El sector avícola colombiano en 2025 logró un volumen récord de 2,0 millones de toneladas de carne de pollo y 19.403,0 millones de unidades de huevo, impulsada por una demanda interna que elevó el consumo per cápita a 37,8 kg y un promedio inédito de 365 huevos anuales por habitante. Este dinamismo productivo, sustentado en un inventario de 216,1 millones de aves y una estructura tecnificada concentrada en un 71,7 % en departamentos como Santander y Valle del Cauca, mantiene una inercia expansiva para 2026 basada en el alojamiento de aves (inicio del ciclo de cría) realizado el año previo.

A pesar de los desafíos de rentabilidad registrados en el primer trimestre de 2026 por una sobreoferta estacional que contrajo los precios mayoristas del huevo en un 8,5 %, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 3,7 % en la producción de pollo, alcanzando los 2,1 millones de toneladas. Para sostener este ritmo, el sector aseguró un flujo constante de alta genética con importaciones récord de US$ 45,9 millones en 2025, al tiempo que duplicó sus exportaciones de material genético hasta superar las 4.326 toneladas.

No obstante, esta dinámica exportadora enfrenta un riesgo crítico en 2026 debido a la guerra arancelaria con Ecuador, país que representa el 49,8 % del valor de las ventas externas del sector. Aunque existen reportes sobre la imposición mutua de aranceles del 100,0 %, la vigencia total de estas medidas es incierta ante versiones que niegan su implementación. De confirmarse, el gravamen del 100,0 %, amenazaría la rentabilidad del clúster exportador colombiano y pondría en riesgo la seguridad alimentaria ecuatoriana, que depende en un 80,0 % de la genética nacional. Bajo el liderazgo de Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la industria prioriza la mitigación de riesgos sanitarios y la resolución técnica de estas tensiones para capitalizar la apertura de mercados estratégicos en Asia, Medio Oriente y consolidar el acceso de huevos a los Estados Unidos.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que cuatro Estados (Bélgica, Alemania, el Reino de los Países Bajos y Suecia) depositaron sus instrumentos de ratificación al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP de 2010). Con esta adhesión, el tratado suma 12 Estados contratantes y se acerca al cumplimiento de los requisitos para su entrada en vigor, proyectada como fecha más temprana para el 30 de noviembre de 2027.

Según el portal Mundo Marítimo, la activación del convenio requiere que las partes contratantes hayan recibido en el año calendario precedente un mínimo de 40,0 millones de toneladas de carga SNP sujeta a contribución. Los cuatro nuevos Estados ratificantes recibieron en conjunto cerca de 28,0 millones de toneladas en 2025, cifra que, sumada a los datos de los ocho Estados que ya habían ratificado previamente (más de 22,0 millones de toneladas en 2024), será evaluada después del 31 de mayo de 2026 para confirmar la fecha definitiva de entrada en vigor, 18 meses después del cumplimiento del umbral.

Una vez operativo, el convenio establecerá un régimen basado en el principio de que quien contamina paga, cubriendo daños por contaminación, incendio y explosión derivados del transporte marítimo de hidrocarburos, productos químicos, gases licuados y otras sustancias peligrosas. La indemnización total tendrá un límite máximo de 250,0 millones de Derechos Especiales de Giro (aproximadamente US$360,0 millones), financiada mediante un Fondo SNP al que contribuirán los receptores de dichas cargas tras cada siniestro. Se estima que alrededor de 65.000 buques requerirán certificados de seguro SNP para operar bajo el nuevo marco normativo.

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La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) suscribió un convenio en materia de cero deforestaciones junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El acuerdo establece un modelo voluntario de autorregulación ambiental que busca garantizar el cumplimiento de la normativa forestal vigente y reforzar la trazabilidad, la legalidad y la transparencia en el origen del aguacate destinado a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos.

Según Portal Frutícola, la iniciativa se enmarca en el acuerdo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2025, que establece la obligación de no deforestación para las exportaciones agrícolas mexicanas. Bajo este esquema, la APEAM asumirá funciones de coordinación operativa para supervisar huertos, empaques, inspecciones y logística de exportación de aguacate Hass. El convenio contempla la identificación de predios con posibles afectaciones forestales, el acompañamiento en procesos de regularización conforme a la ley y la aplicación de medidas de reparación o compensación ambiental cuando corresponda.

