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Si bien el desabastecimiento no es el principal problema de las mipymes, si éste aumenta, los pedidos no se entregan y la facturación no se materializa. En esta cápsula de video te contamos cuáles son las principales estrategias que están adoptando las empresas para combatir esta situación.

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El informe del BBVA Research sobre ganado bovino describe la composición del hato ganadero en Colombia, que cuenta con aproximadamente 30 millones de cabezas, situándose en el puesto 12 a nivel mundial. Entre 2017 y 2020, el crecimiento del hato se aceleró significativamente, concentrándose el 50% de las cabezas en siete departamentos: Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Caquetá, Cesar y Santander. En el ámbito internacional, las exportaciones de ganado se han cuadruplicado en la última década.

Alejandro Reyes subraya que, en Colombia, el crecimiento de la demanda de proteína animal ha sido liderado por la carne de pollo y, en menor medida, por la de cerdo. No obstante, existen grandes variaciones en el número de cabezas por finca entre las regiones, siendo las ubicadas en los llanos orientales las más grandes y las de la región central las más pequeñas.

El informe destaca un aumento en el rendimiento productivo del hato ganadero, especialmente en animales vivos destinados a la exportación. Bogotá y Valle del Cauca lideran en rendimiento de ganado en pie, mientras que Antioquia y Bogotá lo hacen en rendimiento en canal.

China emerge como un mercado clave para la expansión de exportaciones de carne bovina, dado su creciente PIB per cápita y la significativa clase media de 600 millones de personas. Aunque el consumo de proteínas en China se centra en el cerdo, la demanda de carne bovina ha mostrado un repunte.

Los costos de producción, que habían sido elevados debido a la presión de los precios de insumos importados, se han moderado, mejorando los márgenes de rentabilidad para los productores. Según el DANE, el inventario nacional de bovinos al cierre del primer ciclo de vacunación de 2022 fue de 28 millones, con Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta albergando el 34,8%.

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Fedemaderas, el gremio que reúne a más de 570 actores del sector forestal en Colombia ha lanzado una señal de alarma debido a la pérdida de incentivos que amenaza con debilitar significativamente la industria. A pesar de contar con 28 Núcleos de Desarrollo Forestal y varias hectáreas de bosques naturales y plantaciones comerciales, el sector enfrenta un futuro incierto.

Las exportaciones, que buscan ser una parte crucial de la economía forestal, están encontrando cada vez más obstáculos. La eliminación de exenciones fiscales para nuevas plantaciones y la reducción de beneficios en el mercado de carbono están afectando negativamente la capacidad del sector para competir. Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo Nacional de Fedemaderas, ha destacado la urgencia de abordar estos problemas, subrayando la incertidumbre en torno al Certificado de Incentivo Forestal (CIF), vital para el establecimiento de nuevas plantaciones. Esta situación genera preocupación especialmente entre los pequeños y medianos reforestadores.

Además, los problemas logísticos y regulatorios están impactando la viabilidad financiera de los proyectos forestales. “El alto costo del transporte y las tasas de compensación impuestas por las autoridades regionales están haciendo inviables muchos modelos de negocio”, declaró Vásquez. Estas dificultades no solo afectan al sector forestal, sino que también ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de familias.

Fedemaderas y sus aliados, como Nicolás Pombo de Smurtfit Kappa Colombia y Gabriel Lopera de Inverbosques, han enfatizado la necesidad de que el gobierno tome medidas concretas para apoyar la industria forestal y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La entidad advierte que, sin un apoyo gubernamental adecuado, el sector no podrá mantener su competitividad ni contribuir de manera significativa a la economía nacional.

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En una resolución anunciada el pasado viernes, el alto tribunal ha decretado la inaplicación de las normas que asignaban el 5% de la UPC a la operación de equipos básicos de salud. Esta medida estará en vigor hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo sobre su legalidad y constitucionalidad.

Esta decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la cual, en el marco del seguimiento a las órdenes vigésima primera y vigésima segunda, expidió el Auto 875 el 10 de mayo de 2024. La Corte encontró que la disposición del 5% ordenada en los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023 podría reducir el valor de la UPC y, en consecuencia, disminuir los recursos disponibles para las EPS. La situación afectaría la capacidad de estas entidades para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El tribunal argumentó que la UPC debe financiar la mayoría de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el PBS, y que destinar un porcentaje específico para ciertos servicios crea un desequilibrio financiero en el sistema. Esta postura está respaldada por precedentes en las sentencias C-978 y C-979 de 2010. Además, la Corte subrayó que el Ministerio de Salud no presentó estudios técnicos que justifiquen esta medida ni identificó una fuente adicional de recursos para compensar la sustracción del 5%.

La suspensión de esta normativa busca evitar posibles perjuicios al sistema de salud mientras se espera una decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la legalidad y constitucionalidad de dicha disposición. Esta medida provisional subraya la importancia de garantizar un financiamiento adecuado y equitativo dentro del sistema de salud colombiano.

