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El incremento del salario mínimo decretado para 2026, que fijó la remuneración básica en $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095, ha generado una presión financiera inmediata sobre la cadena de valor en Colombia. La Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) advirtió que el 90,0 % de la fuerza laboral en esta industria percibe ingresos cercanos al mínimo legal, lo que se traduce en un encarecimiento directo para los operadores de carga. Dicha situación agrava el panorama de competitividad, considerando que los costos logísticos ya representaban el 15,6 % de las ventas totales de las empresas en 2024, superando al del IPC y la productividad nacional.

Según Bloomberg Línea, ante un ajuste salarial del 23,0 %, la digitalización emerge como la herramienta estratégica para amortiguar el golpe en la rentabilidad. Datos de la Encuesta Nacional de Logística revelan que el 44,9 % de las compañías ya emplea servicios en la nube y un 25,1 % ha incorporado inteligencia artificial, logrando mejorar su eficacia operativa hasta un 10,2 %. Expertos de la firma Drivin señalan que la inversión tecnológica permite a las organizaciones anticiparse a escenarios complejos, optimizando recursos frente a las limitaciones de talento humano y las exigencias del mercado.

El impacto de esta política laboral se extiende a otros renglones de la economía con alta dependencia de mano de obra formal de bajos ingresos. Análisis de Corficolombiana clasifican a las actividades inmobiliarias, la industria, la salud y la gestión de desechos como sectores de alta vulnerabilidad. Asimismo, el agro y el servicio doméstico enfrentan riesgos medio-altos, pues concentran cerca del 80,0 % de sus trabajadores formales en el rango del salario mínimo. Lo anterior plantea un desafío crítico para las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 92,0 % del tejido empresarial y poseen menor margen de maniobra financiera.

Monday, 29 December 2025 15:11

Peajes subirán 5,3 % a partir de enero del 2026

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El Gobierno Nacional ha confirmado que, a partir del próximo 16 de enero de 2026, se aplicará un nuevo incremento en las tarifas de peajes a lo largo del territorio nacional, medida orientada a garantizar la sostenibilidad financiera, operación y ampliación de la infraestructura vial. Este ajuste anual, amparado en la normativa vigente, tomará como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a noviembre de 2025, el cual se ubicó en 5,3 %, impactando directamente la estructura de costos para el transporte de carga y pasajeros en todas las concesiones del país.

Según La República, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que esta actualización por costo de vida es generalizada, aunque el Ejecutivo reconoce la sensibilidad social del tema y ha implementado estrategias de mitigación específicas. Entre las medidas paliativas se encuentran la aplicación de tarifas diferenciales para comunidades aledañas y usuarios frecuentes, así como esquemas de gradualidad en ciertos corredores, buscando amortiguar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos en un contexto donde recientemente se registraron alzas de hasta el 30,0 % en casetas a cargo del Invías.

Actualmente, las estaciones con los costos más elevados para vehículos de categoría I se concentran en departamentos como Antioquia y Meta, así como en la vía hacia la Orinoquía. Si bien el Gobierno insiste en que los alivios no son uniformes y dependen de la antigüedad y tipo de contrato de cada concesión, la necesidad de recurrir a estos mecanismos ha reavivado el debate legislativo sobre la estructura del modelo de concesiones viales ante la creciente inconformidad por el impacto acumulado en la competitividad logística.

El sector logístico colombiano atraviesa un punto de inflexión al iniciar la transición desde los motores diésel hacia flotas eléctricas inteligentes, una evolución impulsada por la necesidad de reducir la huella de carbono y optimizar los costos operativos. Actualmente, el transporte de carga por carretera moviliza más del 96 % de las mercancías terrestres del país, pero esta dependencia de combustibles fósiles ha llevado a que las emisiones del sector superen los 33 millones de toneladas de CO₂ anuales, evidenciando la urgencia de adoptar tecnologías más limpias.

Según Xataka Colombia, las marcas están liderando este cambio mediante la implementación de soluciones de “inteligencia energética”, que integran vehículos eléctricos con herramientas avanzadas de conectividad y análisis de datos. Esta modernización permite a las empresas planificar rutas más eficientes, anticipar mantenimientos y gestionar con precisión el desempeño de cada unidad, transformando la movilidad de un gasto fijo inevitable a una inversión estratégica que mejora los márgenes de rentabilidad y cumple con estándares regulatorios como la norma Euro VI.

