Colombia se caracteriza por una notable diversidad geográfica y regional que se refleja de manera directa en la especialización y el dinamismo de sus motores económicos. A lo largo del territorio nacional, las actividades productivas varían estratégicamente desde los complejos portuarios, logísticos y turísticos de la región Caribe, pasando por la fuerte tradición cafetera, agroindustrial y el sector minero-energético de los Santanderes y el Llano, hasta consolidar robustos ejes industriales, financieros y de manufactura en el interior del país.

En este último escenario, la descentralización y el desarrollo local juegan un papel clave; de hecho, el Valle de Aburrá (Antioquia) y Sabana Centro (Cundinamarca) son las subregiones no-capitales (excluyendo a Bogotá) más industrializadas del país. Asimismo, dinámicas territoriales recientes demuestran que el Oriente Antioqueño es la subregión con mayor crecimiento proyectado debido a la migración de empresas fuera de Medellín y la expansión del Aeropuerto José María Córdoba (JMC). A continuación, se presentan las cartografías sectoriales detalladas que ilustran cómo se distribuyen estas vocaciones productivas y cuáles son los departamentos que impulsan el crecimiento del país.

El mercado internacional de la inteligencia artificial experimenta una transformación estructural acelerada durante el 2026, caracterizada por un incremento exponencial en el flujo de capitales, la reducción de los costos de procesamiento y una velocidad de asimilación social sin precedentes históricos. El Reporte del Índice de Inteligencia Artificial 2026, publicado por la Universidad de Stanford, revela que la inversión corporativa global se duplicó ampliamente durante el último ciclo evaluado, consolidando una tasa de adopción dentro de las organizaciones del 88% a nivel mundial.

Este despliegue masivo de infraestructura tecnológica ha sido apalancado de forma directa por una caída superior al 99,0% en los costos de computación de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) desde el año 2006. Las métricas de difusión analizadas señalan que la inteligencia artificial generativa alcanzó una tasa de adopción del 53% a nivel de la población en un periodo de apenas tres años desde su introducción comercial, superando la velocidad histórica de propagación que registraron en su momento tecnologías transversales como la computadora personal o el internet. Esta dinámica de rápida implementación responde a la optimización de los modelos fundacionales, los cuales han comenzado a saturar los estándares tradicionales de evaluación debido a la convergencia técnica en sus capacidades de razonamiento abstracto y resolución de problemas complejos.

De acuerdo con las investigaciones analizadas por el diario económico español Cinco Días y los datos estadísticos recopilados en el informe de Stanford, la distribución global de la financiación privada y el valor excedente derivado de estas herramientas muestran marcadas asimetrías geográficas. Estados Unidos lidera el financiamiento privado global con una asignación de US$285.900 millones al cierre de 2025, un volumen que supera por más de 23 veces a los US$12.400 millones invertidos por China en el mismo sector. Por su parte, el informe de la Universidad de Stanford detalla que el valor generado de forma directa para los usuarios por el uso de plataformas frecuentemente gratuitas ascendió a los US$172.000 millones anuales en el mercado estadounidense a comienzos de 2026.

Asimismo, reseñas técnicas de Diario del Sur explican que se deben a una caída en los costos de inferencia, impulsada por el desarrollo de nuevos chips, que consumen menos energía, y modelos más eficientes y compactos de las interfaces de programación de aplicaciones (API) ha permitido a las empresas del sector de servicios y tecnología integrar capacidades avanzadas de automatización con un menor requerimiento de capital inicial. Esta accesibilidad financiera explica por qué la adopción de modelos de lenguaje independientes ha comenzado a expandirse de forma acelerada en economías en desarrollo de América Latina, Asia y el Medio Oriente.

No obstante, esta profunda reconfiguración tecnológica ha introducido al aparato productivo global en una fase compleja, donde los incrementos medibles de eficiencia conviven con repercusiones directas sobre las tasas de empleabilidad de los profesionales técnicos iniciales. El informe de la Universidad de Stanford detalla que, en sectores con alta exposición a la automatización de flujos de trabajo, como el desarrollo de software, la contratación para puestos de nivel de entrada destinados a jóvenes de entre 22 y 25 años registró una contracción cercana al 20,0% en comparación con los registros de 2024. El informe de la Universidad de Stanford detalla que las ganancias son del 14% al 15% en soporte al cliente y del 26% en desarrollo de software, pero en las áreas de marketing y creación de contenido la productividad aumenta en un 50%, por lo que el rango real supera ese 26%.

Según los estudios analizados por el pórtal cinco días, el impacto económico agregado plantea un desafío estructural para los sistemas de educación superior y formación profesional, dado que las organizaciones tienden a delegar las labores de soporte intermedio en agentes autónomos supervisados, elevando las barreras de entrada al mercado laboral formal para las nuevas generaciones de graduados universitarios.

Desde la perspectiva de Sectorial, la maduración del mercado de inteligencia artificial en 2026 marca el paso desde una fase de expectativa comercial hacia un periodo de optimización operativa con altos costos de transición social. Se considera que la reducción del 99,0% en los costos de computación gráfica ha destruido las barreras de entrada para la adopción masiva, transformando a la tecnología en un servicio básico disponible para el 88,0% de las empresas corporativas.

