Los colombianos mayores de 18 años leen en promedio 3,75 libros al año, una cifra que evidencia una mejora frente a los 2,7 registrados en 2017, aunque sigue distante de los referentes internacionales. El estudio sobre hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros en Colombia elaborado por la Cámara Colombiana del Libro en 2023 indica que el 72,0 % de la población colombiana lee, mientras que el 28,0 % restante no lo hace. Entre quienes mantienen el hábito, el 62,0 % lo hace por placer y el 42,0 % asegura leer todos o casi todos los días. No obstante, el volumen sigue siendo moderado, ya que el 66,0 % de los lectores consume entre 1 y 5 libros al año.

Según el diario La República, el libro impreso continúa dominando las preferencias, con un 55,0 % de los lectores optando por este formato. Solo el 21,0 % de la población visita bibliotecas, lo que refleja limitaciones en el acceso a espacios de lectura. En el ámbito internacional, datos de World Population Review ubican a Estados Unidos como líder con 17 libros por persona al año, seguido de India con 16, Reino Unido con 15, Francia con 14 e Italia con 13. Los estadounidenses dedican cerca de 7,0 horas semanales a la lectura, equivalentes a 357 horas anuales, mientras que en India el promedio semanal es similar, con un acumulado de 352 horas al año.

Entre los jóvenes colombianos de 10 a 22 años, un análisis de Buscalibre reveló que el 57,9 % se identifica como lector habitual o frecuente, pero la falta de tiempo (43,5 %) y las dificultades de concentración (29,4 %) constituyen las principales barreras para consolidar el hábito. Solo el 30,7 % de este segmento utiliza bibliotecas públicas y cerca del 9,0 % manifiesta no disponer de libros. Los expertos de la industria coinciden en que el reto principal ya no es despertar el interés por la lectura, sino garantizar que los libros estén disponibles sin importar la ubicación del lector.

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El canal tradicional de comercio minorista en Colombia mantiene su relevancia dentro del ecosistema de consumo masivo. De acuerdo con cifras recientes, el país cuenta con 110.523 tiendas de barrio dedicadas a la venta al por menor de alimentos, bebidas y productos para el hogar, lo que representa una recuperación del 1,50% frente a los 108.893 establecimientos registrados en 2024. El segmento, compuesto en un 99,0 % por microempresas, genera 223.095 empleos formales y representa el 6,1 % del tejido empresarial colombiano, con cerca del 50,0 % de los negocios operando por más de siete años.

Según Confecámaras, el número de tiendas alcanzó su punto más alto en 2022 con 113.422 establecimientos, descendió a 110.347 en 2023 y a 108.893 en 2024, antes de retomar la senda de crecimiento en 2025. Paralelamente, el segmento hard discount, integrado por cadenas como D1, Ara e Ísimo, suma más de 4.700 puntos de venta en todo el territorio nacional. No obstante, un estudio de Nielsen señala que, en los hogares de nivel socioeconómico bajo, la tienda de barrio sigue siendo el lugar preferido de compra, concentrando el 46,0% del gasto en consumo masivo, con el 81,0 % de sus ventas provenientes de productos con un precio inferior a $4.000.

El Índice de Confianza del Tendero, elaborado por Dichter & Neira, cerró 2025 en 16,8 puntos en terreno positivo, con el 75,0% de los tenderos declarando que su negocio se encuentra igual o mejor financieramente que un año atrás. Sin embargo, el 60,0 % considera que el entorno actual no es propicio para invertir en activos fijos. Frente a los nuevos hábitos de consumo, Nielsen reveló que el 91,0 % de las familias colombianas prioriza los precios más bajos por encima de la fidelidad a las marcas, consolidando la combinación entre tienda de barrio y hard discount como la dinámica bicanal preferida por los hogares de menores ingresos.

