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Durante más de cuatro décadas, el crecimiento económico de China estuvo profundamente ligado a Estados Unidos. Las fábricas chinas producían bienes para el consumidor estadounidense, mientras que Pekín acumulaba enormes reservas en dólares gracias a sus exportaciones. Sin embargo, esa relación comenzó a cambiar con la guerra comercial iniciada en 2018 y se aceleró con las restricciones tecnológicas, los nuevos aranceles y el aumento de las tensiones geopolíticas.

Hoy China ya no da por sentado que Estados Unidos seguirá siendo su principal cliente ni el centro del sistema económico internacional. Por eso ha comenzado a desarrollar un auténtico Plan B: una estrategia para depender menos de Washington y construir nuevas fuentes de crecimiento.

La guerra comercial cambió las reglas

Durante décadas, ambos países construyeron una relación de enorme interdependencia. Estados Unidos obtenía productos baratos y ayudaba a contener la inflación, mientras China conseguía acceso al mercado de consumo más grande del planeta.

Pero esa dinámica empezó a romperse cuando Washington impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, alegando prácticas comerciales desleales y problemas relacionados con la propiedad intelectual.

A partir de ese momento, Pekín entendió que depender excesivamente de un solo mercado representaba un riesgo estratégico.

La estrategia de la doble circulación

La principal respuesta china fue la denominada estrategia de doble circulación.

Este modelo busca que el crecimiento dependa cada vez más del mercado interno, sin abandonar las exportaciones.

En otras palabras, China pretende que sus más de 1.400 millones de habitantes consuman una mayor proporción de los bienes y servicios que produce su propia economía.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad frente a posibles sanciones comerciales o nuevas restricciones estadounidenses.

Para lograrlo, el gobierno impulsa el aumento del consumo doméstico, fortalece sectores tecnológicos propios y fomenta la innovación nacional.

Menos dependencia del dólar

Otro de los pilares del Plan B consiste en reducir gradualmente el uso del dólar.

Aunque la moneda estadounidense continúa siendo la principal divisa del comercio mundial, China promueve acuerdos comerciales utilizando yuanes con varios de sus socios.

Además, el país ha incrementado su participación en iniciativas impulsadas por los BRICS, donde se discuten mecanismos alternativos de pago y una mayor cooperación financiera entre economías emergentes.

En este contexto también cobra importancia el creciente debate sobre la desdolarización del comercio internacional.

Los BRICS y las nuevas alianzas

China también busca ampliar su red de socios comerciales.

Mientras las relaciones con Estados Unidos atraviesan momentos de tensión, Pekín fortalece vínculos con Asia, África, América Latina y Oriente Medio.

La expansión de los BRICS refleja precisamente esa estrategia.

El bloque representa una parte creciente del PIB mundial y concentra una enorme proporción de la población global.

Aunque todavía existen importantes diferencias entre sus miembros, el grupo ofrece a China una plataforma para diversificar mercados y reducir la dependencia económica de Occidente.

La batalla tecnológica

Uno de los frentes más importantes de esta competencia es la tecnología.

Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y equipos necesarios para fabricar chips de última generación.

La intención es limitar el desarrollo tecnológico chino en sectores considerados estratégicos.

Como respuesta, Pekín ha destinado enormes recursos públicos para desarrollar una industria nacional de semiconductores, inteligencia artificial, robótica y computación avanzada.

El objetivo consiste en reducir la dependencia de proveedores extranjeros y asegurar el acceso a tecnologías críticas para las próximas décadas.

Las materias primas también forman parte del plan

China no solo piensa en tecnología.

También ha invertido durante años en asegurar el suministro de minerales estratégicos como litio, cobalto, cobre y tierras raras.

Estos recursos son esenciales para fabricar vehículos eléctricos, baterías, turbinas eólicas, paneles solares y equipos electrónicos.

Al controlar buena parte de las cadenas globales de suministro, China fortalece su posición dentro de la economía internacional.

Esta estrategia complementa su apuesta por convertirse en líder mundial de las industrias del futuro.

¿Puede China reemplazar a Estados Unidos?

La respuesta corta es que todavía no.

Estados Unidos continúa siendo la economía más grande del mundo en términos nominales, mantiene el dólar como principal moneda de reserva internacional y posee uno de los sistemas financieros más profundos del planeta.

Sin embargo, China ya no busca necesariamente reemplazar a Estados Unidos de forma inmediata.

Su objetivo parece ser diferente: construir un sistema donde una eventual ruptura con Washington no paralice su economía.

En otras palabras, Pekín intenta reducir riesgos, diversificar socios y fortalecer sus capacidades internas.

Un nuevo orden económico

El Plan B chino refleja un cambio profundo en la economía internacional.

Durante décadas, la globalización estuvo dominada por un sistema donde Estados Unidos ocupaba una posición central.

Hoy aparecen nuevas alianzas, nuevas rutas comerciales y nuevas estrategias nacionales que buscan reducir la dependencia de un único actor.

Eso no significa que el liderazgo estadounidense vaya a desaparecer pronto.

Pero sí indica que la economía mundial podría avanzar hacia un escenario más multipolar, donde varias potencias compartan influencia económica, tecnológica y financiera.

En ese contexto, las decisiones que tomen China y Estados Unidos no solo afectarán a sus propios ciudadanos, sino también al resto del planeta.

Comprender esa transformación resulta fundamental para anticipar cómo cambiarán el comercio internacional, las inversiones, las cadenas de suministro y el equilibrio geopolítico durante las próximas décadas.

