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El Gobierno Nacional ordenó reducir drásticamente la exposición internacional de los fondos de pensiones obligatorias. Mediante el Decreto 0369 de 2026, se estableció un límite global del 30,0 % para las inversiones fuera de Colombia. La decisión busca llevar el ahorro del país hacia proyectos locales relevantes, como la infraestructura, con el objetivo de reducir la diferencia económica que muestra una inversión de cerca del 20,0 % del PIB y un ahorro nacional de solo el 8,0 %. La norma plantea una transición de cinco años, exigiendo reducir el tope externo al 35,0 % en el primer trienio hasta alcanzar la meta definitiva.

Según el diario La República, el Ministerio de Hacienda liderará la creación de un banco de proyectos para identificar iniciativas públicas y privadas compatibles con los requisitos de seguridad, rentabilidad y liquidez exigidos por la Ley 100. Adicionalmente, el Ejecutivo determinó que los flujos provenientes de nuevas cotizaciones deberán destinarse a inversiones nacionales hasta cumplir el techo fijado. En caso de que una administradora decida superar el límite del 30,0 %, estará obligada a presentar un documento técnico ante la Superintendencia Financiera justificando la falta de oportunidades locales que garanticen el bienestar del ahorro individual.

Representantes gremiales como Asofondos advierten sobre los graves riesgos de la repatriación forzada de recursos, señalando que los afiliados serían los principales perjudicados. Se estima que los fondos administran cerca de 500.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 250.000 millones están invertidos en el exterior. Expertos argumentan que obligar a vender activos internacionales de manera apresurada generaría pérdidas de valor, menor conversión cambiaria y serias dificultades para encontrar alternativas rentables en el mercado nacional, donde actualmente escasean los proyectos con una relación adecuada entre riesgo y retorno.

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La temporada de Semana Santa reafirmó su importancia para la dinámica comercial en Colombia, registrando un volumen superior a los 12 millones de operaciones electrónicas. Dicho comportamiento generó una facturación que sobrepasó los $1,4 billones, evidenciando un crecimiento del 26,5 % frente al mismo periodo del año anterior. El repunte del consumo obedeció fundamentalmente a la alta movilidad de viajeros hacia diversos destinos turísticos, dinamizando el gasto en categorías esenciales como la alimentación, el transporte y el esparcimiento fuera del hogar.

Respecto a los medios de pago, las tarjetas débito mostraron un desempeño sobresaliente al crecer un 37,0 % y representar el 34,0 % de la facturación total, mientras que las crédito concentraron el 66,0 % restante con un avance del 22,0 %. Tales cifras reflejan un cambio progresivo en las preferencias de los compradores, quienes optan cada vez más por utilizar sus recursos disponibles de forma inmediata.

Las compras en puntos físicos mantuvieron su protagonismo al aportar el 79,0 % del total facturado, logrando un incremento del 27,0 %. A nivel regional, Bogotá lideró la participación nacional con un 23,0 %, seguida por Medellín con el 6,0 % y Cartagena con el 3,0 %. Sin embargo, al analizar exclusivamente el gasto realizado por extranjeros, Cartagena ocupó el primer lugar con un 58,0 %, demostrando su innegable atractivo turístico internacional. El notable incremento del 34,0% en las operaciones con tarjetas confirma la capacidad del ecosistema financiero para responder eficientemente a los altos picos de demanda.

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El sector ganadero colombiano experimentó una notable recuperación en sus indicadores de demanda interna durante el último ciclo anual. Según cifras de la Federación de Ganaderos (FEDEGAN), la ingesta per cápita de carne de res alcanzó los 18,4 kilogramos por habitante al cierre del 2025, evidenciando un crecimiento sostenido frente a los 16,4 kilogramos registrados en 2022. Dicho repunte obedeció a una combinación de factores, destacándose el aumento en los ingresos nominales de los hogares y la intensificación de las estrategias gremiales enfocadas en promover las cualidades nutricionales de la proteína bovina a nivel nacional.