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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0368 del 7 de abril de 2026, mediante el cual se establece un sistema obligatorio de finanzas abiertas que permitirá la circulación estandarizada de datos personales de los clientes del sistema financiero, previa autorización expresa del titular. La normativa modifica el Decreto 2555 de 2010 y obliga a establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras y entidades de financiación colaborativa, entre otros, a brindar acceso a la información de sus clientes a terceros receptores de datos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Según el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades obligadas tendrán un plazo máximo de 12 meses, prorrogable por 6 meses adicionales, para habilitar el acceso a cada categoría de datos una vez que la Superintendencia Financiera expida los estándares correspondientes. El sistema comprende tres categorías de información: datos sobre productos y servicios a nombre del titular (incluyendo el historial transaccional de los últimos 12 meses), información asociada al proceso de vinculación del cliente y características generales de los productos ofrecidos por las entidades participantes. La Superintendencia Financiera deberá publicar el cronograma de estandarización en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la norma.

El esquema busca promover la inclusión financiera y crediticia de la población tradicionalmente excluida, fomentar la competencia mediante la entrada de nuevos actores al mercado y facilitar el desarrollo de modelos de negocio innovadores basados en el uso de información. Los proveedores de datos podrán cobrar únicamente por el uso de su infraestructura tecnológica, sin facturar por la información misma, y los terceros receptores no podrán condicionar la prestación de productos al otorgamiento de la autorización por parte del consumidor financiero.

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El volumen de combustibles líquidos despachado en Colombia durante el primer trimestre de 2026 registró un comportamiento positivo frente al mismo periodo del año anterior. El despacho de gasolina corriente creció un 3,29 % al totalizar 554,0 millones de galones, mientras que el diésel avanzó un 2,35 % con 518,3 millones de galones entre enero y marzo. Este último resultado constituye la cifra más alta para un primer trimestre en los últimos cinco años, superando en 150,9 millones de galones el registro de 2022. En contraste, la gasolina aún no recupera su punto máximo alcanzado en 2023, cuando se despacharon 579,7 millones de galones en el mismo periodo.

Según el diario La República, marzo fue el mes de mayor dinamismo para ambos combustibles, con 201,5 millones de galones de gasolina despachados (variación interanual del 9,5 %) y 184,5 millones de galones de diésel (5,0 % por encima de marzo de 2025). El gremio de estaciones de servicio, Somos Uno, atribuyó la recuperación al fortalecimiento del transporte de carga, la logística interregional y la actividad productiva del país. A nivel regional, Bogotá, Cali y Medellín lideraron los incrementos en gasolina corriente con variaciones del 1,4%, 3,1% y 2,4%, respectivamente.

Sin embargo, las zonas de frontera presentaron un panorama diferente. Cúcuta registró una caída del 12,0 % en el despacho de gasolina, seguida por Los Patios con una reducción del 9,7 % y Tumaco con un descenso del 7,1 %. Dicho comportamiento evidencia una dinámica heterogénea que requiere atención diferencial por parte de las autoridades. El balance trimestral se produjo en un contexto de ajuste de precios del galón de gasolina, que acumuló una reducción de $1.000 entre febrero y marzo de 2026.

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Las agencias de viaje en Colombia registraron un desempeño desfavorable durante el segundo mes del año. Los ingresos nominales totales del sector presentaron una variación anual del -3,1 % en febrero de 2026, revirtiendo el crecimiento del 0,9 % observado en el mismo mes de 2025. En lo corrido del año, la caída acumulada alcanzó el -2,5 %. El componente que más pesó en el retroceso fue la venta de paquetes turísticos propios, que se contrajo un 9,0 % y restó 4,3 puntos porcentuales a la variación total, pese a representar el 45,4 % de la estructura de ingresos del subsector.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el personal ocupado en las agencias también descendió un 3,1 % interanual en febrero, acumulando una reducción del 3,2 % en lo corrido de 2026. Sin embargo, el salario nominal promedio creció un 12,8 % frente al mismo mes de 2025, más del doble del 6,2 % registrado un año atrás, lo que refleja el impacto del ajuste salarial decretado para la vigencia actual. En la medición de doce meses (marzo 2025 a febrero 2026), los ingresos nominales mantuvieron una variación positiva del 4,3 %, aunque con tendencia descendente frente al 5,2 % del periodo inmediatamente anterior.