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  • La selva del Darién registró un flujo migratorio récord en 2023, con más de 520.000 personas provenientes de países como Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia.
  • Expertos y autoridades locales advierten que el cierre de la selva desviaría a los migrantes hacia rutas más peligrosas y clandestinas.

La reciente propuesta del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, sobre cerrar la selva del Darién ha generado una intensa discusión sobre las posibles consecuencias de tal medida. La región, que se extiende desde el municipio colombiano de Acandí hasta las comunidades indígenas panameñas de Canáan Membrillo y Bajo Chiquito, es un paso crucial para miles de migrantes que buscan llegar a Norteamérica. El cierre de este paso fronterizo presenta diversas implicaciones que deben ser analizadas desde múltiples perspectivas.

En los últimos años, el número de migrantes que atraviesan la selva del Darién ha aumentado de manera alarmante. En 2023, más de 520.000 migrantes transitaron por esta ruta, estableciendo un récord de desplazamientos, con un notable incremento de personas procedentes de países como Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia. En comparación, entre enero y marzo de 2024, más de 110.000 personas ya habían cruzado el Darién, lo que subraya la creciente magnitud de este fenómeno migratorio. En particular, el municipio colombiano de Necoclí ha visto pasar cerca de 65.000 migrantes en lo que va del 2024, representando un incremento de más de 20.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la presión continua y creciente sobre las comunidades locales y las rutas migratorias tradicionales.

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El Darién es una selva densa y difícil de transitar, lo que ya representa un desafío para los migrantes. Según expertos, la topografía de la región hace que un cierre físico sea prácticamente imposible. Mauricio Jaramillo, profesor principal en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, indica que “no se puede realizar un muro como el que existe entre Estados Unidos y México” debido a las condiciones geográficas y a las múltiples rutas alternativas, incluyendo las marítimas, que los migrantes podrían utilizar.

Además, un cierre no detendría el flujo migratorio, sino que probablemente lo desviaría hacia rutas más peligrosas y clandestinas. Irene Cabrera del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia, señala que cerrar la frontera es “imposible” ya que siempre surgirán mecanismos alternativos para cruzar. Diego Chaves, del Migration Policy Institute, agrega que “por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos”. Este desplazamiento a rutas menos vigiladas puede incrementar las violaciones de derechos humanos y fortalecer el crimen organizado, que se aprovecharía del aumento en el tráfico de migrantes y los cobros ilícitos para atravesar la frontera.

El cierre del Darién tendría un impacto significativo en las comunidades colombianas cercanas, como Necoclí, Turbo y Acandí. Estas áreas, que han visto un aumento en la actividad económica gracias al tránsito de migrantes, enfrentarían un “significativo represamiento de migrantes”. La alcaldía de Necoclí ha expresado su preocupación por el caos que podría generar un aumento descontrolado de migrantes “varados”, similar a lo ocurrido en febrero cuando las navieras suspendieron sus servicios.

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La solución a la crisis migratoria en el Darién requiere cooperación entre los gobiernos de Colombia y Panamá, así como con otros países de la región y organismos internacionales. Fernando García, director de Migración Colombia, destaca que el problema de la migración es “continental e incluso hoy en día extracontinental” y requiere de soluciones conjuntas. Sin una cooperación efectiva, las tensiones entre los países podrían aumentar, complicando aún más la situación.

Rodrigo Noriega, abogado y analista político panameño, sugiere que el cierre no tiene que ser físico, sino que puede implementarse mediante un conjunto de medidas como controles policiales, barreras naturales y monitoreo electrónico. No obstante, estas medidas también tienen sus limitaciones y podrían no ser suficientes para manejar el complejo flujo migratorio.

El cierre de la selva del Darién, como propone el presidente electo Mulino, presenta numerosos desafíos y riesgos. Desde la imposibilidad física de sellar completamente la frontera debido a su topografía, hasta el aumento de rutas ilegales y el fortalecimiento del crimen organizado, las implicaciones son vastas y preocupantes. Además, sin una cooperación internacional adecuada, las tensiones entre Colombia y Panamá podrían intensificarse. La solución a la crisis migratoria en el Darién requiere un enfoque multifacético que considere no sólo la seguridad, sino también los derechos humanos y la colaboración regional.Lea tambiénDesarrollo Infraestructural de Urabá: Oportunidades y Retos para los Sectores Colombianos (Parte I)

La encuesta sobre el desempeño empresarial de los afiliados de ACOPI, muestra que, en cuanto a capacidad productiva, el 36% de las empresas está operando por debajo del 50%, el 38% entre 51% y 70% y el 26% a más del 70%. En esta cápsula de video le hacemos un análisis a la problemática.

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En Colombia sólo se recicla el 20% de los residuos generados en el país, según datos compartidos por la Cámara Ambiental del Plástico, nuestro país produce anualmente 24,8 millones de toneladas de residuos, una cifra alarmante que pone de manifiesto la urgencia de mejorar las prácticas de reciclaje.

