El reciente decreto gubernamental que incrementa el salario mínimo en un 23,7% para 2026 ha generado una alerta institucional en el sector educativo privado, el cual advierte sobre un desequilibrio financiero que pone en riesgo la continuidad de miles de jardines infantiles y colegios. Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Mesa Académica Nacional Convivencia Familia – Educación (MANCFE) y la Mesa Departamental de Rectores, señalan que esta medida desconoce la realidad económica de un sector donde los ingresos regulados por matrículas solo aumentaron en promedio un 7,0%, creando una brecha insostenible que amenaza con la quiebra de instituciones formales. Según el comunicado oficial, el impacto será devastador para la estabilidad laboral y la calidad educativa, anticipando una inminente reducción de personal administrativo, la sobrecarga de docentes y la migración forzada hacia modelos de contratación informal para sobrevivir. El gremio enfatiza que cerca del 85,0% de estas instituciones atienden a población de estratos 1, 2 y 3, por lo que el cierre de establecimientos no solo destruiría empleo formal, sino que dejaría a miles de niños sin acceso a educación inicial de calidad, obligando a las familias a recurrir a servicios sin supervisión ni garantías pedagógicas. Ante este panorama crítico, las organizaciones han solicitado al Gobierno Nacional la derogatoria del decreto o la implementación urgente de medidas de salvamento, tales como subsidios temporales a la nómina, alivios en cargas parafiscales y la creación de un fondo de compensación sectorial. Los líderes educativos insisten en que fortalecer el ingreso de los trabajadores no puede lograrse a costa de la desaparición de un servicio social esencial, advirtiendo que la rigidez de la estructura de costos, especialmente en preescolar donde se exige una baja relación niño-docente, hace inviable la operación bajo las nuevas condiciones salariales.

El sector de minas y canteras en Colombia enfrenta un panorama contractivo para el cierre de 2025, proyectando una caída anual del 6,1% en su actividad productiva. Esta tendencia negativa responde principalmente al deterioro en la extracción de hidrocarburos, la cual ha entrado en una fase decreciente estructural donde el aporte de los nuevos campos resulta insuficiente para compensar el declive natural de los pozos maduros. A esto se suman factores regulatorios y geopolíticos determinantes, como la imposición de impuestos a las exportaciones y la prohibición de vender carbón a Israel, medidas que han golpeado la competitividad y los volúmenes de despacho de la industria extractiva. Según Portafolio, un informe de Corficolombiana revela que durante el segundo trimestre del año el rubro decreció un 10,3%, marcando el peor registro histórico sin contar la pandemia. Las cifras detalladas muestran que la producción de petróleo se ubicó en 747.000 barriles diarios entre enero y julio, lo que significa una contracción del 4,3% frente al mismo periodo del año anterior. La situación es igualmente crítica para el gas natural, cuya producción comercializada acumula 21 meses a la baja, con una disminución del 18,0% en lo corrido del año, obligando a incrementar las importaciones para garantizar el abastecimiento de la demanda nacional ante la menor producción general. El impacto financiero de este ciclo bajista se refleja en los resultados de Ecopetrol, cuyo EBITDA y utilidad neta cayeron un 11,0% y 25,0% respectivamente al corte del segundo trimestre. Aunque las reservas de crudo mostraron un leve repunte, situándose en 7,2 años, permanecen por debajo de los niveles de 2022, mientras que el valor de las exportaciones se desplomó un 19,0% en la primera mitad del año. Analistas advierten que la actividad petrolera atraviesa un deterioro persistente, donde la desaceleración en la extracción y los menores precios internacionales configuran un escenario retador para la estabilidad fiscal y energética del país en el corto plazo.