El futuro de la cotización por horas a la seguridad social volvió a tomar protagonismo en el debate laboral colombiano, justo cuando el país se prepara para el relevo de gobierno. La Ley 2466 de 2025, sancionada el 25 de junio de ese año por el presidente Gustavo Petro, incorporó en su artículo 34 un mecanismo de cotización parcial dirigido a microempresas, hogares y trabajadores independientes, que permite realizar aportes a salud, pensión y riesgos laborales de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado, computados en semanas al finalizar cada mes. La misma norma fijó un plazo de seis meses para que el Gobierno expidiera la reglamentación necesaria para poner en marcha el esquema, término que ya se cumplió hace más de medio año sin que el mecanismo entre en operación real. Con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella prevista para el 7 de agosto de 2026, la tarea de reglamentar, o de reformular, este esquema recaerá sobre la nueva administración, en medio de una fuerte tensión política sobre el verdadero alcance de la medida.

Según el diario Portafolio, la reforma laboral prioriza la aplicación del esquema en ocho sectores donde son frecuentes las jornadas parciales y los ingresos variables: hotelería, restaurantes, bares, agricultura, turismo, transporte, droguerías y farmacias. El mismo medio precisa que los aportes proporcionales podrán realizarse incluso cuando los ingresos mensuales sean inferiores a un salario mínimo, y que la norma excluye expresamente su aplicación en actividades que correspondan a una vinculación de tiempo completo, labor de vigilancia que quedó en cabeza de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP). Además de la cotización parcial, el mismo artículo 34 dejó pendiente la reglamentación del Programa de Empleo Nocturno (PEN), concebido para incentivar la contratación en ciudades con actividad económica permanente durante las 24 horas, un desarrollo normativo que, según Portafolio, tampoco ha sido expedido más de un año después de la sanción de la ley.

El abogado Charles Chapman, integrante del equipo de empalme del presidente electo en materia laboral, confirmó a Valora Analitik que el nuevo Gobierno evalúa expedir decretos que activen la cotización por horas apoyándose en los artículos ya aprobados por el Congreso para microempresas, contratos especiales e independientes, con el argumento de que ampliaría la formalización de trabajadores como empleadas domésticas y jóvenes con empleos de corta duración. Sin embargo, el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que la reforma laboral no incluyó la contratación ni la cotización por horas como tal, y señaló que el esquema vigente solo contempla la cotización a tiempo parcial computada por semanas para actividades inferiores a un mes o con ingresos por debajo del mínimo. El funcionario alertó que convertir la hora en la unidad base de contratación podría fragmentar los ingresos de los trabajadores y dificultar la acumulación de semanas necesarias para acceder a una pensión, lo que deja en evidencia que el debate sobre el alcance de la reglamentación seguirá siendo uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno saliente y el entrante en materia laboral.

Desde Sectorial se considera que la discusión sobre la cotización por horas expone una tensión estructural del mercado laboral colombiano: la necesidad de formalizar a la porción de ocupados que hoy permanece fuera del sistema, frente al riesgo de precarización que representa fragmentar la contratación en unidades más pequeñas. Como lo evidenció nuestro análisis de la Ley 2466 de 2025, la informalidad laboral se ubicó en 55,1% del total de ocupados durante el último trimestre disponible, con mayor exposición en sectores de servicios y comercio, justamente los priorizados para la cotización parcial. Que la reglamentación lleve más de un año de atraso genera incertidumbre jurídica para sectores intensivos en mano de obra parcial, como comercio, turismo y servicios de alimentación, que ya vienen absorbiendo el costo del aumento del recargo dominical y de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. Para las microempresas y hogares empleadores, la falta de reglas claras dificulta la planeación de nómina y deja un vacío normativo que no protege plenamente al trabajador ni ofrece seguridad jurídica al empleador. El desenlace de este pulso, entre la flexibilización que promueve el gobierno entrante y las garantías que defiende el saliente, será determinante para la velocidad de formalización laboral del país durante 2026 y 2027.

Para profundizar en el impacto de la reforma laboral sobre los costos, la informalidad y la productividad de los sectores más expuestos a la contratación parcial, consulte la matriz de empleo Sectorial de Sectorial y participe en nuestros Foros Sectoriales, donde se analizan en detalle las implicaciones regulatorias y laborales para la toma de decisiones empresariales.

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Venezuela atraviesa un momento particularmente sensible tras los terremotos consecutivos de junio de 2026, que elevaron las necesidades de reconstrucción en materia de vivienda, infraestructura, movilidad y dotación básica. Los daños en edificaciones residenciales, comerciales y educativas ascienden a US$24.000 millones. En este contexto, un nuevo mapeo del comercio bilateral identifica los segmentos productivos en los que la oferta exportable colombiana coincide con mayor fuerza con la demanda importadora del vecino país. El ejercicio, construido sobre 99 subpartidas arancelarias que se ubican simultáneamente entre los principales bienes importados por Venezuela y los principales bienes exportados por Colombia en 2025, calcula un potencial simple agregado de US$2.842,0 millones, cifra que equivale al 15,1% de las exportaciones colombianas contempladas en la base y al 36,5% de las importaciones venezolanas registradas en estadísticas espejo.

