La edición de 2024 del informe “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA) marca un hito significativo: por primera vez, la producción acuícola ha superado a la pesca de captura como la principal fuente de productos acuáticos.

En una entrevista Manuel Barange, jefe de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, se destacaron las implicaciones de este cambio y su relación con la “Transformación azul” de la FAO. Barange subrayó que la producción acuícola alcanzó un récord de 185 millones de toneladas en 2022, con la acuicultura representando el 51% de esta producción. Este crecimiento no ha afectado negativamente a la pesca de captura, que ha permanecido estable durante 30 años, mientras que la acuicultura ha crecido un 5% anual desde principios de siglo.

La acuicultura, concentrada principalmente en Asia representa una solución prometedora para aumentar la producción de alimentos sin agotar los recursos marinos. Sin embargo, África, con sólo el 1,9% de la producción acuícola mundial, necesita un enfoque integral para desarrollar su acuicultura y asegurar la seguridad alimentaria.

El informe SOFIA también resalta la importancia de la sostenibilidad, con el 62,3% de las poblaciones marinas explotadas de forma sostenible. Ejemplos como el del atún, donde el 75% de las especies se explotan de manera sostenible, demuestran que la gestión eficaz de los recursos es posible y necesaria.

En cuanto a las tendencias futuras, se espera que la producción acuícola crezca un 10% para 2032, aumentando el consumo per cápita a 21,3 kg anuales. Esto es esencial para alimentar a una población mundial en crecimiento, que se espera alcance los 9.700 millones en 2050.

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La Ley de Plazos Justos de 2020 establece un plazo máximo de 45 días para el pago de facturas a las pymes.

La solicitud de asociaciones empresariales impulsó al gobierno a promulgar la Ley de Plazos Justos, buscando un entorno más favorable para las pymes.

La Ley de Plazos Justos, decretada en 2020, representa una de las reformas más significativas en Colombia en términos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta ley surge en respuesta a un problema recurrente, los extensos plazos de pago que las pymes enfrentaban por parte de grandes empresas y entidades públicas, lo cual afectaba su flujo de caja y su capacidad operativa. La implementación de esta legislación no sólo busca mejorar la liquidez de las pymes, sino también fomentar un entorno comercial más justo y equitativo (Mipymes aportan 35% del PIB del país).

¿En qué consiste la ley?

La Ley de Plazos Justos de 2020 establece que las grandes empresas y las entidades públicas deben pagar las facturas emitidas por las pymes en un plazo máximo de 45 días. Este plazo se implementó de manera progresiva, permitiendo una adaptación gradual hasta llegar al límite establecido. Además, la ley promueve el uso de la facturación electrónica, lo que facilita la transparencia y la eficiencia en los procesos de pago.

Otra característica clave de la ley es la inclusión de sanciones legales o administrativas para las empresas que no cumplan con los plazos de pago establecidos. Estas sanciones tienen como objetivo incentivar el cumplimiento y proteger los derechos de las pymes. Asimismo, se han implementado mecanismos de resolución de conflictos para abordar disputas relacionadas con el pago de facturas, garantizando soluciones rápidas y justas (Sólo el 12% de las Mipymes exportan).

¿Cómo surge?

La necesidad de la Ley de Plazos Justos surgió de una problemática estructural en la economía colombiana: las pymes, que representan una parte importante del tejido empresarial del país, enfrentaban dificultades debido a los largos tiempos de espera para recibir pagos. Este retraso en los pagos afectaba su flujo de caja, limitaba su capacidad de inversión y, en algunos casos, ponía en riesgo su viabilidad.

La solicitud de diversas asociaciones de pymes y cámaras de comercio, que argumentaban que estos plazos de pago eran una barrera para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, impulsó al gobierno a tomar medidas legislativas.