En Colombia, la tasa de desocupación nacional alcanzó mínimos históricos, situándose en el 8,2% en octubre de 2025. La informalidad, por su parte, se ubicó en 56,1% del total de ocupados, mostrando comportamientos a la baja en sectores rurales como la agricultura y fluctuaciones en sectores de servicios como el comercio y el turismo, los cuales han sido los receptores directos del choque de costos derivado de los nuevos recargos dominicales y la reducción de la jornada. La implementación de dos cambios estructurales en la legislación laboral colombiana, como lo fueron la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral) y la tercera fase de la reducción de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021, afecta de manera directa los costos y la productividad de los sectores. Por un lado, la Ley 2566 de 2025 representó un cambio desde la flexibilización hacia el garantismo y la estabilidad; otros aspectos afectados fueron el incremento del recargo dominical y festivo (Art. 15); el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio aumentó del 75,0% al 80,0%. El cambio afectó directamente la estructura de costos de los sectores que operan 24/7, específicamente alojamiento y servicios de comida, comercio minorista, vigilancia y transporte. Por su parte, el 15 de julio de 2025 entró en vigor la tercera fase de reducción de la jornada laboral, pasando de 46 a 44 horas semanales. Al reducir las horas trabajadas manteniendo constante el salario mensual, el valor de la hora ordinaria se incrementó automáticamente en aproximadamente un 4,5%. Para las empresas de servicios y comercio, donde la producción está ligada a la presencia física y al horario de atención al público, esta reducción implica una pérdida neta de horas operativas que deben ser cubiertas mediante pago de horas extras (encareciendo la nómina), contratación de personal adicional (aumentando costos fijos), reducción de horarios de atención (afectando ventas) o aumento de la carga laboral por trabajador (riesgo de burnout). También se estableció el contrato a término indefinido como la regla general. Los contratos a término fijo se limitaron a un máximo de cuatro (4) años, tras los cuales se convierten en indefinidos. La medida introduce rigidez en la contratación. Durante el tercer trimestre, es probable que las empresas hayan acelerado la finalización de contratos a término fijo próximos a vencer o hayan migrado a modelos de servicios externalizados para evitar la vinculación indefinida automática, afectando la rotación laboral.

Reino Unido en alerta: la fuga de cerebros ya preocupa al gobierno

El Reino Unido comienza a enfrentar una salida sostenida de profesionales altamente cualificados que ya genera inquietud en el gobierno y en los principales sectores productivos. Entre 2023 y 2024, más de 250.000 ciudadanos británicos emigraron, en su mayoría trabajadores activos, jóvenes cualificados y familias en plena edad laboral. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, contrasta con el discurso político centrado en el control migratorio y pone en evidencia una pérdida de capital humano formado localmente. Sectores estratégicos como la salud, la ingeniería y la tecnología muestran señales claras de presión: solo en 2024, más de 4.000 médicos británicos abandonaron el país, atraídos por mejores condiciones laborales y salariales en destinos como Australia, Canadá o Estados Unidos, mientras el NHS continúa enfrentando listas de espera crecientes y escasez de personal.

A esta dinámica se suma la posible salida de grandes patrimonios, con estimaciones que apuntan a que hasta 16.500 millonarios podrían abandonar el Reino Unido en el corto plazo, tras cambios en la fiscalidad y el debilitamiento del régimen para residentes no domiciliados. El estancamiento salarial real, el aumento del costo de vida —especialmente en vivienda—, una elevada presión fiscal y los efectos estructurales del Brexit han alimentado una percepción de estancamiento económico. La consecuencia es un impacto directo sobre la productividad, la innovación y el crecimiento potencial del país, que se vuelve cada vez más dependiente de talento importado para cubrir vacantes clave. El desafío para el gobierno británico es claro: sin mejoras tangibles en condiciones laborales, acceso a vivienda y expectativas de futuro, la fuga de cerebros podría consolidarse como uno de los principales límites al desempeño económico del Reino Unido en los próximos años.

 

En una maniobra estratégica que redefine el panorama tecnológico global, Nvidia ha concretado una inversión histórica de US$5.000 millones en Intel, transformando su antigua rivalidad en una colaboración de alto nivel. Esta inyección de capital, materializada a través de la compra de acciones ordinarias, tiene como objetivo principal acelerar el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y computación avanzada, permitiendo que Intel asuma un rol crucial en la fabricación de chips personalizados adaptados específicamente a las plataformas de su nuevo socio estratégico.

