El sector de entretenimiento proyecta un incremento del 7,5 % en sus costos totales para el año 2026 debido al aumento del 23,0 % en el salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales a partir de junio. Dicha coyuntura normativa amenaza con disminuir la productividad por empleado en un 4,5 %. Esto resulta crítico para una industria donde el 60,5 % de los ocupados percibe ingresos cercanos o inferiores al salario mínimo. Adicionalmente, el gremio enfrenta un estancamiento en la generación de empleo. Lo anterior ocurre tras haber registrado una contracción operativa en el periodo anterior y mantener una alta sensibilidad a la inflación, que cerró 2025 en el 5,1 %.

Según un análisis de la firma SIA, las ineficiencias en el control del tiempo laboral, como las tardanzas y los almuerzos extendidos, generan pérdidas de entre 25 y 30 minutos diarios por empleado. Lo anterior se traduce en un costo oculto millonario para las empresas. El reporte destaca que, bajo la nueva estructura salarial de 2026, una compañía con 500 empleados podría perder más de $1.058 millones anuales pagando tiempos no trabajados. Esta fuga de capital afecta directamente la competitividad de las organizaciones culturales y recreativas. De hecho, estas organizaciones suelen operar con márgenes ajustados y turnos rotativos difíciles de supervisar manualmente.

Para mitigar este impacto financiero, la implementación de sistemas de marcación biométrica y facial permite recuperar entre 15 y 25 minutos productivos por día y empleado. Igualmente, estas herramientas tecnológicas eliminan la estimación subjetiva y garantizan el pago exacto de las horas laboradas. Así se evitan sobrecostos por recargos no validados. De esta manera, las empresas del sector pueden transformar la gestión del tiempo en un activo controlado. Logran así proteger su sostenibilidad económica sin necesidad de recortar personal en un entorno de alta presión inflacionaria.

El incremento del salario mínimo decretado para 2026, que fijó la remuneración básica en $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095, ha generado una presión financiera inmediata sobre la cadena de valor en Colombia. La Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) advirtió que el 90,0 % de la fuerza laboral en esta industria percibe ingresos cercanos al mínimo legal, lo que se traduce en un encarecimiento directo para los operadores de carga. Dicha situación agrava el panorama de competitividad, considerando que los costos logísticos ya representaban el 15,6 % de las ventas totales de las empresas en 2024, superando al del IPC y la productividad nacional.

Según Bloomberg Línea, ante un ajuste salarial del 23,0 %, la digitalización emerge como la herramienta estratégica para amortiguar el golpe en la rentabilidad. Datos de la Encuesta Nacional de Logística revelan que el 44,9 % de las compañías ya emplea servicios en la nube y un 25,1 % ha incorporado inteligencia artificial, logrando mejorar su eficacia operativa hasta un 10,2 %. Expertos de la firma Drivin señalan que la inversión tecnológica permite a las organizaciones anticiparse a escenarios complejos, optimizando recursos frente a las limitaciones de talento humano y las exigencias del mercado.

El impacto de esta política laboral se extiende a otros renglones de la economía con alta dependencia de mano de obra formal de bajos ingresos. Análisis de Corficolombiana clasifican a las actividades inmobiliarias, la industria, la salud y la gestión de desechos como sectores de alta vulnerabilidad. Asimismo, el agro y el servicio doméstico enfrentan riesgos medio-altos, pues concentran cerca del 80,0 % de sus trabajadores formales en el rango del salario mínimo. Lo anterior plantea un desafío crítico para las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 92,0 % del tejido empresarial y poseen menor margen de maniobra financiera.

El sector de hidrocarburos atraviesa una coyuntura de desaceleración estructural, evidenciada por una contracción del 16,5 % en el valor de sus ventas externas entre enero y noviembre de 2025, periodo en el cual se facturaron US$11.515,0 millones. Dicho retroceso financiero corre paralelo a una disminución operativa significativa, pues la producción promedio se situó en 803.600 barriles diarios, cifra que representa una caída del 16,7 % frente al año anterior. Tal comportamiento implica que la industria nacional dejó de extraer cerca de 160.700 barriles cada día en comparación con 2024, reduciendo sustancialmente la oferta disponible tanto para refinación interna como para exportación.

Según La República, el informe de la cámara petrolera Campetrol detalla que la tendencia negativa en los despachos internacionales se consolidó desde inicios de 2023, profundizándose con caídas mensuales que llegaron a superar el 30,0 %. Para el mes específico de noviembre de 2025, las exportaciones de crudo se ubicaron en 423.000 barriles por día, volumen que denota un descenso anual del 7,8 % y que correspondió al 57,0 % de la producción fiscalizada del país, confirmando una menor asignación de barriles hacia los mercados foráneos.

