El sector de infraestructura y obras civiles en Colombia experimentó una recuperación asimétrica durante los primeros nueve meses de 2025, registrando un crecimiento del 9,0 % en su índice de producción frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño positivo estuvo jalonado principalmente por el segmento de construcción de minas y plantas industriales, el cual tuvo una expansión anual del 36,4 %, aportando significativamente al resultado general. De igual manera, las obras viales contribuyeron con un alza del 6,2 %, mientras que los despachos de mezcla asfáltica acumularon 2,2 millones de metros cúbicos hasta octubre, lo que representa un incremento del 6,6 % impulsado por la malla vial urbana e interurbana.

Según el informe realizado por Sectorial, a pesar de las cifras de crecimiento, la actividad se ubica en una zona de precaución con 41,5 puntos sobre 100, debido a riesgos estructurales y financieros. El informe destaca avances como el 72,1 % de ejecución en la Primera Línea del Metro de Bogotá y la finalización del 100,0 % del Tramo 1 en el Túnel del Toyo. Sin embargo, persisten desafíos como la liquidación anticipada de concesiones 4G y la baja ejecución presupuestal del Invías, entidad que cerró la vigencia con 62 proyectos estratégicos, presentando avances mínimos, situación que compromete la conectividad regional en departamentos clave.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro registra un marcado aumento en términos de monto ($308 billones, un crecimiento del 35 % frente a 2022), proporcionalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos lidera el endeudamiento con una variación del 134% (pasó de $203 a $473 billones).

Mientras que la deuda de Duque se atribuye a la emergencia del COVID-19 (FOME) y la de Santos a la caída del petróleo (2014), la del gobierno Petro carece de una justificación de peso similar; si restas los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el excedente se ha desviado hacia gasto burocrático y fines probablemente electorales mediante subsidios.

Tenemos, por su parte, la advertencia de las calificadoras internacionales, que en 2021 nos quitaron el rating de grado de inversión, en 2024 nos pusieron en perspectiva negativa; es decir que ven una solvencia justa de la Nación para pagar su endeudamiento, debido al alto nivel de este y el mal manejo de las finanzas que ha hecho el gobierno.

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) fijó el precio promedio internacional del carbón de referencia en US$84,69 por tonelada para el año gravable 2025, cifra determinante para calcular el impuesto sobre la renta del sector extractivo. Al comparar este valor con los umbrales históricos, se evidencia que la cotización se mantuvo por debajo del percentil 65, establecido en US$104,94, lo que implica que las compañías mineras no deberán liquidar puntos adicionales en su tarifa tributaria. En consecuencia, la carga fiscal para estas empresas no sufrirá incrementos, dado que no se activaron los rangos de sobretasa del 5,0 % ni del 10,0 % previstos para escenarios de precios altos.

Según la Resolución 000049 de la UPME, el cálculo técnico tomó como base el indicador internacional API2, restando los fletes BCI7, valores que fueron deflactados con el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos para garantizar su comparabilidad real. El documento de soporte detalla que el mercado mostró una tendencia decreciente a lo largo del año, iniciando enero con un valor ajustado de US$99,22 y cerrando diciembre en US$76,52, comportamiento que consolidó un promedio anual inferior a los límites de bonanza definidos por la normativa tributaria.

El análisis de los últimos 120 meses permitió establecer que el percentil 75, umbral que marca el escenario de precios extraordinarios sujeto a la tarifa máxima con 10 puntos extra, se ubicó en US$110,51, un nivel distante de la realidad del mercado en 2025. Por consiguiente, el sector carbonífero operará bajo un esquema de tributación estándar sin la adición de puntos porcentuales al impuesto de renta, reflejando una normalización en las cotizaciones energéticas globales. De esta manera, la autoridad minera define con claridad las reglas de juego fiscal para la próxima declaración de renta de las compañías productoras de hulla y lignito.

Colombia y Chile han formalizado una cooperación estratégica mediante la firma de un Memorando de Entendimiento orientado a potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial y la supercomputación en Latinoamérica. El acuerdo tiene como objetivo principal alcanzar la soberanía tecnológica regional, promoviendo la creación de herramientas digitales propias que respondan a las realidades culturales y lingüísticas del continente. Entre las acciones centrales se destaca la implementación de una red conjunta de alto rendimiento computacional, diseñada para facilitar el intercambio de recursos, infraestructura y conocimientos en proyectos de gran complejidad técnica.

Según el Ministerio TIC, esta articulación se alinea con los objetivos de la Misión de Transformación Digital Colombia 2035, la cual concibe la tecnología como un motor para reducir desigualdades y aumentar la productividad. La alianza contempla el intercambio de investigadores y estudiantes, así como el desarrollo del “Latam GPT”, un gran modelo de lenguaje latinoamericano entrenado con datos locales. Dicha iniciativa busca mitigar la dependencia de algoritmos extranjeros, garantizando que la infraestructura digital pública sirva a intereses sociales, académicos y gubernamentales bajo principios éticos y responsables.

