El sector energético de Colombia enfrenta desafíos significativos de cara a 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre regulatoria y la necesidad de inversiones sostenidas para asegurar la confiabilidad del sistema. Aunque se han logrado avances en la diversificación de la matriz, persisten tensiones que podrían comprometer la estabilidad de los precios y la confianza de los inversionistas.

De acuerdo con un informe de proyecciones de Bancolombia, citado por el portal Valora Analitik, uno de los principales focos de preocupación es la capacidad de generación. La dependencia de la hidroelectricidad sigue siendo un factor determinante, y fenómenos como El Niño amenazan con impactar el suministro y presionar las tarifas al alza. En este contexto, el gas natural se mantiene como un pilar para la confiabilidad del sistema, pero enfrenta limitaciones por la disminución de la oferta local y la necesidad de mayores importaciones a precios más altos.

El informe advierte que la regulación juega un papel central en el desempeño del sector. Cambios en las metodologías tarifarias o en la asignación de cargos por confiabilidad generan una incertidumbre que desincentiva la inversión. Las inversiones necesarias en infraestructura de transmisión superarían los varios miles de millones de dólares en los próximos años, pero su ejecución dependerá de la confianza que ofrezca el marco normativo.

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El sector palmicultor colombiano se posiciona como un actor estratégico en el mercado global, en un momento en que los principales productores mundiales, Indonesia y Malasia, han reducido su producción. Esta coyuntura abre nuevas oportunidades comerciales para Colombia en mercados clave como Estados Unidos, Europa, Brasil y México.

De acuerdo con un análisis del portal Agronegocios, expertos internacionales señalan que los precios del aceite de palma se mantendrán en niveles altos durante el resto de 2025 y 2026, debido a las limitaciones en la oferta global. En este contexto, Colombia planea aumentar su capacidad productiva de manera sostenible. El país cerró 2024 con 610.000 hectáreas sembradas de palma y para este año se proyecta la siembra de al menos 10.000 hectáreas adicionales. Desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) se ha enfatizado que esta expansión se realizará dentro de la frontera agrícola ya establecida, sin incurrir en deforestación.

La innovación tecnológica es otro de los pilares para el crecimiento del sector. Durante la 21ª Conferencia Internacional de Palma de Aceite, se destacó el uso de inteligencia artificial y visión satelital para el monitoreo de cultivos y la detección temprana de enfermedades. Adicionalmente, se está evaluando el potencial del aceite de palma como insumo en la alimentación para los sectores avícola y porcícola, así como para la creciente demanda de combustibles de segunda generación, especialmente para la aviación y el transporte marítimo.

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• Análisis revela que 39% de entidades financieras han endurecido condiciones crediticias mientras las tasas efectivas alcanzan el 23%.

Un nuevo análisis de Sectorial evidencia una preocupante tendencia en el sistema financiero colombiano. Esto está limitando significativamente el acceso al crédito para las empresas del país.

El análisis, basado en el informe del equipo de estabilidad financiera del Banco de la República, revela que aproximadamente el 39% de las entidades financieras encuestadas han endurecido sus condiciones crediticias. Esta encuesta incluye 18 bancos, cinco cooperativas financieras y cinco compañías de financiamiento.

“Lo que estamos viendo es que, si antes no exigían una garantía real, ya la están poniendo. Ahora exigen una hipoteca, un avalista, una fuente de pago, un covenant”, explicó Alejandro Escobar Correa, gerente de Sectorial.co. En contraste, solo el 9% de las entidades ha flexibilizado sus condiciones, mientras que el resto las ha mantenido iguales.

De otra parte, con la tasa de referencia del Banco de la República manteniéndose en 9,25%, las tasas efectivas anuales para empresas han alcanzado rangos entre 18% y 23%. Esta situación contrasta dramáticamente con los países de la OCDE, donde las tasas promedio de financiación para pymes y emprendedores oscilan entre 7% y 8%.

“Si tú y yo tenemos un proyecto productivo que necesita financiación, vamos a necesitar que ese proyecto tenga un retorno anual superior al 18 o 23%. Y eso es bastante escaso”, advirtió el experto de Sectorial.

IMPACTO SECTORIAL

Los efectos de esta restricción crediticia ya se reflejan en los desembolsos por sectores:

• Construcción: Caída del 48%
• Minería y petróleo: Disminución de doble dígito
• Sector agropecuario: Reducción de doble dígito
• Importadores: Descenso del 17%

Desde la óptica de las empresas solicitantes, el panorama es igualmente desalentador. Las principales quejas identificadas incluyen:

• Tasas de interés excesivamente altas
• Procesos crediticios lentos y burocráticos
• Exigencia de garantías superiores a las que pueden otorgar
• Montos aprobados insuficientes para cubrir necesidades reales de recursos

“Al final, lo que estamos encontrando es que tenemos un crédito que es costoso y difícil de acceder. Y eso se traduce en limitantes para la productividad y el crecimiento”, concluyó Escobar.

Esta situación representa un reto enorme para la economía colombiana. Sin acceso adecuado al crédito, las posibilidades de crecimiento y desarrollo empresarial se ven severamente limitadas, afectando el potencial económico del país.

SOBRE SECTORIAL

Sectorial es una plataforma especializada en análisis de información del entorno económico. Ayuda a las empresas a identificar oportunidades comerciales y a los equipos de riesgo y financiero a detectar amenazas sectoriales.

La Superintendencia Nacional de Salud ha calificado la deuda con los prestadores de servicios como una debilidad sistémica del actual modelo de aseguramiento, evidenciando una crisis de flujo de recursos que afecta directamente a hospitales y clínicas. Las cifras revelan una concentración de la deuda en un grupo de EPS que aglutina a la mayoría de los afiliados del país.

Según el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, la deuda reportada por 28 Entidades Promotoras de Salud (EPS) a la Supersalud, con corte a junio, se estima en alrededor de $12,8 billones. Esta cifra corresponde únicamente a las obligaciones ya facturadas y reconocidas por las EPS, y no incluye los datos de la Nueva EPS, que es señalada como el principal deudor y pagador del sistema. El superintendente destacó que existe una diferencia histórica entre las deudas que reportan las EPS y las cuentas por cobrar que registran las IPS.

Por su parte, el informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) señala que las deudas se concentran en once EPS que están bajo alguna medida de la Superintendencia. Estas entidades agrupan al 60% de la población afiliada al sistema de salud y presentan incumplimientos en indicadores financieros clave, como el respaldo de las reservas técnicas. En el caso particular de la Nueva EPS, la Supersalud ha insistido en la necesidad de avanzar en la revisión de más de $11 billones en anticipos que corresponden a servicios ya prestados y pagados, pero que están pendientes por aplicar contablemente.

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