Según La República, este acuerdo llega en una coyuntura decisiva para Intel, que busca recuperar terreno tras años de presión operativa, recibiendo ahora un respaldo financiero que valida su proceso de transformación ante el mercado. La alianza trasciende lo monetario para convertirse en un hito industrial: ambas compañías combinarán la experiencia de Nvidia en computación acelerada con el ecosistema de manufactura de Intel para crear soluciones híbridas que integren IA con procesadores tradicionales, apuntando a revolucionar tanto los centros de datos como los dispositivos de consumo masivo.

El anuncio generó una reacción inmediata y positiva en los mercados bursátiles, interpretando la operación como un voto de confianza hacia la capacidad productiva de Intel y una expansión estratégica para Nvidia más allá del diseño de chips gráficos. Este movimiento simboliza un cambio de paradigma en el sector de semiconductores, donde la competencia paso a la cooperación estratégica para satisfacer la voraz demanda de tecnologías de inteligencia artificial, consolidando a estos gigantes en el corazón de la infraestructura digital del futuro.

Las aerolíneas que operan en el país han manifestado su firme oposición a cualquier intento de control de precios por parte del Gobierno, argumentando que el régimen de libertad tarifaria vigente desde 2012 ha sido el principal motor de competitividad y acceso al servicio. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) destacó que, gracias a la libre competencia, el valor promedio de los pasajes domésticos antes de impuestos ha disminuido un 37,8 % acumulado, mientras que en las rutas internacionales la reducción alcanza el 34,9 %, desvirtuando la necesidad de una intervención estatal en las tarifas.

Según Portafolio, Paula Bernal, gerente de IATA Colombia, advirtió a la ministra de Transporte que imponer techos tarifarios podría generar efectos nocivos como el encarecimiento del servicio y la limitación de la conectividad. La dirigente gremial subrayó que el 75,0 % de los usuarios actuales pertenecen a los estratos I y II, por lo que alterar las reglas de juego pondría en riesgo la democratización del transporte aéreo, recordando que la regulación colombiana solo contempla la congelación de precios en casos excepcionales de calamidad pública.

El gremio enfatizó que la verdadera presión sobre los costos para el usuario final no proviene de las aerolíneas, sino de una carga impositiva desproporcionada. Las cifras revelan que los impuestos y tasas representan el 28,4 % del valor de un tiquete nacional y ascienden al 51,5 % en los internacionales, superando los promedios globales. Ante este panorama, el sector solicitó al Ejecutivo revisar el IVA aplicado al combustible y a los pasajes, así como mejorar la infraestructura aeroportuaria, en lugar de restringir la libertad de empresa.

Tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno inició la implementación de sus medidas mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025, amparado en el estado de emergencia económica. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el ajuste busca cubrir un hueco fiscal de 16 billones de pesos, centrándose en los sectores de mayores ingresos para no afectar a los estratos medios y bajos. Con estas medidas, el Ejecutivo proyecta un recaudo de 11,1 billones de pesos durante el 2026.

Uno de los pilares del decreto es el endurecimiento del impuesto al patrimonio para las personas naturales. A partir de 2026, el umbral para este gravamen bajará de 72.000 UVT a 40.000, lo que equivale a aproximadamente 2.000 millones de pesos. Además, se establecen tarifas progresivas que oscilan entre el 0,5% y el 5%, esta última aplicada a patrimonios superiores a los 99.500 millones de pesos. Complementariamente, el sector financiero, asegurador y de valores enfrentará una sobretasa de renta del 15 % para el próximo año, sujeta a un anticipo del 100 %.

