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El sector energético colombiano atraviesa una coyuntura compleja caracterizada por una disminución sostenida en la asignación de capitales para hidrocarburos. Las cifras de los gremios indican que la inversión total en producción y búsqueda de nuevos recursos se situó en US$4.330,0 millones durante 2024, lo que representa una caída del 10,0 % frente al periodo anterior. Específicamente, el rubro de exploración descendió desde los US$1.290,0 millones en 2020 hasta los US$900,0 millones en 2024. Las proyecciones actuales estiman que para 2025 dicho monto bajaría aún más, hasta ubicarse cerca de los US$740,0 millones, consolidando así cuatro años consecutivos de contracción financiera.

Según Valora Analitik, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) advierte que la ausencia de nuevos hallazgos podría detonar un déficit de suministro hacia 2030. Tal escenario obligaría a incrementar las importaciones del energético, derivando en sobrecostos tanto para la industria como para los usuarios residenciales y comerciales En el marco de la Segunda Convención de Exploración Energética, diversos expertos recalcaron la urgencia de reactivar proyectos para garantizar la continuidad del mercado. Flover Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos, señaló que regiones como Putumayo, los Llanos Orientales y el Magdalena aún poseen una capacidad productiva significativa que requiere respaldo.

Ante la necesidad de asegurar la soberanía energética, la posibilidad de explorar el océano Pacífico ha cobrado relevancia, a pesar de que los indicios históricos señalan un potencial menor comparado con el Caribe. Aunque las perforaciones previas mostraron resultados modestos, los especialistas sugieren que reactivar campañas offshore y continentales en aquella zona podría revelar reservas de gas vitales para abastecer el occidente del país, específicamente a departamentos como Nariño y Valle del Cauca. Por consiguiente, evaluar dichas cuencas se convierte en una prioridad estratégica para apalancar el desarrollo y mitigar los riesgos asociados al agotamiento de las reservas tradicionales.

El sector energético colombiano atraviesa una coyuntura compleja caracterizada por una disminución sostenida en la asignación de capitales para hidrocarburos. Las cifras de los gremios indican que la inversión total en producción y búsqueda de nuevos recursos se situó en US$4.330,0 millones durante 2024, lo que representa una caída del 10,0 % frente al periodo anterior. Específicamente, el rubro de exploración descendió desde los US$1.290,0 millones en 2020 hasta los US$900,0 millones en 2024. Las proyecciones actuales estiman que para 2025 dicho monto bajaría aún más, hasta ubicarse cerca de los US$740,0 millones, consolidando así cuatro años consecutivos de contracción financiera.

Según Valora Analitik, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) advierte que la ausencia de nuevos hallazgos podría detonar un déficit de suministro hacia 2030. Tal escenario obligaría a incrementar las importaciones del energético, derivando en sobrecostos tanto para la industria como para los usuarios residenciales y comerciales En el marco de la Segunda Convención de Exploración Energética, diversos expertos recalcaron la urgencia de reactivar proyectos para garantizar la continuidad del mercado. Flover Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos, señaló que regiones como Putumayo, los Llanos Orientales y el Magdalena aún poseen una capacidad productiva significativa que requiere respaldo.

Ante la necesidad de asegurar la soberanía energética, la posibilidad de explorar el océano Pacífico ha cobrado relevancia, a pesar de que los indicios históricos señalan un potencial menor comparado con el Caribe. Aunque las perforaciones previas mostraron resultados modestos, los especialistas sugieren que reactivar campañas offshore y continentales en aquella zona podría revelar reservas de gas vitales para abastecer el occidente del país, específicamente a departamentos como Nariño y Valle del Cauca. Por consiguiente, evaluar dichas cuencas se convierte en una prioridad estratégica para apalancar el desarrollo y mitigar los riesgos asociados al agotamiento de las reservas tradicionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido una alerta sobre la política fiscal y energética de Colombia, instando al Gobierno a desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los tributos a la energía. El organismo advierte que el actual esquema de exenciones anula la efectividad del impuesto al carbono, generando una anomalía donde la tasa efectiva de tributación sobre las emisiones resulta negativa. Dicha contradicción incentiva el consumo de fuentes altamente contaminantes en lugar de penalizarlas, alejando al país de la neutralidad de carbono proyectada para 2050 y comprometiendo la transición climática necesaria.

Según Infobae, para cumplir con el compromiso de disminuir los gases de efecto invernadero en un 51,0 % hacia 2030, la Nación debe revertir drásticamente su tendencia histórica. Mientras que entre 2005 y 2020 las emisiones crecieron a una tasa promedio anual del 1,7 %, el nuevo objetivo exige una reducción anual del 5,4 %. El informe subraya que tal corrección solo será viable si se eliminan los incentivos fiscales perjudiciales y se acelera la acción en sectores críticos como el transporte y la agricultura, a pesar de que la deforestación alcanzó en 2023 su punto más bajo en dos décadas.

