La industria de bebidas no alcohólicas en Colombia inició 2026 con una recuperación moderada, tras un 2025 marcado por el ajuste estructural de los impuestos saludables. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector (incluyendo tabaco) creció 6,2% en el primer trimestre de 2026, situándose en $2,0 billones, favorecido, entre otros factores, por el incremento de las ventas asociadas con el Mundial de Fútbol 2026 y por la recomposición del portafolio hacia bebidas funcionales. El índice de producción aumentó 6,1% y el de ventas 2,0% acumulado a abril, confirmando la reactivación fabril. No obstante, las exportaciones cayeron 9,8%, golpeadas por la guerra comercial con Ecuador y la fortaleza del peso, mientras las importaciones se contrajeron 44,3% tras la sobreacumulación de 2024 y 2025. Los precios siguen siendo el principal riesgo: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la categoría alcanzó 219,5 puntos en mayo y el Índice de Precios al Productor (IPP) creció 3,5% anual, en un entorno de inflación al alza y tasa de política monetaria en 12,0% que condicionará el gasto de los hogares.

El Gobierno anunció una estrategia de ajuste fiscal, recuperación de la confianza inversionista y fortalecimiento de la seguridad como condiciones necesarias para reactivar el crecimiento económico. Durante la jornada, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, resumió la apuesta oficial con un mensaje dirigido al sector privado: “Nosotros pondremos en orden las finanzas públicas; empresarios, pongan ustedes el crecimiento”.

Gómez advirtió que el presupuesto colombiano ha perdido capacidad para actuar de manera contracíclica, debido a la inflexibilidad del gasto público. Una parte importante de las obligaciones del Estado está concentrada en el pago de pensiones, el sistema de salud y las transferencias a los territorios a través del Sistema General de Participaciones.

Según el ministro, mientras se reduzca el déficit fiscal será posible controlar la inflación, disminuir las tasas de interés y mejorar las condiciones cambiarias. Para ello, sostuvo que el país debe comenzar por reconocer su situación financiera con transparencia y respaldar la autonomía del Banco de la República.

El ministro explicó que, actualmente, al Gobierno le ingresan cerca de $29 billones mensuales, mientras sus gastos alcanzan los $40 billones.

Como parte de la estrategia, se presentará una ley fiscal orientada a reducir el gasto y llevar el déficit fiscal a 7,2% en 2026. Además, el próximo Plan Nacional de Desarrollo contemplaría la eliminación de entidades públicas como parte de un proceso de reorganización estatal.

“La senda de ajustes estará en los próximos seis meses”, afirmó el ministro, al señalar que las decisiones deberán ejecutarse en un periodo corto para recuperar la credibilidad de las finanzas públicas y estimular la inversión privada.

Inversión y reactivación productiva

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, respaldó la necesidad de presentar un presupuesto ajustado a la realidad fiscal. “No podemos seguir en el camino de las mentiras”, afirmó, al señalar que el presupuesto de $634 billones presentado por el Ministerio de Hacienda es un “presupuesto de la verdad”.

Restrepo sostuvo que la transparencia es el primer paso para volver a crecer y reactivar sectores estratégicos como la infraestructura, la construcción, los hidrocarburos y la minería. También mencionó la agroindustria, la industria 4.0, las nuevas energías, los servicios basados en el conocimiento y el turismo sostenible.

El compromiso de la Vicepresidencia es elevar la inversión como proporción del producto interno bruto, desde el 15,7% actual hasta el 25% en 2030. De acuerdo con Restrepo, el Gobierno ya tiene identificados proyectos por $290 billones, por lo que el desafío consiste en estructurarlos y ponerlos en ejecución.

Seguridad para atraer inversión

La agenda económica estuvo acompañada por una discusión sobre seguridad. El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, señaló que la distancia de Colombia frente a las zonas de conflicto global representa una oportunidad para aprovechar su capacidad portuaria.