En cuanto a los destinos comerciales, Panamá y Estados Unidos se mantienen como los principales compradores, concentrando, junto a India y otros mercados como Costa de Marfil y Jamaica el 84,8 % de la demanda total. Sin embargo, la dinámica bilateral ha sufrido cambios drásticos; mientras las ventas hacia territorio estadounidense se desplomaron un 64,4 % y los envíos a Países Bajos cayeron un 100,0 %, las exportaciones hacia Panamá repuntaron un 69,2 %, sumando US$124,0 millones adicionales. Lo anterior sugiere una reconfiguración logística en la distribución del energético nacional ante la volatilidad de la demanda global.

En 2026, el comercio internacional atraviesa una de sus transformaciones más profundas desde el final de la Guerra Fría. El ideal del libre comercio, que durante décadas fue guía de la integración económica global, ha sido desplazado gradualmente por un enfoque donde la seguridad nacional, la soberanía industrial y la resiliencia de las cadenas de suministro ocupan un lugar central. Además, el giro hacia el proteccionismo no es coyuntural. Se ha consolidado como una característica estructural del nuevo orden económico mundial.

Lo que inicialmente surgió como una respuesta de emergencia a la pandemia, a la escasez de insumos críticos y a las tensiones geopolíticas, hoy define la política comercial de las principales potencias. Ahora, los aranceles, subsidios industriales, controles a la exportación y regulaciones ambientales se han convertido en instrumentos habituales de política económica.

A pesar del endurecimiento de las barreras comerciales, el comercio mundial alcanzó en 2025 un récord histórico de 35,0 billones de dólares, según la UNCTAD. Esto representa un crecimiento del 7,0% y una inyección de 2,2 billones de dólares a la economía global.

Este crecimiento no fue impulsado por los corredores tradicionales. Por el contrario, fue impulsado por las potencias medias del Sur Global y por la rápida integración de la inteligencia artificial en los procesos comerciales. El comercio de bienes vinculados a la IA creció más de un 20,0 % interanual. Además, aportó casi la mitad del crecimiento total, a pesar de representar una fracción del comercio global.

El sector salud enfrenta un panorama financiero complejo para el año 2026, proyectándose como el rubro con el mayor incremento en sus costos operativos, los cuales subirían un 12,0 %. Dicha presión inflacionaria obedece principalmente al aumento del 23,0 % en el salario mínimo y a la entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales en junio de 2025, medida que reducirá la productividad por empleado en un 4,5 %. La situación es crítica dado que esta industria es intensiva en mano de obra y el 43,8 % de sus ocupados percibe ingresos cercanos o inferiores al salario mínimo, lo que deja poco margen de maniobra frente a una inflación que cerró el periodo anterior en el 5,1 %.

Según un análisis de la firma SIA, la falta de control estricto sobre los tiempos laborales representa una fuga de capital que se agravará con el nuevo esquema salarial. El reporte indica que las ineficiencias operativas, como tardanzas y pausas no reguladas, acumulan entre 25 y 30 minutos diarios perdidos por colaborador, lo que genera costos ocultos millonarios. Para una institución de 500 empleados, estas “horas no trabajadas pagadas” podrían superar los $1.058 millones anuales en 2026, recursos que el sistema sanitario no puede darse el lujo de desperdiciar en un contexto de alta demanda y presupuestos ajustados.

Para contrarrestar dicho impacto, la implementación de tecnologías de control biométrico y gestión de nómina se perfila como una estrategia indispensable, permitiendo recuperar entre 15 y 25 minutos productivos por día. Estas herramientas no solo aseguran el pago exacto de la jornada laboral eliminando errores manuales, sino que también protegen la sostenibilidad financiera de las clínicas y hospitales al transformar el tiempo gestionado en un activo medible. De esta manera, las entidades pueden mitigar el encarecimiento de la nómina sin comprometer la calidad del servicio asistencial ni la estabilidad del empleo formal.

Millicom International Cellular ha logrado la adjudicación total de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) poseía en UNE EPM Telecomunicaciones, consolidando su dominio absoluto sobre el operador Tigo Colombia. La transacción se concretó mediante una oferta ganadora de US$571,0 millones, cifra equivalente a cerca de $2,1 billones de pesos colombianos, movimiento financiero que eleva la participación del grupo inversor a casi el 100% del capital social. Con dicha operación, se disuelve la estructura de propiedad compartida donde ambos grupos empresariales detentaban el control del conglomerado en partes iguales, marcando la salida definitiva de la entidad estatal del negocio.

Según Infobae, la propuesta económica aceptada estableció un valor de $418.741,0 por acción bajo los lineamientos de la Ley 226, previéndose el cierre formal de la negociación para el 29 de enero de 2026. Esta maniobra es solo un componente de una estrategia más agresiva, pues el conglomerado también presentó simultáneamente una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para obtener el control mayoritario de Movistar Colombia, buscando adquirir entre el 54,68% y el 68,35% de sus títulos ordinarios para fortalecer su posición frente a los desafíos de cobertura y tecnología.

