La educación superior pública en Colombia enfrenta una realidad financiera. Solamente una de las 34 instituciones existentes tiene la capacidad de operar con recursos propios. Esto deja al 97,0 % del sistema en una situación de dependencia fiscal. Un estudio del sector revela que el 50,1 % de los ingresos totales de estas entidades proviene de aportes nacionales. Además, esta fragilidad se ve agravada por una carga estructural ineludible: el pasivo pensional. Este pasivo ascendió a $10,3 billones en 2024. Dicha obligación se encuentra altamente concentrada. Específicamente, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle absorben conjuntamente el 57,8 % de la deuda. Así, se desvían fondos vitales que deberían destinarse a docencia e infraestructura.

Según Portafolio, el informe de la Contraloría General de la República evidencia una desigualdad en la distribución de recursos. Cuatro instituciones (UNAL, UNAD, UdeA y Univalle) acaparan el 48,0 % de los ingresos del orden nacional. Tal concentración genera asimetrías regionales drásticas en la inversión por alumno. Por ejemplo, oscila entre los $11,4 millones en la Universidad Nacional y apenas $525.777 en la UNAD. Este contraste se da frente a un promedio país de $4,5 millones. En consecuencia, este patrón distributivo afecta la equidad del gasto público. También limita la capacidad de expansión de las universidades con menor cobertura histórica.

En términos de salud financiera, el 75,8 % de las instituciones mantiene indicadores de solvencia adecuados. Sin embargo, un preocupante 24,2 % registra niveles inferiores al margen óptimo, lo que restringe su maniobrabilidad operativa. Ante este escenario, el ente de control estima que la reforma a la Ley 30, necesaria para garantizar la gratuidad y sostenibilidad futura, tendría un impacto fiscal de $27,8 billones para el periodo 2027-2036. Por consiguiente, se hace urgente diversificar las fuentes de financiación. Además, es fundamental actualizar los cálculos actuariales para evitar el estancamiento económico del sistema educativo estatal.

El Ártico dejó de ser una zona congelada y aislada. Ahora es una de las regiones más estratégicas del mundo en términos energéticos, comerciales y militares. Groenlandia —territorio autónomo que depende de Dinamarca— tiene una extensión ligeramente mayor a la de México. Un 80 % de su superficie está cubierta por hielo y la población es de apenas 57.000 habitantes.

Sin embargo, bajo su apariencia inhóspita se concentran recursos que hoy son claves para la transición energética global. Entre ellos están grandes depósitos de tierras raras (los mayores del mundo después de China), posibles reservas de petróleo y gas. Además, tiene una posición geográfica que podría transformar las rutas marítimas entre Estados Unidos, Europa y Asia.

Esto es cada vez más cierto a medida que el deshielo habilita nuevos corredores de navegación. Esta combinación explica por qué Estados Unidos, Rusia y China han acelerado su interés por aumentar influencia económica y militar en la región. También explica por qué Washington llegó a plantear formalmente su compra en cuatro momentos históricos: 1867, 1910, 1946 y más recientemente en 2019 bajo la administración Trump.

Además del componente energético y tecnológico, el factor militar es determinante. Rusia controla cerca del 50 % del territorio del Ártico y anunció un plan de 15 años para incrementar infraestructura, romperhielos, bases militares y operaciones de entrenamiento en clima extremo. Para Estados Unidos, Groenlandia representa una plataforma para vigilar y contener a Moscú. Además, quiere asegurar supremacía operacional en una región que podría convertirse en un nuevo eje de competencia global.

A pesar del interés estadounidense, Dinamarca y Groenlandia han reiterado que la isla no está en venta. Su valor económico es difícil de cuantificar. Estimaciones comparadas con Alaska la sitúan en el rango de USD 195 millones, mientras que métodos basados en múltiplos de PIB elevan la cifra a USD 42.600 millones.

Más allá del número, el mensaje es claro: el Ártico ya es parte central del tablero geopolítico del siglo XXI y el interés no disminuirá. Para las empresas, inversionistas y gobiernos, la pregunta no es si habrá una redistribución del poder en el Ártico. En cambio, es quién la liderará y con qué implicaciones comerciales, energéticas y tecnológicas.