En materia de canales de venta, el canal tradicional concentró el 64,0 % de los ingresos en febrero de 2026, ganando participación frente al 61,6 % del mismo mes de 2025, mientras que las ventas en línea retrocedieron del 38,4 % al 36,0 %. Entre los componentes con mejor desempeño se destacaron los ingresos por comisiones, que crecieron un 6,7 % y aportaron 1,2 puntos porcentuales positivos. La combinación de menores ingresos con mayores costos salariales plantea un reto para la rentabilidad del sector en los próximos meses.

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El comercio minorista en Colombia consolidó un desempeño positivo durante el segundo mes del año, con un crecimiento del 10,9 % en las ventas reales frente a febrero de 2025. De las 19 líneas de mercancía medidas, 18 registraron variaciones positivas. Al excluir los combustibles, el avance alcanzó el 13,7 %. En lo corrido del año, las ventas acumularon un incremento del 9,3 %, mientras que en la medición de doce meses (marzo 2025 a febrero 2026) la variación se ubicó en el 11,6 %, confirmando una tendencia de recuperación sostenida en el consumo interno.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las líneas que más impulsaron el resultado fueron vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares con un crecimiento del 26,6 %, equipo de informática y telecomunicaciones con el 39,2 % y otros vehículos automotores con el 21,7 %, aportando en conjunto 6,7 puntos porcentuales a la variación total. A nivel departamental, Bogotá D.C. y Antioquia lideraron las contribuciones positivas con 5,0 y 2,1 puntos porcentuales, respectivamente. En grandes almacenes e hipermercados, las ventas nominales sumaron $10,6 billones en febrero, reflejando un aumento del 12,6 % interanual.

El personal ocupado por el sector creció un 1,8 %, jalonado por el aumento del 3,9 % en el personal permanente, aunque el empleo temporal directo cayó un 3,2 % y el contratado a través de empresas se redujo un 5,2 %. La única línea con variación negativa en ventas fue combustibles para vehículos automotores, con una caída del 0,8 %. En el comercio electrónico minorista, las ventas nominales en línea crecieron un 24,2 % y su participación pasó del 2,2 % al 2,6 % del total facturado.

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Durante 2025, el sector agroquímico experimentó una notable reactivación de la demanda interna, reflejada en un incremento del 18,0 % en importaciones, compensando las contracciones de años previos.

En 2026, el sector enfrenta una compleja dualidad entre riesgos geopolíticos y oportunidades para fortalecer la soberanía productiva. La creciente tensión en Medio Oriente podría derivar en un aumento significativo en los precios de los fertilizantes nitrogenados, impulsado por el encarecimiento del petróleo y el gas, lo que representa una amenaza directa para la producción de cultivos esenciales como el arroz, la papa y el café. Considerando que los agroinsumos pueden llegar a constituir hasta el 50,0% de los costos totales de producción, su volatilidad tendrá un impacto directo y significativo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos en 2026.

En Colombia el abstencionismo en las votaciones es del 42 %, esta cifra se podría reducir si las personas en vez de llevarnos por la emocionalidad de un candidato evaluamos las propuestas y nos concentramos en ideas.

Con base en esto, desde Sectorial, creamos una Matriz que analiza las ideas de cada candidato por sector económico y evalúa si sus propuestas tendrán impacto positivo, serán neutrales o negativas y de esta manera contar con argumentos.

En comercio vemos un panorama positivo para el sector en todos los candidatos pues convergen en ideas de ayudarle a los empresarios con menores cargas impositivas, una lucha contra la extorsión; incluso candidatos opuestos como Paloma Valencia e Iván Cepeda se encuentran en hacer simplificación de procesos para que haya más participación en compras estatales.

El caso del turismo es otra actividad con panorama positivo pues las candidaturas coinciden en conectividad, apalancar la naturaleza como motor sostenible, fomentar el turismo local y la autonomía de las regiones.

