El gobierno al ver inviable el trámite democrático de su reforma a la salud a través del congreso, decidió expedirla vía decreto. La nueva normatividad tiene varias dificultades para que se pueda ejecutar, entre ellas, que cuenta con 17 asuntos que debe reglamentar entre 3, 6 y 12 meses. ¿En ese tiempo se logrará la asimilación del conocimiento por parte de los entes territoriales y los actores del sistema?.

Ahora, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, por lo que el decreto no puede eliminar los elementos que fueron creados por la ley 100, por lo que es inconstitucional. De esta forma, el rol de la Corte Constitucional será clave para mantener el derecho a la salud de los colombianos.

Al final, vas a seguir encontrando desorden en la atención en salud y todos esperando que el derecho se restablezca en el próximo gobierno, donde las pistas de los candidatos, asociadas a sus propuestas, van desde la continuidad hasta crear una comisión de expertos independientes debe definir la UPC.

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Informes Sectoriales

El Ministerio de Salud ha expedido la Resolución 1809 de 2025, un nuevo marco regulatorio que busca transformar la operación de los Gestores Farmacéuticos (GF) y Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (OLTS) en Colombia. La normativa establece reglas, indicadores públicos y controles financieros para elevar los estándares de estas entidades.

Según la información del portal Consultor salud, la resolución obliga a los gestores y operadores a demostrar su existencia legal con estados financieros bajo normas internacionales, implementar códigos de buen gobierno y crear comités de riesgo y auditoría. Adicionalmente, se les exige establecer canales de atención al usuario gratuitos y accesibles, y publicar trimestralmente indicadores de desempeño en tres áreas: estructura (capacidad instalada), proceso (gestión de quejas) y resultados (entrega de medicamentos).

La resolución establece un plazo máximo de seis meses para la creación de un portal de registro electrónico. Una vez activo, las empresas tendrán tres meses para inscribirse. A partir de su registro, contarán con un plazo máximo de nueve meses para implementar la totalidad de las nuevas disposiciones. La Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de la vigilancia y podrá imponer sanciones, incluyendo la cancelación del registro, a quienes no cumplan.

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La implementación del Decreto 858 de 2025, que pone en marcha la reforma al sistema de salud, enfrenta importantes retos financieros que generan incertidumbre sobre su viabilidad. Un análisis de los costos asociados con los componentes claves del nuevo modelo revela que, si bien se han definido los gastos necesarios, aún no se han especificado las fuentes de financiación para varios de ellos, lo que plantea preguntas sobre cómo se cubrirán estas nuevas obligaciones.

Uno de los mayores desafíos es el financiamiento de los Equipos Básicos Territoriales de Salud (EBTS). Se estima que la conformación de más de 7.000 de estos equipos, compuestos por médicos, enfermeros y psicólogos, entre otros, tendrá un costo anual que supera los $3,1 billones. Sin embargo, el decreto no precisa si estos recursos provendrán de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), presupuestos máximos o apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.

Otros componentes del nuevo modelo también carecen de una ruta de financiación clara. La creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) requiere inversiones en infraestructura y dotación, pero no se identifican las fuentes de recursos, especialmente para municipios pequeños y rurales. De igual manera, la formalización laboral de miles de trabajadores y el desarrollo de los sistemas de información, que debe exigirse en un plazo de 6 meses, implica un aumento de costos para las entidades de salud sin una ruta financiera que lo respalde.

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El sector de la vivienda en Colombia muestra algunos signos de recuperación durante 2025 y ya tiene la vista puesta en un crecimiento consolidado para 2026. A pesar de la desaceleración causada por la finalización de programas de subsidios nacionales como “Mi Casa Ya”, el dinamismo del sector privado, la banca y los gobiernos locales han sido claves para impulsar nuevamente las ventas y la construcción, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS).

De acuerdo con un análisis del diario El Nuevo Siglo, las cifras del primer semestre de 2025 son alentadoras. Entre enero y junio se vendieron 138.662 unidades de vivienda nueva, lo que representa un aumento del 38,6 % en comparación con el mismo período de 2024. Las proyecciones indican que el sector podría cerrar el presente año con un crecimiento en ventas del 9,0 %, y acelerar a un 11,5 % para 2026. Este comportamiento es fundamental para la economía, ya que la construcción de vivienda aporta entre el 8,5 % y el 8,8 % al PIB nacional.

Según expertos del sector, como el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, la recuperación se debe a una combinación de factores que incluyen la reducción en las tasas de interés de los créditos hipotecarios y el acceso a subsidios de las cajas de compensación. Herrera también ha hecho un llamado a repensar los esquemas de acceso a la vivienda y a mantener una estabilidad regulatoria para incentivar la inversión a largo plazo. Además, se espera que la implementación de un seguro decenal obligatorio para las viviendas nuevas contribuya a fortalecer la confianza en el mercado.

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