El sector de Contact Center y Business Process Outsourcing (BPO) en Colombia enfrenta en el primer semestre de 2026 una fase de ajuste estructural marcada por la profundización de la transformación tecnológica y el impacto acumulado de las reformas regulatorias. Entre enero y marzo de 2026, el índice de ingresos por servicios prestados registró un promedio de 107,5, lo que representa una caída del 7,9% frente al mismo periodo de 2025, mientras que el índice de personal ocupado total descendió a 84,1, con una contracción del 8,3%. No obstante, el sector continúa generando empleo a nivel agregado: en el primer trimestre de 2026, el número de ocupados alcanzó 203.088, un crecimiento del 5,5% frente al mismo periodo del año anterior. La migración del modelo tradicional al de Business Transformation Outsourcing (BTO) se acelera, impulsada por la adopción de inteligencia artificial que permite reducciones de costos operativos de hasta el 85,0% en interacciones automatizadas, al tiempo que reconfigura los perfiles laborales hacia la especialización. Las exportaciones de servicios de contact center cerraron 2025 en US$1.424,6 millones, aunque la convergencia regulatoria de 2026, con el incremento salarial del 23,0% y la reducción de la jornada laboral a 42 horas, plantea un desafío de competitividad frente a otros destinos de la región.

El Congreso de la República, instalado el pasado 20 de julio, completó entre el 24 y el 28 de julio la integración de las siete comisiones constitucionales permanentes que filtrarán los proyectos de ley durante el cuatrienio 2026-2030. Entre ellas, la Comisión Sexta, conocida institucionalmente como la Comisión de Transportes y Comunicaciones, concentra una agenda de alto interés para varios sectores económicos: según la página institucional de la Cámara de Representantes, esta célula tramita trece frentes temáticos, entre ellos comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, prestación de servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, espectro electromagnético, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y educación y cultura. La misma fuente precisa que la célula está integrada formalmente por trece congresistas en el Senado y dieciocho en la Cámara. Según El Tiempo, todo proyecto de ley debe pasar primero por la comisión constitucional que corresponda a su materia antes de llegar a la discusión de plenaria, lo que convierte a la Comisión Sexta en un filtro obligatorio para cualquier reforma que toque la infraestructura vial, el espectro radioeléctrico o la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Según El Espectador, en la Cámara de Representantes, corporación integrada en total por 183 congresistas, de acuerdo con el mismo diario, la Comisión Sexta quedó liderada por el Pacto Histórico, que aseguró 6 curules, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal, con 3 asientos cada uno. Cambio Radical y las Curules de Paz (CITREP) completaron 2 escaños por bancada, mientras que el Partido Conservador, el Partido de la U, la Alianza Verde y el movimiento Creemos obtuvieron una silla cada uno. La sumatoria reportada por el medio asciende a 20 congresistas, cifra superior a los dieciocho miembros que describe formalmente la página institucional de la Cámara para esta célula; la discrepancia solo podrá resolverse con el acta definitiva de conformación. El mismo diario reportó que este reparto fue posible gracias a un intercambio de curules entre bancadas, en el que el Pacto Histórico cedió un puesto en la Comisión Tercera al Partido de la U a cambio de un puesto adicional en la Comisión Sexta.

En el Senado, la distribución resultó más fragmentada. Según El Tiempo e Infobae, la Comisión Sexta senatorial quedó integrada por 13 congresistas, de los cuales solo 3 pertenecen al Pacto Histórico, Pedro Flórez Porras, Walter Rodríguez Chaparro y María Eugenia Londoño, mientras el Centro Democrático sumó 2 curules con Esteban Quintero Cardona y Julia Correa Nuttin, y el resto de colectividades (Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y MIRA) se repartieron una o dos sillas cada una. Infobae reportó, además, que la presidencia de la célula quedaría en manos del senador Carlos Guevara, del partido MIRA, mientras que en la Cámara aún no se conocían oficialmente, al cierre de esta edición, los nombres que asumirían la mesa directiva de la comisión. El Nuevo Siglo confirmó de forma independiente la misma lista de trece senadores, con variaciones menores en la escritura de algunos nombres frente a El Tiempo e Infobae.

Para los sectores que monitorea Sectorial, la lectura de esta doble composición es clara: el filtro legislativo para transporte, TIC, obras públicas y servicios públicos operará bajo lógicas distintas en cada cámara. En la Cámara, la concentración de curules del Pacto Histórico en la Comisión Sexta —el doble de lo que logró en el Senado— le da a esa bancada mayor capacidad para fijar la agenda de proyectos como los que ya solicitan los gremios automotores (prórroga de 12 meses para nuevos reglamentos técnicos) o la aceleración de concesiones viales de quinta generación. En el Senado, en cambio, la mayor fragmentación —con siete colectividades repartiéndose 10 de las 13 curules en bloques de una o dos sillas— obligará a construir mayorías más amplias, lo que podría ralentizar reformas al espectro radioeléctrico o a la conectividad rural. Las empresas de transporte, telecomunicaciones, infraestructura vial y servicios públicos deberían seguir de cerca ambas células, pues cualquier proyecto de su interés deberá superar primero este doble filtro antes de llegar a la plenaria.