Se analiza que el verdadero riesgo macroeconómico radica en la velocidad de desplazamiento observada en los segmentos laborales de menor experiencia, como lo demuestra la caída del 20,0% en el empleo de programadores jóvenes. Por otro lado, la brecha de inversión entre Estados Unidos y China (US$285.900 millones frente a US$12.400 millones). El reporte indica que múltiples países y economías emergentes (como India, Emiratos Árabes Unidos y Singapur) están impulsando estrategias de “soberanía de IA”, invirtiendo activamente para construir su propia infraestructura informática y modelos fundacionales locales, no solo personalizando código abierto.

Para conocer en profundidad las proyecciones de inversión en infraestructura de servidores, la evolución de los costos de almacenamiento en la nube y el análisis de la demanda de talento en desarrollo de software en América Latina, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y participe en los comités de discusión de nuestros Foros Sectoriales, herramientas clave para guiar las decisiones comerciales en la era de la automatización avanzada.

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Additional Info

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El sector de comercio exterior colombiano atraviesa una coyuntura jurídica determinante con la cuenta regresiva para la expedición del nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), junto con seis gremios adicionales que agrupan la cadena logística nacional, remitió el 27 de mayo de 2026 una solicitud conjunta a las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes para priorizar en la agenda legislativa el trámite del Proyecto de Ley 312S de 2025, acumulado con el 331S de 2025. La iniciativa pretende cumplir con el plazo improrrogable del 20 de junio de 2026, establecido por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-072 de 2025, fallo mediante el cual el alto tribunal determinó que las normas sancionatorias en materia aduanera deben ser expedidas mediante ley del Congreso y no a través de decretos del Ejecutivo. La materialización oportuna del trámite resulta esencial para preservar la seguridad jurídica de los procesos en curso, mantener la capacidad de control sobre operaciones de comercio exterior y blindar al país frente a riesgos asociados al contrabando y a delitos transnacionales relacionados con la cadena logística internacional.

Según el diario Portafolio, la ausencia de un nuevo régimen sancionatorio obligaría a la aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución, lo que conllevaría el archivo de cerca de 10.851 procesos aduaneros por un valor estimado de $7,1 billones. La cifra se descompone en 8.250 procesos en etapa de investigación de fiscalización por $3,3 billones, 2.453 procesos judiciales aduaneros por $2,7 billones y 148 discusiones administrativas por $1,1 billones. Adicionalmente, las autoridades aduaneras quedarían sin sustento legal para ejecutar aprehensiones, decomisos y liquidaciones de sanciones, lo que comprometería la integridad del sistema de control fronterizo. El 19 de mayo de 2026, las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron el proyecto en primer debate por unanimidad. Sin embargo, el segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones aún no ha sido citado, lo que motivó a los gremios firmantes (Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT) a solicitar formalmente que la iniciativa sea incorporada en el orden del día de la plenaria correspondiente a más tardar el 2 de junio de 2026, como segundo punto, garantizando así el cumplimiento de los pasos restantes: segundo debate, conciliación de textos y sanción presidencial.

El ecosistema completo del comercio exterior colombiano se encuentra alineado en torno a la urgencia de la aprobación oportuna. Los gremios firmantes representan a importadores, exportadores, agencias de aduanas, agentes de carga, operadores logísticos, transportadores, zonas francas, comerciantes y la academia tributaria y aduanera, configurando un respaldo amplio a la iniciativa. Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, calificó la situación como una verdadera carrera contra el tiempo y advirtió que las consecuencias jurídicas y fiscales para el país resultarían muy graves si el trámite no se acelera durante las próximas semanas. Más allá del impacto inmediato sobre los procesos en curso, los gremios subrayan que la ausencia de un régimen sancionatorio moderno y proporcional debilitaría el control sobre flujos asociados al contrabando, el lavado de activos y delitos relacionados con el narcotráfico, así como la vigilancia sobre armas, precursores químicos y mercancías sensibles. El proyecto de ley fue construido de manera conjunta entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los principales actores del comercio exterior, buscando modernizar el marco normativo bajo criterios técnicos de proporcionalidad y debido proceso, en línea con las mejores prácticas internacionales en materia de control aduanero y facilitación del comercio.

Para Sectorial, la coyuntura del régimen sancionatorio aduanero ilustra el riesgo estructural que enfrenta Colombia cuando los plazos constitucionales coinciden con calendarios legislativos ajustados. El monto en juego, equivalente a $7,1 billones, representa aproximadamente el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, configurando una exposición fiscal y judicial considerable que trasciende la coyuntura del comercio exterior. La unanimidad alcanzada en primer debate refleja un consenso institucional poco frecuente en el actual contexto político, aunque la falta de citación al segundo debate evidencia las tensiones operativas que enfrenta la agenda legislativa durante un año electoral. Para los actores empresariales, el escenario plantea tres riesgos directos: la incertidumbre sobre procesos en curso, la pérdida de capacidad de respuesta de las autoridades fronterizas y el aumento de la vulnerabilidad frente al contrabando, que históricamente ha afectado sectores sensibles como textiles, calzado, licores y combustibles. La materialización del proyecto de ley constituye, por tanto, una prioridad estratégica para preservar la competitividad exportadora del país, fortalecer el recaudo aduanero y consolidar la lucha contra los delitos económicos transnacionales que erosionan la confianza institucional y la dinámica del comercio formal.

