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La Confederación de Distribuidores Minoristas y Energéticos (Comce) ha emitido una advertencia tras el reciente aumento en el precio de los combustibles, indicando que la gasolina corriente colombiana ya es más costosa en comparación con otros mercados internacionales. Esta situación se deriva de la política del Gobierno para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

Según Portafolio, el incremento de $100 por galón, tanto para la gasolina como para el diésel, se hizo efectivo el pasado viernes 24 de octubre de 2025. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de las Estaciones de Servicio, explicó que esta variación positiva en el Ingreso al Productor (IP fósil) implica que el Gobierno mantiene el desmonte gradual del subsidio, generando un diferencial positivo entre el precio de paridad internacional y el precio interno para cubrir el déficit del FEPC.

Como resultado de este ajuste, el precio sugerido de venta al público en Bogotá para la gasolina corriente pasará de $16.293 a $16.393 por galón. Jiménez Mejía atribuyó la subida al cambio en el componente IP fósil, el cual remunera la actividad de refinación e importación de combustible. Ciudades como Villavicencio ($16.493) y Cali ($16.403) tendrán los precios más altos a nivel nacional.

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El Consejo de Estado, máximo tribunal de la administración pública en Colombia, ha suspendido provisionalmente el decreto que buscaba implementar una parte esencial de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. La normativa pretendía modificar funciones clave de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y reorientar el sistema hacia un modelo de atención primaria enfocado en la prevención.

De acuerdo con el diario El País, el alto tribunal aceptó la demanda que solicitaba frenar la aplicación del decreto de forma inmediata. La corte señaló que el Gobierno Nacional “excedió la potestad reglamentaria” al intentar regular de manera integral el modelo de Seguridad Social en Salud mediante un decreto, una atribución que la Constitución encarga exclusivamente al Congreso de la República. La decisión tiene efecto inmediato y obliga al Ejecutivo a depender completamente del trámite legislativo en el Senado.

La parálisis judicial contrasta con las demandas de transformación del sector. Voces expertas han enfatizado la necesidad de enfocarse en la eficiencia y la innovación. Leonardo Espitia, gerente general de Amgen, ha señalado que “invertir en salud es invertir en productividad”, mientras que Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), destaca que “el crecimiento sostenido no es automático; es producto de un ciclo constante de innovación”. La directora de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), Yaneth Giha, advierte que, en Colombia, la espera para que un paciente acceda a un tratamiento innovador es de 66 meses, mientras que en Latinoamérica se tardan 57 meses. Este contexto subraya que la solución a los desafíos del sistema exige un consenso legislativo que la decisión del Consejo de Estado impulsa de vuelta al Congreso.

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  • El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) es clave para evaluar la rentabilidad y eficiencia en el uso de recursos de una empresa.
  • Los sectores avícola, cosmético y de comunicaciones destacan por los mayores ROE, con un 16,2%, 15,3% y 14,6%, respectivamente.

El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) es uno de los indicadores más seguidos por inversionistas y analistas financieros. Un sector con un ROE elevado evidencia que sus empresas no solo son rentables, sino que además aprovechan adecuadamente los recursos aportados por sus accionistas.

De acuerdo con el análisis realizado por Sectorial a partir de los estados financieros de 28.285 empresas en 45 sectores económicos, se presentan los sectores que generan mayor rentabilidad para sus dueños.

El análisis por sectores revela que los sectores, avícola, cosmético y de comunicaciones registran los retornos más altos sobre el patrimonio, con ROE de 16,2%, 15,3% y 14,6%, respectivamente. Los resultados reflejan una gestión eficiente de los costos y una adecuada adaptación a condiciones de mercado.

En los informes sectoriales encontrarás más información relacionada con el desempeño y perspectivas de cada uno de los sectores y de sus principales indicadores económicos y financieros.