La nueva correlación de fuerzas en la Comisión Sexta marcará el ritmo de las reformas a transporte, TIC, obras públicas e infraestructura durante el cuatrienio 2026-2030. Para un seguimiento detallado de las variables políticas y normativas que condicionan la inversión en estos sectores, consulte: Foros Sectoriales →

El Senado de la República completó este martes 28 de julio la conformación de sus siete comisiones constitucionales permanentes para el periodo legislativo 2026-2030, un paso previo a la definición de las jefaturas que orientarán el trámite de las reformas durante el nuevo cuatrienio. La Comisión Séptima, encargada de las iniciativas relacionadas con salud, trabajo, seguridad social, vivienda, familia, deporte y régimen de los servidores públicos, quedó integrada por 14 congresistas repartidos entre seis bancadas políticas, sin que ninguna agrupación alcance por sí sola los ocho votos necesarios para aprobar o archivar un proyecto de ley. Sus decisiones inciden, entre otros aspectos, en cómo se organiza institucionalmente el sistema, en la relación entre quienes aseguran y quienes prestan los servicios médicos, y en las garantías laborales del personal que trabaja en el sector. Esta célula legislativa funcionará como el primer filtro de cualquier iniciativa que busque modificar el aseguramiento, la prestación de servicios o el financiamiento del sistema sanitario, antes de que dichos proyectos puedan avanzar hacia la plenaria del Senado.

Según Consultorsalud, la agrupación Pacto Histórico + Mais logró la mayor representación dentro de la comisión, con cuatro integrantes que equivalen al 28,6 % de las 14 curules. Le siguen el Centro Democrático y la coalición CRUSMI, integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Mira, cada una con tres senadores, es decir, el 21,4 % del total. La alianza entre el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo y Demócratas ocupa dos curules (14,3 %), mientras que la Alianza Verde, junto con Aico y En Marcha, y el Partido Conservador cuentan con un escaño cada uno (7,1 %). Entre los nombres que integrarán la célula legislativa también figuran Sandra Claudia Chindoy Jamioy y Marta Peralta Epieyú, por el Pacto Histórico + Mais, y Norma Hurtado, por la coalición CRUSMI.

La composición de la nueva Comisión Séptima cobra particular relevancia para el sector salud, que llega a este relevo legislativo con las finanzas comprometidas. Según cifras propias de Sectorial, el presupuesto asignado en 2026 a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asciende a $110,7 billones, con un gasto proyectado que crece al 12,4 %, frente a un recaudo de apenas el 8,4 %, mientras la deuda acumulada de las EPS con hospitales y clínicas alcanza los $32,9 billones. Dicha entidad depende en un 91,0 % de aportes de la Nación y cotizaciones parafiscales, un nivel de dependencia fiscal que condiciona cualquier ajuste al gasto en salud. Consultorsalud advierte que, como las seis bancadas se reparten los 14 escaños sin que ninguna alcance la mitad más uno, el destino de cualquier proyecto sanitario, que avance, se modifique o se archive, dependerá de los consensos que logren tejerse entre ellas. Ese escenario de negociación permanente definirá el ritmo de los debates sobre el aseguramiento, la prestación de servicios y el papel de las EPS durante el nuevo cuatrienio.

Desde Sectorial se interpreta que la fragmentación de la Comisión Séptima, sin una bancada que supere el 28,6 % de sus curules, reduce la probabilidad de que una futura reforma a la salud avance sin cambios sustanciales, ya que su aprobación dependerá de coaliciones que aún deben construirse entre bancadas con posiciones históricamente distantes frente al modelo de salud. La llegada de una presidencia del Centro Democrático, colectividad que ha mantenido una postura crítica frente a la transformación de las EPS en gestoras de salud, sugiere un escrutinio más estricto sobre la viabilidad fiscal de cualquier proyecto que se radique en los próximos meses. Para las EPS, IPS y demás actores del sistema, el reto no será únicamente político: el desequilibrio entre el crecimiento del gasto (12,4 %) y de los ingresos (8,4 %) del sistema, junto con una dependencia del 91,0 % de los recursos de la Nación, seguirá presionando el flujo de caja del sector, sin importar qué proyecto se discuta en el Congreso. La composición de la comisión funciona, por tanto, como un indicador temprano del apetito de riesgo regulatorio que enfrentarán aseguradores y prestadores durante los próximos cuatro años.

Para monitorear cómo la nueva correlación de fuerzas en el Congreso puede incidir en el marco regulatorio, la sostenibilidad financiera y el riesgo de inversión del sector salud, consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial.co.

