Un análisis reciente del economista Eduardo Lora revela una creciente desconexión entre la formación académica y las oportunidades laborales en Colombia, situación que afecta especialmente a los jóvenes. A pesar de alcanzar niveles de educación superior, muchos se ven obligados a desempeñar trabajos no relacionados con su área de estudio, lo que genera descontento, baja productividad e informalidad.

Según el diario Opanoticias, se destaca que este fenómeno se ve agravado por expectativas poco realistas sobre el emprendimiento y una alta informalidad laboral. Datos de la Fundación Empresarios por la Educación indican que la mayoría de los jóvenes con estudios técnicos o universitarios terminan en empleos no vinculados a su formación, lo que contribuye a la insuficiente protección social en el país.

Además, diversos estudios señalan que el 69,0 % de los empleadores en Colombia reporta dificultades para encontrar profesionales con la experiencia y competencias técnicas necesarias. Los sectores de tecnología y telecomunicaciones, impulsados por la demanda en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad, lideran las expectativas de contratación. Sin embargo, las empresas se han adaptado a los cambios, teniendo que el 55,0% manejan una modalidad de trabajo mixta, buscando un equilibrio entre bienestar y cultura organizacional.

Ante esta situación, expertos proponen un diálogo nacional para reformar el sistema educativo, mejorar su calidad y fomentar una colaboración más estrecha entre el sector educativo y el empresarial. La alineación de la formación académica con las demandas del mercado laboral es clave para que el talento joven pueda contribuir efectivamente al progreso nacional.

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La expansión de la minería ilegal en América Latina está privando a la región de capitalizar los actuales precios récord del oro, que han superado los US$3.200 por onza. La actividad ilícita genera impactos económicos y ambientales significativos, al tiempo que fortalece redes criminales.

Según Bloomberg Línea, se estima que la minería ilegal representa aproximadamente el 80,0 % del oro extraído en Colombia, el 50,0 % en Bolivia, el 40,0 % en Perú y el 30,0 % en Brasil. En Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales. Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT), señaló que esta actividad genera más de US$7.000 millones anuales en ingresos ilícitos en Sudamérica.

La minería ilegal está dominada por una compleja red de actores que incluye grupos de crimen organizado, guerrillas, redes de contrabando internacional, actores estatales corruptos y empresas cómplices. Además de las pérdidas económicas, esta actividad genera graves consecuencias sociales y ambientales, como trabajo infantil, prostitución y drogadicción, especialmente en comunidades vulnerables.

La falta de regulación y control efectivo sobre la cadena de producción y comercialización del oro permite que estas redes ilícitas prosperen, impidiendo que los países latinoamericanos se beneficien plenamente del auge en los precios del metal precioso.

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Durante el primer trimestre de 2025 se sacrificaron 834.843 cabezas de ganado vacuno en Colombia, lo que representó un crecimiento del 12,0 %, unas 89.228 reses más que en el mismo período de 2024. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este aumento estuvo impulsado principalmente por un crecimiento del 10,1 % en el sacrificio de machos y del 5,4 % en hembras. Se destaca el incremento de 312,7 % en el sacrificio con destino a exportación, que pasó de 9.804 a 40.457 animales en el período analizado. En el caso del ganado bufalino, el incremento fue de 53,0 %, mientras que el porcino creció 3,8 % y el caprino 46,6 %. La producción ovina tuvo un alza de 7,1 %.

En cuanto a la producción de carne en canal, la especie vacuna generó 197.205 toneladas, un 14,5 % más que en el mismo trimestre del año anterior. La carne de cerdo en canal creció 4,4 %, mientras que la de búfalo aumentó 53,0 %. La producción caprina y ovina se incrementó 37,1 % y 6,5 %, respectivamente.

El 52,9 % del peso en pie del ganado vacuno se aprovechó como carne en canal, siendo Antioquia, Bogotá y Norte de Santander los departamentos con mayor rentabilidad. En porcinos, el rendimiento promedio fue de 82,4%, destacándose Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

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• USAID fue una parte fundamental en la cooperación internacional para el desarrollo económico y social en países de América Latina, África y Asia.
• La reducción de su presencia en países como Colombia ha dejado vacíos significativos en programas sociales, de desarrollo rural y construcción de paz.
• No hay reemplazos equivalentes en escala o alcance, lo que plantea riesgos para el crecimiento y la estabilidad en regiones vulnerables.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es un organismo creado en 1961 bajo la administración de John F. Kennedy, como un instrumento de diplomacia y desarrollo del gobierno estadounidense. Su misión ha sido impulsar el crecimiento económico, el fortalecimiento institucional y la estabilidad social en países con altos niveles de pobreza, desigualdad o en situación de conflicto.

USAID ha operado en más de 100 países a lo largo de su historia, con especial énfasis en regiones como América Latina, África Subsahariana, Asia Central y Oriente Medio. Sus intervenciones incluyen la financiación de proyectos en salud pública, educación, infraestructura, agricultura sostenible, desarrollo rural, gobernanza democrática y derechos humanos.