Según Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior), el bloque de vehículos, autopartes, maquinaria y equipo agrupa 22 productos y concentra un potencial simple de US$579,2 millones, equivalente al 20,4% del total identificado. Las importaciones venezolanas asociadas a este grupo ascendieron a US$1.394,2 millones, mientras que las exportaciones colombianas se ubicaron en US$1.060,0 millones. El gremio precisa que la canasta incluye automóviles, vehículos de carga, motocicletas, neumáticos, baterías, equipos de telecomunicaciones, bombas, conductores eléctricos, transformadores, tableros de control, filtros, electrodomésticos y grupos electrógenos, y advierte que varios de estos bienes cobran relevancia adicional en la coyuntura actual, pues resultan necesarios para la reconstrucción de los territorios venezolanos afectados por los sismos. El informe subraya, además, que el resultado debe leerse como una medición de coincidencia comercial y no como una estimación automática de mercado capturable, y precisa que la priorización de los bienes se definió en tres niveles (alta, media-alta y media).

A escala departamental, un informe complementario de Analdex aterriza esa oportunidad en el sector de vehículos y transporte de Antioquia, que agrupa 4 productos (entre ellos vehículos, motocicletas, autopartes, llantas y acumuladores) con un potencial simple de US$157,0 millones, equivalente al 20,9% del potencial priorizado del departamento; allí, las importaciones venezolanas identificadas suman US$633,3 millones frente a exportaciones antioqueñas por US$188,6 millones. En paralelo, el informe mensual de comercio exterior de la misma entidad, con corte a mayo de 2026, registra que las exportaciones colombianas totales hacia Venezuela crecieron 4,7% en lo corrido del año, al pasar de US$430,9 millones FOB entre enero y mayo de 2025 a US$451,3 millones FOB en el mismo periodo de 2026. La relación bilateral se apoya, además, en el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C No. 28, vigente desde 2012 y profundizado en 2023, que incorpora preferencias para bienes de sectores como petroquímica, manufacturas de vidrio, materiales de construcción y otros insumos industriales.

Para Sectorial, el hallazgo más relevante de este ejercicio no es el tamaño del potencial identificado, sino su composición. Dentro del bloque de vehículos y autopartes, buena parte de los productos con mayor coincidencia comercial (baterías, transformadores, conductores eléctricos, tableros de control y grupos electrógenos) corresponden a insumos de reposición y mantenimiento, y no a bienes de consumo final. Esto sugiere que el aprovechamiento efectivo del mercado venezolano dependerá menos de la capacidad instalada de las ensambladoras colombianas y más de la fortaleza de la cadena de autopartes y repuestos, un segmento donde el país ya cuenta con trayectoria exportadora hacia otros mercados de la región.

La coyuntura actual actúa como acelerador de una demanda que, en condiciones normales, ya mostraba señales de recuperación: las cifras de mayo confirman que las ventas hacia Venezuela crecen mientras otros destinos tradicionales, como Ecuador, se contraen por tensiones arancelarias. Sin embargo, la brecha entre el potencial identificado y las exportaciones actuales confirma que la oportunidad está lejos de materializarse de forma automática: exige validación normativa, logística fronteriza y condiciones de pago que todavía deben consolidarse.

Para monitorear estas dinámicas y anticipar oportunidades similares, Sectorial pone a disposición los Reportes EXIM, que permiten identificar clientes y competidores por partida arancelaria y hacer seguimiento a los volúmenes y precios del comercio exterior colombiano. El Índice de Desempeño Sectorial complementa este análisis con el diagnóstico financiero del sector automotor y de autopartes, mientras que los Foros Sectoriales ofrecen un espacio de discusión sobre las tendencias que moverán la economía colombiana en los próximos meses.

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Durante los últimos años, México ha aparecido constantemente en los titulares económicos como uno de los grandes ganadores del nuevo orden comercial internacional. Mientras la rivalidad entre Estados Unidos y China se intensifica, miles de empresas buscan trasladar parte de su producción fuera del territorio chino, y México parece ser el destino ideal.

Su cercanía con Estados Unidos, los acuerdos comerciales del T-MEC y una sólida tradición manufacturera han convertido al país en uno de los principales beneficiarios del fenómeno conocido como nearshoring.

Sin embargo, detrás del entusiasmo también aparecen dudas. Aunque las inversiones aumentan, los problemas de infraestructura, energía, agua, seguridad y capacidad logística amenazan con limitar ese crecimiento.

La gran pregunta es si México podrá consolidarse como la nueva potencia industrial de América o si dejará pasar una oportunidad histórica.

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El auge del nearshoring

Durante décadas, China fue la gran fábrica del mundo. Pero las tensiones comerciales con Estados Unidos, los elevados costos logísticos tras la pandemia y la necesidad de reducir riesgos llevaron a muchas empresas a replantear sus cadenas de suministro.

En ese contexto apareció el nearshoring, una estrategia que consiste en trasladar la producción a países cercanos al mercado final.

México reunía prácticamente todas las condiciones necesarias: comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, posee uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo y cuenta con décadas de experiencia exportando manufacturas.

Por esa razón, numerosas compañías comenzaron a anunciar nuevas inversiones en sectores como automóviles, electrónica, dispositivos médicos y logística.

Una oportunidad histórica

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzan niveles récord y el país se ha convertido en uno de sus principales socios comerciales.

Cada nueva planta industrial genera empleo, impulsa el consumo interno y fortalece cadenas de proveedores locales.

Ciudades como Monterrey, Saltillo, Querétaro y Tijuana viven una fuerte expansión industrial, acompañada por el crecimiento de parques logísticos, centros de distribución y nuevas inversiones inmobiliarias.

Sin embargo, crecer rápidamente también implica nuevos desafíos.

La infraestructura comienza a quedarse corta

Uno de los principales problemas es que la infraestructura no avanza al mismo ritmo que las inversiones.