Sin embargo, advirtió que el 75% del territorio nacional tiene presencia de grupos armados al margen de la ley. La estrategia de seguridad contempla la participación en el Escudo de las Américas y la cooperación estratégica con Estados Unidos e Israel. Entre las metas se encuentra capturar o neutralizar a diez cabecillas de alto valor y realizar fumigación aérea sobre 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Por su parte, el coronel Adrián Vega, director del C4, identificó la delincuencia cibernética como uno de los principales desafíos. Para enfrentarla, planteó fortalecer las alianzas entre las agencias de seguridad y las empresas tecnológicas, especialmente porque se trata de un delito que puede involucrar varias jurisdicciones.

Así, el Gobierno plantea que el ajuste fiscal, la inversión y la seguridad deben avanzar simultáneamente para recuperar la confianza y abrir una nueva etapa de crecimiento.

El cierre de la Convención Bancaria de Asobancaria dejó una conclusión compartida entre empresarios, banqueros y expertos: Colombia necesita recuperar la inversión, reducir los obstáculos regulatorios y fortalecer la confianza para elevar su productividad y acelerar el crecimiento económico.

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, señaló que la inversión debe convertirse en la principal prioridad del país, debido a que actualmente se encuentra en su nivel más bajo de los últimos cuatro años. En su opinión, uno de los principales cuellos de botella es la excesiva regulación.

“Colombia produce cuatro normas al día. Regulamos para los malos, pero la mayoría somos buenos”, afirmó Gutiérrez, al advertir que la proliferación normativa termina afectando la actividad productiva y desincentivando la inversión.

En la misma línea, Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planteó la necesidad de optimizar las regulaciones e identificar los obstáculos que impiden el crecimiento. También pidió priorizar los recursos hacia los actores con mayor capacidad de innovación, con el objetivo de aumentar la productividad.

Confianza y cooperación

Para los líderes del sector financiero, el crecimiento no depende únicamente de las variables económicas. Miguel Cortés Kotal, presidente del Grupo Bolívar, sostuvo que el desafío central está en cambiar la manera en que se construyen las conversaciones y las relaciones en el país.

Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo Social, llamó a superar el individualismo, mientras que Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, destacó la confianza entre los distintos actores como una condición indispensable para avanzar.

Estas intervenciones coincidieron en que la cooperación entre el sector público, las empresas, la banca y la ciudadanía resulta clave para destrabar proyectos, movilizar capital y recuperar la confianza necesaria para invertir.

Más inclusión financiera y seguridad digital

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, destacó los avances y desafíos de la inclusión financiera. Actualmente, 20,3 millones de adultos en Colombia tienen crédito, equivalentes al 52% de la población adulta. La meta del sector es sumar 9,2 millones de personas para alcanzar 29,5 millones de usuarios, es decir, el 75% de los adultos.

De ese grupo, cinco millones tendrían que ser rebancarizados, pues hoy acceden a créditos informales. Para lograrlo, Malagón propuso crear un ecosistema de datos abiertos y compartidos entre bancos, empresas de telecomunicaciones y la administración tributaria. Esta integración permitiría diseñar productos financieros más adecuados y ampliar el acceso al crédito.

El reto, sin embargo, también es proteger esa transformación. Según Malagón, cada segundo el sistema financiero recibe 42 ataques, una amenaza que obliga a reforzar la ciberseguridad y la protección de los usuarios.

La banca que viene

César Tamayo, decano de Economía, Finanzas y Administración de EAFIT, resaltó la innovación reciente del sistema financiero mediante los pagos instantáneos de Bre-B, las finanzas abiertas y la adopción de inteligencia artificial generativa.

El siguiente paso, explicó, será avanzar hacia la interoperabilidad transfronteriza y los primeros agentes autónomos de pago. Más adelante podrían consolidarse el dinero programable de uso corriente y las stablecoins reguladas.

Tamayo también señaló que la tokenización de activos reales podría pasar de 38.000 millones de dólares a 31 billones de dólares en cuatro años. Además, estimó que un crecimiento de un punto porcentual en el crédito podría estimular la economía en 0,5 puntos.