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El consumo de cigarrillos ilegales en Colombia alcanzó el 36,0 % del total nacional, marcando el nivel más alto registrado desde 2016. Este fenómeno representa una pérdida fiscal que superó el billón de pesos en 2024, recursos que dejan de financiar sectores como la salud, la educación y el deporte. En total, se estima que entre 2017 y 2024, el Estado ha perdido $5,3 billones por este flagelo, una cifra comparable a la mitad del presupuesto anual de Medellín.

De acuerdo con el portal Infobae, el “Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2024”, elaborado por Invamer para la Federación Nacional de Departamentos (FND), revela que el problema es más agudo en la Costa Caribe. La Guajira encabeza la lista con un 87,0 % de consumo ilegal, seguida por Cesar (81,0 %) y Magdalena (79,0 %). El análisis también destaca que, en las zonas rurales del país, el 51,0 % de los cigarrillos consumidos no cumplen con la legalidad.

Para mitigar este impacto, la FND, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Fenalco y otros actores han optado por reforzar la estrategia “Zonas de Comercio Legal” (ZCL). La iniciativa busca formar y reconocer a más de 1.000 tenderos como “Embajadores de la Legalidad”, promoviendo la venta de productos legales y la formalización en tiendas, panaderías y licoreras. La versión 2025 del programa capacitará a 738 nuevos tenderos de forma presencial y 337 antiguos de modo virtual en 11 ciudades del país.

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Colombia se ha posicionado como un referente mundial en construcción sostenible, gracias al impulso de la certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) durante la última década. El liderazgo del país reside en su alto impacto social, ya que de las más de 325.000 viviendas que han obtenido esta certificación, el 72,0 % corresponde a Proyectos de Interés Social (VIS). La implementación garantiza para miles de familias ahorros significativos, estimados entre un 20,0 % y un 40,0 %, en las facturas de servicios públicos.

De acuerdo con La Nota Economía, el modelo ha permitido que Colombia capte el 19,0 % de la participación global del mercado EDGE. La certificación, desarrollada por la International Finance Corporation (IFC) y auditada en el país por SGS, certifica proyectos que logran ahorros medibles en energía, agua y la energía incorporada en los materiales. En total, el trabajo conjunto con CAMACOL suma 22 millones de metros cuadrados certificados, logrando evitar más de 224.000 toneladas de CO₂ y un ahorro de 19,9 millones de metros cúbicos de agua.

Hernando López, Gerente de Medio Ambiente de SGS, afirmó que esta transformación demuestra que la construcción sostenible “mejora la calidad de vida de miles de familias, optimiza el uso de los recursos naturales y aumenta la rentabilidad de los proyectos”.

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Un análisis de Bancolombia advirtió que los aumentos del salario mínimo que superen la suma de la inflación y la productividad podrían reactivar las presiones inflacionarias en Colombia. El estudio señala que el proceso de desinflación se encuentra estancado, con un nivel anual que cerró en septiembre en 5,2 %, siendo similar al de 2024. Según el informe, cada punto porcentual de incremento real del salario mínimo (por encima de inflación y productividad) eleva la inflación general en cerca de 0,06 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Diario Occidente, que recoge el “Radar Bancolombia”, el aumento del 9,5 % en 2025 superó en 2,5 puntos la suma de inflación y productividad, lo que habría aportado 0,15 puntos porcentuales de presión inflacionaria adicional durante este año. El informe afirma que los aumentos reales sostenidos no generan bienestar permanente, sino que perpetúan las presiones sobre los precios. Lo anterior ocurre por tres canales: el aumento de costos en sectores como el comercio y restaurantes, la indexación de otras tarifas al salario y las expectativas inflacionarias.

El banco proyecta que la inflación cierre 2026 en 4,1 %, pero este escenario depende de la negociación salarial. Un aumento moderado (entre 6,1 % y 7,0 %) mantendría la inflación cerca de ese dato. Sin embargo, un incremento elevado (entre 10,1 % y 11,0 %) podría subir la inflación hasta 4,4 %, forzando al Banco de la República a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. El informe concluye que la estabilidad de precios exige coherencia entre la política salarial y la monetaria.