Para conocer en mayor profundidad cómo la coyuntura regulatoria del comercio exterior impacta la cadena logística, la facilitación aduanera y la competitividad exportadora del país, así como las variables financieras, normativas y operativas que condicionan a importadores, exportadores, agencias de aduanas y operadores logísticos, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los foros sectoriales especializados en comercio exterior y logística. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para empresas, gremios y entidades reguladoras del sector.

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En la actualidad nos informamos principalmente a través de redes sociales, las cuales no están diseñadas para informar, sino para retener nuestra atención. Al mostrarnos solo lo que se alinea con nuestros sesgos, destruyen el puente con “el diferente”. Creemos que nuestra pantalla es el reflejo del mundo real, cuando en realidad es un espejo de nosotros mismos.  

Esta situación la tienen clara los candidatos presidenciales, por eso los punteros de las encuestas evitan los debates. Es una estrategia calculada. Saben que en el ecosistema actual el debate con argumentos penaliza más de lo que premia. Prefieren emitir monólogos controlados en sus propios canales y así destruir el puente con “el diferente”. 

Sin debates y sin confrontación de ideas racionales, la democracia se vacía de contenido. El ciudadano termina eligiendo desde la visceralidad (el miedo o la rabia), nublando la capacidad de tomar decisiones óptimas, las cuales requieren un equilibrio entre cabeza y corazón. 

Si elegimos de esa manera nos enfrentamos a dos opciones de futuro conversacional; una que es la continuidad del gobierno actual donde la información institucional es ambigua, dispersa, y donde se evita la rendición de cuentas clara ante la prensa y la oposición; y otra donde el liderazgo se vuelve hermético, dogmático y cerrado a la controversia. Bajo esta línea, cualquier argumento contrario no se debate, sino que se ataca, profundizando la fractura social.  

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Informes Sectoriales

El sistema eléctrico colombiano intensificó el uso de combustibles fósiles para la generación térmica durante los primeros cinco meses del año, en respuesta a la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instale en el territorio nacional antes de finalizar julio. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima en 82,0% la probabilidad de ocurrencia del evento climático, escenario que ha llevado a las plantas termoeléctricas a reforzar su operación con el propósito de preservar los niveles de los embalses y garantizar la confiabilidad del suministro. El consumo de carbón registró un incremento del 47,9%, mientras que el de gas natural aumentó un 65,1% frente a periodos previos, evidenciando el papel cada vez más relevante de la generación térmica como pilar de respaldo ante la reducción esperada de la disponibilidad hídrica. Esta dinámica se acentuó a partir del 10 de mayo, cuando comenzó a observarse un alza sostenida en la quema de combustibles destinados a compensar la menor producción de las centrales hidroeléctricas, fuente que aporta cerca del 77,0% de la electricidad nacional en condiciones normales.

Según el diario La República, las cifras del operador del mercado eléctrico XM muestran que las plantas térmicas acumularon un consumo de 43 millones de unidades térmicas británicas (Mbtu) en lo corrido del año. De ese total, 18,8 millones de Mbtu correspondieron a carbón, 17,0 millones a gas importado y 6,8 millones a gas nacional. En términos de participación, el carbón concentró la mayor proporción con un 43,9%, seguido del gas importado con un 39,6% y del gas nacional con un 15,81%. Pese al mayor consumo, el nivel de los embalses para generación eléctrica se ubicó en 66,4%, apenas por encima del promedio histórico del 65,7% y todavía distante de la meta técnica del 80,0% que los analistas consideran necesaria para enfrentar el verano energético previsto entre diciembre y abril. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió que la principal limitación del carbón no radica en la disponibilidad del recurso, sino en factores logísticos y operativos derivados del cierre de minas en el contexto actual del sector minero.

El robustecimiento del parque térmico enfrenta tensiones estructurales que condicionan su capacidad de respaldo durante un eventual período seco prolongado. Aún persisten desafíos asociados al cierre de minas, a nuevos impuestos y regulaciones que afectan la competitividad, a menor demanda en mercados tradicionales, a problemas de orden público y a la prohibición de exportaciones a Israel. En el caso del gas natural, la situación resulta más apremiante, dado que Colombia dejó de ser autosuficiente en 2024, con una caída de la producción del 17,1% durante 2025, lo que ha obligado a recurrir crecientemente a importaciones más costosas. Según estimaciones gremiales, las plantas térmicas pueden abastecer hasta el 55,0% del consumo eléctrico nacional, consolidándose como un componente indispensable del esquema de confiabilidad. Frente a este panorama, las asociaciones Acolgen y Andeg advirtieron que el mayor uso de generación térmica con gas importado podría traducirse en aumentos moderados en las tarifas de energía durante los próximos meses, presionando el presupuesto de los hogares y la competitividad del aparato productivo nacional.

Para Sectorial, el incremento del 47,9% en el consumo de carbón y del 65,1% en el de gas refleja la transición del parque térmico desde un rol de respaldo hacia un papel protagónico en la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Esta dependencia creciente expone tres vulnerabilidades simultáneas: la limitación logística para movilizar el carbón disponible, la pérdida de autosuficiencia en gas natural que encarece el respaldo, y la presión tarifaria derivada del mayor costo de los combustibles importados. El nivel de embalses en 66,4%, distante del óptimo del 80,0%, configura un margen de maniobra estrecho frente a un evento climático que podría intensificarse durante el segundo semestre. La capacidad de las térmicas para cubrir hasta el 55,0% de la demanda nacional resulta insuficiente si la hidrología se deteriora de forma severa, lo que subraya la urgencia de diversificar la matriz y resolver los cuellos de botella del suministro de gas. Para los hogares y la industria, el escenario anticipa incrementos tarifarios moderados pero sostenidos, mientras que para los generadores térmicos representa una oportunidad de ingresos condicionada a la estabilidad financiera del sector y a la resolución de las deudas acumuladas en la cadena de pagos.