El diagnóstico también revela graves consecuencias en salud pública y servicios básicos, estimando que la mala calidad del aire causó cerca de 7.000 muertes prematuras en el último año, con un impacto económico equivalente al 2,9% del PIB. A lo anterior se suman rezagos estructurales en infraestructura hídrica, pues solo el 74,0 % de la población accede a agua potable y apenas el 18,0 % cuenta con sistemas de saneamiento gestionados de forma segura. Ante este panorama, donde dos tercios de los ecosistemas se encuentran amenazados, la entidad internacional insiste en fortalecer la capacidad financiera e institucional para alinear la economía con los estándares ambientales globales.

Colombia finaliza el 2025 consolidándose como un actor estratégico en la transición energética regional, logrando la puesta en operación de 8 proyectos de hidrógeno y asegurando la decisión final de inversión (FID) para tres iniciativas adicionales que suman 7,3 megavatios (MW) de capacidad en electrólisis. Este avance ratifica que el hidrógeno ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad industrial, impulsado por hitos técnicos y regulatorios que buscan descarbonizar sectores clave como el transporte pesado y la producción de fertilizantes.

Según Naturgas, el informe presentado junto a la ANDI destaca que el país avanza firmemente hacia la instalación del electrolizador de membrana de intercambio de protones (PEM) más grande de América Latina. Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno, resaltó el fortalecimiento territorial mediante la estrategia de “Hubs de Hidrógeno” en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, un esfuerzo que cuenta con el respaldo del Ministerio Federal de Cooperación Económica de Alemania para descentralizar la producción y el uso de este energético.

El cierre de año también deja un panorama regulatorio robusto con la definición de normas para el hidrógeno de bajas emisiones y la estructuración de un documento CONPES que fijará la política pública a largo plazo. De cara al 2026, el gremio proyecta un escalamiento significativo de la capacidad instalada y la consolidación de nuevos modelos de negocio, aprovechando la seguridad jurídica para atraer capital extranjero y reducir los costos operativos de esta tecnología emergente.

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó oficialmente ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca la adhesión formal de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), entidad financiera del bloque de los BRICS. Esta movida estratégica tiene como objetivo principal diversificar las fuentes de financiamiento internacional del país, abriendo una nueva puerta para la obtención de recursos destinados prioritariamente a la transición energética, la infraestructura sostenible y el cierre de brechas sociales en las regiones.

Según el portal MSN, el ministro Germán Ávila Plazas destacó que la entrada al organismo multilateral permitiría fortalecer el portafolio de inversión pública y privada en sectores clave como la energía limpia, el transporte y la vivienda. El acceso a estos capitales se perfila como una alternativa competitiva frente a la banca tradicional, dado que el NBD suele priorizar proyectos de alto impacto en sostenibilidad, un rubro donde Colombia requiere inyecciones multimillonarias para cumplir sus metas de descarbonización y modernización de redes eléctricas.

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Colombia enfrenta un riesgo creciente de déficit en su capacidad energética, el cual podría llegar al 4,1 % para el año 2027 si no se toman medidas a corto plazo. La advertencia fue hecha por el gerente general de EPM, John Maya, durante la apertura de la Feria Internacional del Sector Eléctrico (FISE 2025) en Medellín. El directivo señaló que el faltante de energía firme comenzaría en 2025 con un 2,7 %, aumentaría a 2,9 % en 2026 y alcanzaría su punto más complejo en 2027.

Según Caracol Radio, el gerente de EPM explicó que este panorama desafiante se debe a los retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos eléctricos. Maya detalló que, durante 2024, de los 5.720 megavatios (MW) proyectados para ingresar al sistema nacional, solo 1.447 MW lo hicieron efectivamente, es decir, apenas el 25,3 % de la capacidad esperada. Este rezago amenaza con prolongar la presión sobre la oferta energética durante los próximos años.

El gerente insistió en que el problema principal radica en que los tiempos de construcción y conexión de los proyectos no avanzan al ritmo esperado, ya que la demanda energética crece más rápido. Para cubrir la diferencia prevista para 2026, por ejemplo, se necesitaría una generación térmica adicional de 447 megavatios o 1.700 megavatios solares. La feria FISE 2025, que reúne a 450 empresas de 30 países, busca precisamente acelerar las inversiones y alianzas tecnológicas necesarias para evitar una futura crisis de suministro.

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El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha revisado al alza, por quinto año consecutivo, sus proyecciones sobre la expansión de la energía nuclear a nivel global. En su escenario más optimista, la agencia de la ONU estima que la capacidad instalada podría más que duplicarse para el 2050, impulsada por un creciente consenso sobre su rol indispensable para un suministro energético limpio y sostenible.

