Los precios del aluminio y el acero en Estados Unidos han experimentado un notable incremento tras el anuncio del presidente Donald Trump de duplicar los aranceles sobre estos metales, generando preocupación en diversos sectores económicos. Los futuros que reflejan los costos que enfrentan los fabricantes estadounidenses para adquirir aluminio subieron un 54,0 %, alcanzando su nivel más alto desde 2013.

Si bien la administración Trump busca proteger las fábricas nacionales y estimular la producción a través de estas medidas, existen inquietudes sobre el encarecimiento de los materiales de construcción. Adicionalmente, más del 80,0 % del aluminio consumido en EE.UU. es importado, a diferencia del acero, cuya importación es inferior al 20,0 %. Analistas sugieren que estos aranceles podrían traducirse en un costo adcional para los consumidores, dado que la capacidad de producción interna de ambos metales en Estados Unidos es insuficiente.

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La Asociación del Sector Automotriz y Sus Partes (Asopartes) ha manifestado su rechazo al Decreto 0572, emitido por el Gobierno Nacional el pasado 28 de mayo de 2025, el cual establece un incremento del 118,0 % en la tarifa de retención en la fuente para el comercio de autopartes y accesorios. La medida eleva la tasa impositiva del 0,55% al 1,20%, generando inquietud en el gremio.

Según Vivir en El Poblado, la asociación argumenta que esta alza impactará negativamente la estabilidad financiera de las empresas y desincentivará la formalización en un sector donde más del 40,0 % del comercio opera por fuera de los canales legales. Este aumento tributario también cubre el mantenimiento y la reparación de vehículos, así como el comercio de partes para motocicletas, afectando directamente a un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas.

Asopartes destaca que más del 85,0 % de las autopartes son importadas, lo que, sumado a los márgenes estrechos, altos inventarios y una considerable competencia informal, hace que el sector sea particularmente vulnerable. La entidad insta al Gobierno, en especial al Ministerio de Hacienda y a la DIAN, a entablar discusiones técnicas que permitan revisar la proporcionalidad de la medida. Si bien Asopartes reconoce la necesidad de fortalecer la recolección de impuestos y la sostenibilidad fiscal, subraya la importancia de revisar el gasto público y realizar ajustes con el conocimiento técnico y la participación del sector privado, sin comprometer la estabilidad de un canal comercial que genera más de 120.000 empleos directos.

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Las marcas propias han ganado una participación significativa en el mercado colombiano, representando el 44,3 % del valor total de ventas en cadenas y discounters, según el informe más reciente de NielsenIQ sobre bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) en el país.

De acuerdo con el diario Portafolio, esta cifra posiciona a Colombia como el país con mayor participación de marcas propias en América Latina, superando a Brasil, México y Chile. El estudio también indica que el 68,0 % de los consumidores colombianos considera que las marcas propias son una buena alternativa a las tradicionales, y el 66,0 % destaca su relación calidad-precio.

En el canal de discounters, el fenómeno es aún más pronunciado: el 66,6 % de las ventas corresponde a productos de marca propia. Este canal representa más del 73,0 % del retail moderno en Colombia, consolidándose como una estrategia clave para ofrecer precios competitivos sin sacrificar márgenes.

El informe señala que el crecimiento de las marcas propias no es solo una respuesta a la coyuntura económica, sino una transformación estructural en el comportamiento del consumidor y en las estrategias de los minoristas. Las cadenas han invertido en el desarrollo de marcas con identidad y calidad competitiva, incluso en categorías premium, atendiendo a consumidores de todos los niveles socioeconómicos.

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La exclusión de Colombia y otros países latinoamericanos de la lista de alto riesgo en el marco de la Ley de la Unión Europea contra la “Deforestación Importada” representa un hito favorable para el comercio exterior del aceite de palma colombiano. La decisión reduce la carga regulatoria para las exportaciones hacia el mercado europeo, al clasificar a Colombia como país de bajo riesgo, lo que implica menores costos de cumplimiento, mayor agilidad en los procesos aduaneros y una mejora en la percepción internacional sobre la sostenibilidad de su producción.

El reconocimiento europeo llega tras años de esfuerzos del sector palmero nacional en prácticas sostenibles, certificación de áreas libres de deforestación y adopción de tecnologías de trazabilidad. En términos económicos, esta clasificación podría traducirse en un mayor crecimiento y estabilidad de las exportaciones hacia la UE, así como en un estímulo para atraer inversiones orientadas a la sostenibilidad.