Para conocer en mayor profundidad el comportamiento del consumo de combustibles, la confiabilidad del parque térmico y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios mayoristas y las tarifas finales, así como las variables financieras, regulatorias y comerciales que condicionan la operación de generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los foros sectoriales especializados en energía. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, generadores y entidades reguladoras del sector.

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Precio base del carbón nacional cae un 24,7 % para el segundo trimestre de 2026

Precio del carbón se ubica en US$84,69 y evita sobretasa. ¿Qué impacto tendrá en las mineras en 2026?

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El comercio exterior de edulcorantes y subproductos derivados de la molienda de la caña en Colombia muestra una transformación en el inicio del 2026, revirtiendo la tendencia de contracción observada durante la vigencia anual previa. Según las cifras consolidadas de la balanza comercial agroindustrial, el volumen total de las importaciones de azúcar reportó un incremento del 41,5% durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, en comparación directa con el mismo trimestre del año anterior.

Este aumento en las toneladas métricas ingresadas al territorio nacional viene acompañado de una expansión del 28,2% en el valor total CIF medido en miles de dólares. Este comportamiento técnico contrasta con la dinámica registrada a lo largo del 2025, periodo en el cual las compras externas del dulce sufrieron una caída acumulada del -42,1% en términos de valor monetario y una reducción del -36,4% en el volumen bruto despachado. La aceleración actual de los envíos hacia los centros de consumo colombianos está vinculada con un descenso sostenido en las cotizaciones internacionales de la materia prima, reflejado en una reducción del -9,4% en el precio unitario por tonelada durante el primer trimestre del año en curso, lo que prolonga la corrección de precios del -8,9% experimentada durante el año 2025.

De acuerdo con la información económica divulgada por el diario El Tiempo y los registros estadísticos aduaneros analizados en el reporte EXIM de Sectorial, el abastecimiento de azúcar importado en Colombia mantiene una alta concentración en los socios comerciales de la región americana. El principal proveedor del mercado colombiano es Bolivia, origen que concentra el 56,2% de la participación total de las importaciones de este producto, seguido por Perú con una cuota del 34,8% del mercado, mientras que el resto se distribuye entre oferentes de Guatemala con una porción del 4,7%, Brasil, Honduras, Estados Unidos de América, Ecuador y Canadá.

Los análisis gremiales procesados por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) confirman que el mercado colombiano se ha consolidado como un destino prioritario para el superávit agroindustrial boliviano, al punto que Colombia recibe de forma directa el 62,0% de todo el azúcar que Bolivia exporta hacia el mundo. Esta relación comercial fluida se ve facilitada por las ventajas arancelarias vigentes en los acuerdos de integración regional, que eximen de gravámenes de importación a estos flujos de bienes dentro del bloque andino.

Por otro lado, la reducción continua del -9,4% en el precio unitario del azúcar importado funciona como un factor de alivio financiero para las organizaciones, permitiendo mitigar el incremento generalizado en los costos de los servicios públicos, el transporte por carretera y las cargas laborales fijas en el país.

Desde Sectorial, el repunte del 41,5% en el volumen de importaciones de azúcar durante el primer trimestre de 2026 devela un cambio de estrategia de abastecimiento por parte de la industria transformadora de alimentos y bebidas en Colombia. La caída consecutiva en los precios unitarios internacionales, reflejada en el ajuste del -9,4% en el arranque del año, ha generado un arbitraje de costos favorable para que los grandes jugadores utilicen el producto extranjero en lugar de depender exclusivamente de la oferta local.

Por otro lado, la concentración del 56,2% de las compras en el origen boliviano expone una complementariedad comercial andina que ejerce presión directa sobre los productores de caña tradicionales del Valle del Cauca. En los trimestres restantes de 2026, Sectorial prevé que la estabilidad de este canal importador dependerá de la evolución de las salvaguardias regulatorias que supervise Asocaña y de la reactivación de la molienda local en los ingenios azucareros del país.

Para conocer detalladamente las variaciones comerciales de las materias primas agroindustriales, las tendencias en las estructuras de costos de la industria de alimentos y bebidas, y los análisis mensuales de comercio exterior en el mercado colombiano, consulte nuestro reporte de comercio exterior y revise nuestros informes sectoriales, herramientas diseñadas para la toma de decisiones estratégicas de su organización.

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¿Qué pasaría si les dijera que una sola decisión técnica, tomada en junio de 2025, sumó 125 millones de personas a las estadísticas de pobreza del mundo en un solo día? Hoy, uno de cada diez seres humanos vive con menos de tres dólares al día. Pero esa cifra esconde algo más complejo de lo que parece.

