Para el 2026, las organizaciones enfrentan un panorama donde las herramientas tradicionales de gestión de riesgos están resultando insuficientes para detectar amenazas disruptivas y sistémicas. El enfoque convencional tiende a priorizar eventos conocidos y predecibles, subestimando aquellos de baja probabilidad, pero de impacto devastador. La situación crea un sesgo silencioso que analiza los riesgos de forma aislada, sin capturar cómo las amenazas se interconectan para generar crisis organizacionales profundas. De acuerdo con Auditool, existen cinco riesgos emergentes que actualmente se encuentran fuera del radar de las matrices de riesgo convencionales. El primero es el riesgo geopolítico operativo, donde las tensiones globales impactan directamente la cadena de suministro. A este se suman la dependencia tecnológica crítica de proveedores clave, el riesgo de talento por conocimiento concentrado en expertos no documentados, el riesgo reputacional acelerado por crisis globales en cuestión de horas y los riesgos éticos invisibles derivados de decisiones algorítmicas sin supervisión humana. Ante este escenario, los expertos sugieren un cambio de paradigma, dejar de preguntar qué tan probable es que algo ocurra para cuestionar qué pasaría si sucede, aunque no tenga precedentes. Un sistema de auditoría moderno debe evaluar la resiliencia ante escenarios extremos pero plausibles, superando la “ceguera organizacional” que implica mantener matrices similares a las de años anteriores. La estabilidad aparente en los indicadores de riesgo actuales no es una señal de seguridad, sino una advertencia sobre la necesidad de actualizar los enfoques para sobrevivir en el entorno de 2026.

A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en diciembre en Colombia y el mundo, priorizados por su impacto global y regional: 1. Salario mínimo en Colombia sube 23,7% y alcanza los $2 millones con auxilio de transporte El gobierno decretó un incremento del salario mínimo del 23,7% para 2026, uno de los más altos en décadas, fijando el salario mínimo legal mensual en $1.750.905 y llevándolo a cerca de $2 millones al incluir el auxilio de transporte, que también tuvo un aumento considerable. Según el ejecutivo, la decisión tuvo en cuenta variables como inflación, productividad, composición de los hogares y el impacto sobre la demanda interna, y busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores formales y estimular el consumo. El presidente afirmó que el aumento tendría efectos positivos sobre el empleo y la actividad económica. Sin embargo, distintos gremios empresariales y económicos expresaron preocupación por el impacto fiscal y laboral de la medida, advirtiendo sobre riesgos en materia de inflación, informalidad y sostenibilidad del empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Entidades como la Andi, Fenalco, Anif y el Consejo Gremial Nacional cuestionaron la falta de concertación y señalaron que un alza de esta magnitud podría presionar los costos empresariales y las finanzas públicas en un contexto de alta incertidumbre fiscal y desaceleración económica. 2. UPC del sistema de salud sube 12,9% para 2026 El gobierno nacional definió el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que regirá en 2026 para los regímenes contributivo y subsidiado, con un incremento promedio de 12,9%, lo que elevará el presupuesto del aseguramiento en salud de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones el próximo año. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el ajuste responde a un estudio técnico realizado con la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, y busca cerrar brechas entre regímenes, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. Para 2026, se recomendó un aumento de 9,0% en el régimen contributivo y de 16,5% en el subsidiado, este último con primas adicionales asociadas a factores como dispersión geográfica, ubicación territorial y pertenencia a comunidades indígenas. El Gobierno aseguró que los recursos adicionales, estimados en $11,6 billones, deben reflejarse en pagos efectivos a hospitales y clínicas, y anunció mayores controles de vigilancia y transparencia. No obstante, gremios del sector salud cuestionaron el incremento del régimen contributivo, al considerarlo insuficiente frente al aumento de costos laborales y la situación financiera del sistema. 3. Colombia entra en incertidumbre fiscal tras la caída de la ley de financiamiento El Congreso de la República archivó de forma definitiva la ley de financiamiento presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que dejó sin una fuente clave de recursos al Presupuesto General de la Nación de 2026. El proyecto, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, fue negado el 9 de diciembre por las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, luego de que la Comisión Cuarta del Senado rechazara la ponencia positiva con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo que provocó automáticamente su hundimiento. Pese a los ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda y a los intentos por modificar algunos componentes tributarios, la iniciativa no logró revertir una mayoría legislativa adversa. Tras la decisión, el Gobierno advirtió sobre la necesidad de recortar gasto público, especialmente en inversión, y días después el presidente Petro decretó el estado de emergencia económica por 30 días para adoptar medidas fiscales extraordinarias. El episodio evidenció las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al manejo del déficit fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el alcance de los mecanismos constitucionales para enfrentar desequilibrios presupuestales. 