Diversas regiones industriales enfrentan limitaciones en el suministro eléctrico, dificultades para ampliar redes de transmisión y crecientes problemas de disponibilidad de agua.

Al mismo tiempo, carreteras, puertos y cruces fronterizos soportan un volumen cada vez mayor de mercancías.

Si estas limitaciones no se resuelven, muchas empresas podrían buscar otros destinos para instalar nuevas plantas.

La presión política desde Estados Unidos

México también enfrenta un riesgo político importante.

El regreso de Donald Trump al poder ha reactivado el debate sobre aranceles, migración y comercio bilateral.

Aunque numerosas empresas desean producir más cerca del mercado estadounidense, la incertidumbre política puede afectar nuevas decisiones de inversión.

Además, Washington busca reducir su dependencia de China, pero también exige mayores controles sobre productos fabricados en terceros países con componentes chinos.

Esto obliga a México a mantener un delicado equilibrio entre sus relaciones con ambas potencias.

Para entender mejor cómo las tensiones internacionales están transformando la economía global, también puedes ver este análisis sobre España:

México no es el único país que busca atraer inversiones.

Vietnam, India, Indonesia y varios países de Europa del Este compiten ofreciendo incentivos fiscales, mano de obra especializada y nuevos proyectos industriales.

Aunque México mantiene ventajas geográficas difíciles de igualar, deberá mejorar su productividad para conservar su atractivo.

La competencia ya no consiste únicamente en ofrecer salarios bajos, sino también infraestructura moderna, estabilidad jurídica, energía suficiente y talento especializado.

El desafío de la seguridad

Otro factor que preocupa a numerosos inversionistas es la seguridad.

El transporte de mercancías, la protección de instalaciones industriales y la estabilidad regional forman parte de cualquier decisión empresarial.

Si bien muchas zonas industriales mantienen operaciones normales, diversas empresas consideran este aspecto dentro de sus análisis de riesgo.

Reducir esos costos indirectos será clave para mantener la confianza internacional.

¿Puede México convertirse en una potencia industrial?

Las perspectivas siguen siendo favorables.

Pocas economías reúnen tantas ventajas simultáneamente: cercanía con el mayor mercado consumidor del planeta, tratados comerciales, experiencia manufacturera y una fuerza laboral competitiva.

Sin embargo, aprovechar completamente esa oportunidad dependerá de resolver problemas estructurales que llevan décadas acumulándose.

Invertir en infraestructura, fortalecer el sistema energético, ampliar la oferta de vivienda para trabajadores especializados y mejorar la seguridad serán factores decisivos durante los próximos años.

El futuro aún no está escrito

México atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia económica reciente.

El nearshoring representa una oportunidad extraordinaria para acelerar el crecimiento, diversificar la economía y consolidar su posición como uno de los principales centros manufactureros del mundo.

Pero ninguna oportunidad está garantizada.

La competencia internacional, las tensiones geopolíticas y los desafíos internos obligarán al país a tomar decisiones estratégicas que definirán su futuro durante las próximas décadas.

Si logra superar esas limitaciones, México podría convertirse en uno de los mayores ganadores del nuevo orden económico mundial. Si no lo hace, otros países aprovecharán el espacio que hoy parece estar reservado para él.

Las zonas francas se consolidan como un pilar estratégico del modelo de comercio exterior colombiano al concentrar operaciones industriales y comerciales bajo un tratamiento tributario y aduanero especial. En la actualidad, el país cuenta con 112 zonas francas declaradas y en operación, las cuales aportan cerca del 2,1% al Producto Interno Bruto nacional. La red genera además más de 198.415 empleos entre directos, indirectos y vinculados, cifra que refleja la capacidad del instrumento para dinamizar el mercado laboral formal. Las exportaciones acumuladas del régimen superan los US$3.127 millones, ratificando su rol dentro de la estrategia de reindustrialización, competitividad e internacionalización empresarial. El esquema ha logrado atraer inversiones nacionales y extranjeras sostenidas, articulando la producción doméstica con cadenas globales de valor y respondiendo a la demanda de bienes transformados en mercados clave del hemisferio.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), las inversiones acumuladas del régimen superan los $57,0 billones al cierre del último balance, evidenciando la confianza empresarial en el modelo. Durante el año inmediatamente anterior fueron declaradas 10 nuevas zonas francas con compromisos cercanos a $1,0 billón y la generación de 918 empleos entre directos y vinculados. De manera complementaria, se autorizaron 53 prórrogas que sumaron compromisos de inversión superiores a los $3,0 billones y más de 2.300 empleos adicionales, reflejando el interés por prolongar la operación bajo el régimen. Uno de los cambios normativos más relevantes corresponde al Decreto 1317 de 2025, mediante el cual se incorporó por primera vez la Economía Popular dentro de la estrategia de desarrollo productivo asociada a las zonas francas. La modificación amplía el alcance del instrumento hacia pequeños productores, asociaciones campesinas y unidades productivas locales, integrando a estos actores a cadenas de valor de mayor escala y a nuevos canales de comercialización internacional.

Las cifras oficiales muestran un desempeño exportador dinámico durante el arranque del año. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las ventas externas del régimen franco crecieron un 35,7% durante abril de 2026, pasando de US$206,6 millones FOB a US$280,3 millones FOB frente al mismo mes del año previo. Las Zonas Francas Permanentes Especiales lideraron la variación con un incremento del 64,8%, mientras que las Zonas Francas Permanentes reportaron un avance del 14,5%. En el acumulado entre enero y abril, la balanza comercial del régimen registró un superávit de US$40,5 millones FOB. Durante el Foro Nacional de Zonas Francas 2026, catorce asociaciones campesinas de Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Santander, Norte de Santander, Tolima, Caquetá, Nariño y Magdalena, en representación de más de 10.000 productores rurales, participaron en actividades de relacionamiento empresarial, exhibiendo productos con presencia en mercados de Asia, Europa, Canadá, Países Bajos y Arabia Saudita.