El modelo complementa las funciones de las autoridades sin reemplazarlas, fortaleciendo la capacidad de control territorial y la prevención de riesgos ambientales en una de las principales cadenas agroalimentarias de México. La medida resulta relevante para el mercado colombiano de aguacate Hass, cuyas exportaciones superaron los US$375,0 millones en 2025, en un contexto donde las exigencias ambientales de los compradores internacionales se intensifican y los estándares de sostenibilidad condicionan cada vez más el acceso a mercados de alto valor.

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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 380 de 2026, estableciendo los requisitos técnicos obligatorios para la fortificación del arroz blanco, la harina de maíz y la de trigo, independientemente de si son de producción nacional o importados. La normativa busca proteger el derecho a la alimentación adecuada y erradicar las deficiencias de micronutrientes, con especial énfasis en niños menores de 12 años y mujeres gestantes. Estas medidas responden a los hallazgos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), la cual evidenció carencias significativas de elementos esenciales como hierro, zinc y vitaminas A, B12 y D en la población colombiana.

Bajo la nueva regulación, el arroz blanco o pilado de consumo humano directo deberá fortificarse con ácido fólico, hierro y zinc en proporciones mínimas de 2,0, 24 y 25 miligramos por kilogramo, respectivamente. Por su parte, la harina de maíz, utilizada tanto en el hogar como en la elaboración de derivados, tendrá que incorporar hierro (30 mg/kg), zinc (30 mg/kg) y vitamina A (2,8 mg/kg). Finalmente, la harina de trigo deberá ser adicionada con seis nutrientes clave: vitamina B1 (6 mg/kg), vitamina B2 (4 mg/kg), niacina (55 mg/kg), ácido fólico (1,54 mg/kg), hierro (45 mg/kg) y zinc (30 mg/kg). Se exceptúan de estas obligaciones productos específicos como el arroz orgánico, los arroces especiales (salvaje, basmati, jazmín, etc.) y aquellos destinados a la elaboración de sushi.

El decreto estipula que la fortificación debe realizarse invariablemente antes de la comercialización de los productos, ya sean vendidos a granel o empacados. Para el caso de bienes importados que no cumplan con las especificaciones desde su origen, el proceso podrá efectuarse dentro del territorio nacional en establecimientos industriales vigilados por el Invima y las autoridades de salud pertinentes. Asimismo, se establece como obligación que todos los derivados producidos en el país utilicen harinas previamente fortificadas conforme a estos nuevos parámetros.

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Desde Sectorial, creamos una Matriz que analiza las ideas de cada candidato por sector económico y evalúa si sus propuestas tendrán impacto positivo, serán neutrales o negativas y de esta manera contar con argumentos.

En agro vemos un panorama dividido, pese a que hay buenas ideas, como replicar el modelo productivo de Mato Grosso de Brasil para la Orinoquía colombiana o buscar que la ruralidad sea habitable y productiva con vías, energía, riego y telecomunicaciones; ideas de regulación de precios, desconocimiento de normatividad ambiental y de ordenamiento vuelven neutras propuestas de Claudia López, Miguel Uribe y Mauricio Lizcano; incluso de impacto negativo en Abelardo de la Espriella y Roy Barreras, cuando este último propone compras estatales de hoja de coca o revivir el IDEMA.

La extracción energética en la mitad de los candidatos genera certezas con políticas asociadas a combatir la minería ilegal, hacer exploración y explotación de petróleo bajo tecnología tradicional y tendrán la apertura de iniciar pilotos de fracking. Si bien no hay posturas en contra de los hidrocarburos, la negación al fracking de Iván Cepeda o las metas no tangibles de superar 1,3 millones de barriles de Abelardo de la Espriella y Mauricio Lizcano; los ubican en zona de neutralidad.

La construcción genera el mayor consenso de impacto positivo con 7 de las 8 candidaturas analizadas, gracias a visiones de reactivación de vivienda, proyectos de nicho como mega cárceles y red de vías. El impacto negativo se identifica en Iván Cepeda con obras delegadas en juntas comunales sin estrategia para vivienda y sin concesiones viales.

• Pese a los choques logísticos que ha generado la guerra, la pausa en aranceles y los efectos en productividad de la adopción tecnológica están siendo un “escudo” frente a menores ritmos de crecimiento.