En el caso de Colombia, USAID ha sido un actor clave durante más de cuatro décadas. Su presencia se consolidó durante el conflicto armado interno, cuando se convirtió en una de las principales fuentes de financiación para proyectos de desarrollo alternativo (como la sustitución de cultivos ilícitos), la atención a víctimas del conflicto, la protección de comunidades étnicas y el fortalecimiento de instituciones locales. A través de alianzas con organizaciones sociales, gobiernos locales y entidades internacionales, USAID canalizaba recursos —en ocasiones superiores a los 300 millones de dólares anuales— hacia regiones vulnerables como el Pacífico, el Catatumbo o el sur del país.

El mecanismo habitual de funcionamiento incluía la apertura de convocatorias para proyectos alineados con las prioridades de desarrollo del país y de la política exterior estadounidense. Organizaciones no gubernamentales, agencias locales e incluso universidades podían recibir financiamiento y asistencia técnica para implementar las iniciativas.

¿Por qué se cerró USAID?

En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congeló casi toda la ayuda exterior argumentando la necesidad de revisar y realinear la ayuda internacional con los intereses nacionales de Estados Unidos. Poco después, Elon Musk, designado para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció que él y el presidente de EEUU estaban en proceso de cerrar USAID, criticándola por supuestos usos indebidos de fondos, como el financiamiento de programas de diversidad e inclusión, incluyendo una “ópera transgénero” en Colombia y un cómic de temática trans en Perú.

Además, se despidió o suspendió a más de 1.000 empleados y contratistas de USAID, y el sitio web oficial de la agencia fue desactivado. El 6 de febrero de 2025, se anunció que todo el personal de contratación directa de USAID sería puesto en licencia administrativa a nivel global, salvo aquellos designados para funciones críticas.

La suspensión de los programas de USAID no es una medida temporal, sino parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de la agencia por parte de la administración Trump.

El vacío que deja en Colombia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado su previsión de crecimiento económico global para 2025 del 3,3% al 2,8%, atribuyendo esta desaceleración a la creciente incertidumbre provocada por los altos aranceles impuestos por la administración Trump. Estas medidas proteccionistas han desencadenado una guerra comercial que afecta a casi todas las grandes economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, México, China, Canadá, la Unión Europea y Japón.

Aunque los recortes a la cooperación internacional, como el desmantelamiento de USAID, no figuran explícitamente entre las razones del FMI para la revisión a la baja, estos pueden tener efectos indirectos significativos en el crecimiento global. La suspensión abrupta de programas de desarrollo en regiones vulnerables, debilita las condiciones de gobernabilidad, reduce la inversión social y puede desencadenar nuevas olas migratorias o conflictos locales. Estos factores generan inestabilidad regional y afectan negativamente las expectativas de crecimiento.

En Colombia, la suspensión de los programas de USAID ha tenido consecuencias significativas. Programas clave en áreas como desarrollo rural, salud, educación y apoyo a comunidades vulnerables han sido afectados. Por ejemplo, en Cartagena, cerca de 19 proyectos sociales están en riesgo, incluyendo el apoyo a víctimas de trata de personas y explotación sexual infantil. En el departamento del Cauca, más de 12 programas financiados por USAID, como “Nuestra Tierra Próspera” y “Jóvenes Resilientes”, enfrentan incertidumbre.

Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha advertido que las investigaciones contra exintegrantes de las FARC y agentes de la Fuerza Pública por graves delitos pueden quedar en suspenso debido a la falta de financiamiento.

¿Hay un reemplazo posible?

Actualmente, no existe un organismo internacional que iguale en escala y continuidad el papel que desempeñó USAID en Colombia. Sin embargo, algunas entidades han incrementado su presencia o fortalecido sus programas en ciertas áreas. La Unión Europea ha aumentado sus recursos para apoyar el Acuerdo de Paz, y agencias multilaterales como el Banco Mundial, el BID o el PNUD han establecido programas específicos para el desarrollo rural y la adaptación al cambio climático. Gobiernos como el de Canadá, Noruega, Suecia y Alemania han mantenido compromisos bilaterales con enfoque en derechos humanos y sostenibilidad.

No obstante, estos esfuerzos son fragmentados y muchas veces limitados por mandatos específicos o ciclos de financiación cortos. La ausencia de un actor con la capacidad de articulación, cobertura territorial y presupuesto constante como USAID ha dejado a muchas organizaciones locales sin un respaldo estable para continuar su trabajo.

La suspensión de los programas de USAID no son una medida temporal, sino parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de la agencia por parte de la administración Trump. Esta decisión tiene implicaciones profundas para los programas de desarrollo y paz en Colombia, y plantea desafíos significativos para las comunidades que dependían de esta asistencia, haciendo imperativo diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer las capacidades internas para garantizar la sostenibilidad de los programas sociales y de desarrollo.