La estrategia también prevé la consolidación de Centros de Excelencia que aseguren la transparencia y equidad en el uso de estos sistemas por parte del Estado. Al integrar sus capacidades, ambas naciones pretenden diseñar y evaluar modelos propios que optimicen la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y automaticen procesos esenciales. De este modo, la región avanza hacia una autonomía digital que no solo fortalece la identidad local, sino que también ofrece soluciones estructurales a los retos económicos y sociales del corto y largo plazo.

El mercado de insumos agrícolas enfrenta un 2026 marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad en los costos energéticos, factores que ya impulsaron alzas internacionales entre el 18,0 % y el 25,0 % en referencias clave como la urea y el fosfato diamónico durante el 2025. A pesar de este panorama global restrictivo, Colombia logró amortiguar parcialmente el impacto gracias a la apreciación del peso y una planificación estratégica en las compras, registrando un ajuste interno de precios del 14,0 %, cifra inferior al promedio externo. En este contexto, China se consolidó como el proveedor estratégico indiscutible, aumentando sus envíos al país en un 20,0 % hasta alcanzar los 1,94 millones de toneladas a octubre de 2025.

Según Agro Negocios, un informe del Grupo Cibest advierte sobre desafíos mixtos en la balanza comercial regional. Por un lado, la transición política y económica en Venezuela abre una ventana de oportunidad para mejorar el suministro de gas natural necesario para la producción de nitrogenados; sin embargo, las exportaciones colombianas enfrentan un riesgo severo debido a la guerra arancelaria con Ecuador. Este vecino país, que absorbe el 20,0 % de las ventas externas nacionales (cerca de 160.000 toneladas), ha impuesto un arancel del 30,0 % que podría hacer inviable la operación comercial en dicho mercado.

Finalmente, las proyecciones climáticas jugarán un papel determinante en la dinámica de consumo de agroquímicos para el primer semestre de 2026. Se anticipa una fase neutra que incentivaría la inversión de los agricultores en preparación de suelos y control de plagas; no obstante, existe la probabilidad de un retorno del fenómeno de El Niño hacia el tercer trimestre. Tal escenario obligaría a racionalizar el uso de urea y priorizar la aplicación de fósforo y potasio, modificando los patrones de demanda en respuesta al estrés hídrico y las altas temperaturas.

La detención de Nicolás Maduro a comienzos de 2026 aceleró un efecto dominó en el Caribe: Cuba perdió su principal fuente de petróleo subsidiado y quedó expuesta a una restricción energética crítica. Con los envíos venezolanos prácticamente en cero, la isla pasó de recibir cerca de 37.000 barriles diarios en 2025 a volúmenes marginales provenientes de entregas aisladas. El resultado ya es visible en apagones prolongados, limitaciones al transporte, freno industrial y mayores presiones sobre una economía que carece de divisas suficientes para abastecerse en el mercado internacional.

La respuesta de Washington elevó aún más el riesgo. Una orden ejecutiva firmada por Donald Trump habilita sanciones y aranceles contra terceros países o empresas que suministren crudo a La Habana, convirtiendo la energía en el principal instrumento de presión geopolítica. Aunque la asfixia puede deteriorar las condiciones internas, la experiencia histórica muestra que el colapso político no es automático: Cuba ha resistido décadas de restricciones externas. El interrogante ahora no es solo cuánto petróleo queda, sino cuánto tiempo puede sostenerse la estabilidad económica bajo un choque prolongado de abastecimiento.

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas comenzó el año con una marcada tendencia alcista, registrando una variación mensual del 1, 6% durante enero de 2026, cifra que se ubicó por encima del promedio nacional del 1,2 %. Este comportamiento presionó significativamente el costo de vida de los hogares, siendo jalonado por productos agrícolas de alta volatilidad. Entre los incrementos más notables se encuentran el tomate, que presentó un repunte mensual del 19,6 %, y la papa, la cual subió un 10,4 %, afectando de manera directa el presupuesto familiar al inicio del calendario.

Según el Boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en términos anuales, la categoría acumuló un crecimiento del 5,1 % frente a enero de 2025. Dicho reporte destaca que, si bien hubo aumentos considerables en los últimos doce meses para rubros como el café y sus derivados con un 48,2 % y la carne de res con un 11,7 %, otros productos básicos mostraron correcciones a la baja en el largo plazo. En efecto, la papa y el tomate, a pesar de su encarecimiento reciente, registran caídas anuales del 14,8 % y 10,9 % respectivamente, mientras que el arroz descendió un 7,0 %, aliviando parcialmente la carga inflacionaria estructural.

El impacto de los costos en los insumos también se trasladó a las comidas fuera del hogar, reflejándose en la división de restaurantes y hoteles, la cual tuvo la mayor variación de todo el índice, tanto mensual, con un 2,9 %, como anual, alcanzando el 9,0 %. Dentro de este segmento, los servicios a la mesa y autoservicio aumentaron un 3,3 % solo en el primer mes del año. Tal dinámica evidencia cómo el precio de las materias primas continúa afectando toda la cadena de consumo, desde la plaza de mercado hasta la industria gastronómica.