El Banco Mundial subió la línea con la que mide la pobreza extrema, y de un día para otro, 125 millones de personas pasaron a contarse dentro de la estadística. El punto clave es este: ser pobre no es un hecho que simplemente se observa, es un umbral que se define. Y según dónde se coloque ese umbral, el número de pobres del planeta cambia por cientos de millones. Hoy vamos a explicar, qué significa realmente la pobreza, por qué existen distintos niveles para medirla y por qué el ingreso diario es solo una parte del problema. Porque mientras 808 millones de personas viven en pobreza extrema por ingresos, otra medición distinta cuenta 1.100 millones de pobres en el mundo. ¿Cómo pueden coexistir dos cifras tan diferentes? La respuesta empieza por una pregunta básica que casi nadie se hace.

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¿Qué significa realmente ser pobre?

La palabra pobreza se usa a diario, pero definirla con precisión es más difícil de lo que parece. En el sentido más amplio, la pobreza es una situación de privación: la imposibilidad de cubrir un conjunto de necesidades consideradas básicas para vivir con dignidad. El problema es que esa definición abre de inmediato dos preguntas. ¿Qué cuenta como necesidad básica? ¿Y cuánto dinero, o cuántos recursos, hacen falta para cubrirla?

Para resolver esto, los organismos internacionales no usan una sola definición, sino varias herramientas de medición que conviven entre sí. La más conocida mide la pobreza a través del dinero: cuánto ingresa o cuánto consume una persona en un día. Otra herramienta mira directamente las condiciones de vida: si la vivienda tiene agua potable, si los niños asisten a la escuela, si el hogar cocina con combustibles seguros. Cada método ofrece una fotografía parcial. Y cuando se combinan, revelan que la pobreza no es un estado único, sino una escala con varios niveles de gravedad.

La pobreza monetaria: la línea de los tres dólares

La forma más difundida de medir la pobreza es la línea internacional de pobreza, un umbral de ingreso o consumo diario por persona. En junio de 2025, el Banco Mundial actualizó ese umbral y fijó la pobreza extrema en 3,00 dólares diarios, medidos en paridad de poder adquisitivo de 2021 que es una medida de la cantidad de moneda local necesaria en cada país para adquirir bienes y servicios del mismo valor. Quien vive con menos de esa cantidad se considera en pobreza extrema. El límite anterior era de 2,15 dólares, y el simple ajuste de la cifra explica por qué 125 millones de personas entraron de golpe en la estadística: el conteo pasó de 713 millones para 2022 a 838 millones de personas, sin que la realidad material cambiara ese día.

Pero la pobreza extrema es solo el escalón más bajo. El Banco Mundial maneja también una línea de 4,20 dólares diarios, típica de los países de ingreso medio-bajo, y otra de 8,30 dólares, propia de los países de ingreso medio-alto. Estas líneas funcionan como una escalera. Y los números son contundentes: casi una de cada cinco personas en el mundo vive con menos de 4,20 dólares al día, y cerca de la mitad de la población mundial sobrevive con menos de 8,30 dólares diarios.

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Para 2025, las estimaciones ubican la pobreza extrema mundial en torno a 808 millones de personas, alrededor del 9,9% de la humanidad. La cifra ha bajado a lo largo de las décadas, pero el avance se concentra de forma desigual. Más de tres cuartas partes de las personas en pobreza extrema viven hoy en África subsahariana o en países afectados por conflictos. Mientras una región reduce la pobreza, otra la acumula.

Pobreza absoluta y pobreza relativa: dos formas de contar

Existe una distinción conceptual que ayuda a entender por qué las cifras varían tanto entre países. La pobreza absoluta se mide contra un umbral fijo: el costo de un conjunto mínimo de bienes y servicios indispensables, como alimentación, vivienda y salud. Ese umbral no cambia porque el resto de la sociedad se enriquezca. La línea de los 3,00 dólares diarios es un ejemplo de medición absoluta, y es la que se utiliza para comparar la pobreza extrema entre los países más pobres del mundo.

La pobreza relativa funciona de otra manera. En lugar de un umbral fijo, se define en relación con el nivel de vida promedio de cada sociedad. Por lo general, se considera en pobreza relativa a quien vive con un ingreso muy por debajo de la mediana de su país. Bajo este criterio, una persona puede no estar en pobreza extrema, pero sí quedar excluida de las condiciones de vida normales de su entorno. Este enfoque, usado con frecuencia en países de altos ingresos, mide menos la supervivencia y más la desigualdad y la exclusión social. Por eso un país puede tener pobreza absoluta casi nula y, al mismo tiempo, una pobreza relativa significativa.

Más allá del ingreso: la pobreza multidimensional

Medir la pobreza solo por el dinero deja un punto ciego. Una familia puede superar la línea de los 3,00 dólares y, aun así, no tener acceso a agua potable, electricidad o educación. Para capturar esa realidad existe el Índice de Pobreza Multidimensional, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford.

Este índice no pregunta cuánto gana una persona, sino qué carencias enfrenta de manera simultánea. Evalúa tres dimensiones del bienestar: salud, educación y nivel de vida, repartidas en diez indicadores concretos, como la nutrición, los años de escolaridad, el acceso a saneamiento, el agua, la electricidad o el tipo de combustible para cocinar. Una persona se considera multidimensionalmente pobre cuando acumula privaciones que superan un tercio de esos indicadores ponderados.

Para entender la pobreza multidimensional, imaginemos un hogar rural en una zona apartada. La familia logra ingresos superiores a los tres dólares diarios por persona, lo que técnicamente la deja fuera de la pobreza extrema monetaria. Sin embargo, cocina con leña dentro de la vivienda, no cuenta con servicio de saneamiento, uno de los hijos abandonó la escuela y otro presenta desnutrición crónica.