En 2026, el crecimiento mundial muestra una desaceleración influenciada por la maduración de las inversiones en inteligencia artificial y por cambios en la logística energética derivados del conflicto en Medio Oriente. Aunque la economía global mantiene cierta resiliencia, los organismos internacionales difieren en sus proyecciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de 3,3% por la inversión tecnológica y la adaptación del sector privado; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima 2,9% por los efectos de los aranceles y la incertidumbre geopolítica, y el Banco Mundial proyecta 2,6%, alertando sobre la desaparición de factores temporales y la persistencia de brechas estructurales entre economías avanzadas y emergentes.

En cuanto a la dinámica del comercio internacional, se prevé que mantenga su resiliencia. A pesar de las persistentes tensiones, las empresas han demostrado una notable capacidad para reconfigurar sus cadenas de suministro y adaptarse a nuevos entornos arancelarios. Asimismo, la estabilización de las tarifas a ventas internacionales, impulsada por fallos judiciales y por la firma de nuevos acuerdos comerciales, está contribuyendo a restablecer cierto grado de previsibilidad en el comercio global. No obstante, el principal foco de riesgo sigue siendo la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Aunque ambas partes acordaron una tregua comercial hasta las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre de 2026, los aranceles promedio ya superan el 17,0%, lo que genera presiones inflacionarias y restringe el comercio de mercancías.

Por otra parte, el auge en inversiones tecnológicas; especialmente en infraestructura para IA, semiconductores y computación en la nube; se ha convertido en el principal motor de crecimiento contracíclico. Se estima que la adopción rápida de estas tecnologías podría elevar el crecimiento mundial hasta en 0,3 puntos porcentuales adicionales en 2026 mediante ganancias de productividad y dinamismo empresarial. Este impacto es particularmente fuerte en Estados Unidos y Asia. En contraste, América Latina enfrenta importantes brechas en inversión y adopción tecnológica. Aunque la región representa el 6,6% del PIB mundial, capta apenas el 1,1% de la inversión global en inteligencia artificial. Además, para 2026 se proyecta que solo el 23,0% de las organizaciones latinoamericanas estará generando valor económico real a partir de la IA, mientras que apenas un 6,0% reportará beneficios significativos. Estas cifras reflejan un rezago considerable frente a los niveles de adopción y penetración observados en los mercados más avanzados.

El acceso a la conectividad digital en los hogares colombianos experimentó un avance durante el 2025. La proporción de residencias con servicio de internet fijo o móvil alcanzó el 73,9 % a nivel nacional, representando un incremento de 8,3 puntos porcentuales en comparación con el periodo inmediatamente anterior. Al desagregar por zonas geográficas, las cabeceras municipales lograron una penetración del 78,8 %, mientras que los centros poblados y las áreas rurales dispersas registraron un 56,9 %, destacándose en dicha zona un repunte de 15,0 puntos porcentuales que ayuda a mitigar la brecha tecnológica. A nivel territorial, el departamento de San Andrés lideró la conectividad con un 90,9 %, contrastando profundamente con Vaupés, donde el indicador apenas llegó al 18,6 %.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la utilización individual de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) también reflejó una tendencia al alza. Entre la población de 5 años y más, el teléfono celular se consolidó como el dispositivo de mayor uso, cubriendo al 91,9 % de los habitantes, lo cual equivale a una subida de 1,3 puntos porcentuales. En segundo lugar, el uso general de internet por parte de los ciudadanos subió al 82,3 %, mostrando la mayor variación positiva del segmento con 3,0 puntos porcentuales adicionales. Por su parte, el empleo de computadores de escritorio, portátiles o tabletas reportó un 36,1 %, evidenciando un crecimiento moderado de 1,0 puntos porcentuales.

La adopción tecnológica presenta dinámicas particulares al analizar la distribución por género. Las mujeres registran mayores niveles de apropiación digital frente a los hombres, logrando un uso del teléfono celular del 92,5 % y de internet del 82,9 %, frente al 91,2 % y 81,6 % obtenido por el segmento masculino, respectivamente. Frente al manejo de dispositivos de computación, ambos grupos demográficos alcanzaron una equidad absoluta al reportar un nivel de uso del 36,1 %. Las cifras expuestas confirman una expansión progresiva de la infraestructura y el consumo de servicios de telecomunicaciones en el territorio, aunque persisten retos mayúsculos para garantizar una cobertura homogénea en las regiones geográficamente más apartadas.

