El Congreso es el “filtro” del país: El 8 de marzo elegimos a los Senadores y Representantes que tendrán la última palabra para aprobar o negar las reformas del próximo Gobierno durante los próximos 4 años.

La logística de ese día es que tendrás 2 tarjetones obligatorios (Senado y Cámara), pero el cambio de puesto de votación para esta fecha ya cerró. Consulta tu lugar en registraduria.gov.co para que no te tome por sorpresa la distancia.

El “Extra” que debes pedir: El tercer tarjetón de las Consultas Presidenciales (como la Gran Consulta por Colombia o el Frente por la Vida) No te lo entregan por defecto. Debes pedírselo explícitamente al jurado para elegir quién llegará a la primera vuelta.

El sector cauchero en Colombia alcanzó un hito de exportaciones al cierre de 2025, registrando un recaudo de $1.078,4 millones para el Fondo de Fomento Cauchero. Dicha cifra representa un cumplimiento del 119,3% frente a la meta anual inicial fijada en $904,0 millones. Este desempeño evidencia una sólida consolidación de la cadena productiva a nivel nacional, impulsada por la ampliación de la base de aportantes y la optimización de los mecanismos de fiscalización. En el ámbito territorial, el departamento del Meta se posicionó como el eje estructural del sistema, concentrando el 76,7% de las contribuciones totales y reafirmando el liderazgo productivo de la Orinoquía.

Según el diario Portafolio, la Confederación Cauchera Colombiana destacó que el crecimiento operativo se extendió estratégicamente hacia otras zonas del país. Departamentos como Caquetá reportaron un incremento sobresaliente del 128,2%, pasando de $7,4 millones a $17,0 millones, mientras que Cundinamarca, Antioquia y Santander registraron variaciones positivas del 47,6%, 29,5% y 6,9%, respectivamente. En el frente del comercio exterior, el balance resultó igualmente favorable, pues el valor de las exportaciones ascendió a US$11,18 millones, marcando un avance del 43,0% frente al periodo anterior. Semejante resultado comercial permitió capitalizar la recuperación de las tarifas internacionales durante el segundo semestre, mitigando los impactos negativos derivados de las fluctuaciones climáticas.

La dinámica alcista en las cotizaciones globales resultó determinante para el éxito del gremio, finalizando el año con valores que oscilaron entre US$1,72 y US$1,76 por kilogramo de caucho natural. Las proyecciones para el 2026 apuntan a una mejora continua, estimando precios superiores a los US$1,86 por kilogramo. Tal escenario optimista abre nuevas posibilidades para expandir los programas de inversión dirigidos a productores y transformadores locales. Adicionalmente, la implementación de rigurosas auditorías y la actualización del manual operativo garantizarán la transparencia administrativa, asegurando la sostenibilidad económica del fondo parafiscal para las próximas vigencias.

La formación bruta de capital fijo en Colombia experimentó un retroceso significativo al cierre de 2025, ubicándose en apenas el 16,0% del Producto Interno Bruto, el nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas. Dicho indicador refleja una fuerte desaceleración económica que impactó de manera directa al sector inmobiliario, donde el renglón de vivienda sufrió una contracción del 8,5% en la inversión durante el último trimestre. La disminución sostenida del apetito inversionista evidencia un deterioro en la capacidad productiva del país, alejándose drásticamente del pico del 24,1% alcanzado hace casi veinte años.

Según La República, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó preocupación ante las cifras entregadas por la autoridad estadística, dado que la actividad edificadora cerró el año con una variación negativa del 2,8%. El gremio subrayó que recuperar la dinámica inmobiliaria constituye una decisión estratégica nacional, ya que la actividad constructora encadena a 34 subsectores que dependen enteramente del flujo de capitales. Frente a dicho panorama, los líderes sectoriales insisten en la urgencia de encender nuevamente el motor de la inversión privada mediante la implementación de reglas claras.

