por decreto un salario mínimo de $2.000.000 para el año 2026 representa un incremento del 23,5 % que, lejos de ser una solución social, amenaza con consolidar una trampa de pobreza estructural en el país. Aunque los efectos en la inflación y las tasas de interés ya son evidentes, el fondo del problema radica en una desconexión con la realidad: mientras las ventas de las empresas crecen a un ritmo del 8%, se les impone una carga laboral que triplica ese desempeño. Este desajuste obliga de inmediato a un recorte drástico de costos que se traduce en despidos masivos o en la migración hacia contratos de prestación de servicios, alimentando las ya críticas cifras de informalidad.

La estabilidad del tejido empresarial y financiero también queda en entredicho ante la necesidad de proteger la caja operativa. Para sobrevivir al alza, las compañías estarían aumentando su apalancamiento con proveedores y extendiendo los plazos de sus carteras, lo que ralentiza el flujo de efectivo en toda la cadena productiva. La situación no solo dispara los índices de mora en el sistema bancario, poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero, sino que anula cualquier posibilidad de repartir dividendos. Al dejar de ser un mercado rentable para los accionistas, Colombia pierde el atractivo necesario para captar inversión, quedando atrapada en un ciclo de descapitalización.

Finalmente, el daño más profundo se observa en la productividad nacional debido al sacrificio del CAPEX (inversiones de capital). Al priorizar el pago de una nómina desproporcionada, las empresas carecen de recursos para invertir en tecnología y modernización, lo que condena a Colombia a mantenerse como un país improductivo. Sin inversión tecnológica, las empresas no pueden escalar, y sin dividendos ni crecimiento, el mercado se estanca. Así, el decreto que buscaba mejorar la calidad de vida termina por destruir los incentivos de inversión y desarrollo, convirtiendo el incremento salarial en una condena de pobreza de largo plazo para la economía nacional.

La actividad industrial en Colombia registró un comportamiento favorable durante el décimo mes del año, alcanzando una variación anual del 1,1 % en su índice de producción real. El resultado positivo marca una recuperación frente a la volatilidad observada en ciclos previos y fue jalonado principalmente por el desempeño de tres de los cuatro grandes sectores que componen el indicador, logrando contrarrestar la caída persistente en el rubro de explotación de minas y canteras, que continúa restando impulso al agregado nacional.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector manufacturero y el de suministro de electricidad y gas presentaron crecimientos idénticos del 1,9%, mientras que la captación, tratamiento y distribución de agua lideró las variaciones positivas con un alza del 2,7%. Al desglosar las 26 actividades industriales monitoreadas, se evidencia que 18 de ellas reportaron cifras favorables, destacándose la fabricación de otros tipos de equipo de transporte y la de vehículos automotores, las cuales se dispararon un 23,1% y un 19,2% respectivamente, consolidándose como los motores de la reactivación fabril.

En el consolidado del año corrido, que cubre de enero a octubre de 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) acumula un leve crecimiento del 0,4% frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja, por un lado, la industria manufacturera ha logrado expandirse un 2,2% en lo que va del año, mientras que el sector de explotación de minas y canteras profundiza su crisis con una contracción acumulada del 6,3%, afectada principalmente por la menor extracción de carbón y petróleo.

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El panorama para el emprendimiento en Colombia mostró una fuerte desaceleración durante la primera mitad de 2025, reflejando un deterioro en el clima económico. Un informe reciente sobre la Dinámica Financiera y Empresarial de Confecámaras reveló que la creación de empresas disminuyó un 31,9 % en el primer semestre del año, pasando de 135.070 nuevas empresas en el primer semestre de 2024 a 91.992 para el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con 360 Radio, la caída en junio de 2025 fue la más grande, mes en el que solo se registraron 4.038 nuevas empresas, una cifra muy inferior a las 17.750 creadas en junio del año anterior. La contracción afectó a los territorios más productivos, con disminuciones del 17,0 % en Bogotá, 30,0 % en Antioquia y 38,0 % en el Valle del Cauca. Los sectores más golpeados por el freno en el emprendimiento fueron el comercio, la construcción, la manufactura y el alojamiento, todos con descensos superiores al 30,0 %.

El informe advierte que el alto nivel de endeudamiento, las tasas de interés elevadas y la dificultad para acceder a crédito formal son los principales frenos para los nuevos emprendimientos. A esto se suma la incertidumbre política y los riesgos fiscales, que han frenado el apetito de inversión.

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Un análisis de Bancolombia advirtió que los aumentos del salario mínimo que superen la suma de la inflación y la productividad podrían reactivar las presiones inflacionarias en Colombia. El estudio señala que el proceso de desinflación se encuentra estancado, con un nivel anual que cerró en septiembre en 5,2 %, siendo similar al de 2024. Según el informe, cada punto porcentual de incremento real del salario mínimo (por encima de inflación y productividad) eleva la inflación general en cerca de 0,06 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Diario Occidente, que recoge el “Radar Bancolombia”, el aumento del 9,5 % en 2025 superó en 2,5 puntos la suma de inflación y productividad, lo que habría aportado 0,15 puntos porcentuales de presión inflacionaria adicional durante este año. El informe afirma que los aumentos reales sostenidos no generan bienestar permanente, sino que perpetúan las presiones sobre los precios. Lo anterior ocurre por tres canales: el aumento de costos en sectores como el comercio y restaurantes, la indexación de otras tarifas al salario y las expectativas inflacionarias.

El banco proyecta que la inflación cierre 2026 en 4,1 %, pero este escenario depende de la negociación salarial. Un aumento moderado (entre 6,1 % y 7,0 %) mantendría la inflación cerca de ese dato. Sin embargo, un incremento elevado (entre 10,1 % y 11,0 %) podría subir la inflación hasta 4,4 %, forzando al Banco de la República a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. El informe concluye que la estabilidad de precios exige coherencia entre la política salarial y la monetaria.

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