Bajo el lente del ingreso, esta familia no aparece como pobre. Bajo el lente multidimensional, acumula privaciones simultáneas en salud, educación y nivel de vida, y queda clasificada como pobre multidimensional aguda. El caso contrario también ocurre: un hogar urbano con ingresos por debajo del umbral, pero con acceso a agua potable, electricidad, escuela cercana y atención médica, puede aparecer como pobre monetario sin serlo en términos multidimensionales. Por eso ambas mediciones son complementarias, no sustitutas, y suelen usarse en conjunto.

Los resultados de 2025 muestran la otra cara de la pobreza. De 6.300 millones de personas analizadas en 109 países, 1.100 millones viven en pobreza multidimensional aguda, es decir, el 18,3% de esa población. Más de la mitad de esas personas son niños. Y un dato adicional dimensiona el problema: cerca del 80% de la población en pobreza multidimensional, unos 887 millones de personas, está expuesta a riesgos climáticos como olas de calor extremo, inundaciones, sequías o contaminación del aire. La pobreza dejó de analizarse como un problema aislado de ingresos para entenderse como una red de carencias conectadas entre sí.

La pobreza en américa latina: una radiografía regional

La región permite ver cómo estos conceptos se traducen en cifras cercanas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2024 el 25,5% de la población latinoamericana, unos 162 millones de personas, vivía en situación de pobreza por ingresos. Es el nivel más bajo desde que existen datos comparables. De ese total, 62 millones de personas, el 9,8% de la población, se encontraban en pobreza extrema.

Cuando se cambia el lente y se mide la pobreza multidimensional, la fotografía se amplía: esta forma de pobreza alcanza al 27,4% de la población regional. Las diferencias entre países son profundas. En naciones como Guatemala y El Salvador la incidencia supera el 50%, mientras que en Chile, Uruguay y Costa Rica se ubica por debajo del 6%. Una misma región contiene realidades opuestas, y el promedio regional oculta esas brechas internas tanto como las revela.

Si quieren profundizar en cómo las desigualdades económicas afectan el desarrollo de América Latina, pueden ver este video relacionado de Economía y Desarrollo: El problema que América Latina no resolvió: menos pobreza, la misma desigualdad

Por qué medir bien la pobreza sí importa

Podría parecer que estas distinciones son un asunto estadístico sin consecuencias prácticas, pero ocurre lo contrario. La forma de medir la pobreza determina quién recibe ayuda y quién queda fuera de los programas sociales. Si un gobierno solo mide ingresos, puede ignorar a hogares con carencias graves de vivienda o salud. Si solo mira el promedio nacional, puede pasar por alto regiones enteras rezagadas.

El cambio de línea de 2025 hizo que 125 millones de personas se sumen a las estadísticas por una actualización metodológica y no es un detalle menor: afecta la percepción del progreso global, la asignación de recursos internacionales y la urgencia con la que se diseñan las políticas. Por eso conviven varias mediciones complementarias. Ninguna es perfecta por sí sola, y la combinación de todas ofrece la imagen más fiel de un fenómeno que es, al mismo tiempo, económico, social y ambiental.

Las preguntas que deja la pobreza

Entender la pobreza obliga a aceptar que no existe un único número verdadero, sino varias formas legítimas de contarla. La línea de los tres dólares mide la supervivencia básica; la pobreza relativa mide la exclusión dentro de cada sociedad; y la medición multidimensional revela las carencias que el dinero no logra mostrar. Cada herramienta responde una pregunta distinta, y por eso las cifras nunca coinciden del todo.

Esto deja varias preguntas abiertas para la reflexión. Si el umbral de la pobreza es una decisión humana y no un hecho natural, ¿quién debería tener la autoridad de fijarlo? ¿Es suficiente sacar a una persona de la pobreza extrema por ingresos si sigue sin acceso a agua, salud o educación? ¿Y tiene sentido hablar de progreso global cuando ese progreso se concentra en unas regiones mientras otras retroceden? Quizá la pregunta de fondo no sea cuántos pobres hay en el mundo, sino qué estamos dispuestos a aceptar como un mínimo digno para cualquier ser humano.

Detrás de cada cifra que vimos hoy hay una vida concreta: un niño que no fue a la escuela, una familia que cocina sin combustible seguro, un hogar que sobrevive con menos de lo que cuesta un café en muchas ciudades. La pobreza no es un número lejano; es la medida de lo que una sociedad decide tolerar. Así que la pregunta te la dejamos a ti: si pudieras definir el umbral mínimo para vivir con dignidad, ¿dónde lo pondrías? Déjanos tu respuesta en los comentarios y debatamos.

Fuentes:

Banco Mundial – Poverty and Inequality Platform.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2024.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El sector de la edificación y las obras civiles en Colombia atraviesa una fase de ajuste estructural dentro de la producción nacional durante el 2026. De acuerdo con los balances agregados sobre la actividad edificadora, el macrosector de la construcción en su conjunto ha disminuido de forma progresiva su peso específico dentro del Producto Interno Bruto (PIB) total del país, situándose actualmente en un 4,1% de la economía colombiana. Esta cifra contrasta con el máximo histórico alcanzado durante el año 2016, periodo en el cual la ejecución constructiva representó el 7,3% del PIB nacional.