El sector turístico finalizó el 2025 con un balance favorable, evidenciado por el desempeño comercial de las empresas intermediarias durante los últimos tres meses del calendario. La Encuesta Trimestral de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) revela que el 77,2 % de las compañías asociadas reportó un incremento en sus ventas cercano al 13,0 %, consolidando un promedio general de crecimiento del 12,9 % frente al mismo periodo de 2024. Dicho dinamismo fue impulsado notablemente por las Agencias Mayoristas, las cuales registraron un repunte superior al promedio, ubicándose en un 18,7 %, lo que señala una recuperación estructural y generalizada de la industria de viajes.

Según El Quindiano, la comercialización estuvo liderada por los paquetes turísticos internacionales, los cuales obtuvieron una participación del 28,4 % en el total de las transacciones, seguidos por los servicios individuales y los planes nacionales, ambos con una cuota del 24,1 %. Al desagregar las cifras, se observa que dentro de la oferta doméstica el alojamiento concentró el 55,3 % de los ingresos, mientras que en los servicios particulares, la venta de tiquetes aéreos mantuvo su hegemonía con el 42,9 %, ratificando el rol fundamental de la intermediación en la conectividad aérea de los viajeros.

Por segmentos de mercado, el vacacional se mantuvo como el principal motor del negocio al acaparar el 70,5 % de las operaciones, seguido por el corporativo con un 21,0 % y el turismo de reuniones (MICE) con un 8,5 %, cifra que muestra una leve mejoría frente al trimestre anterior. Las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia destinos tradicionales como Medellín, Cartagena, Santa Marta y San Andrés, priorizando productos enfocados en sol y playa, cultura, naturaleza y aventura. Lo anterior confirma una tendencia de reactivación que combina el ocio con la exploración de las riquezas locales.

El sector pecuario nacional enfrenta una coyuntura mixta caracterizada por una inflación del sector del 8,2 % anual, impulsada mayoritariamente por el precio del ganado bovino, que aportó 4,6 puntos porcentuales a dicha variación. Además, la industria láctea atraviesa un deterioro estructural profundo, dado que la participación de la leche extranjera en el acopio interno alcanzó un máximo histórico del 17,0 %, equivalente a 527 millones de litros importados. A este panorama se suma el inicio, en enero de 2026, de la libre importación de leche en polvo desde Estados Unidos sin aranceles ni límite de cupo, lo cual intensifica la competencia para los productores locales y amenaza la viabilidad financiera de miles de predios.

Según el reporte de Sectorial, el frente externo mostró un comportamiento resiliente, logrando que las ventas internacionales de la cadena ganadera alcanzaran los US$400,0 millones, con China consolidándose como el principal destino de la carne. En contraste con las dificultades de otros renglones, la avicultura reportó un crecimiento productivo del 9,1% en 2025, superando los 3,1 millones de toneladas de proteína. Dicho dinamismo elevó el consumo per cápita de huevo a 366 unidades anuales, una cifra histórica que responde a la estabilidad de precios y que posiciona a este alimento como un refugio ante el encarecimiento de otras proteínas animales.

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Durante décadas, la globalización tuvo una etiqueta clara: Made in China. El país se consolidó como la gran fábrica del mundo gracias a bajos costos laborales, ventajas fiscales agresivas y una apertura pragmática al capital extranjero desde finales de los años setenta. Sin embargo, ese modelo empezó a resquebrajarse con el aumento sostenido de los salarios, la eliminación de incentivos fiscales y, sobre todo, con el giro político bajo el liderazgo de Xi Jinping. A esto se sumaron las guerras comerciales con Estados Unidos, las restricciones tecnológicas, el deterioro del clima geopolítico y la percepción creciente de que depender de China implica un riesgo estratégico. El resultado ha sido una salida progresiva —pero constante— de empresas multinacionales que buscan diversificar sus cadenas de suministro y reducir su exposición al gigante asiático.

Contrario al consenso inicial, India no ha logrado absorber plenamente esta relocalización industrial debido a su complejidad regulatoria, deficiencias logísticas y barreras estructurales al capital extranjero. Los verdaderos ganadores están emergiendo en el sudeste asiático y economías estratégicas: Vietnam se posiciona como el principal receptor industrial por su cercanía a China, costos competitivos y acuerdos comerciales clave; Indonesia avanza con una política agresiva de industrialización basada en el control de materias primas críticas como el níquel; Malasia se consolida en semiconductores; y México capitaliza el nearshoring hacia Estados Unidos. No estamos ante una nueva China, sino ante una globalización fragmentada, donde la seguridad, la geopolítica y la cercanía pesan tanto como el costo. El monopolio industrial chino no ha desaparecido, pero sí ha terminado.