El Ministerio de Salud de Colombia publicó un proyecto de decreto que plantea modificar el marco regulatorio del cannabis medicinal, permitiendo que la flor para consumo directo sea considerada producto terminado. Esta medida, que ajusta el Decreto 780 de 2016, establece una frontera técnica, aclarando que la flor destinada a la transformación se seguirá considerando como materia prima. La normativa no representa una apertura inmediata, sino una transición técnica e institucional suscrita por las carteras de Justicia, Agricultura, Salud y Comercio para organizar el mercado nacional.

Según Consultorsalud, la producción y comercialización de la flor de cannabis se habilitará de forma progresiva a través de tres fases diferenciadas. La primera fase estará reservada exclusivamente para los cultivadores de varios municipios del norte del Cauca, como acción afirmativa para las comunidades indígenas y campesinas de la región. Posteriormente, la segunda fase dará apertura a los pequeños y medianos productores, mientras que la tercera fase incluirá a todos los licenciatarios de cultivo de flor para uso psicoactivo y no psicoactivo.

A nivel técnico, el proyecto estipula plazos de cinco meses para implementar trámites simplificados, cupos automáticos y reglas de apoyo a la comercialización. Asimismo, otorga diez meses para la reglamentación que habilite la flor como producto terminado con fines médicos. Para el sistema de salud, el impacto se proyecta con cautela, ya que la habilitación de esta categoría regulatoria no crea de forma automática una ruta clínica ni una obligación de financiación por parte de las EPS.

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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, en el primero de cuatro debates, un proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia. Esta iniciativa, liderada por el congresista Alejandro Ocampo, pretende establecer reglas claras para toda la cadena productiva, abarcando desde la semilla hasta el producto terminado. El objetivo principal es formalizar un mercado que actualmente opera en la informalidad, permitiendo que el Estado ejerza un control efectivo sobre la producción y comercialización de esta sustancia.

De acuerdo con Portafolio, la propuesta busca que la venta de cannabis se traslade de las calles a establecimientos autorizados donde se exija la identificación de los compradores. Los ponentes del proyecto argumentan que esta medida protegería a los menores de edad y permitiría el recaudo de impuestos que podrían destinarse a programas sociales para habitantes de calle, comunidades indígenas y afrocolombianas. Además, se destaca que el avance legislativo revive una discusión que ha fallado en múltiples ocasiones anteriores en el Congreso, siendo junio de 2023 la fecha en que estuvo más cerca de ser aprobada.

A pesar de que en Colombia el uso medicinal es legal y se permite el autocultivo de hasta 20 plantas, el mercado recreativo permanece en una zona gris jurídica que este proyecto busca cerrar. La iniciativa deberá superar tres debates adicionales para convertirse en ley, enfrentando el reto de equilibrar las preocupaciones sobre salud pública con los beneficios económicos de la regulación. El Congreso retoma así un debate histórico sobre si el país debe mantener el enfoque prohibicionista o transitar hacia un modelo de control estatal y vigilancia formal.

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