La Cámara Ambiental del Plástico ha enfatizado la importancia de no “demonizar” al plástico, argumentando que, a pesar de su mala reputación, este material es 100% reciclable y su producción y transporte consumen menos agua y energía comparado con otros materiales como el vidrio. Además, el plástico libera menos dióxido de carbono a la atmósfera. En vísperas de la prohibición del plástico de un sólo uso, que entrará en vigor el próximo 7 de julio, la Cámara hace un llamado a reconocer los beneficios del plástico y a enfocarse en mejorar los procesos de reciclaje.

Es crucial separar papel, cartón, plástico, latas y vidrio de los residuos orgánicos. Este paso fundamental facilita la labor de los cerca de 50.000 recicladores de oficio que trabajan en Colombia, quienes desempeñan un papel vital en el proceso de reciclaje.

A nivel global, la situación también es preocupante. Según la OCDE, en las últimas dos décadas, la producción anual de residuos plásticos ha aumentado de 180 millones a más de 350 millones de toneladas. Este aumento significativo subraya la necesidad urgente de adoptar prácticas más sostenibles y eficientes en la gestión de residuos.

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Fenalcarbón y Andeg, gremios que agrupan a los productores de carbón y a los generadores térmicos, respectivamente, resaltaron su significativa contribución durante la afectación del fenómeno de El Niño en el sector de la energía eléctrica. En particular, la generación a carbón representó hasta el 20% del total de energía generada. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, subrayó que se superaron las Obligaciones de Energía en Firme diarias contratadas, alcanzando un máximo de 117 gigavatios hora en ciertos días, lo que posicionó a la generación térmica como la principal fuente durante el fenómeno.

Durante los meses críticos de marzo y abril de 2024, la generación térmica a carbón alcanzó un promedio de 37 GWh-día, contribuyendo aproximadamente al 20% del consumo energético nacional. Este esfuerzo requirió el consumo de 18.000 toneladas de carbón diarias, minimizando así el riesgo de desabastecimiento eléctrico y dinamizando la industria del carbón en varios departamentos del país, generando más de 250.000 empleos directos e indirectos.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, destacó que, a pesar de enfrentar las temperaturas más altas y las precipitaciones más bajas en cinco décadas, Colombia no experimentó racionamiento energético gracias a una preparación meticulosa que incluyó 35 sesiones del Plan de Monitoreo y 50 acciones estratégicas. Además, la implementación de la resolución 40116 permitió establecer una meta de generación térmica semanal fuera del despacho central, lo cual ayudó a reducir temporalmente los precios de generación.

Aunque estas medidas fueron efectivas, se espera un impacto económico de alrededor de $40.000 millones, con un sobreprecio en las facturas de entre $50 y $100 por kilovatio, según datos pendientes de la Superintendencia de Servicios Públicos.

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El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos cumple doce años desde su entrada en vigor, consolidándose como una herramienta clave para la diversificación de las exportaciones colombianas. No sólo el sector agrícola ha experimentado beneficios significativos, sino que los productos manufacturados, especialmente industriales, han ganado una mayor relevancia en este mercado.

En el periodo de 2012 a 2023, Colombia exportó $539.908 millones de dólares a nivel mundial, con el 29% destinado a Estados Unidos, su principal socio comercial. Además, la llegada de viajeros estadounidenses a Colombia creció en un 230%, con Antioquia, Bolívar, Bogotá, Valle y Atlántico como principales destinos.

Según un estudio realizado por la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, se destacan 748 productos no agrícolas que han aumentado su presencia en Estados Unidos en un 492%, generando ingresos por $1.748 millones de dólares. Entre los manufacturados con mayor incremento en exportaciones se encuentran puertas y ventanas, equipos eléctricos, autopartes, partes de aviones y helicópteros, productos de cartón, prendas de vestir, utensilios de cocina y globos de látex, entre otros.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, enfatizó el potencial sin explotar del TLC, destacando que 748 productos manufacturados han incrementado sus exportaciones más allá del tradicional sector agroindustrial. Lacouture hizo un llamado a aumentar los esfuerzos para mejorar la competitividad y productividad de las empresas colombianas, especialmente en un contexto económico desafiante como el de 2024.

El TLC ha proporcionado herramientas para que los empresarios colombianos accedan al mercado estadounidense, y con el Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento, se espera aprovechar aún más estas oportunidades en el futuro.

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Según los datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en el primer trimestre de 2024 se matricularon 40.567 vehículos nuevos en el sector automotor, lo que representa una caída del 13,6% en comparación con el mismo periodo de 2023. La industria automotriz está enfrentando obstáculos derivados de las condiciones macroeconómicas, como las altas tasas de interés, los costos de la gasolina y la inflación, que han impactado negativamente las ventas de vehículos en 2024.

A pesar de que se ha observado una disminución en la tasa representativa del mercado, que ha mejorado las condiciones de oferta en el sector, ahora se enfrenta a un desafío en términos de demanda. Los consumidores colombianos muestran una menor disposición para adquirir vehículos, lo que plantea un reto adicional para la industria en cuanto a estimular el mercado y mantener su viabilidad.