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  • La industria de influencers en Colombia supera los $COP 618.600 millones de pesos anuales, con más de 650.000 creadores de contenido activos.  
  • Entre el 40% y 45% de las empresas destinan del 20% al 25% de su presupuesto digital a este canal.

A enero de 2025 se registraron 36,8 millones de identidades de usuario en redes sociales en Colombia, lo que facilita el alcance y la segmentación por nichos. El 61% de los consumidores colombianos consideran fiables las recomendaciones de los influencers, un factor que ha impulsado el comercio electrónico. Con estas cifras, el canal ya compite por presupuesto con formatos digitales tradicionales.

Por el lado de la inversión, se refleja confianza, se estima que entre el 40 % y 45 % de las empresas en el país destinan recursos para colaborar con creadores de contenido, asignando entre un 20 % y 25 % de su presupuesto digital a esto. Para las empresas, la lógica sobre este tipo de publicidad es muy buena, ya que combina alcance, contenidos nativos y posibilidades de medición de desempeño, ya sea con códigos de afiliación, cupones o enlaces con tracking.

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Cuánto producen los creadores: tarifas y rangos en 2025

Los precios varían dependiendo del tamaño de la audiencia, el engagement, la exclusividad y los derechos de uso. Para el 2025, las referencias del mercado sitúan a los nano creadores (1.000 – 10.000 seguidores) con tarifas por publicación que van desde 5 a 150 dólares en TikTok y 20 a 300 en (Instagram); los micro influencers (10.000 – 50.000 seguidores), cobrando entre 25 y 1.250 dólares en TikTok y 100 a 800 dólares en Instagram; los Macro influencers (500k – 1 millón de seguidores), desde 1250 a 2500 dólares; y los mega (Más de 1 millón de seguidores) por encima de los 2.500 dólares. Estas cifras sirven como punto de partida de negociaciones e incorporan tendencias de multiformato (reel + historia + live) y modelos mixtos de pago (fee + afiliación).

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¿Dónde está el gasto? Sectores y formatos.

El dinero se concentra en las categorías donde la recomendación y la demostración influyen. En 2025, la belleza y el cuidado personal continúan activos y apalancan ventas en canales digitales, seguidos por moda, alimentos y bebidas, salud y bienestar, y servicios financieros y plataformas digitales de streaming, ya que aprovechan formatos de prueba, tutorial y recomendación. El impulso de TikTok y los formatos cortos refuerzan un mix que combina reconocimiento de marca con desempeño y afiliaciones. El ecosistema se inclina hacia los nano y micro creadores, que son el 78 % del total en Instagram y el 82,6 % en TikTok.

Reglas y cumplimiento: el año de la formalización

El marco regulatorio se rige por la “Guía de buenas prácticas” de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que exige a marcas y creadores identificar de manera clara y explícita cuándo un contenido es publicitario. En marzo se radicó en el Senado el Proyecto de Ley 394 de 2025, que busca regular y promover la actividad de creación de contenido: transparencia publicitaria, profesionalización y protección al consumidor, además de crear registros y fondos sectoriales. En paralelo, la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó el 15 de abril de 2025 (Resolución 20777) una sanción por publicidad engañosa, recordando que la responsabilidad cobija también a marcas y agencias cuando no se identifica la pauta.

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Los hábitos alimenticios en Colombia están mostrando un giro hacia opciones percibidas como más saludables, según un análisis de Worldpanel by Numerator presentado en octubre de 2025, basado en más de 257.000 ocasiones de consumo, reveló que la “penetración de consumo semanal” de azúcar empacada (utilizada en bebidas como café o jugos) cayó del 70,0% al 78,0 % en los últimos dos años. En contraste, durante el mismo período, las ocasiones de consumo de frutas y verduras aumentaron un 15,0 %.