A pesar de esta pérdida de dinamismo macroeconómico, el sector es uno de los principales motores de absorción de mano de obra en las áreas urbanas, dando ocupación directa a un total de 1,6 millones de personas, lo que equivale al 6,7% del total de ocupados de la fuerza laboral del país. La ocupación sectorial registró su nivel más alto a finales del año anterior, alcanzando los 1,7 millones de trabajadores, debido a que el volumen de preventas inmobiliarias acumuladas durante el bienio de 2022 y 2023 completó sus fases de preventa e inició la ejecución física de obras en los proyectos habitacionales.

Según los datos y series estadísticas recopiladas en el informe de coyuntura elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de BBVA Research, con base en los registros oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la red de Coordenada Urbana de Camacol, el comportamiento de las obras civiles y las edificaciones  muestra trayectorias divergentes. Por un lado, la infraestructura de transporte y energía registró un crecimiento real cercano al 10,0% al cierre del último año evaluado, impulsado por el avance de obras civiles estratégicas en centrales eléctricas como Hidroituango, la ampliación de complejos mineros y planes viales regionales, lo que llevó el valor total de la producción de obras civiles a una suma consolidada de $31,3 billones medidos a precios de mercado. En la composición interna de la infraestructura vial y de servicios, la construcción de carreteras y ferrocarriles explica el 45,8% del indicador, seguida por las centrales eléctricas con un 9,7% y los desarrollos mineros con un 9,0% del total invertido.

En sentido opuesto, el segmento específico de las edificaciones residenciales experimenta una contracción derivada de las restricciones en la financiación estatal; los subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional se ubicaron en 43.000 coberturas anuales, una cifra que representa exactamente la mitad de los niveles máximos históricos registrados en el año 2021, cuando se asignaron 86.000 ayudas financieras a las familias compradoras.

Las gobernaciones y alcaldías de las principales regiones del país estructuraron planes de desarrollo cuatrienales enfocados en infraestructura vial y obras públicas locales, sumando una inversión regional proyectada de $42,3 billones, donde destacan los aportes presupuestales de Bogotá con $14,8 billones y de Antioquia con $10,0 billones corrientes. En el ámbito privado, las constructoras han reducido gradualmente las exigencias de preventa requeridas para dar inicio físico a las excavaciones. En 2024, el 94,0% de los proyectos exigían tener vendido al menos el 60,0% de sus unidades para arrancar obras, y en 2025 esa proporción bajó: el 81,0% de los proyectos mantuvo esa exigencia de vender el 60,0%. 

Adicionalmente, las compañías inmobiliarias incrementaron el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, reportando una adopción del 70,0% de inteligencia artificial aplicada al servicio al cliente y un 53,0% orientada a procesos de mercadeo y comunicaciones digitales. Esta transformación digital coincide con una modificación demográfica estructural en los compradores, caracterizada por la reducción del tamaño promedio de los hogares colombianos, los cuales pasaron de 3,1 personas por vivienda a un promedio nacional de 2,8 integrantes. Esta tendencia impulsa la diversificación de portafolios hacia usos mixtos y soluciones de rentas cortas para el turismo, un mercado que consolidó 64.284 hospedajes activos en plataformas digitales y una tasa de ocupación del 50,0% en los principales nodos urbanos. Al mismo tiempo, los colombianos no residentes en el país ganaron participación en los segmentos comerciales de precio libre (No-VIS), llegando a representar el 15,6% del volumen de ventas netas totales de las constructoras.

Desde la perspectiva de Sectorial, la reconfiguración de las variables operativas en la construcción evidencia que el sector residencial colombiano transita desde un modelo de crecimiento dependiente de los subsidios del presupuesto nacional hacia un esquema de gestión corporativa basado en la diversificación y la inversión pública descentralizada. El hecho de que la producción de infraestructura civil haya alcanzado los $31,3 billones demuestra que los proyectos públicos de carácter departamental funcionarán como el principal amortiguador contra el ciclo recesivo habitacional. Por otro lado, la adopción de herramientas de inteligencia artificial y la canalización de recursos provenientes de compradores en el exterior serán determinantes para estabilizar la rotación de los inventarios inmobiliarios remanentes en los centros metropolitanos durante los trimestres restantes del año en curso.

Para conocer detalladamente las variaciones financieras de la cadena de valor inmobiliaria, las tendencias de costo de insumos de edificación y las proyecciones de oxigenación de cartera hipotecaria para cada región de Colombia, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y, para estar al día de los proyectos de infraestructura, consulte nuestro radar de inversiones en infraestructura.

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Según el diario El Colombiano, el sector nuclear colombiano genera actualmente cerca de 45.000 empleos y aporta aproximadamente el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a unos $3,6 billones anuales, cifra que podría duplicarse durante los próximos cinco años en caso de aprobarse la Ley Nuclear que cursa en el Congreso de la República. La cooperación técnica entre la OIEA y Colombia experimentó un aumento del 50,0%, pasando de 700.000 euros a aproximadamente 1,3 millones de euros, recursos orientados a proyectos estratégicos en salud, agricultura, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento regulatorio. Adicionalmente, el país sostiene 24 tratados internacionales relacionados con el uso seguro de materiales radiactivos, la seguridad radiológica y la no proliferación nuclear, un soporte institucional considerado fundamental para avanzar bajo estándares internacionales. El Ministerio de Minas y Energía consolidó el Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), mecanismo encargado de coordinar los análisis técnicos, regulatorios e institucionales requeridos por la Fase 1 de la metodología establecida por la OIEA para evaluar la viabilidad de incorporar energía nuclear al sistema eléctrico nacional.