El sector agropecuario colombiano inicia 2026 inmerso en una coyuntura caracterizada por la convergencia de la revaluación del peso. Además, ocurren el descenso en los precios internacionales de los commodities y el encarecimiento de la mano de obra. Dicha combinación de factores pone en riesgo la rentabilidad de actividades intensivas en personal. Estas generan el 14,0% de los puestos de trabajo en el país. En particular, renglones tradicionales como el café y el aceite de palma enfrentan un escenario de menores ingresos por exportaciones. Esta situación limita su capacidad histórica para jalonar el crecimiento del rubro agropecuario en las dimensiones observadas en años anteriores.

Según Portafolio, el exministro Andrés Valencia califica el panorama actual como una “tormenta perfecta”. En este contexto, la producción cafetera anualizada desciende mientras las flores enfrentan la incertidumbre de un posible arancel del 10,0% en Estados Unidos. Por su parte, los cultivos transitorios como el maíz, la soya y el arroz pierden competitividad frente a las importaciones baratas. Esto se agrava en el caso del cereal por un precio mínimo de garantía que podría incentivar una sobreoferta en regiones como Casanare. Tal dinámica presiona a los productores locales. Por lo tanto, deben lidiar con costos operativos al alza y precios de venta a la baja o estancados.

No obstante, existen matices positivos en la agroindustria de la caña y el sector lácteo. Se proyecta que el primero logre una molienda superior a los 23,0 millones de toneladas y genere divisas por US$400 millones. Por otro lado, el acopio lechero crecería entre un 2,0% y un 3,0%, impulsado por siete trimestres consecutivos de aumento en el consumo. A pesar de estas cifras alentadoras, gremios como la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) y la Asociación Nacional de Productores de Leche en Colombia (Analac) advierten que la sostenibilidad de estos resultados dependerá de la normalización climática. También dependerán de la gestión eficiente de los costos laborales, los cuales amenazan con minar la competitividad frente a los mercados globales.

El Gobierno Nacional ha designado a “La Rebaja Institucional” como el operador estratégico encargado de poner en marcha la nueva central pública de compras de medicamentos. Esta es una iniciativa que reconfigura el modelo de abastecimiento sanitario en Colombia. Dicho esquema centralizará inicialmente la negociación y dispensación para las 8 EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal. Estas EPS agrupan a cerca de 22,8 millones de afiliados, cifra que representa aproximadamente el 43,8% de la población del país. La medida tiene como propósito fortalecer la capacidad estatal, reducir la intermediación y controlar los precios de fármacos. Especialmente busca regular los de alto costo, mediante una estructura logística que promete mayor estandarización contractual y auditoría sobre el suministro.

Según Consultor Salud, este giro operativo transforma a los establecimientos de La Rebaja, hoy activos del Estado por sentencia judicial, en engranajes clave para la gestión farmacéutica pública. El modelo plantea sustituir progresivamente las mesas de negociación fragmentadas por un sistema unificado. Además, podría emplear mecanismos como subastas inversas y acuerdos marco por canastas terapéuticas. Lo anterior implica un desafío directo para los gestores privados tradicionales. Ellos verán comprimidos sus márgenes y enfrentarán una competencia estatal con capacidad de modificar la demanda y las preferencias de portafolio a gran escala.

Para la industria farmacéutica, el escenario exige ajustar sus estrategias de acceso al mercado, priorizando la evidencia de valor clínico y la disciplina en precios netos verificables. Expertos advierten que el éxito de esta central dependerá no solo de la negociación. Dependerá también de la capacidad real de garantizar la continuidad terapéutica y la trazabilidad de los tratamientos en todo el territorio. A su vez, surge la incertidumbre sobre cómo esta decisión interactuará con otros procesos de compra agrupada en curso. Esto sugiere que La Rebaja podría absorber la demanda agregada de alto costo en detrimento de iniciativas previas más lentas.