En materia de consumo, el Gobierno incrementó el IVA para vinos y licores del 5 % al 19 %, aunque se confirmó que la cerveza permanecerá exenta de nuevos gravámenes. Los juegos de suerte y azar por internet también mantendrán un IVA del 19 % sobre el ingreso bruto del juego. Asimismo, se ajustaron los impuestos departamentales y nacionales al consumo para cigarrillos, vapeadores y vehículos de lujo, elevando, por ejemplo, el impuesto a motocicletas de más de 200 c.c. del 8 % al 19 %.

Finalmente, el sector extractivo enfrentará la no deducibilidad de las regalías en el cálculo del impuesto de renta para 2026. A esto se suma la vigencia de un impuesto especial del 1 % para la venta y exportación de hidrocarburos y carbón. Estas medidas entraron en vigor el 1 de enero de 2026, quedando a la espera de la revisión que realice la Corte Constitucional una vez finalice la vacancia judicial el 13 de enero.

• Tecnología, talento y transformación, la era de estas 3T, nos enfrenta a un mundo donde la única constante es el cambio. La velocidad del desarrollo tecnológico redefine las reglas del juego en todos los sectores, pero es el talento humano el que convierte la innovación en ventaja competitiva (https://sectorial.co/hoja-de-ruta-empresarial/).
• La relación entre el bienestar emocional y la productividad laboral es innegable, y se han convertido en indicadores claves para entender cómo los estados emocionales colectivos afectan el rendimiento económico.
• El talento humano no es un recurso reemplazable, sino el corazón de cualquier estrategia de crecimiento. Empresas que prioricen la empatía, la inteligencia emocional y la motivación lograrán construir equipos sólidos y resilientes, capaces de afrontar los desafíos de un entorno incierto.

Durante el primer semestre de 2025, las ventas en línea alcanzaron los $54,2 billones, representando un incremento del 48,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento refleja una consolidación del canal digital como una alternativa preferente por los consumidores, impulsado por una mayor digitalización, cambios en los hábitos de compra y un entorno competitivo más robusto.

El ticket promedio de compra alcanzó los $199.425, presentando un crecimiento del 5,1% frente al primer semestre de 2024. En cuanto a la composición sectorial, las categorías con mayor participación en las ventas fueron tecnología, otras categorías del retail (como moda, hogar, y consumo masivo) y entretenimiento.

Respecto a los medios de pago, se destaca la predominancia de las transacciones por PSE (débito a cuenta bancaria), que concentraron el 63,5% del total. Este medio continúa siendo el más utilizado, favorecido por su seguridad, facilidad de uso y amplia aceptación. Le siguen las tarjetas débito o crédito con una participación del 33,0%, y finalmente, el efectivo o pago contra entrega con apenas un 3,5%, lo que evidencia una disminución progresiva del uso de métodos tradicionales en las compras digitales.

La crisis de liquidez en el sistema de salud suma un nuevo capítulo con el anuncio de Colsubsidio de suspender definitivamente la dispensación de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS a partir del 1 de enero de 2026. La caja de compensación informó a los pacientes que el suministro de fármacos se mantendrá con normalidad únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025, trasladando la responsabilidad de la continuidad de los tratamientos a la aseguradora estatal, la cual deberá definir y comunicar quiénes serán los nuevos gestores farmacéuticos encargados de la operación.

Este caso es similar al acontecido con prestadores como el Hospital Universitario de Caldas que también han restringido servicios recientemente debido a una cartera acumulada que asciende a $83.400 millones, exigiendo abonos inmediatos de al menos $25.000 millones para sostener la atención asistencial.

El gremio farmacéutico enfrenta una presión insostenible, con una deuda total en el segundo trimestre de 2025, del sistema que toca los $4,2 billones, de los cuales el 35,3% corresponde a cartera vencida. Informes de AFIDRO señalan que la Nueva EPS es el actor con mayor morosidad, acumulando pasivos por $9,3 billones hacia abril de 2025, lo que equivale al 28,5% de toda la deuda de las EPS, situación que amenaza con colapsar la cadena de suministro de insumos médicos en el país.