Finalmente, Marieli Alfonzo, gerente general de Roche Colombia, recordó que no puede haber crecimiento sostenible sin salud. Cuando los hogares deben destinar el crédito a cubrir gastos médicos, reducen su capacidad para educarse, viajar, consumir o emprender. La productividad, concluyó, también depende de que las personas puedan acceder oportunamente a servicios de salud.

La energía dejó de ser un tema de precios del barril y se convirtió, en palabras de Angie Gildea, líder global de Oil & Gas de KPMG, en “el tema definitorio” de la competencia económica, tecnológica y de liderazgo de esta década. Su tesis es sencilla y contundente: la volatilidad —guerras, bloqueos de estrechos, avances tecnológicos inesperados— ya es la norma, y lo único que separa a los países que prosperan de los que se quedan atrás es su capacidad de adaptabilidad y resiliencia. La transición energética, insiste, no es una guerra entre renovables y combustibles fósiles: es una expansión, no un reemplazo, y cada región construye su propia mezcla según sus recursos, su geopolítica y sus ambiciones.

Colombia vive esa tensión en carne propia. El petróleo y el gas siguen representando cerca del 5% del PIB y, junto al carbón y la minería, más del 43% de las exportaciones del país, mientras enfrenta el fenómeno de El Niño más fuerte en años, un déficit de gas que compromete la confiabilidad del sistema, y una discusión política atascada entre licencias ambientales, subsidios insostenibles y la urgencia de recuperar la confianza institucional para ejecutar proyectos.

Al final, encuentras que en energía: sobra diagnóstico, lo que falta es velocidad de ejecución.

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Informes Sectorialesectoriales

El segundo día de la Convención Bancaria organizada por Asobancaria dejó sobre la mesa un fuerte contraste entre los apremiantes desafíos macroeconómicos del país y la acelerada evolución tecnológica que redefinirá las reglas del sistema financiero global. Mientras el gobierno destapa sus cartas fiscales, la industria bancaria se prepara para una disrupción sin precedentes impulsada por la Inteligencia Artificial y los criptoactivos.

El reto macroeconómico: Un presupuesto bajo la lupa

El foco principal de la jornada fue la radicación del presupuesto del Gobierno Nacional por $COP 634 billones. Este marcado aumento ha sido justificado por el Ejecutivo bajo la premisa de “sincerar” las cifras del Estado, argumentando que la administración anterior había realizado estimaciones erróneas.

Sin embargo, este ajuste contable y de gasto empujaría el déficit fiscal a niveles superiores al 9%. El crecimiento del rubro se explica principalmente por tres factores:

1. El mayor peso del pago de la deuda externa e interna.
2. La necesidad de cubrir los estragos y la tragedia ocasionada por el reciente sismo.
3. La inyección de mayores recursos para el sector salud.

Dado que se ha descartado una nueva reforma tributaria para aumentar impuestos, este presupuesto será financiado con mayor endeudamiento. La gran duda que permeó los pasillos de la convención es si el Gobierno tendrá la capacidad real y la voluntad política para reducir el gasto estatal en el corto plazo. Además, este ambicioso proyecto fiscal entra ahora a la crucial fase de debate y aprobación en el Congreso.

Dinámica política y agilidad regulatoria

Precisamente sobre el papel del legislativo, Héctor Olimpo Espinosa, senador del Partido Liberal, recordó la independencia actual de los poderes: “El presidente se eligió sin los parlamentarios y los parlamentarios se eligieron sin el presidente”. No obstante, recalcó que, aunque no dependen el uno del otro, es imperativa la armonía y el diálogo para sacar adelante los proyectos del país.

En esa misma línea de eficiencia estatal, María Consuelo Araujo, embajadora de Colombia en EE. UU., hizo un llamado urgente a la transformación de los organismos de control, señalando que estos deben pasar de una postura de “detener” a una de ayudar a agilizar los procesos y proyectos estratégicos.

El salto tecnológico: Tokenización, IA y Confianza

En el terreno netamente financiero, Michael Abbott, Global Banking Lead de Accenture, sentenció que vivimos uno de los momentos más apasionantes para la humanidad. Según el experto, la tokenización cambiará los fundamentos de la banca: el dinero ya no viajará simplemente de una cuenta a otra, sino que apuntará directamente a las personas. Las stablecoins son el mejor ejemplo de cómo se están repensando las transacciones, al punto que ya hay países adoptándolas como reservas.