De acuerdo con el portal Infobae y datos de FEDEGAN, el volumen actual de consumo se calcula a partir de una producción nacional en canal de 811.846 toneladas, sumada a las importaciones y restando las exportaciones. Esta cifra posteriormente se divide entre una población estimada de 53,8 millones de ciudadanos. El balance positivo se sostiene en un inventario de ganado bovino de casi 30 millones de animales, asegurando el suministro interno y la competitividad en más de 30 mercados internacionales. Esto se apoya en programas de mejora genética, bienestar animal y prácticas de ganadería sostenible.

A pesar del panorama favorable, el encarecimiento del producto frente a otras alternativas proteicas genera alertas para el corto plazo. El análisis sectorial detalla que, mientras la carne de res experimentó un aumento de precios cercano al 9,6 %, opciones como la carne de cerdo y el pollo registraron variaciones del -2,8 % y 2,8 % respectivamente. Frente a este entorno de presiones inflacionarias, el principal desafío radicará en mantener la estabilidad de la demanda, un objetivo que dependerá directamente de la capacidad adquisitiva de los consumidores y del control macroeconómico sobre el costo de los alimentos esenciales.

A inicios de marzo se expidió por parte del Ministerio de Trabajo el decreto 0234 que introduce un cambio estructural en las relaciones laborales en Colombia, pues ya no serían individuales sino por sectores económicos completos. Lo anterior establece que sindicatos sectoriales y gremios acompañados de grandes empresas tendrán una mesa de negociación para establecer los beneficios que serán de aplicación obligatoria para todas las empresas del sector, independiente que hayan participado en esa mesa e independiente que tengan sindicato o no.  

Las empresas, especialmente las pequeñas, enfrentarán un aumento de costos laborales por beneficios extralegales negociados por terceros y la pérdida de autonomía en sus decisiones, mientras que los trabajadores no sindicalizados estarán obligados a pagar la cuota sindical al sindicato titular de la convención sectorial sin opción de renuncia. Actualmente existen 4 demandas de inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado buscando suspender el decreto; ante este riesgo, las empresas han comenzado a extremar la prudencia en el gasto y a detener la creación de nuevos planes de beneficios extralegales para sus empleados.

Las tasas de interés para los créditos hipotecarios en el territorio nacional han experimentado una tendencia al alza durante el presente año, alcanzando un promedio del 13,6 %, frente al 11,0 % registrado en marzo de 2025. El incremento responde a una combinación de factores macroeconómicos que trascienden los ajustes de política monetaria implementados por el banco emisor. El encarecimiento en el costo de endeudamiento del Estado impacta directamente el fondeo del sector financiero, trasladando dicha carga a los consumidores finales que buscan adquirir vivienda.

Según el portal Caracol Radio, directivos de la entidad BBVA Colombia explican que las instituciones bancarias obtienen recursos a un costo superior al del país. Por consiguiente, si la deuda soberana se encarece, los tipos de interés ofrecidos a los ciudadanos inevitablemente suben. Para revertir el escenario actual, el Gobierno requiere mantener unas finanzas públicas sanas, permitiendo que los fondeadores internacionales exijan retornos más bajos. Dicha disciplina fiscal constituye el mecanismo principal para garantizar condiciones de financiación más accesibles para los hogares.

El impacto de las alzas en las tasas de referencia se manifiesta rápidamente en productos de corta duración, tales como las tarjetas de crédito, los certificados de depósito y los préstamos para vehículos. Por el contrario, las fijaciones a largo plazo, incluyendo libranzas e hipotecas, tardan más tiempo en asimilar las variaciones. Frente al entorno de altos intereses, los expertos financieros recomiendan ejercer cautela en las decisiones de consumo que no resulten urgentes, priorizando la estabilidad económica personal hasta que las condiciones macroeconómicas permitan una reducción generalizada del costo crediticio.

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El transporte de mercancías en el territorio nacional experimenta crecimiento, reflejando un aumento en la producción y el comercio de bienes. Durante febrero del año en curso, se movilizaron más de 12 millones de toneladas por las distintas carreteras del país, evidenciando una expansión del 1,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Dicho flujo logístico fue posible gracias a la operación de más de 2.200 empresas y 122.000 vehículos, los cuales efectuaron más de un millón de recorridos para distribuir productos esenciales como maíz y materiales de construcción, consolidando un sector fundamental para el desarrollo económico regional.