La hoja de ruta presentada en Viena por el Ministerio de Minas y Energía plantea una secuencia estructurada en tres horizontes temporales. En el corto plazo, la prioridad consiste en consolidar el marco regulatorio mediante la aprobación de la Ley Nuclear, iniciativa actualmente en la Comisión Primera del Senado y a dos debates de convertirse en norma. En el mediano plazo, el énfasis se concentrará en el fortalecimiento de las capacidades académicas y técnicas, incluyendo programas universitarios especializados en ciencias e ingenierías nucleares y alianzas formativas con instituciones internacionales. En el largo plazo, el horizonte planteado señala el 2038 como posible ingreso de la nucleoelectricidad a la matriz energética nacional, etapa que requeriría planeación integral, adecuación de infraestructura, evaluación técnica y ambiental, así como identificación de aliados estratégicos con experiencia comprobada en operación de reactores.

Adicionalmente, el acuerdo contempla aplicaciones complementarias en oncología, irradiación de alimentos, desalinización y control de plagas agrícolas. El proceso enfrenta como principal obstáculo la incertidumbre legislativa, dado que el trámite congresional quedó frenado tras la suspensión de sesiones, situación que podría retrasar la implementación efectiva del marco institucional requerido para avanzar hacia las siguientes fases del programa.

Colombia avanza en la estructuración formal de una hoja de ruta para evaluar la incorporación de la energía nuclear dentro de su matriz energética, en un contexto marcado por la creciente vulnerabilidad del sistema eléctrico ante fenómenos climáticos como El Niño y por la dependencia estructural de la generación hidroeléctrica, fuente que aporta cerca del 70,0% del suministro nacional en condiciones normales. El proceso quedó respaldado por el Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de febrero de 2026 en Cartagena entre el Ministerio de Minas y Energía y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instrumento con una vigencia de cinco años, sin afectación presupuestal inmediata para las partes, que establece un marco de cooperación técnica en planificación energética, desarrollo de infraestructura nuclear, intercambio de información y evaluación de tecnologías como los pequeños reactores modulares. La iniciativa se inscribe dentro del Plan Energético Nacional 2022-2052 y busca diversificar las fuentes firmes de generación, reducir la huella de carbono y fortalecer la confiabilidad operativa del Sistema Interconectado Nacional ante escenarios climáticos adversos.

Para Sectorial, la incorporación gradual de la energía nuclear a la matriz energética nacional representa una alternativa estratégica para abordar la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico colombiano, especialmente frente a la recurrencia de fenómenos como El Niño y al retraso sostenido en la incorporación de nueva capacidad firme de generación y los retrasos históricos en proyectos de transmisión eléctrica. La cooperación técnica del OIEA, valorada en 1,3 millones de euros, aporta el respaldo institucional necesario para avanzar bajo estándares internacionales sin comprometer recursos fiscales inmediatos. Sin embargo, la materialización del horizonte planteado para 2038 dependerá críticamente de tres factores: la aprobación oportuna de la Ley Nuclear, la consolidación de capacidades técnicas y científicas locales, y la disponibilidad de financiación de largo plazo bajo esquemas público-privados sostenibles. Las aplicaciones complementarias en salud, agricultura y desalinización abren oportunidades de inversión paralelas, con potencial de generar encadenamientos productivos significativos. La duplicación proyectada del aporte económico sectorial, de $3,6 billones a cerca de $7,2 billones en cinco años, configura un escenario atractivo para inversionistas estratégicos, siempre que la incertidumbre regulatoria y política logre resolverse durante los próximos ciclos legislativos.

Para conocer en mayor profundidad los impactos de la diversificación de la matriz energética sobre la confiabilidad operativa, los precios mayoristas y las oportunidades de inversión derivadas de la incorporación de nuevas tecnologías de generación firme, así como las variables financieras, regulatorias y comerciales que condicionan el desarrollo del sector eléctrico colombiano, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los foros sectoriales especializados en energía. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, generadores, comercializadores y entidades reguladoras del sector.

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Wednesday, 27 May 2026 12:52

Penetración de seguros fue el 3,3 % en 2025

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En 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector financiero y asegurador creció 2,8% frente a 2024, alcanzando $53,1 billones de pesos. La actividad aseguradora cerró el año con primas emitidas por $61,0 billones, un aumento anual del 8,7%, mientras los siniestros liquidados ascendieron a $26,4 billones (6,3%). Para el primer trimestre de 2026, las primas continuaron creciendo (4,5%), mientras los siniestros liquidados se redujeron 36,3% frente a igual periodo del año anterior, mejorando los resultados técnicos del sector.

La penetración de los seguros se ubicó en 3,3% del PIB en 2025, manteniéndose en niveles similares a los observados desde 2022. Por su parte, el sector enfrenta retos estructurales como la baja cobertura voluntaria en motocicletas (97,0% sin seguro voluntario), el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado de rentas vitalicias y los riesgos catastróficos: solo 5,0% de los hogares en Antioquia están asegurados contra estos eventos. Al mismo tiempo, la digitalización avanza: la compra de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en plataformas digitales superó las 500.000 pólizas en Mercado Libre. La inteligencia artificial se perfila como un factor clave de competitividad para el sector en la región.

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