4. Congreso hunde la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Séptima del Senado archivó de manera definitiva la reforma a la salud impulsada por el gobierno, tras una votación de ocho senadores a favor del archivo y cinco en contra. Con esta decisión, el proyecto quedó cerrado para la actual legislatura y se consolidó como uno de los principales reveses políticos del gobierno en el cierre del año. La iniciativa buscaba transformar el modelo de aseguramiento vigente desde la década de 1990, reduciendo la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud y fortaleciendo el rol del Estado en la administración de los recursos y la atención primaria. Sin embargo, el proyecto no logró disipar las preocupaciones sobre su viabilidad financiera ni construir consensos políticos suficientes en el Congreso. El archivo de la reforma se produjo en un contexto de dificultades estructurales del sistema de salud, marcadas por tensiones financieras y problemas de atención a los usuarios. Con su hundimiento, el debate sobre la sostenibilidad y el futuro del sistema sanitario colombiano queda abierto y se traslada a próximos periodos legislativos. 5. Inmobiliaria china Vanke logra un respiro financiero en medio de la crisis del sector La promotora inmobiliaria china Vanke evitó un escenario inmediato de bancarrota tras alcanzar acuerdos de última hora con sus acreedores para ampliar los periodos de gracia de parte de su deuda, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el sector inmobiliario chino. Según información revelada por Bloomberg, los tenedores de un bono por US$241 millones aceptaron extender el plazo de pago hasta el 28 de enero de 2026, mientras que otro grupo de acreedores aprobó ampliar de cinco a treinta días hábiles el periodo de gracia de un pagaré por cerca de US$447 millones. No obstante, la empresa no logró el respaldo necesario para diferir por un año el pago del principal, lo que mantiene latente el riesgo de una reestructuración más profunda. Las dificultades de Vanke reflejan el deterioro estructural del mercado inmobiliario en China, afectado por la caída de ventas, restricciones al crédito y pérdida de confianza de los compradores. Aunque las autoridades han reforzado la supervisión y brindado apoyo limitado, el alivio obtenido es temporal y no despeja las incertidumbres sobre la estabilidad financiera del sector. Otros hechos importantes que tuvieron lugar en diciembre: Proyecto de Asamblea Constituyente en Colombia: El gobierno formalizó ante la Registraduría un comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bajo el argumento de superar un “bloqueo institucional”, el proyecto busca una transformación estructural que incluye reformas al modelo económico, la descarbonización de la economía y cambios profundos en los sistemas de salud y justicia. Ataque de la CIA en Venezuela: Se reportó una operación exclusiva de la CIA mediante el uso de drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela. Según fuentes gubernamentales de EE. UU., el objetivo era un muelle utilizado por el grupo criminal “Tren de Aragua” para el narcotráfico; el presidente Donald Trump confirmó la autoría del ataque, calificándolo como un golpe directo a las rutas de distribución de drogas. Actualización masiva de software de Airbus: La aerolínea Avianca completó con éxito la actualización de software en su flota A320 tras una directriz global del fabricante Airbus. El proceso, que requirió el trabajo ininterrumpido de más de 2.500 técnicos, afectó temporalmente a miles de pasajeros, pero logró normalizar la operación aérea a principios de mes bajo los más altos estándares de seguridad. Creación de DAVIbank: El Grupo Davivienda anunció el nacimiento de DAVIbank, una nueva entidad bancaria que surge tras la integración de las operaciones de Scotiabank en la región. Este movimiento posiciona al grupo como un holding multilatina con más de 29 millones de clientes, operando dos marcas en paralelo antes de una futura consolidación total. Netflix adquiere Warner Bros: En un movimiento histórico para la industria del entretenimiento, Netflix anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros. por aproximadamente 82.700 millones de dólares. La transacción incluye los legendarios estudios de cine, televisión y el servicio HBO Max, lo que otorga al gigante del streaming el control sobre franquicias como el Universo DC, Harry Potter y Game of Thrones. Emisión de bonos colombianos a PIMCO: El Ministerio de Hacienda de Colombia concretó una venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos al fondo de inversión estadounidense PIMCO. La operación generó debate y un requerimiento de información por parte de la Contraloría debido a la naturaleza directa de la adjudicación y las condiciones de la tasa pactada en comparación con el mercado abierto. Primer caso de influenza H3N2 en Colombia: El Ministerio de Salud confirmó el primer caso importado del virus de influenza A(H3N2) subclado K en el país, correspondiente a un viajero procedente de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a reforzar la vacunación, especialmente en adultos mayores, ante la circulación de esta variante que ha mostrado un aumento sostenido a nivel global. Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado: La líder opositora venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego destacó su “lucha incansable por los derechos democráticos” y su papel fundamental en la promoción de una transición pacífica en Venezuela, convirtiéndola en un símbolo global de resistencia civil y esperanza democrática.