El desplome de los recursos destinados a nuevas infraestructuras ha desatado un debate sobre sus causas fundamentales. Por un lado, el Gobierno Nacional argumenta que el estancamiento en la edificación de soluciones habitacionales obedece a las altas tasas de interés fijadas por el banco central, las cuales pasaron del 9,25% al 10,25% a principios de 2026. Por otro lado, representantes comerciales sostienen que la incertidumbre regulatoria aleja la llegada de capitales nacionales y extranjeros. Los analistas concluyen que, si no se logra elevar la tasa general de inversión por encima del 20,0%, el país permanecerá atrapado en un crecimiento económico inferior al 3,0% anual.

El gobierno colombiano actualizó los requisitos sanitarios para la fabricación, procesamiento, almacenamiento y comercialización de agua potable tratada envasada y hielo destinado al consumo humano. Mediante la expedición de la Resolución 000276 de 2026, las autoridades establecieron lineamientos rigurosos orientados a garantizar la inocuidad del producto y proteger la salud pública en todo el territorio nacional. El reglamento determina que los procesos de potabilización, tales como la cloración, ozonización o radiación ultravioleta, deben ejecutarse bajo condiciones estrictamente controladas para eliminar agentes patógenos sin generar residuos químicos perjudiciales.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, las empresas del sector deberán cumplir con parámetros fisicoquímicos precisos, manteniendo el cloro residual libre en un rango de 0,2 mg/l a 1,0 mg/l y asegurando que los sólidos totales disueltos no superen los 300 mg/l. Dicha directriz también exige modificaciones en el rotulado, obligando a que las presentaciones superiores a 10 litros incluyan una advertencia gráfica para consumir el líquido en un tiempo máximo de 15 días tras su apertura. Adicionalmente, las plantas procesadoras tendrán que realizar una caracterización anual de sus fuentes de abastecimiento hídrico para certificar la idoneidad del recurso empleado.

Para facilitar la adaptación de la industria frente a los recientes cambios, la entidad rectora otorgó un periodo transitorio de 18 meses contados a partir de la publicación oficial del documento. Una vez culminado dicho lapso, las antiguas disposiciones normativas vigentes desde el año 1991 quedarán derogadas definitivamente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las secretarías de salud locales serán las instituciones encargadas de ejercer la vigilancia respectiva, teniendo la potestad legal de aplicar medidas de seguridad y sanciones severas a los establecimientos que incumplan los protocolos de calidad exigidos.

La geopolítica dejó de ser un tema exclusivo de cancillerías y titulares internacionales. Hoy moldea decisiones empresariales, altera expectativas y redefine flujos de capital. Sanciones energéticas, rivalidad tecnológica entre potencias, fragmentación comercial o cambios abruptos de gobierno no solo impactan relaciones diplomáticas: modifican la percepción de riesgo. Y en una economía moderna, las expectativas son determinantes. La inversión no depende únicamente de la demanda actual, sino de la confianza en la estabilidad futura. Cuando aumenta la incertidumbre política, se deteriora la previsibilidad regulatoria o se debilita la institucionalidad, el capital se vuelve más cauteloso. Suben las primas de riesgo, se encarece el financiamiento y aparece lo que puede denominarse un “paro empresarial silencioso”: decisiones estratégicas que se postergan a la espera de mayor claridad. En ese entorno, ignorar el contexto global ya no es una omisión menor; es una falla estructural en la planeación.

A este panorama se suman transformaciones simultáneas: transición energética, competencia tecnológica, cambios demográficos, digitalización acelerada y nuevos patrones de consumo. El entorno dejó de cambiar por ciclos y pasó a transformarse de manera permanente. Por eso la estrategia empresarial no puede basarse en estabilidad prolongada, sino en escenarios múltiples y gestión activa del riesgo. Medir la confianza, diversificar exposiciones, invertir en talento, fortalecer cultura de innovación y optimizar recursos se convierte en una necesidad, no en una ventaja opcional. La pregunta ya no es si habrá nuevas tensiones internacionales, sino si las organizaciones están estructurando una hoja de ruta que incorpore esa realidad. En un mundo más exigente y volátil, la solidez no es rigidez: es preparación estratégica.