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La compañía antioqueña, Mineros S.A., formalizó el 13 de abril de 2026 la adquisición del 100,0 % de las acciones que la multinacional AngloGold Ashanti mantenía sobre el proyecto de oro conocido como La Colosa, ubicado en el departamento del Tolima, a 150 kilómetros al oeste de Bogotá. La transacción contempló un pago inicial de US$10,0 millones en efectivo y una contraprestación contingente de hasta US$60,0 millones adicionales, cuyo desembolso estará condicionado al tonelaje de mineral autorizado en un Plan de Trabajo y Obras (PTO) y a la obtención de la licencia ambiental para la etapa de explotación.

Según el portal Valora Analitik, el proyecto cuenta con estimaciones históricas de recursos minerales reportadas por AngloGold Ashanti en diciembre de 2024, que señalan 23,35 millones de onzas de oro en recursos indicados y 4,98 millones de onzas en recursos inferidos. Mineros precisó que no ha verificado estas cifras de manera independiente para clasificarlas como recursos actuales. La compañía, con operaciones activas en Colombia y Nicaragua, anunció además que cambiará el nombre del proyecto e iniciará un proceso de diálogo con las comunidades locales para redefinir su identidad.

La decisión de renombrar el activo responde al contexto social de Cajamarca, municipio donde en 2017 se realizó una consulta popular en la que 6.122 ciudadanos votaron en contra de la actividad minera frente a 76 que se manifestaron a favor. La administración de Mineros enfatizó que cualquier avance físico en la zona depende de la claridad regulatoria y del respaldo comunitario, señalando que la viabilidad futura del proyecto requiere un consenso significativo para alinear el desarrollo con las prioridades de la región.

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La industria siderúrgica colombiana inició el año 2026 con un desempeño favorable, respaldado por un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado interno. La compañía Diaco reportó resultados positivos durante el primer trimestre, impulsados por una reducción en las importaciones de varilla, un repunte en las iniciaciones de obras de vivienda de interés social (VIS) y una menor oferta de otros productores nacionales. Dicho escenario permitió un mayor aprovechamiento del negocio frente a periodos anteriores.

Según el diario Portafolio, la implementación de salvaguardias arancelarias por parte del Gobierno ha contribuido a frenar la entrada de acero subsidiado proveniente de países con sobreoferta global, particularmente de China y Rusia. La medida, que tiene vigencia de un año, no ha generado incrementos en los precios internos, pero busca bloquear condiciones de competencia desleal en un contexto donde otros mercados de la región, como Perú, también han adoptado acciones antidumping. Desde que la salvaguardia se anunció para consulta en octubre de 2025, el mercado anticipó posibles cambios regulatorios, lo que redujo el apetito importador de los comercializadores.

No obstante, el sector enfrenta presiones relevantes en su estructura de costos. El incremento del salario mínimo impacta tanto a las operaciones directas como a los contratistas intensivos en mano de obra, mientras que la indisponibilidad de gas natural obliga a recurrir a combustibles importados con tarifas superiores. Adicionalmente, Diaco anunció la obtención de la Declaración Ambiental de Producto (DAP), una certificación internacional que mide el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del acero, cuya adopción generalizada en materiales de construcción se proyecta como estándar hacia el año 2030 en Colombia.

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La crisis política en Perú se ha consolidado como uno de los casos más representativos de inestabilidad institucional en América Latina. Con nueve presidentes en poco más de una década, el país enfrenta un sistema político que incentiva el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente a través de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral”. En este contexto, la elección de 2026, que llevará a segunda vuelta a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, no representa necesariamente una solución estructural, sino la continuidad de un modelo fragmentado donde ningún liderazgo logra consolidar mayorías estables.

Más allá de lo político, esta inestabilidad tiene implicaciones económicas profundas. Aunque Perú mantiene fundamentos sólidos en sectores como la minería, la falta de gobernabilidad limita la ejecución de políticas públicas, frena la inversión y alimenta el descontento social, especialmente en regiones donde los beneficios del crecimiento no se distribuyen de manera equitativa. A esto se suma el aumento de la inseguridad y la desconfianza en las instituciones, factores que refuerzan un ciclo donde el cambio de presidente no implica un cambio de rumbo. El desafío para el próximo gobierno no será solo ganar una elección, sino romper un patrón estructural que ha impedido al país traducir su potencial económico en estabilidad política sostenida.