Según la perspectiva de Sectorial, la incorporación de la Economía Popular al régimen franco constituye un giro estratégico que amplía el propósito histórico del instrumento, tradicionalmente orientado a la gran manufactura exportadora. La articulación con más de 10.000 productores rurales abre una vía para diversificar la canasta exportable, actualmente concentrada en Estados Unidos, que aportó 12,4 puntos porcentuales al crecimiento acumulado de las exportaciones entre enero y abril del presente año. No obstante, persisten desafíos estructurales que condicionan el potencial del modelo, entre ellos la reducción del superávit comercial, que pasó de US$98,7 millones FOB a US$40,5 millones FOB en el mismo periodo, así como la dependencia de insumos importados en las cadenas transformadoras. El éxito de la nueva visión dependerá de la capacidad institucional para consolidar la trazabilidad de los encadenamientos, garantizar acceso a financiamiento para las unidades productivas emergentes y mantener condiciones tributarias competitivas frente a otros regímenes de la región.

Para acceder al detalle de las variables normativas, financieras y comerciales que definen el desempeño del régimen franco, sus indicadores de riesgo y las perspectivas por subsector, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial o solicite un Reporte EXIM para tomar decisiones informadas sobre inversión, expansión y comercio internacional.

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Durante casi una década, bastaba con que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) anunciaran un recorte o un aumento de producción para mover los precios internacionales del crudo. Ese poder, sin embargo, se ha debilitado de forma sostenida a medida que el mercado petrolero mundial se fragmenta y gana terreno un grupo cada vez más amplio de productores independientes. La alianza, conformada en 2016 entre los países miembros de la OPEP y otros grandes productores, nació justamente para recuperar capacidad de influencia sobre los precios globales, en momentos en que concentraba cerca de la mitad de la extracción mundial. El resultado es un mercado más disperso, con menor capacidad de un solo actor para determinar el rumbo de los precios, lo que añade incertidumbre para economías como la colombiana, que, sin pertenecer a la alianza, depende del crudo como fuente clave de divisas e ingresos fiscales.

Según Diario Occidente, la participación de la OPEP+ en la producción mundial de crudo pasó de 48,2 % en 2016 a 42,0 % en diciembre de 2025, y cayó aún más durante 2026, hasta ubicarse en 36,8 %. La caída obedece a dos fenómenos simultáneos: el auge de nuevos competidores petroleros y las propias decisiones del bloque de limitar su oferta para sostener los precios. Desde 2022, los recortes voluntarios de producción de la OPEP+ han sumado cerca de 5,85 millones de barriles diarios, una estrategia que ayudó a defender las cotizaciones internacionales, pero que también abrió la puerta para que otros países ocuparan el espacio dejado por el bloque. Estados Unidos, junto con Brasil, Guyana y Canadá, explica buena parte del crecimiento reciente de la oferta mundial, consolidando un mercado con más jugadores y menos concentración. El resultado es un escenario en el que un solo grupo de países tiene cada vez menos capacidad para determinar, de manera unilateral, el rumbo de los precios internacionales del petróleo.

Aunque Colombia no hace parte de la Opep+, los movimientos de este mercado más fragmentado tienen efectos directos sobre la economía nacional, dado que el petróleo continúa siendo una fuente clave de exportaciones, ingresos fiscales y entrada de dólares. La volatilidad reciente, donde el precio del crudo Brent, referencia para buena parte de las importaciones y exportaciones colombianas, ha tenido alta volatilidad en los últimos meses, tras anuncios de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán y la revocación de la exención que permitía a ese país exportar crudo, en medio de ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz.

Este repunte contrasta con el escenario de sobreoferta que se anticipaba después de que la propia OPEP+ aumentara sus cuotas de producción. Para Colombia, cuya extracción en 2026 ronda los 740.000 barriles diarios, cerca de 25,0 % menos que los cerca de 990.000 barriles diarios que producía en 2014, un mercado más volátil implica que un repunte de precios puede favorecer momentáneamente los ingresos petroleros, mientras que una eventual caída, una vez se estabilice el conflicto en Medio Oriente, presionaría aún más las ya ajustadas cuentas fiscales del país.

Desde la perspectiva de Sectorial la pérdida de peso de la Opep+ como un cambio estructural, y no coyuntural, en la formación de precios del petróleo. La proliferación de productores fuera del bloque, liderados por Estados Unidos, pero con aportes crecientes de Brasil, Guyana y Canadá, reduce la capacidad de cualquier cartel para sostener precios altos de forma prolongada, incluso en episodios de choque geopolítico como el que se vive en el estrecho de Ormuz. Para Colombia, la volatilidad abre ventanas de precios altos que podrían mejorar temporalmente el recaudo fiscal y el ingreso de dólares, en un momento en que las finanzas públicas del país enfrentan restricciones importantes. Pero, por otro lado, la menor producción nacional, muy por debajo de los niveles de hace una década, limita la capacidad del país de capitalizar plenamente estos episodios favorables, a diferencia de productores que sí han logrado expandir su oferta.