El mercado ilegal de cigarrillos en Colombia alcanzó un máximo al abarcar el 38,0 % del consumo nacional durante el 2025. Dicha cifra representa un incremento frente al 22,0 % registrado en 2019, consolidando una problemática estructural que trasciende la marginalidad comercial. Como consecuencia de esta dinámica ilícita, los departamentos dejaron de percibir cerca de $1,18 billones por concepto del impuesto al consumo. Tales recursos, originalmente destinados a financiar sectores esenciales como la salud, el deporte y la recreación, generan un déficit en las finanzas territoriales y limitan la capacidad de inversión de las administraciones locales.

Según el informe de la Federación Nacional de Departamentos divulgado por Portafolio, la región Caribe concentra la mayor incidencia del mercado negro, liderada por La Guajira con un 94,0%, seguida de Cesar y Magdalena con el 79,0 % y 76,0 %, respectivamente. El desplazamiento de la demanda hacia redes informales obedece principalmente a la amplia brecha tarifaria, dado que una cajetilla legal superó en promedio los $12.000 en 2025, valor que equivale al precio de 2,5 unidades de contrabando. En contraste, los mayores volúmenes netos de recaudo perdido se ubican en zonas densamente pobladas como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca.

La comercialización de las mercancías ilegales, provenientes de orígenes diversos como Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y China, se realiza predominantemente a través del ecosistema minorista cotidiano. Más del 70,0 % de las ventas ilícitas ocurren en tiendas de barrio y minimercados, factor que dificulta el control institucional y debilita la efectividad de las políticas preventivas de salud pública. Frente a tal escenario, las autoridades advierten que el flagelo financia economías criminales asociadas al lavado de activos, haciendo imperativo revisar la política tributaria para evitar que los altos gravámenes continúen incentivando la expansión del comercio ilícito.

La demanda mundial de electricidad experimentará una aceleración hacia el final de la década, proyectándose un crecimiento 2,5 veces más rápido en comparación con el requerimiento energético general. Dicha tendencia estará fundamentada en la expansión del uso industrial, la adopción masiva de vehículos eléctricos y la mayor utilización de sistemas de aire acondicionado. Adicionalmente, la rápida proliferación de centros de datos, impulsada por el auge de la inteligencia artificial, jugará un papel determinante en el incremento sostenido del consumo a nivel global.

Según La República, el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) advierte que será indispensable elevar la inversión anual en el sector en aproximadamente un 50,0% para satisfacer las futuras necesidades, considerando que actualmente se destinan US$400.000,0 millones a las redes eléctricas. Las economías emergentes son el motor principal de este dinamismo, representando cerca del 80,0 % del consumo previsto hasta 2030, con China consolidándose como el mayor contribuyente. Por su parte, las naciones avanzadas aportaron un 20,0 % del crecimiento global durante 2025.

En lo referente a la matriz de generación, las estimaciones señalan que la mitad del suministro eléctrico para el cierre de esta década provendrá de fuentes renovables y energía nuclear, alcanzando niveles proporcionales a la producción basada en carbón. Se calcula que la capacidad renovable registrará un aumento cercano a los 1.000 TWh anuales. Paralelamente, la alternativa nuclear mantendrá un ascenso constante, respaldada por la reactivación de reactores en Japón y una mayor capacidad instalada en países estratégicos como Francia, China e India.