De acuerdo con el diario Portafolio, el mayor incremento se vio en las proteínas de origen animal (pollo, res, cerdo, atún y huevo), cuyo consumo creció un 19,0 % en los últimos dos años. A pesar de que las “opciones saludables” son una motivación para comer para el 22,0 % de las personas, el factor principal sigue siendo el sabor (54,0 %), seguido por la costumbre (41,0 %) y la disponibilidad (37,0 %). El informe también señala que, aunque las preparaciones caseras mantienen la preferencia, las comidas rápidas aumentaron sus ocasiones de consumo en un 30,0 % frente al año anterior.

El análisis también detalló el consumo de pan: 66 de cada 100 colombianos lo comen semanalmente, con una frecuencia de 3,3 veces. El 50,0 % del consumo de pan ocurre en el desayuno y el 33,0 % en la cena, siendo sus principales acompañamientos el huevo (24,0 %), el café con leche (21,0 %) y el chocolate caliente (18,0 %). En promedio, un colombiano come o bebe 3,7 veces al día, dedica 25 minutos a preparar alimentos y el 71,0 % de las ingestas se concentran en desayuno, almuerzo y cena.

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Durante el primer semestre de 2025, Colombia importó un total de 6.382.737 toneladas de cereales, leguminosas y soya, manteniendo una alta dependencia de los mercados externos para la demanda interna de granos. Del volumen total comprado por el país, los cereales representaron el 71,1 %, unas 4.795.926 toneladas(t), seguidos por la soya con un 23,1 % (1.475.163 t) y las leguminosas con el 1,8 % restante (111.648 t).

De acuerdo con El Nuevo Siglo, que cita un informe reciente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), las compras se realizaron principalmente a países como Estados Unidos, Canadá y Argentina. En el desglose por productos, el maíz amarillo fue el cereal de mayor importación, con 3.446.262 toneladas, seguido por el trigo, con 998.328 toneladas. En cuanto a la soya, el producto más comprado fue la torta de soya (941.823 t), mientras que en leguminosas destacaron la lenteja (67.720 t) y la arveja (18.629 t).

El informe señala que las importaciones de maíz amarillo y cebada en sólo seis meses ya equivalen al 53,0 % y 41,0 %, respectivamente, del total importado en todo el 2024. Estos datos sugieren que, al finalizar el año, las cifras de importación podrían ser muy similares a las del año pasado. En el caso de las leguminosas, el comportamiento fue mixto: la arveja ya alcanzó el 78,0 % del total importado en 2024, pero el frijol apenas registra un 38,0 % de las compras del año anterior.

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Un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, que podría firmarse este viernes 24 de octubre, busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados por la venta de bienes o servicios a través de billeteras digitales. La medida afectaría a sistemas como Nequi y Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, el cual fue diseñado precisamente para operar como un “Nequi público” sin costos en transacciones de bajo monto, buscando reemplazar el efectivo en comercios de barrio.

De acuerdo con La Silla Vacía, aunque la justificación oficial del decreto es “nivelar la cancha” con los pagos con tarjeta, que ya tienen retención, los expertos consultados por el medio señalan que la verdadera razón es “aumentar la caja del gobierno”. Francisco Gnecco, consultor en tecnología financiera, y Baudo Pineda, CEO de Refácil, advirtieron que esta retención impacta a los pequeños comerciantes. En un sector con márgenes de ganancia de entre 3,0 % y 7,0 %, una retención del 1,5 % reduciría casi a la mitad su utilidad diaria, convirtiéndose en un saldo a favor en la DIAN.

Expertos temen que esta medida desincentive la adopción de pagos digitales y promueva un regreso al efectivo. Advierten que la iniciativa obliga a las plataformas a desarrollar nuevos módulos de reporte, costos que podrían trasladarse al comercio. El caso recuerda lo sucedido en Brasil, donde un rumor de retención al sistema Pix provocó una caída del 22,0 % en su uso en pocas semanas. Según Gnecco, de aprobarse, la medida sería “hacerle daño a una de las mejores innovaciones que ha hecho el Estado colombiano en años”.

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