Para profundizar en el comportamiento del sector energético colombiano y su exposición a la volatilidad internacional del petróleo, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y nuestro Reporte de Comercio Exterior, con cifras detalladas de exportaciones e importaciones colombianas por producto y destino.

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Entre enero y abril de 2026, la demanda comercial de energía eléctrica creció 4,9% anual y alcanzó 28.243 GWh. El comportamiento estuvo impulsado tanto por el mercado regulado (hogares y pequeñas empresas), que mantuvo una participación de 68,5% y se incrementó 4,1%, como por el mercado no regulado, asociado con grandes industrias y compañías, que representó el 31,5% de la demanda total y registró un crecimiento más acelerado de 6,7%. Este repunte coincide con la reactivación económica del país, reflejada en el crecimiento de 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y evidencia una recuperación más dinámica del consumo industrial y residencial frente a la moderación observada en el segundo semestre de 2025.

La expansión de la demanda ha estado liderada por los sectores de minas y canteras y la industria manufacturera, que concentraron el 72,6% de la demanda no regulada. En abril de 2026, la demanda nacional de electricidad creció 6,7% anual, mientras la región Caribe registró un crecimiento del 7,0%, impulsadas por las altas temperaturas previas a la consolidación del fenómeno de El Niño, de acuerdo con reportes de Air-e y XM. No obstante, el mayor dinamismo del consumo comienza a generar presiones sobre el sistema energético, dado que la demanda avanza a un ritmo superior al de la oferta. De mantenerse esta tendencia durante la materialización de El Niño, aumentaría la necesidad de recurrir a generación térmica, elevando los costos marginales de energía y el impacto ambiental del sistema eléctrico colombiano.

El Ministerio de Minas y Energía amplió el mapa de la transición energética del país al otorgar el segundo permiso de exploración geotérmica del año, esta vez para el proyecto El Barranquero, ubicado entre los municipios de Samaná, en Caldas, y Nariño, en Antioquia. La autorización, con una vigencia de cinco años, habilita el desarrollo de un programa integral que comprende estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, la construcción del modelo del reservorio, la perforación de un pozo exploratorio profundo y la evaluación técnica del potencial energético del campo, etapas necesarias para determinar si el calor del subsuelo puede convertirse en una fuente permanente de generación eléctrica antes de avanzar hacia una eventual fase de producción. El proyecto se suma al permiso otorgado meses atrás para la iniciativa Nereira, en el Macizo Volcánico del Ruiz, para la cual el Ministerio de Ambiente autorizó la sustracción parcial y condicionada de un área de reserva forestal de Ley Segunda, por fuera de Parques Nacionales Naturales. Con ambas autorizaciones, el país busca una política sectorial para diversificar la matriz energética nacional más allá de la hidráulica, la solar y la eólica.

Según El Espectador, la zona intervenida hace parte del área geotérmica de San Diego, identificada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) con un potencial cercano a 133,79 megavatios (MW), cifra que sitúa al proyecto entre los desarrollos con mayor capacidad potencial dentro del portafolio geotérmico del país. El diario precisó, además, que este es el segundo permiso que expide el Gobierno Nacional en lo corrido del año para este tipo de tecnología, lo que evidencia una aceleración reciente en el otorgamiento de licencias frente al histórico rezago que ha tenido la geotermia en Colombia pese al potencial que ofrece su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El medio recordó, adicionalmente, que el Ministerio de Ambiente expidió dos resoluciones que fijan los nuevos términos de referencia ambientales para proyectos de exploración y explotación geotérmica, estableciendo que estas iniciativas no podrán desarrollarse en páramos ni en áreas protegidas y deberán incorporar medidas de protección hídrica y gestión del riesgo climático. El proyecto El Barranquero contempla, según el Ministerio de Minas y Energía, una inversión estimada superior a $38.556 millones, destinada a las actividades técnicas requeridas para caracterizar el reservorio, entre ellas la recopilación de información geológica y las campañas geofísicas y geoquímicas previas a cualquier decisión sobre una eventual fase de producción.

El Ministerio de Minas y Energía destacó que, a diferencia de la energía solar y eólica, la geotermia tiene la capacidad de generar electricidad de manera continua durante las 24 horas del día, convirtiéndose en un complemento estratégico para las fuentes renovables que ya hacen parte de la matriz nacional, junto con la hidráulica. El permiso incorpora, además, obligaciones de relacionamiento con las comunidades del área de influencia, mecanismos de seguimiento técnico permanente por parte de la cartera y disposiciones orientadas a garantizar la coexistencia del proyecto con otras iniciativas minero-energéticas presentes en la región de Caldas y Antioquia. El ministro, Edwin Palma, señaló que la decisión busca sentar las bases para que, en los próximos cinco años, esta fuente renovable aporte energía firme y confiable al sistema eléctrico nacional, en un contexto en el que el país enfrenta crecientes retos de suficiencia energética y en el que la diversificación de fuentes se ha convertido en una prioridad explícita de la política pública del sector.

La consolidación de un segundo permiso de exploración geotérmica en menos de un año sugiere que el Gobierno Nacional busca convertir una fuente históricamente subutilizada en un eje complementario de la seguridad energética, particularmente relevante ante el déficit estructural que enfrenta el sistema eléctrico colombiano. Sin embargo, la naturaleza de estos permisos, centrados en estudios y no en generación, implica que cualquier aporte real de la geotermia a la matriz nacional está a un horizonte mínimo de cinco años, un plazo que coincide con ciclos políticos y presupuestales que podrían alterar la continuidad del proceso. Para el sector empresarial, el mensaje es doble: por un lado, se abre una ventana de oportunidad para proveedores de servicios de perforación profunda, modelamiento de reservorios y estudios geoquímicos; por otro, persiste la incertidumbre regulatoria típica de una tecnología emergente en el país, donde aún no existe un marco tarifario ni de subastas específico para la geotermia, a diferencia de lo ya consolidado para la energía solar y eólica.