La industria colombiana de hidrocarburos y minería completó su segundo año consecutivo de contracción al cierre de 2025, perfilándose como el renglón de peor desempeño nacional. Las proyecciones estiman una caída anual del PIB para el sector de minas y canteras que oscila entre el 6,6 % y el 7,2 % para 2025. Dicha tendencia se sustenta en una severa disminución del 18,0 % en la producción de gas comercializado, obligando a incrementar las importaciones para abastecer la demanda interna. Paralelamente, la extracción petrolera descendió un 3,5% debido al declive natural de los pozos operativos.

Según Valora Analitik, la Asociación Colombiana de Minería y múltiples analistas advierten que el retroceso se agrava por la fuerte incertidumbre normativa. Subdividiendo el mercado, el carbón y los minerales metalíferos reportarían caídas cercanas al 10,0%, afectados por dificultades logísticas, menores exportaciones y el avance de la extracción ilícita. Las decisiones de política pública han limitado la confianza inversionista, impidiendo que los precios históricamente altos de materias primas como el oro y la plata logren compensar el balance negativo de la actividad extractiva formal.

A pesar de la crisis en el tejido minero-energético, las expectativas para el agregado de la economía colombiana apuntan a un crecimiento del 2,9 % para el consolidado del 2025, impulsado por una expansión estimada entre el 3,0 % y el 3,1 % durante el cuarto trimestre. Semejantes métricas rozan el límite del crecimiento potencial del país, evidenciando la necesidad de reactivar motores productivos tradicionales. Fomentar una inversión con reglas claras resultará imperativo para recuperar el empleo regional y asegurar la competitividad a mediano plazo.

El subsector de obras de ingeniería civil en Colombia presentó una recuperación asimétrica en 2025, logrando un crecimiento acumulado del 9,0 % al cierre del tercer trimestre. El dinamismo, impulsado por una aceleración histórica en el segmento de minas y plantas industriales, coexiste con un entorno de costos al alza con una variación anual del 4,3 % a diciembre. A pesar de la maduración del programa 4G, con un avance promedio superior al 87,0 %, el sector enfrenta una rigidez fiscal extrema para 2026, con el 91,0 % del presupuesto nacional comprometido. La sostenibilidad operativa dependerá de la ejecución de megaproyectos urbanos como el Metro de Bogotá, que ya alcanza el 72,1 % de avance, y la transición efectiva hacia fuentes de financiación multimodal e internacional que permitan mitigar la incertidumbre sobre la reprogramación de vigencias futuras.

Durante el 2025, la economía nacional mantuvo una trayectoria positiva al registrar un crecimiento del 2,6 % en su Producto Interno Bruto frente a la vigencia anterior. Al revisar específicamente el cuarto trimestre, la dinámica productiva evidenció una expansión del 2,3 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Desde la perspectiva del gasto, el consumo final se consolidó como un pilar fundamental al avanzar un 4,2 %, mientras que la formación bruta de capital y las exportaciones experimentaron aumentos más moderados del 2,1 % y 1,8 %, respectivamente. En contraste, las importaciones presentaron un salto significativo del 8,4 % a lo largo del año.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), desde el punto de vista de la producción, estuvo jalonado principalmente por las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, las cuales despuntaron con un notable 9,9 % de crecimiento anual. Asimismo, el renglón del comercio al por mayor y al por menor, sumado al transporte y los servicios de alojamiento, aportó de manera relevante al reportar una variación del 4,6 %. En paralelo, la administración pública, la educación y la atención de la salud humana complementaron dicha tendencia expansiva al registrar un alza conjunta del 4,5 %, demostrando la resiliencia del sector servicios frente al panorama macroeconómico.

Por otro lado, algunas industrias extractivas y de infraestructura enfrentaron un escenario complejo. La explotación de minas y canteras sufrió la mayor contracción del periodo al caer un 6,2 %, afectada por la reducción en la extracción de carbón de piedra y minerales metalíferos. Por su parte, la construcción culminó el ejercicio con un retroceso del 2,8 %, producto de la disminución del 7,5 % en el desarrollo de edificaciones residenciales y no residenciales.