Según el informe presentado por el OIEA y citado por el diario Portafolio, a finales de 2024 operaban en el mundo 417 reactores nucleares, con una capacidad total de 377 gigavatios eléctricos (GWe). Estos reactores generaron el 8,7% de la energía eléctrica producida a nivel mundial durante ese año. Las nuevas proyecciones estiman que para 2050, la capacidad podría lleagr hasta los 992 GWe en el escenario más optimista, lo que equivale a 2,6 veces el nivel actual. En un escenario más conservador, el crecimiento sería del 50,0 %, alcanzando los 561 GWe.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó que este crecimiento subraya que la energía nuclear es indispensable para lograr un suministro limpio, fiable y sostenible. La expansión será impulsada en parte por la nueva tecnología de reactores modulares pequeños (SMR), que representarían entre el 5,0% y el 24,0% de la nueva capacidad. Actualmente, 31 países cuentan con plantas de energía nuclear, y otros 30, como Egipto y Turquía, están construyendo sus primeras instalaciones. La facilitación del financiamiento a través de bancos multilaterales es uno de los factores clave detrás de esta expansión.

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Colombia se encuentra en riesgo de un apagón debido a una crisis estructural en su sector energético, donde se destaca un retraso del 55,0 % en los proyectos de transmisión eléctrica. Esta situación, sumada a una caída del 5,6 % en la producción de gas, amenaza la estabilidad del sistema y podría llevar a racionamientos con pérdidas de hasta $200.000 millones por hora para la industria.

Según un informe de Jorge Valencia, exdirector de la CREG, que será presentado en el Energy Master Summit 2025 y fue citado por el portal La Nota Económica, la crisis se ha acumulado por más de una década. A pesar de que las lluvias recientes han mejorado el nivel de los embalses al 81,8 % de su capacidad, la recuperación ha sido desigual en el territorio, y la alta dependencia de la generación hidráulica (entre 80,0 % y 83,0 %) aumenta la vulnerabilidad del sistema.

El panorama se complica porque solo el 28,0 % de la nueva capacidad de generación avanza sin contratiempos, mientras que el resto enfrenta obstáculos por licencias ambientales o conflictos sociales. Aunque se ha invertido en energías renovables no convencionales, estas dependen del clima y no generan energía durante la noche, por lo que no ofrecen una solución de base firme. Para enfrentar la crisis, los expertos han propuesto un plan de acción de seis puntos que incluye destrabar los proyectos de transmisión, diversificar la matriz energética y asegurar el suministro de gas, entre otras medidas. Se advierte que, de no tomar acciones inmediatas, el país podría enfrentar graves consecuencias económicas y sociales.

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El Grupo Ecopetrol liderará el primer proyecto exploratorio de energía geotérmica en Colombia, el cual se desarrollará en el volcán Azufral, en el departamento de Nariño. Se estima que esta iniciativa tendrá una capacidad de producción de aproximadamente 80 megavatios (MW) de energía limpia, suficiente para abastecer a más de 1,6 millones de personas.

Según un informe del diario El Colombiano, la capacidad de este proyecto equivale al consumo total de energía del departamento de Nariño, lo que marca un hito en la diversificación de la matriz energética del país. La energía geotérmica se obtiene del calor del interior de la Tierra y es considerada una fuente renovable y constante.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha destacado que este proyecto es un paso significativo hacia el desarrollo sostenible y la transición energética de Colombia. La primera fase se centrará en fortalecer las capacidades institucionales, territoriales y técnicas para la exploración y el aprovechamiento de este recurso.

La iniciativa cuenta con el respaldo de múltiples entidades, incluyendo los ministerios de Minas y Energía, Ciencia y Ambiente, así como la Gobernación de Nariño. También participan en el proyecto el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET) y otras autoridades técnicas y regulatorias.

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El Congreso de la República avanza en la aprobación de una nueva ley que busca establecer un marco regulatorio claro para el uso de tecnologías nucleares en sectores como la salud, la industria y la agricultura. La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate, contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear.

Según el diario El Colombiano, el objetivo principal del proyecto no es la construcción inmediata de plantas para la generación eléctrica, sino consolidar y expandir las aplicaciones que esta tecnología ya tiene en el país. En Colombia opera un reactor nuclear con fines de investigación desde 1965, gestionado por el Servicio Geológico Colombiano.

Entre los beneficios esperados, la ley impulsará la autosuficiencia en la producción de radiofármacos, lo que podría reducir costos y tiempos de espera en diagnósticos y tratamientos contra el cáncer. En la industria, se espera un aumento de la competitividad a través del control de calidad y la esterilización de productos, mientras que en el agro se aplicaría para mejorar la conservación de alimentos y el control de plagas.

Aunque la ley sienta las bases para una eventual exploración de la energía nuclear en la matriz energética del país después de 2035, su foco inmediato es garantizar un uso seguro y regulado de la tecnología actual, con el potencial de duplicar el impacto económico del sector en los próximos cinco años.