Según el diario El Espectador, el comportamiento de los fletes líquidos marcó un hito histórico al superar los 1.107,3 millones de galones transportados, cifra que casi duplica los registros del año previo e impulsa directamente al renglón energético. A nivel territorial, el Valle del Cauca encabeza la movilización general, seguido muy de cerca por Cundinamarca y Antioquia. Por su parte, departamentos como Meta y Casanare lideran el tránsito de fluidos.

El balance positivo se extiende a la infraestructura portuaria, cuyas terminales movilizaron 174,2 millones de toneladas durante el año 2025. La región Caribe domina ampliamente el flujo marítimo mediante nodos de conexión primordiales como Cartagena, Ciénaga y el Golfo de Morrosquillo, mientras el Pacífico mantiene una participación relevante. El movimiento en los muelles evidencia una sólida vocación global, dado que las importaciones y exportaciones representan cerca del 79,0 % de la capacidad total procesada. Ante tal escenario, las autoridades competentes buscan optimizar las operaciones para garantizar mayor seguridad y competitividad en las rutas comerciales.

Los sistemas de pagos virtuales se consolidan como uno de los métodos financieros de mayor crecimiento a nivel mundial, impulsados por el comercio electrónico y la demanda de operaciones rápidas. Actualmente, existen alrededor de 4.300 millones de usuarios de billeteras digitales, y las proyecciones corporativas estiman que la cifra superará los 5.000 millones en los próximos años. Impulsadas por la necesidad de integrar múltiples servicios desde dispositivos móviles, tales herramientas tecnológicas podrían representar cerca del 49,0 % del valor total de las transacciones globales para el año 2027.

Según el diario Portafolio, la tendencia de adopción acelerada se refleja claramente en el mercado colombiano, territorio que cuenta con más de 54 millones de cuentas registradas en diversas billeteras digitales a 2023. Dicho avance obedece a la masificación de aplicaciones bancarias y a la fuerte presencia de firmas financieras tecnológicas. Los consumidores emplean múltiples plataformas simultáneamente, buscando beneficios como la ausencia de comisiones y una mayor facilidad de uso. Semejante panorama fomenta las ventas sin contacto, aunque exige superar retos técnicos relacionados con la interoperabilidad y la protección de los datos personales.

A pesar del notable progreso tecnológico, el país suramericano enfrenta un desafío de reducir la profunda dependencia del efectivo, un método que predomina en múltiples áreas económicas. No obstante, informes especializados proyectan que la utilización del papel moneda continuará disminuyendo paulatinamente a nivel internacional, perfilando una caída anual compuesta del 2,0 % hasta el 2030. La transición obligará al ecosistema financiero a robustecer su infraestructura para garantizar operaciones blindadas frente al uso masivo de los canales digitales.

  • Desde Sectorial desarrollamos un análisis que mide el nivel de impacto (positivo, neutro o negativo) que tendrán 9 sectores económicos (agropecuario, comercio, construcción, turismo, industria, salud, educación, extracción energética y servicios financieros) según las propuestas que tiene cada candidato a la presidencia de Colombia.

En un contexto donde la incertidumbre política empieza a trasladarse a las decisiones empresariales, anticiparse es una necesidad. Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia no solo definirán el rumbo del país, sino también las condiciones bajo las cuales operarán los sectores económicos en los próximos años.

Con este propósito, desde Sectorial, lanzamos de manera gratuita la “Matriz de Impacto Sectorial según Candidatos Presidenciales 2026”, un análisis técnico, estructurado e imparcial que traduce las propuestas de los principales precandidatos en señales claras para la toma de decisiones.

El informe evalúa a 8 candidatos presidenciales: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Miguel Uribe Turbay y Mauricio Lizcano.  A partir de esta base, se analizan sus propuestas en nueve sectores económicos: agropecuario, comercio, construcción, turismo, industria, salud, educación, extracción energética y servicios financieros.

En la matriz, cada sector cuenta con un sistema tipo semáforo que permite identificar rápidamente el impacto esperado en cada sector según el candidato: verde (positivo), amarillo (neutral) y rojo (negativo). Esta herramienta facilita la lectura y permite a empresarios, inversionistas y tomadores de decisión entender, en cuestión de minutos, dónde están los riesgos y las oportunidades.