Este nuevo mundo tokenizado abrirá inéditos riesgos operativos y financieros. Al mismo tiempo, el rediseño del software apalancado en Inteligencia Artificial (IA) está permitiendo que los procesos bancarios sean entre 5 y 10 veces más rápidos. Para Federico Martínez, presidente de MasterCard en Colombia, el éxito en la adopción de esta IA dependerá de un factor crítico: la curaduría de la información. Pese a toda esta disrupción tecnológica, Abbott dejó clara una premisa inalterable: el paradigma central de la banca no cambiará, pues banca siempre será igual a confianza respaldada por capital.

Infraestructura: El cuello de botella de la competitividad

Finalmente, el evento también abordó la competitividad desde la infraestructura. Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de asuntos corporativos de Avianca, advirtió que Colombia no podrá explotar todo su potencial turístico mientras su principal puerto de entrada, Bogotá, enfrente demoras de hasta 3 horas en los procesos de migración y sus pistas de aterrizaje no sean aprovechadas de manera integral.

El subsector de extracción de carbón registró en el primer semestre de 2026 una dinámica mixta. La producción y el valor agregado continuaron en mínimos históricos, mientras las exportaciones repuntaron en volumen y valor ante el fortalecimiento de la demanda térmica internacional asociada al riesgo del fenómeno de El Niño y a la disrupción de la oferta en Asia. Entre enero y marzo de 2026, el producto interno bruto de extracción de carbón cayó 13,3% frente al mismo periodo de 2025, profundizando la contracción que llevó la producción nacional a su nivel más bajo en 22 años durante 2025.

La Corte Constitucional declaró inexequible en abril de 2026 la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, que incluía un impuesto del 1,0% sobre la primera venta o exportación de carbón, aliviando la carga tributaria extraordinaria del sector. No obstante, la imposición de un arancel antidumping por parte de India al coque metalúrgico colombiano y los persistentes bloqueos a la línea férrea de Cerrejón en La Guajira mantienen la incertidumbre operativa y comercial del sector.

El sector siderúrgico colombiano transita en el primer trimestre de 2026 hacia una fase de ajuste con señales mixtas. La producción se recupera 6,6% tras desplomarse 9,9% en 2025, impulsada por la incipiente reactivación de la construcción y por las salvaguardias arancelarias; sin embargo, las ventas reales caen 12,8% y las exportaciones se contraen 50,9%, mientras las importaciones repuntan 14,0%. Esta divergencia revela una recuperación de oferta aún no validada por la demanda, en un mercado deficitario que importa entre 40,0% y 50,0% de su consumo y enfrenta la sobreoferta mundial de acero, superior a 700 millones de toneladas y liderada por China. El encarecimiento del gas natural, el alza del salario mínimo y los mayores fletes comprimen los márgenes. Para 2026 se proyecta un crecimiento moderado, de entre 2,0% y 3,0%, orientado al ajuste y la consolidación más que a la expansión.

El cáncer colorrectal se ha consolidado como una de las principales cargas oncológicas en Colombia y ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer más diagnosticados en el país, en un momento en que el sistema de salud enfrenta preguntas cada vez más frecuentes sobre cómo evaluar el valor clínico y el costo de las nuevas terapias oncológicas antes de incorporarlas a los esquemas de tratamiento. La discusión no es menor: a nivel mundial la enfermedad supera las 900.000 muertes anuales y se proyecta un incremento cercano al 60,0% en su incidencia hacia 2030, con uno de cada cinco casos diagnosticados en personas menores de 55 años. Ese comportamiento epidemiológico incide directamente en el pronóstico, en la complejidad del tratamiento requerido y, en consecuencia, en el gasto que debe asumir el sistema para atender la enfermedad en etapas más avanzadas. En Colombia, el envejecimiento poblacional y la ampliación progresiva de la cobertura en salud han contribuido a que este tipo de tumores gane peso relativo dentro de la carga oncológica total, un fenómeno que distintas entidades del sector vienen monitoreando de cerca.

