El Congreso de la República aprobó en último debate la histórica reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Esta reforma establece un nuevo esquema de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Además, promete transformar la sostenibilidad del sector. La iniciativa desvincula el presupuesto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y adopta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como base de cálculo. Lo anterior permitirá cerrar la brecha estructural de recursos. Así se garantizará un flujo de caja acorde con los gastos reales de funcionamiento e inversión de las universidades.

Según Caracol Radio, la modificación legal proyecta un impacto fiscal positivo de $18,7 billones constantes entre 2027 y 2040. Los recursos serán fundamentales para subsanar un déficit acumulado que supera los $17,0 billones. El nuevo modelo no solo beneficia a las universidades tradicionales. Por primera vez incluye una base presupuestal permanente para las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU) equivalente al 0,05% del PIB. Además, asegura equidad en la distribución de los fondos estatales. Así fortalece la cobertura en las regiones más apartadas.

La reforma, que ahora pasa a sanción presidencial, representa una victoria significativa para el movimiento estudiantil. Busca elevar progresivamente la inversión en educación superior pública hasta alcanzar el 1,0% del PIB en los próximos 15 años. Al eliminar la dependencia exclusiva de la inflación y atar los aportes al crecimiento económico real de la nación, se espera estabilizar las finanzas de 64 instituciones públicas. También se busca mejorar la calidad académica sin comprometer la gratuidad para los estudiantes de menores ingresos.

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• Informalidad del 55 %, incremento en el terrorismo, crisis en salud, riesgo de racionamiento y déficit fiscal superior al -7 % marcan un escenario complejo; innovación, biodiversidad y tecnología emergen como palancas de crecimiento.

Colombia entrará a 2026 en medio de un panorama económico marcado por tensiones internas y externas. Mientras el país afronta retos estructurales en materia fiscal, de formalidad y seguridad en un año electoral decisivo, emergen sectores estratégicos que podrían compensar parcialmente la desaceleración proyectada.

El escenario internacional para el próximo año presenta señales de desaceleración. El fenómeno de frontloading —exportaciones anticipadas para evitar aranceles— impulsó artificialmente el comercio en el primer trimestre de 2025, pero una vez implementadas las medidas proteccionistas, el flujo comercial cayó notablemente.

“Lo que vimos en el primer trimestre de 2025 fue un espejismo comercial”, explica Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico de Sectorial.co. “Las empresas adelantaron exportaciones para evitar aranceles, pero esa ola no era sostenible. Ahora enfrentamos la resaca: una desaceleración que afectará especialmente a economías emergentes dependientes del comercio exterior”.

Las proyecciones difieren entre organismos: la OCDE estima un crecimiento mundial del 3,2% para 2025, ajustándose a 2,9% en 2026 por el impacto arancelario. El Banco Mundial adopta un enfoque más conservador, calculando entre 2,3% y 2,6% para los próximos años. La principal preocupación es la caída de la inversión global, factor crítico para sostener la expansión económica.

Estados Unidos enfrenta siete meses sin repuntes industriales significativos, mientras China se enfriaría progresivamente: de un 4,5% en 2025 a 3,9% en 2027. Por el contrario, India lidera el crecimiento con expansiones superiores al 6%, y economías del Golfo, África subsahariana y Asia no china mantienen ritmos entre 3,7% y 4%.

Por su parte, la región latinoamericana registrará un crecimiento entre 2,3% y 2,7%, limitado por la dependencia de commodities y tasas de interés elevadas. Argentina sale de la recesión con un 4,5% en 2025, estabilizándose en 4% en 2026 y 2027. Perú sorprende con cifras consistentes: 2,7% este año, 2,5% en 2026 y 2,7% en 2027, impulsado por inversión privada que crece 6,5% y sectores agrícolas y mineros sólidos.

Colombia crecerá 2,8% en 2025, impulsado principalmente por el consumo, pero Sectorial advierte que esta dinámica no es sostenible. La incertidumbre política y el desorden fiscal limitarían la inversión, recortando el crecimiento a 2,3% en 2026.

“Colombia está creciendo por consumo, no por inversión. Es como quemar los muebles para calentar la casa”, advierte Escobar. “Sin una corrección fiscal creíble y sin señales claras en el frente político, la inversión privada seguirá contenida. El 2026 será un año de consolidación, no de expansión”.

Entre los factores clave a tener en cuenta están:

Finanzas públicas bajo presión: El déficit fiscal proyectado para 2025 será superior al 7 %, limitando el espacio de inversión y aumentando los costos de endeudamiento. Esta situación restringe la capacidad del Estado para impulsar la economía.

Mercado laboral estancado: Colombia registra una tasa de desempleo del 8,6% con una informalidad del 55% en 2025. La ocupación total promedio se mantiene cerca de 23,5 millones de personas, en un contexto donde más de la mitad de los ocupados trabaja en condiciones informales.

Inflación y política monetaria: La inflación supera el 5 % para 2025, convergiendo gradualmente al rango meta del Banco de la República hacia 2027. Las tasas de interés cerrarán 2025 en 9,25 %, bajarían a 7,5 % en 2026 y a 5 % en 2027. Sin embargo, las tasas efectivas para empresas y hogares continuarían alrededor del 15% anual, frenando el crédito y la expansión económica.

Crisis de seguridad territorial: El control de grupos armados ilegales en gran parte del territorio colombiano ha aumentado, marcando una fragmentación territorial y un repunte de delitos como secuestros y extorsiones. La disputa territorial mantiene en alerta al país, complicando la estabilidad y seguridad del Estado.

AÑO ELECTORAL Y FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

El panorama político apunta a seis candidaturas en la primera vuelta: un candidato de izquierda, dos de centro, uno de centro derecha y dos de derecha. La fragmentación en el centro-derecha es notable, sin un liderazgo unificado.

En la izquierda, Iván Cepeda del Pacto Histórico se consolidó como el principal candidato tras ganar la consulta interna con aproximadamente 1,5 millones de votos (65,1%) en octubre de 2025. La consulta interpartidista con el Frente Amplio está programada para marzo de 2026.

“La fragmentación política es el reflejo de una sociedad polarizada y sin consensos claros”, observa Escobar. “Seis candidaturas en primera vuelta significan incertidumbre prolongada. Los inversionistas odian la incertidumbre. Eso se traduce en proyectos pospuestos y capital que espera a ver qué pasa. El costo económico de esta fragmentación no aparece en ninguna cifra oficial, pero es enorme”.

Colombia enfrenta 2026 con una economía heterogénea. Los desafíos estructurales —déficit fiscal, informalidad laboral, fragmentación territorial y tensión política electoral— coexisten con sectores capaces de apalancar crecimiento mediante biodiversidad, innovación tecnológica y cambios en patrones de consumo.

Según Alejandro Escobar Correa, gerente de Sectorial, “el panorama proyecta un año de ajustes y cautela. Entre políticas contractivas, shocks externos y tensiones comerciales, la adopción tecnológica se perfila como el camino para que las empresas amortigüen costos y mantengan competitividad.”

La combinación de un contexto global adverso, restricciones macroeconómicas internas y un proceso electoral decisivo definirá el rumbo de Colombia. Sin embargo, la capacidad de capitalizar ventajas competitivas en sectores estratégicos podría marcar la diferencia entre el estancamiento y una recuperación sostenible.