La adopción de estas tecnologías no solo responde a compromisos ambientales, sino que fortalece los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que hoy exigen inversionistas y clientes. Además, la sustitución de flotas convencionales por eléctricas reduce significativamente el ruido y las vibraciones, mejorando las condiciones laborales de los conductores y contribuyendo a la calidad del aire en ciudades como Bogotá, alineándose así con las metas nacionales de descarbonización del transporte pesado.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró que una sociedad extranjera con sede efectiva de administración en Colombia debe incluir en su declaración de renta los ingresos y la información patrimonial generados por sucursales industriales, incluso si estas operan dentro de una zona franca. Esta confirmación obliga a estas empresas a tributar por sus rentas de fuente mundial.

De acuerdo con Ámbito Jurídico, según el concepto doctrinal de la entidad, las sucursales industriales en zona franca no se consideran personas jurídicas independientes de la casa matriz. Por lo tanto, la sociedad extranjera debe tributar de manera consolidada, estando sujeta a la obligación de liquidar impuestos por sus rentas de fuente mundial cuando tenga su sede efectiva de administración en el país. Se establece una diferencia crucial: aunque la sucursal de zona franca puede aplicar la tarifa especial del impuesto sobre la renta (Art. 240-1 del Estatuto Tributario), la renta global de la sociedad extranjera está gravada a la tarifa general.

Para garantizar el cumplimiento de este esquema tributario, la DIAN exige a las empresas extranjeras elaborar un estudio de atribución basado en el principio de plena competencia y una contabilidad separada. Este proceso es necesario para identificar los ingresos, costos, gastos, activos y pasivos asociados a la sucursal de zona franca, lo que facilita el cálculo y la correcta aplicación de las tarifas diferenciadas. Finalmente, la entidad recordó que el cumplimiento del principio de exclusividad para operar dentro de la zona franca es obligatorio para acceder al régimen especial.

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La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) ha lanzado una alerta sobre el impacto que tendría la nueva ley de financiamiento, o reforma tributaria, en el precio del ACPM. Según el gremio, las modificaciones propuestas en el proyecto generarían un incremento del 33,0 % en el precio del diésel, afectando gravemente la competitividad del sector y la economía en general.

De acuerdo con el diario El Heraldo, el gremio transportador advierte que este aumento se daría de forma escalonada. Para 2026, la propuesta contempla un alza en el IVA al ingreso del productor del 5,0 % al 10,0 %. Para 2027, el IVA al productor subiría nuevamente del 10,0 % al 19,0 %, y se crearía un impuesto del 19,0 % a los biocombustibles.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, manifestó su preocupación, señalando que el transporte de carga es un servicio esencial y transversal a todas las cadenas productivas del país. Un encarecimiento del ACPM en estas proporciones tendría un efecto inflacionario directo sobre el costo de los alimentos, las materias primas y los bienes de consumo, impactando el bolsillo de todos los colombianos. El gremio hizo un llamado al Congreso para revisar estas medidas y buscar alternativas que no comprometan la sostenibilidad del sector.

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Durante el primer semestre de 2025, las zonas portuarias de Colombia movilizaron un total de 85,4 millones de toneladas de carga, un resultado que consolida al país como uno de los principales referentes logísticos de la región. La Superintendencia de Transporte también reportó un incremento del 14 % en el arribo de buques en comparación con el mismo período de 2024, con un total de 6.456 embarcaciones.

Según el informe de la Superintendencia de Transporte, la región Caribe fue la de mayor actividad, al movilizar 72,3 millones de toneladas, lo que equivale al 84,7 % del total nacional. La región Pacífico, por su parte, manejó 11,7 millones de toneladas (13,7 %). En cuanto al tipo de carga, las sociedades portuarias movilizaron 2,9 millones de TEUS (contenedores de 20 pies), equivalentes a 24,8 millones de toneladas. La Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. lideró este segmento con 1,2 millones de TEUS, representando el 43,5 % del total.

Varios puertos destacaron por su notable crecimiento. En exportaciones, los de Turbo, Santa Marta y San Andrés registraron los mayores incrementos porcentuales, con alzas del 45,9 %, 29,3 % y 8,1 %, respectivamente. En el frente de las importaciones, Turbo duplicó su volumen con un aumento del 109 %, mientras que Buenaventura y Santa Marta crecieron un 26 % y un 24,9 %. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que estos resultados confirman el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y la apuesta por una mayor competitividad logística.

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Las políticas arancelarias de Estados Unidos han profundizado la inestabilidad en el sector del transporte marítimo global, alterando los flujos comerciales y generando un efecto dominó que impacta la logística portuaria y las tarifas de los fletes. Esta situación se suma a un problema estructural de exceso de capacidad en la flota, que crece a un ritmo del 7 % anual.