El cáncer colorrectal se ubica como el segundo tipo de cáncer más costoso a nivel global, con una participación cercana al 11,0% del gasto oncológico total, un dato que explica por qué distintos actores del sector clínicos, aseguradores y la industria farmacéutica han intensificado los espacios de análisis sobre el impacto financiero de las nuevas alternativas terapéuticas disponibles para pacientes con enfermedad metastásica. En Colombia, de acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo, se identificaron 52.301 casos de cáncer colorrectal entre enero y diciembre de 2025, equivalentes al 12,5% de los 11 cánceres priorizados por el Ministerio de Salud, con Bogotá (22,8%), Antioquia (17,6%) y Valle del Cauca (13,5%) como los territorios con mayor número de casos reportados. La misma fuente señala que solo el 30,0% de los diagnósticos se realiza en etapas tempranas (I y II) y que el tiempo promedio para iniciar un tratamiento multidisciplinario supera los 55 días, una brecha que suele agravar el pronóstico y elevar los costos de atención.

A la par, de acuerdo con una entrevista de El Tiempo, Servier destina cerca del 20,0% de sus ingresos globales a investigación y desarrollo, de los cuales hasta un 70,0% se concentra en oncología, un giro reciente para un laboratorio que históricamente enfocó su portafolio en salud cardiovascular y metabólica. Dentro de ese giro, la compañía ha priorizado el desarrollo de terapias para cáncer colorrectal metastásico, uno de los subtipos con mayores necesidades médicas no resueltas, según explicó a ese diario. Este tipo de movimientos en la industria ha derivado en espacios de discusión técnica sobre la materia: uno de ellos es el próximo seminario “Nuevas opciones terapéuticas para el manejo de pacientes con cáncer colorrectal metastásico: análisis de valor clínico e impacto farmacoeconómico para el sistema de salud de Colombia”, que reunirá a especialistas en oncología clínica y en evaluación económica en salud para discutir la evidencia disponible y sus implicaciones para el sistema, con sesiones presenciales en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Quienes deseen profundizar en el análisis clínico y farmacoeconómico del tema pueden consultar la agenda e inscribirse en este enlace.

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La agroindustria de la caña en Colombia enfrentó en el primer semestre de 2026 una convergencia de presiones que pone a prueba la resiliencia del modelo sucroenergético. El Producto Interno Bruto (PIB) del subsector de elaboración de azúcar y panela cerró 2025 con una contracción del -0,8% y registró una caída del -0,2% interanual en el primer trimestre de 2026. En el frente comercial, las importaciones de azúcar repuntaron un 38,5% entre enero y abril de 2026, impulsadas por el ingreso masivo desde Bolivia que exacerbó la sobreoferta y presionó los márgenes de los ingenios. Este escenario conllevó al cierre definitivo del Ingenio María Luisa tras 96,0 años de operación y la liquidación judicial del Ingenio La Cabaña en junio de 2026, una crisis agudizada por un entorno externo adverso, donde los precios internacionales del azúcar crudo cayeron a $14,8 centavos de dólar por libra, lo que representa una reducción del -30,0% desde 2023.

De forma paralela, la caña de azúcar se posicionará como uno de los cultivos más afectados por el fenómeno de El Niño dentro del aparato agropecuario nacional debido a su elevado nivel de exposición climática. Esta amenaza compromete directamente al eslabón de caña para uso industrial, el cual registró al cierre de 2025 una producción sólida de 33,1 millones de toneladas, respaldada por un rendimiento promedio de 108,5 toneladas por hectárea y un área cosechada de 285.905,4 hectáreas, mientras que la producción de panela sumó 13,8 millones de toneladas. No obstante, el sector mantiene fortalezas estructurales para amortiguar el impacto, destacando que las exportaciones anuales crecieron un 4,3% hasta alcanzar los $435,2 millones de dólares y la innovación tecnológica continúa posicionando al país como referente mundial de productividad. Asimismo, la cogeneración de energía alcanzó los 1.928,0 gigavatios-hora (GWh) en 2025, consolidando una fuente alternativa indispensable para la estabilidad del negocio.