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Reforma a la salud se hunde por falta de claridad financiera

Desde 1999 se han liquidado 118 EPS, la mayoría manejadas por actores públicos (Infografía)

• Las crecientes restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos han acelerado la pérdida de cuota de mercado de Nvidia en China. Para 2026, se proyecta que la participación de las firmas extranjeras (encabezadas por Nvidia y AMD) caiga a un mínimo histórico del 21%, abriendo una brecha estratégica que está siendo capturada por actores locales.
• A través de soluciones disruptivas como la tarjeta aceleradora Atlas 350 de Huawei y el desarrollo de alternativas de software para rivalizar con el ecosistema CUDA de Nvidia por parte de Cambricon, China está construyendo una cadena de suministro de microprocesadores soberana que redefinirá la economía de la inteligencia artificial.

En los últimos años, las estrictas regulaciones de Washington para restringir el acceso de China a microprocesadores avanzados de inteligencia artificial (IA) forzaron a la estadounidense Nvidia a diseñar versiones recortadas en potencia de procesamiento, como el chip H20. Sin embargo, esta estrategia de contención regulatoria ha terminado por actuar como el catalizador definitivo de la autosuficiencia tecnológica china.

Se estima que en 2026 la participación combinada de Nvidia y otras firmas estadounidenses en el sector de servidores de IA en China disminuirá del 34% registrado el año pasado a un 21% para el cierre de este período. En contraste, el duopolio local conformado por Huawei Technologies y Cambricon Technologies experimentará una expansión sin precedentes. Se proyecta que capturen de manera conjunta el 56% del mercado este año, con un potencial de alcanzar hasta el 80% del ecosistema de servidores de IA en el gigante asiático si se suma el desarrollo de circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC) propios de grandes corporaciones como ByteDance y Alibaba.

El escepticismo inicial de los analistas globales sobre la capacidad de China para producir hardware competitivo sin acceso a tecnologías de litografía extrema se ha ido disipando. Huawei ha liderado la respuesta local con el lanzamiento de su plataforma de aceleración Atlas 350, logrando rendimientos en tareas de inferencia 2.8 veces superior al del procesador H20 de Nvidia, el cual representaba la principal opción comercial permitida para la exportación a China. Paralelamente, Huawei ha implementado una estrategia de integración avanzada a nivel de sistema que elude la desventaja de transistores individuales de menor densidad. Esta empresa china no busca competir únicamente procesador contra procesador, en su lugar, interconecta múltiples chips en clústeres masivos capaces de superar métricas de rendimiento de sistemas de última generación de Nvidia (como el Blackwell GB200 NVL72) en cargas de trabajo complejas de entrenamiento y procesamiento de datos.

A diferencia de Huawei, que opera como un conglomerado diversificado de telecomunicaciones y electrónica de consumo, Cambricon Technologies se consolida como la alternativa especializada pura en el diseño de unidades de procesamiento gráfico general (GPGPU) y chips de aprendizaje profundo en China. Fundada por talentos de la Academia China de Ciencias, Cambricon ha captado la atención del mercado bursátil, triplicando el valor de sus acciones en el último año debido a su rol crítico en la seguridad nacional tecnológica.

A pesar de las sanciones regulatorias que limitan su acceso directo a fundiciones internacionales de primer nivel, Cambricon ha asegurado un importante financiamiento en la Bolsa de Shanghái por más de 560 millones de dólares. Estos fondos de inversión están destinados a asegurar la soberanía tecnológica en dos frentes:

• El diseño y perfeccionamiento de cuatro nuevos microprocesadores optimizados para el entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje de gran escala (LLM).
• El desarrollo de una plataforma de software unificada que sirva como alternativa nativa y directa a CUDA, el entorno de programación propietario que constituye el principal foso defensivo de Nvidia en el mercado global de desarrolladores.

El verdadero catalizador de esta transformación de mercado no es únicamente el mérito técnico de ingeniería, sino una decidida política de sustitución nacional. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha aprobado por primera vez la inclusión formal de los procesadores de Huawei y Cambricon en la lista oficial de compras y adquisiciones del sector público. Esta directriz formal —enviada de forma escrita a agencias gubernamentales y empresas de propiedad estatal— asegura miles de millones de dólares en ingresos cautivos para los diseñadores locales, permitiéndoles financiar de manera constante la investigación y el desarrollo necesarios para reducir la brecha tecnológica internacional.

La reconfiguración del mercado de chips de IA plantea un cambio estructural para todas las industrias que dependen de capacidades de cómputo. Sectores clave como la banca y fintechs, aseguradoras, clínicas y proveedores de salud, cajas de compensación y la academia deben analizar de cerca esta fragmentación de las cadenas de valor. La consolidación de alternativas tecnológicas no occidentales alterará inevitablemente los costos de infraestructura en la nube, el licenciamiento de herramientas de procesamiento de datos y la velocidad de implementación de modelos de inteligencia artificial propios.