Para hacer seguimiento al desempeño de la extracción energética, consulte el Índice de Desempeño Sectorial. Sectorial también ofrece Reportes EXIM para el análisis del comercio exterior y espacios de discusión en los Foros Sectoriales, donde se profundiza en las tendencias que están moviendo la economía colombiana.

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Las remesas que envían los colombianos residentes en el exterior se consolidaron como un componente estructural del ingreso y del gasto de los hogares en el país. Entre enero y mayo de 2026 ingresaron US$5.638 millones, cifra equivalente a un flujo diario cercano a los US$38 millones y a un promedio mensual de US$1.128 millones. Este dinamismo se suma al cierre de 2025, año en el que Colombia recibió US$13.098 millones por este concepto, un monto equivalente al 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 10,5% superior a los US$11.848 millones registrados en 2024. La cifra confirma que, más allá de un fenómeno coyuntural asociado a la migración reciente, los giros familiares se convirtieron en un pilar permanente del sector externo colombiano, en un contexto de menor dinamismo de otras fuentes de divisas como la inversión extranjera.

Según el diario Portafolio, mayo de 2026 cerró con ingresos de US$1.189 millones, un alza del 8,5% frente a los US$1.096 millones recibidos en el mismo mes de 2025 y el mes número 24 consecutivo con giros por encima de los US$1.000 millones mensuales. Pese a la moderación en el ritmo de crecimiento frente a los dos años anteriores, el comportamiento mensual mantiene una relativa estabilidad: tras iniciar el año con US$1.020 millones en enero, el ingreso volvió a superar la barrera de los US$1.100 millones en febrero y abril, y alcanzó un máximo de US$1.226 millones en marzo. El ingreso de divisas registrado por la balanza cambiaria fue el mayor aporte, superando al de la inversión extranjera directa y de los flujos de portafolio, ambos con un desempeño más débil durante el año.

Por otro lado, el diario El Nuevo Siglo, en un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), señala que las remesas ya equivalen al 3,6% del consumo de los hogares colombianos y al 3,3% de su ingreso disponible, proporciones que en marzo de 2016 se ubicaban en 2,9% y 2,8%, respectivamente. En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos y España concentraron el origen de los giros, mientras que Valle del Cauca (25,7%), Cundinamarca (16,3%) y Antioquia (16,2%), reunieron, junto con Risaralda y Atlántico, el 66,7% de los recursos recibidos por departamento. El informe advierte que esta creciente dependencia expone al país si se modera el flujo migratorio o cambia la política migratoria de Estados Unidos, además de que la apreciación del peso reduce el equivalente en moneda local de cada giro recibido.

Desde la perspectiva de Sectorial, el salto de las remesas del 2,9% al 3,6% del consumo de los hogares en apenas una década revela un nuevo motor de demanda, en un momento en que la inversión sigue rezagada y el comercio exterior tradicional pierde tracción. El riesgo es que ese motor depende de decisiones que Colombia no controla, lo que introduce una vulnerabilidad cambiaria y de consumo poco visible en los indicadores agregados de crecimiento.

La apreciación del peso ya erosiona el poder de compra de cada giro en moneda local, un efecto que se sentirá con más fuerza si el diferencial cambiario se mantiene. Para el sector financiero y de bienes de consumo, la lectura es doble: por un lado, la banca y las fintech tienen incentivos crecientes para desarrollar productos de ahorro, crédito hipotecario y giros digitales dirigidos a la diáspora; por otro, los departamentos con mayor concentración de remesas (Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia) seguirán siendo los más expuestos a cualquier desaceleración del flujo migratorio o del empleo externo.

Para monitorear el comportamiento de las remesas, su efecto en el consumo regional y los riesgos de dependencia cambiaria, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y participe en los próximos Foros Sectoriales, donde se analizan en profundidad las variables cambiarias, migratorias y de consumo que definen el panorama financiero del país.

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¿Portugal encontró la fórmula perfecta para crecer o está creando una nueva burbuja económica?

Durante años, Portugal fue considerado uno de los países más rezagados de Europa Occidental. Tras la crisis financiera de 2008 y el rescate internacional de 2011, muchos economistas dudaban de su capacidad para recuperar el crecimiento. Sin embargo, poco más de una década después, el país vive una transformación que ha sorprendido al mundo.

Hoy Lisboa aparece constantemente entre las mejores ciudades para vivir, el turismo bate récords históricos, miles de extranjeros compran viviendas, las exportaciones crecen y grandes empresas tecnológicas han instalado operaciones en territorio portugués.

Pero detrás de este aparente éxito económico surge una pregunta incómoda: ¿es realmente un milagro sostenible o una prosperidad impulsada por factores que podrían desaparecer rápidamente?

Portugal ha conseguido atraer inversión extranjera como pocos países europeos gracias a incentivos fiscales, programas de residencia para inversionistas y una creciente reputación internacional. Sin embargo, ese mismo éxito está provocando fuertes aumentos en el precio de la vivienda, dificultades para los residentes locales y una creciente dependencia del turismo y del capital internacional.

Si aún no has visto nuestro análisis sobre el caso español, donde explicamos cómo el turismo puede transformar completamente el mercado inmobiliario.