El calor extremo dejó de ser únicamente un problema climático o de salud pública. También se está convirtiendo en un factor económico capaz de mover inversiones, transformar industrias y crear nuevos negocios.

Mientras millones de trabajadores pierden productividad cuando las temperaturas aumentan, empresas de climatización, eléctricas, aseguradoras y desarrolladores de tecnología para gestionar riesgos climáticos encuentran nuevas oportunidades de crecimiento.

La dimensión del fenómeno es significativa. Bastan 30 días de calor extremo para incrementar en 30% la demanda eléctrica destinada a refrigeración en España, según un análisis de Goldman Sachs. El banco identificó además 42 empresas europeas y globales posicionadas para beneficiarse de esta creciente necesidad de refrigeración.

La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto cuesta el calor. Es quién está capturando el valor económico que genera la necesidad de adaptarse a él.

El costo que no aparece en las cotizaciones: la productividad

Un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial concluyó que la productividad laboral puede caer entre 2% y 3% por cada grado que la temperatura supera los 20 °C. El fenómeno afecta aproximadamente a 2.400 millones de trabajadores, cerca del 70% de la fuerza laboral mundial, especialmente en actividades al aire libre o sin climatización, como construcción, agricultura y logística.

El Banco Interamericano de Desarrollo añade otra presión: el estrés térmico podría reducir las horas de trabajo disponibles a nivel mundial en 2% para 2030.

Esto genera una paradoja. El mismo fenómeno que reduce la capacidad productiva de algunas actividades está aumentando la demanda de productos y servicios destinados a proteger a empresas y consumidores frente al calor.

La “destrucción creativa” del calor

El economista Joseph Schumpeter utilizó el concepto de destrucción creativa para explicar cómo los cambios económicos y tecnológicos pueden destruir estructuras existentes mientras crean nuevas oportunidades de negocio.

El calor extremo representa un ejemplo contemporáneo de este proceso. Mientras determinados sectores enfrentan menores niveles de productividad y algunos activos pierden valor por su exposición al riesgo climático, aparecen mercados asociados con la adaptación: sistemas de climatización, infraestructura eléctrica, energías renovables, modelos de riesgo climático y nuevos productos financieros y aseguradores.

El capital, en otras palabras, está reaccionando ante un cambio estructural en las condiciones de operación de la economía.

Aire acondicionado: el gran negocio detrás del calor

Uno de los principales beneficiarios de esta transformación es la industria de climatización. Según la Agencia Internacional de la Energía, el número de equipos de aire acondicionado instalados en edificios en todo el mundo podría pasar de 1.600 millones de unidades a 5.600 millones en 2050. Esto equivale a vender aproximadamente 10 nuevos equipos cada segundo durante las próximas tres décadas.

La magnitud del mercado es aún mayor si se considera que la refrigeración ya representa cerca de una quinta parte de la electricidad consumida en edificios a nivel mundial.

Fabricantes como Carrier, Daikin, Trane Technologies y Johnson Controls están posicionados para beneficiarse de una tendencia que no depende únicamente de episodios aislados de calor. La urbanización, el crecimiento de los ingresos en economías emergentes y la expansión de los centros de datos, que requieren refrigeración permanente, están aumentando estructuralmente la demanda.

Más calor también significa más demanda de electricidad

El aire acondicionado no funciona sin energía. Por eso, la segunda gran oportunidad está en la infraestructura eléctrica.

El análisis de Goldman Sachs sobre España encontró que 30 días de calor extremo pueden elevar 30% la demanda eléctrica destinada a refrigeración. El país tiene aproximadamente 15 equipos de aire acondicionado por cada 1.000 habitantes, frente a un promedio mundial de 14 y niveles considerablemente superiores en varios países asiáticos.