La expansión regional de la multinacional, que a septiembre de 2025 ya reportaba 46 millones de usuarios y una red de fibra con alcance a 14 millones de hogares, se refuerza con recientes adquisiciones en otros mercados sudamericanos. El holding completó la compra de las operaciones de Telefónica en Ecuador por US$380,0 millones y en Uruguay por US$440,0 millones, apostando por la generación de sinergias operativas y flujos de caja positivos en economías con fundamentos macroeconómicos sólidos y calificación de grado de inversión.

El sector porcícola colombiano consolidó su expansión productiva al cierre de 2025, alcanzando un volumen total de 663.875 toneladas de carne, cifra que representa un crecimiento del 9,1 % frente al año inmediatamente anterior. Dicha dinámica positiva va de la mano con una transformación estructural en los hábitos alimenticios de los hogares, evidenciada en que el consumo per cápita se triplicó en los últimos 15 años, pasando de 4,8 kilogramos en 2010 a un récord de 15,8 kilogramos por persona. Tal comportamiento ratifica a esta actividad como un componente esencial en la canasta de proteínas y un motor clave para la economía rural.

Según Portafolio, la oferta nacional presenta una marcada concentración geográfica, donde los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta y Risaralda agrupan el 90,0% de la producción total del país. Esta focalización regional ha permitido articular la inversión en infraestructura y capacidad instalada para responder a la creciente demanda interna, operando actualmente con 69 plantas de beneficio y 5.181 granjas que sostienen el abastecimiento continuo del mercado. La evolución del gremio lo posiciona como un indicador fundamental para medir el desempeño del agro y su relación con el consumo masivo.

La dimensión económica de la industria se refleja en un robusto inventario animal que cuenta con 379.947 hembras de cría y más de 9,5 millones de cerdos de levante y ceba, garantizando una alta capacidad operativa y una generación relevante de empleo en el campo. Jeffrey Fajardo, presidente de PorkColombia, destaca que estos resultados confirman que la porcicultura no es solo una actividad coyuntural, sino un eje estructural del sistema alimentario nacional, dejando una base sólida para las proyecciones de 2026 en términos de crecimiento productivo y abastecimiento de proteína animal.

Entre 2024 y 2025, el porcentaje de trabajadores que ganaban un valor igual o menor de un salario mínimo subió del 44% al 49%, con un ajuste salarial del 9,5%. ¿Qué va a pasar con un ajuste del 23 %?.

Los ajustes del salario mínimo conllevarán a aumentos de costos entre el 6 % y 19 % dependiendo del tipo de empresa y el sector donde participan.

Estos mayores costos se mitigarán con aumentos de precios (inflación), despidos (desempleo) y contratación informal.

Durante 2025, el sector de calzado y marroquinería atravesó un proceso de ajuste estructural caracterizado por una divergencia entre los niveles de producción y el dinamismo comercial. Mientras la fabricación local de calzado enfrentó contracciones debido a la presión de los precios internacionales y el auge de las importaciones asiáticas, las ventas mostraron una recuperación gradual, impulsada por un gasto de los hogares que superó los $3,0 billones de pesos en el acumulado a octubre.

Por su parte, la marroquinería consolidó su perfil exportador mediante el diseño de alto valor agregado, especialmente hacia el mercado estadounidense. Para 2026, la industria proyecta un crecimiento del 5,0 %, apalancada en la eliminación de aranceles a insumos clave y dinámica de consumo, aunque deberá mitigar riesgos logísticos y cumplir con estrictas reglas de origen para mantener su competitividad externa.

El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, ha calificado el primer semestre de 2026 como un periodo crítico para el gremio, consecuencia directa de una sobreoferta mundial liderada por países como la India que ha deprimido los precios internacionales. Ante dicho panorama, el dirigente solicitó al Gobierno Nacional que el arancel del 30,0 % impuesto al arroz proveniente de Ecuador se convierta en una medida permanente, exigiendo además que cualquier importación del cereal desde el vecino país se realice exclusivamente por vía marítima para frenar el contrabando y proteger el mercado interno.

Según Caracol Radio, el líder gremial argumenta que la eliminación del incentivo al almacenamiento ha sido el detonante principal de la caída en las cotizaciones locales, por lo que urgió su reactivación inmediata para estabilizar el sector. Simultáneamente, Hernández instó a los productores a adoptar el programa de transferencia tecnológica AMTEC como herramienta indispensable para reducir los costos de operación y competir eficientemente contra el grano estadounidense, en un contexto donde la normalización de precios dependerá del agotamiento de los inventarios globales excedentarios.

Durante el encuentro con agricultores del Tolima y Huila, se reiteró la necesidad de reducir la Tasa por Uso de Agua (TUA) como mecanismo de alivio financiero para los cultivadores. El gerente de la federación lamentó que el sector agropecuario continúe siendo tratado como “la cenicienta del paseo” por las administraciones de turno, subrayando que, sin apoyos efectivos en la comercialización y un control fronterizo riguroso, la rentabilidad del arroz nacional seguirá comprometida frente a la competencia externa y los factores macroeconómicos adversos.