Del rescate financiero al crecimiento económico

Hace apenas quince años Portugal enfrentaba una de las peores crisis de su historia reciente.

En 2011 el país tuvo que solicitar un rescate internacional por 78.000 millones de euros a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional. A cambio, implementó profundas reformas económicas, reducción del gasto público y cambios en el mercado laboral.

Durante varios años el crecimiento fue lento, pero esas reformas mejoraron la competitividad de la economía portuguesa.

Posteriormente llegaron otros factores decisivos: el auge del turismo internacional, la expansión de las exportaciones, la llegada masiva de inversión extranjera y el interés de miles de profesionales internacionales por establecerse en ciudades como Lisboa y Oporto.

El resultado fue una economía mucho más dinámica que la de la década anterior.

El turismo como nuevo motor económico

Uno de los mayores protagonistas del crecimiento portugués ha sido el turismo.

Portugal pasó de ser un destino relativamente secundario dentro de Europa a convertirse en uno de los países más visitados del continente.

Las aerolíneas de bajo costo, la seguridad, el clima, la calidad de vida y la creciente promoción internacional impulsaron una llegada récord de visitantes.

Hoteles, restaurantes, comercio, transporte y actividades culturales experimentaron un crecimiento acelerado.

Sin embargo, el turismo también produjo efectos secundarios importantes.

Miles de viviendas fueron destinadas al alquiler turístico de corta duración, reduciendo la oferta para residentes permanentes y presionando al alza los precios inmobiliarios.

Un fenómeno similar ocurrió en España, donde el crecimiento turístico también ha transformado profundamente el mercado de vivienda.

El atractivo para inversionistas extranjeros

Portugal entendió rápidamente que podía competir por atraer capital internacional.

Durante años implementó el conocido programa Golden Visa, que otorgaba permisos de residencia a inversionistas extranjeros.

Además, creó incentivos fiscales para jubilados europeos y profesionales altamente calificados mediante el régimen de Residente No Habitual.

Estas políticas atrajeron miles de nuevos residentes con alto poder adquisitivo.

Para muchas ciudades portuguesas esto significó nuevas inversiones, renovación urbana y aumento del consumo.

Pero también generó una consecuencia inesperada: los precios de las viviendas comenzaron a crecer mucho más rápido que los salarios locales.

¿Está naciendo una nueva crisis de vivienda?

El incremento de la demanda internacional elevó considerablemente el valor de los inmuebles.

En Lisboa y Oporto cada vez resulta más difícil para jóvenes y familias acceder a una vivienda propia.

Muchos residentes consideran que las ciudades se han vuelto demasiado costosas para quienes reciben salarios portugueses.

El fenómeno recuerda lo ocurrido en otros destinos internacionales donde el crecimiento económico impulsado por el turismo terminó expulsando gradualmente a parte de la población local hacia zonas periféricas.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos del país.

Portugal también quiere convertirse en un centro tecnológico

El crecimiento portugués ya no depende únicamente del turismo.

Durante los últimos años el país ha impulsado la llegada de empresas tecnológicas, startups y centros de innovación.

Lisboa alberga uno de los principales encuentros tecnológicos del mundo: Web Summit.

Esto ha fortalecido el ecosistema emprendedor portugués y ha incrementado la llegada de trabajadores altamente calificados.

El país combina una elevada calidad de vida con costos inferiores a los de otras capitales europeas, lo que resulta atractivo para empresas internacionales.

Sin embargo, ese mismo proceso incrementa nuevamente la presión sobre el mercado inmobiliario.

La dependencia del capital extranjero

Aunque la economía portuguesa se ha diversificado más que hace una década, sigue dependiendo en gran medida de factores externos.

El turismo internacional, la inversión inmobiliaria extranjera y la llegada de nuevos residentes representan una parte importante del dinamismo económico.

Si Europa enfrentara una nueva recesión o disminuyera el flujo internacional de turistas e inversionistas, parte del crecimiento podría desacelerarse rápidamente.

La gran pregunta es si Portugal está utilizando estos años de bonanza para fortalecer su productividad o simplemente aprovechando un ciclo económico favorable.

¿Existe una burbuja inmobiliaria?

Muchos analistas discuten actualmente esta posibilidad.

Algunos consideran que el incremento de precios responde a una demanda estructural internacional y no necesariamente a una burbuja financiera.

Otros advierten que los precios ya se encuentran muy desconectados del poder adquisitivo promedio de los portugueses.

La respuesta probablemente dependa de la evolución futura de las tasas de interés, del mercado europeo y del comportamiento de la inversión extranjera.

Lo cierto es que la vivienda se ha convertido en uno de los temas centrales del debate económico portugués.

¿Qué puede aprender el resto del mundo?

Portugal demuestra que un país pequeño puede reinventar completamente su modelo económico.

Pasó de depender de programas de rescate internacional a convertirse en uno de los destinos favoritos para turistas, inversionistas y trabajadores digitales.

Pero también muestra que el crecimiento económico puede generar nuevos desafíos.

Atraer capital extranjero impulsa la inversión, pero también puede elevar el costo de vida.

El turismo genera empleo, aunque también incrementa la presión sobre la infraestructura y la vivienda.

La verdadera prueba para Portugal será transformar este crecimiento en mejoras sostenibles para toda la población.

Porque el éxito económico no se mide únicamente por el crecimiento del PIB, sino por la capacidad de mejorar la calidad de vida de quienes viven permanentemente en el país.

Y precisamente ese será el gran desafío portugués durante los próximos años.

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