Lastimosamente esto que veíamos positivo en comercio y turismo, se contrarresta en industria, aquí la matriz nos muestra impactos neutros en la mayoría de los candidatos y negativo en Iván Cepeda. La neutralidad se encuentra en que no hay claridad en cómo materializar lo que proponen; y el caso negativo se encuentra en la idea de capitalismo productivo y el control estatal donde se redistribuye la riqueza.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió una reciente resolución mediante la cual adopta el Resumen Digital de Atención en Salud para garantizar la interoperabilidad de la historia clínica electrónica a nivel nacional. La nueva reglamentación obliga a los prestadores de servicios médicos a adecuar sus sistemas de información en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir del 15 de octubre del 2025. El propósito central de la normativa radica en facilitar el intercambio seguro y eficiente de los datos médicos relevantes de los pacientes, asegurando la continuidad del cuidado asistencial sin interrupciones por motivos administrativos.

Según el documento oficial publicado por la cartera de salud, el mecanismo operará inicialmente con 4 tipos de resúmenes digitales, los cuales abarcan la información del paciente, los registros de hospitalización, la consulta ambulatoria y la atención de urgencias. Cada reporte deberá ser generado, transmitido y consultado bajo estrictos protocolos de seguridad criptográfica, exigiendo el uso de cifrado avanzado y certificados digitales válidos. Semejante arquitectura centralizada permitirá a los profesionales de la medicina acceder de manera inmediata al historial completo de las personas, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos derivados del desconocimiento de antecedentes clínicos.

El cumplimiento de la directriz resulta de carácter obligatorio para todos los actores del sistema sanitario, quienes deberán garantizar la privacidad y la confidencialidad absoluta de la información recopilada. Las instituciones enfrentan el enorme reto de implementar controles de acceso rigurosos, planes de recuperación ante desastres y un monitoreo en tiempo real para prevenir cualquier vulneración informática. Con la puesta en marcha del modelo unificado, el país avanza hacia una transformación tecnológica profunda orientada a modernizar la prestación de los servicios médicos, priorizando permanentemente la protección de los datos sensibles.

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La industria tecnológica global avanza en el diseño de la sexta generación de conectividad móvil (6G), una evolución que plantea transformaciones estructurales en el funcionamiento del Internet de las Cosas (IoT). Mientras América Latina consolida el despliegue de redes 5G, el desarrollo del 6G apunta a resolver una de las principales limitaciones del ecosistema actual: la dependencia energética de miles de millones de dispositivos conectados simultáneamente. La nueva generación busca habilitar equipos de “energía cero”, capaces de captar recursos del entorno como la luz, el calor o las señales de radio, operando de forma autónoma y reduciendo los costos asociados al mantenimiento y reemplazo de baterías.

Según el diario Portafolio, la tecnología 6G contempla una mejora proyectada de hasta 100,0 veces en la eficiencia energética por bit transmitido, lo que permitiría el despliegue masivo de sensores inteligentes prácticamente libres de mantenimiento. Datos de la Global System for Mobile Communications Association (GSMA) estiman que las redes de esta generación requerirán hasta 3,0 veces más espectro de banda media para soportar la demanda futura, con proyecciones que alcanzan más de 5.000 millones de conexiones y un tráfico móvil global cercano a los 3.900 exabytes mensuales hacia el año 2040. Sectores como utilities, petróleo y gas, agricultura y ciudades inteligentes figuran entre los principales beneficiados al poder desplegar millones de dispositivos sin requerir gestión constante de baterías.

En América Latina, los primeros pasos hacia esta transición ya se encuentran en marcha. En Colombia, entidades como el Ministerio TIC y la Agencia Nacional del Espectro han comenzado a incorporar la visión del 6G dentro de sus planes estratégicos, orientados a modernizar la infraestructura de conectividad y reducir las brechas digitales. Paralelamente, varias de las capacidades asociadas al 6G ya se exploran sobre redes 5G avanzadas y arquitecturas edge computing, habilitando el procesamiento de datos en tiempo real y decisiones autónomas en dispositivos distribuidos, lo cual abre nuevos modelos de negocio B2B para operadores de telecomunicaciones más allá de la conectividad tradicional.

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