Desde Sectorial buscamos ayudar a responder la pregunta clave: ¿qué sectores podrían verse impulsados, regulados o afectados dependiendo de quién llegue al poder? Las elecciones de 2026 no son un evento aislado, las propuestas de los candidatos, no solo reflejan visiones ideológicas, sino escenarios económicos concretos.

Para las empresas, lo anterior, implica prepararse, ajustar estrategias y anticipar posibles cambios en el entorno. Desde decisiones de inversión hasta planes de expansión, el contexto electoral juega un rol clave en la planeación estratégica.

En Sectorial.co creemos en el poder de la información para reducir la incertidumbre. Por eso, esta matriz ofrece una lectura objetiva, basada en datos.

La economía nacional registró un desempeño sobresaliente en sus ventas externas, impulsada por la comercialización internacional de oro. Durante febrero del año 2026, los despachos de dicho metal precioso alcanzaron los US$771,8 millones FOB, reflejando un crecimiento del 140,8 % en comparación con el mismo mes del año previo.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la dinámica acumulada durante el primer bimestre de 2026 confirma una tendencia altamente favorable para el comercio nacional. Entre enero y febrero, las ventas del producto sumaron US$1.457,9 millones FOB, cifra que representa un aumento del 124,6% frente al mismo periodo del año anterior. El destacado desempeño de la industria aurífera aportó 10,7 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones del país en febrero, consolidándose como un pilar para contrarrestar la contracción observada en segmentos tradicionales como los hidrocarburos y las manufacturas.

La demanda internacional por el mineral colombiano evidenció un crecimiento a través de múltiples mercados estratégicos. Solamente en el segundo mes del año, los envíos hacia Estados Unidos crecieron un 164,7 %, totalizando US$256,6 millones FOB. Simultáneamente, destinos como Canadá registraron una variación positiva del 257,6 % al adquirir US$107,1 millones FOB, mientras que las ventas hacia Italia se multiplicaron, superando los US$205,0 millones FOB. Mantener los niveles de crecimiento actuales exigirá a los productores preservar estrictos estándares operativos y optimizar sus cadenas logísticas para responder eficientemente a los crecientes requerimientos globales.

El mercado automotor en América Latina experimenta una aceleración notable hacia la movilidad sostenible, registrando la comercialización de 136.575 vehículos electrificados durante el primer bimestre del 2026. Esta cifra representa un incremento de 69,4 % frente al mismo ciclo del periodo anterior, impulsado por una mayor adopción de tecnologías limpias. Dentro del total regional, los modelos híbridos lideran la transición con 77.039 unidades matriculadas, seguidos por los automotores totalmente eléctricos con 33.772 entregas y las opciones híbridas enchufables que suman 25.664 comercializaciones. Dicho volumen global otorga al segmento una participación del 14,5 % sobre las ventas totales del sector.

Según el portal Bloomberg Línea, el cambio hacia opciones ecológicas responde a diversas motivaciones que varían según el país, cubriendo desde la conciencia ambiental en el Cono Sur hasta la evasión de restricciones vehiculares urbanas en naciones como Colombia. Además, la nueva red de estaciones de carga pública favorece la elección de los consumidores por opciones de propulsión asistida, reduciendo la dependencia solo del suministro eléctrico. En dicho contexto de infraestructura, Brasil lidera ampliamente la disponibilidad de puntos de recarga, seguido por México y Chile, marcando el ritmo de adaptación tecnológica y comercial en todo el hemisferio.

A nivel comercial, Brasil se consolida como el principal mercado al matricular 55.713 unidades electrificadas, logrando un crecimiento del 69,0 %. Posteriormente, se ubica México con 27.840 vehículos vendidos y un alza del 31,7 %, mientras que Colombia ocupa la tercera posición tras alcanzar 16.410 registros y un repunte del 80,4 %. Resulta especialmente llamativo el comportamiento de Argentina, nación que exhibe una expansión excepcional del 263,4 % al comercializar 12.583 automotores sostenibles, superando a Chile, que cierra el escalafón principal con 6.017 entregas. Esta dinámica muestra un cambio definitivo en las preferencias de transporte regional, adaptándose poco a poco a las demandas globales de reducir carbono.

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