Según un informe del portal Mundo Marítimo, la incertidumbre generada por los aranceles ha conllevado a congestión en los puertos, obligando a los operadores a reajustar sus flotas y modificar itinerarios. A pesar de un breve repunte en las tarifas a mediados de año, la tendencia general es a la baja, con precios que han caído a niveles no vistos desde finales de 2023. La inestabilidad en el comercio internacional ya está mostrando repercusiones económicas en Estados Unidos, con un ligero aumento de la inflación. La combinación de la sobreoferta de buques y la imprevisibilidad de las políticas comerciales está creando un panorama complejo para la industria naviera.

Ante esta coyuntura, el informe recomienda a los importadores y exportadores reforzar sus mecanismos de cumplimiento normativo y revisar sus estrategias operativas. La capacidad de adaptación y la planificación logística se han vuelto cruciales para navegar en un mercado marítimo global cada vez más volátil e incierto.

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Las aerolíneas de Latinoamérica experimentaron un aumento del 3,1 % en la demanda de carga aérea durante mayo de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este crecimiento sitúa a la región con el segundo mejor desempeño a nivel global, solo por detrás de las aerolíneas de Medio Oriente.

Según un informe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), citado por el portal Mundo Marítimo, este incremento en la demanda se vio acompañado por un aumento en la capacidad de carga. La capacidad en la región creció un 3,5 % en el mismo periodo. El desempeño positivo de Latinoamérica contrasta con el de otras regiones, como Norteamérica, que registró una de las tasas de crecimiento más débiles. A nivel mundial, la demanda total de carga aérea, medida en toneladas de carga por kilómetro (CTKs), aumentó un 2,2 % en comparación con mayo de 2024.

Willie Walsh, director general de la IATA, señaló que aunque la demanda de carga aérea ha mostrado una tendencia al alza, el entorno empresarial sigue siendo desafiante. Sin embargo, destacó que la reciente moderación de la inflación es una señal positiva para el sector.

El sector logístico en Colombia enfrenta dos grandes amenazas para el 2025: el aumento de la accidentalidad en las carreteras y una creciente inflación operativa. Estos factores no solo elevan los costos y ponen en riesgo la seguridad de los transportadores, sino que también impactan la competitividad del país al dificultar la eficiencia en la cadena de suministro.

Según el Diario del Sur, las cifras de siniestralidad vial, donde 8.266 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante 2024, tuvieron un aumento del 43,9 % frente al promedio de los últimos cinco años, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y han mostrado una tendencia al alza, impulsada por causas como el exceso de velocidad, el cansancio de los conductores y las distracciones por el uso de dispositivos móviles. Esta situación, combinada con el incremento en los costos de operación (combustible, peajes y mantenimiento), crea un panorama complejo para las empresas de transporte de carga.

Ante estos desafíos, la transformación digital emerge como una solución clave a través de las plataformas de gestión de flotas. Estas herramientas tecnológicas utilizan inteligencia artificial y analítica de datos para mitigar riesgos y optimizar las operaciones, reduciendo hasta el 15,0 % en consumo de combustible, alcanzando 98,0 % en el cumplimiento de las rutas e incrementando el 20,0 % la eficiencia La implementación de estas soluciones tecnológicas en el sector ha demostrado generar beneficios tangibles, como una reducción en los índices de accidentalidad y una mayor eficiencia en el cumplimiento de las rutas.

Los transportadores del sur de Colombia han anunciado un paro indefinido a partir del próximo 16 de junio de 2025, según el gremio transportador, como respuesta a los continuos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, frente a los acuerdos pactados en julio de 2024. La decisión se fundamenta en la preocupación por la intención de reabrir la frontera al transporte internacional, el aumento de la inseguridad en la Vía Panamericana y el precario estado de las carreteras en la región.

Según Contexto Ganadero, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha emitido un llamado público al presidente Gustavo Petro y a diversos ministerios, exigiendo soluciones inmediatas para evitar una inminente crisis logística. Las principales vías afectadas por el deterioro incluyen los tramos Pasto – Tumaco, Pasto – La Unión, La Unión – Mojarras, Pasto – Popayán y Popayán – Cali, donde además se han reportado constantes asaltos y extorsiones.

Esta situación genera una gran preocupación para los sectores ganadero, agrícola y exportador del suroccidente colombiano, ya que la interrupción de las cadenas de distribución podría ocurrir en plena temporada de cosechas y comercialización. El paro programado se produce después de que una movilización similar en julio de 2024 culminara con compromisos por parte del gobierno que, a la fecha, no han sido materializados.

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