Entre las empresas identificadas por Goldman Sachs como beneficiarias de esta tendencia aparecen fabricantes de componentes eléctricos, empresas de generación renovable como Vestas y Ørsted y Siemens Energy, vinculada a infraestructura para redes eléctricas.

El fenómeno tiene alcance global. En 2024, más de 40 países que representan cerca del 70% de la demanda eléctrica mundial registraron récords de consumo máximo durante episodios de calor extremo, según la Agencia Internacional de la Energía.

El riesgo climático también se convirtió en negocio

Otro sector que está cambiando rápidamente es el asegurador. El aumento de incendios, huracanes y otros eventos extremos está llevando a algunas compañías a limitar su exposición. En California, por ejemplo, el Plan FAIR —aseguradora estatal de último recurso— pasó de aproximadamente 271.000 pólizas en 2022 a más de 684.000 en marzo de 2026, un incremento del 152%.

Pero el mismo problema está creando nuevos mercados financieros. Swiss Re calculó que 57% de las pérdidas económicas provocadas por catástrofes naturales en 2024 no estaban aseguradas. Ese vacío está impulsando el desarrollo de modelos de riesgo climático, bonos catástrofe y seguros paramétricos, productos que permiten transferir o cubrir riesgos asociados con variables específicas como velocidad del viento o magnitud de un evento.

Así, mientras algunas aseguradoras reducen su exposición, otros actores financieros encuentran oportunidades precisamente en la necesidad de medir y administrar el riesgo climático.

El gran problema: no todos pueden pagar la adaptación

El crecimiento de estos mercados plantea una pregunta económica fundamental: ¿quién puede permitirse adaptarse? Una gran compañía puede invertir en sistemas de refrigeración, automatización, rediseño de horarios o infraestructura para proteger a sus trabajadores y operaciones. Para un trabajador independiente o una pequeña empresa con márgenes reducidos, esas alternativas pueden ser mucho más difíciles de financiar.

El costo humano también es considerable. En América Latina y el Caribe, la mortalidad asociada al calor extremo aumentó 140% durante las últimas dos décadas, mientras que cerca de 48.000 adultos mayores murieron prematuramente por causas relacionadas con el calor en 2023, según las cifras citadas en el documento.

América Latina: un mercado que crece, pero captura poco valor

La región tampoco está fuera de esta transformación. La Organización Meteorológica Mundial señala que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados en América Latina y el Caribe. Durante ese período se registraron temperaturas extremas como los 52,7 °C en Mexicali, México, 44 °C en Río de Janeiro y 44,8 °C en Mariscal Estigarribia, Paraguay.

El mercado latinoamericano de climatización podría crecer alrededor de 5,5% anual, impulsado por la mayor necesidad de adaptación. Sin embargo, existe una limitación estructural: buena parte de la fabricación de equipos y del desarrollo de modelos de riesgo permanece concentrada en economías desarrolladas.

La región, por tanto, puede convertirse en un importante mercado de consumo sin necesariamente capturar una proporción equivalente del valor agregado.

¿Solución de mercado o parche temporal?

El calor extremo está modificando los incentivos económicos. Empresas de climatización venden más equipos, las eléctricas deben ampliar su capacidad, las renovables encuentran una demanda adicional y el sector financiero desarrolla nuevas herramientas para administrar el riesgo climático.

Pero que existan ganadores económicos no significa que la sociedad en su conjunto esté ganando.

La llamada destrucción creativa de Schumpeter no es buena ni mala por sí misma. Es un proceso mediante el cual el capital responde a un cambio. El desafío está en cómo se distribuyen los beneficios y quién asume los costos.

La economía del calor ya está aquí. Y la pregunta para empresas, gobiernos e inversionistas no será solamente cómo aprovechar este nuevo mercado, sino cómo evitar que la adaptación climática se convierta en un privilegio para quienes tienen mayor capacidad de pago.

Porque cuando sube el termómetro, también cambia el mapa del poder económico. ¿Estamos frente a una solución de mercado que terminará haciendo más accesible la adaptación al calor, o ante un sistema que simplemente trasladará sus costos hacia quienes menos recursos tienen para asumirlos?