El expresidente Donald Trump ha propuesto un ambicioso plan para intervenir y revitalizar la industria petrolera de Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas del mundo con 303.000 millones de barriles. La iniciativa busca que corporaciones estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la reparación de una infraestructura energética que ha sido desmantelada y saqueada tras décadas de gestión deficiente. Sin embargo, la capacidad operativa actual es mínima, con una producción de solo 860.000 barriles diarios reportada en noviembre, lo que equivale a un tercio de lo que era hace diez años y representa menos del 1,0 % de la demanda global de crudo. De acuerdo con informes de la BBC y análisis de expertos del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, la viabilidad de esta estrategia enfrenta barreras legales y técnicas de gran magnitud. Los especialistas advierten que la reactivación del sector no sería inmediata, pues se estima que alcanzar un incremento significativo en la producción tomaría hasta una década de inversiones constantes. Además, la mayoría de las reservas venezolanas consisten en crudo pesado y agrio, el cual es más complejo de refinar que el petróleo ligero producido habitualmente en Estados Unidos. Para los analistas de Kpler, cualquier avance significativo depende de un acuerdo con un nuevo gobierno, factor que hoy genera una profunda incertidumbre jurídica. En el ámbito financiero, se prevé que el impacto sobre los precios internacionales del combustible sea marginal en el corto plazo, dadas las demoras estructurales para normalizar la oferta. Actualmente, Chevron es la única compañía norteamericana activa en la zona, responsable de aproximadamente el 20,0 % de la extracción nacional bajo licencias específicas. El éxito de un eventual retorno masivo de capitales extranjeros estará condicionado a la estabilidad política y a la resolución de disputas por expropiaciones previas de activos. Mientras tanto, el mercado global mantiene una oferta sólida de otros proveedores, lo que reduce la urgencia inmediata de integrar el recurso venezolano a la cadena de suministro internacional.

El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia enfrenta un panorama de alta presión financiera debido a su estructura operativa, donde el factor humano representa entre el 80,0 % y el 90,0 % de los costos totales. Dado que la industria opera con márgenes de rentabilidad estrechos, situados habitualmente entre el 2,0 % y el 3,0 %, los incrementos en la remuneración básica tienen un efecto inmediato en la sostenibilidad de las empresas. La dependencia estructural del componente humano limita la capacidad de las organizaciones para absorber choques económicos abruptos sin trasladar los costos a los usuarios finales o comprometer la estabilidad del empleo formal en el país. Según la Federación de Empresas de Seguridad Privada (Fedeseguridad), la tarifa mínima del servicio está regulada e indexada al salario mínimo, lo que implica que cualquier ajuste en este rubro encarece directamente la contratación para colegios, hospitales, industrias y zonas residenciales. Raquel Garavito, presidenta del gremio, advirtió que la combinación del aumento salarial para 2026 con los efectos de la reforma laboral, que incluye la reducción de la jornada a 42 horas y el alza en recargos nocturnos y dominicales, generará un incremento acumulado del 31,5 % en la tarifa. Actualmente, un puesto de vigilancia equivale a 9,77 salarios mínimos, una carga prestacional que impactará con fuerza los presupuestos del sector público y privado. Las consecuencias de este encarecimiento se manifiestan en una tendencia hacia la reducción de coberturas, donde los usuarios optan por disminuir turnos operativos de 24 a 12 horas para mitigar el impacto económico. Asimismo, el gremio alerta sobre una posible migración hacia esquemas de seguridad informal que no cumplen con los requisitos legales ni de formación técnica, lo que incrementa los riesgos para la seguridad ciudadana. Aunque la tecnología se integra progresivamente como un apoyo, el sector considera que el país aún no está preparado para una sustitución masiva del personal físico, manteniendo la presión sobre el mercado laboral en los principales nodos logísticos y centros urbanos de Colombia.