Evolución de la Ley

La Ley de Pagos en Plazos Justos en Colombia ha experimentado varias modificaciones desde su creación en 2020. En 2021, el plazo de pago para facturas recibidas se redujo a 60 días calendario, y en 2022 se redujo aún más a 45 días. Además, en 2022 se introdujo un sello de buenas prácticas, otorgado a empresas que pagan dentro de estos plazos, mediante una certificación emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se implementó un procedimiento simplificado para la participación de empresas, con un formulario en línea y certificación correspondiente. También se realizaron modificaciones al Ranking de Pago en Plazos Justos, que clasifica a las empresas según sus tiempos de pago a proveedores. Estos cambios buscan mejorar la efectividad de la ley y facilitar su aplicación, en línea con los objetivos de promover el cumplimiento de obligaciones financieras y mejorar la productividad empresarial en Colombia (Colombia es el país OECD que más exige garantías a las pymes para otorgar un crédito (Video y Podcast)).

Implicaciones futuras

La Ley de Plazos Justos tiene implicaciones positivas al fortalecer la posición financiera de las pymes, se espera que estas empresas puedan desempeñar un papel más activo en el crecimiento económico del país. La mejora en la liquidez y la estabilidad financiera permitirá a las pymes innovar, expandirse y generar empleo, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible.

Además, esta ley sienta un precedente importante para otras reformas necesarias en el ámbito de la equidad comercial y el apoyo a las pequeñas empresas. La experiencia positiva con la Ley de Plazos Justos podría impulsar iniciativas similares en otros sectores y regiones, promoviendo un entorno empresarial más justo y dinámico en Colombia.

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A partir del próximo 7 de julio, en el país se dejarán de producir ciertos plásticos de un sólo uso, como los copitos, pitillos, bolsas de punto de pago, rollos de pre-corte para frutas o verduras, y palitos para globos. Esta medida, establecida por la Ley 2232 de 2022, busca reducir el impacto ambiental de estos productos. Sin embargo, la ley contempla tres excepciones que permiten a la industria del plástico reinventarse y cambiar sus métodos de producción.

Eduardo Chahin, gerente de Plásticos Mónaco, en una entrevista con Caracol Radio comentó que, desde la promulgación de la ley en 2022, la industria ha comenzado a adaptarse. Una de las alternativas es el uso de material reciclado postconsumo. La segunda es la producción de materiales biodegradables con estudios de ciclo de vida que demuestren su favorabilidad para el medio ambiente.

A pesar de estos esfuerzos, Chahin expresa su preocupación por el impacto económico de la ley. “Nos preocupa que más de 100 mil empleos se puedan perder. Hemos invertido para adaptar nuestros materiales a las excepciones de la ley. Sin embargo, hemos recibido mala información del Gobierno Nacional, lo que preocupa a nuestros clientes”, puntualizó.

Chahin también advirtió sobre la posible quiebra de muchas empresas. Algunas podrían acogerse a la Ley 1116, mientras que otras podrían liquidarse o cerrar sus puertas. “Los primeros artículos que salen del mercado los producen al menos 450 empresas. En los próximos seis años, otras empresas enfrentarán prohibiciones similares”, señaló.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es la entidad encargada de la ejecución de las políticas del Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad de productos que impacten la salud individual y colectiva. Los artículos vigilados por este organismo se dividen en cuatro grupos: i) alimentos y bebidas; ii) medicamentos y productos biológicos; iii) cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica; y iv) dispositivos médicos. En este escenario, los sectores que se dediquen a la producción o comercialización de productos vigilados por el INVIMA deben contar con un registro sanitario otorgado por la entidad para poder, efectivamente, llevarlos a los mercados del país.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el primer trimestre de 2024, la industria representó el 11,1% del Producto Interno Bruto (PIB) real colombiano. Además, los bienes producidos por la industria nacional que son vigilados por el INVIMA tuvieron una participación del 44,9% dentro de la producción real de todo el sector manufacturero, siendo los más relevantes la elaboración de bebidas (12,3%), la fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador (5,8%) y la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales (4,3%).

Por su parte, en el primer trimestre del año, el sector comercio tuvo una participación del 16,9% dentro del PIB agregado. En este caso, los productos vigilados por el INVIMA representaron el 28,7% de las ventas reales de todo el comercio minorista. Los alimentos fueron el rubro de mayor importancia (18,4%), seguidos por los productos de aseo personal, cosméticos y perfumería (4,1%).

De lo anterior, se concluye que el 9,8% del PIB colombiano se relaciona con productos vigilados por el INVIMA.