En Colombia, la tasa de desocupación nacional alcanzó mínimos históricos, situándose en el 8,2% en octubre de 2025. La informalidad, por su parte, se ubicó en 56,1% del total de ocupados, mostrando comportamientos a la baja en sectores rurales como la agricultura y fluctuaciones en sectores de servicios como el comercio y el turismo, los cuales han sido los receptores directos del choque de costos derivado de los nuevos recargos dominicales y la reducción de la jornada. La implementación de dos cambios estructurales en la legislación laboral colombiana, como lo fueron la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral) y la tercera fase de la reducción de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021, afecta de manera directa los costos y la productividad de los sectores. Por un lado, la Ley 2566 de 2025 representó un cambio desde la flexibilización hacia el garantismo y la estabilidad; otros aspectos afectados fueron el incremento del recargo dominical y festivo (Art. 15); el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio aumentó del 75,0% al 80,0%. El cambio afectó directamente la estructura de costos de los sectores que operan 24/7, específicamente alojamiento y servicios de comida, comercio minorista, vigilancia y transporte. Por su parte, el 15 de julio de 2025 entró en vigor la tercera fase de reducción de la jornada laboral, pasando de 46 a 44 horas semanales. Al reducir las horas trabajadas manteniendo constante el salario mensual, el valor de la hora ordinaria se incrementó automáticamente en aproximadamente un 4,5%. Para las empresas de servicios y comercio, donde la producción está ligada a la presencia física y al horario de atención al público, esta reducción implica una pérdida neta de horas operativas que deben ser cubiertas mediante pago de horas extras (encareciendo la nómina), contratación de personal adicional (aumentando costos fijos), reducción de horarios de atención (afectando ventas) o aumento de la carga laboral por trabajador (riesgo de burnout). También se estableció el contrato a término indefinido como la regla general. Los contratos a término fijo se limitaron a un máximo de cuatro (4) años, tras los cuales se convierten en indefinidos. La medida introduce rigidez en la contratación. Durante el tercer trimestre, es probable que las empresas hayan acelerado la finalización de contratos a término fijo próximos a vencer o hayan migrado a modelos de servicios externalizados para evitar la vinculación indefinida automática, afectando la rotación laboral.

Reino Unido en alerta: la fuga de cerebros ya preocupa al gobierno

El Reino Unido comienza a enfrentar una salida sostenida de profesionales altamente cualificados que ya genera inquietud en el gobierno y en los principales sectores productivos. Entre 2023 y 2024, más de 250.000 ciudadanos británicos emigraron, en su mayoría trabajadores activos, jóvenes cualificados y familias en plena edad laboral. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, contrasta con el discurso político centrado en el control migratorio y pone en evidencia una pérdida de capital humano formado localmente. Sectores estratégicos como la salud, la ingeniería y la tecnología muestran señales claras de presión: solo en 2024, más de 4.000 médicos británicos abandonaron el país, atraídos por mejores condiciones laborales y salariales en destinos como Australia, Canadá o Estados Unidos, mientras el NHS continúa enfrentando listas de espera crecientes y escasez de personal.

A esta dinámica se suma la posible salida de grandes patrimonios, con estimaciones que apuntan a que hasta 16.500 millonarios podrían abandonar el Reino Unido en el corto plazo, tras cambios en la fiscalidad y el debilitamiento del régimen para residentes no domiciliados. El estancamiento salarial real, el aumento del costo de vida —especialmente en vivienda—, una elevada presión fiscal y los efectos estructurales del Brexit han alimentado una percepción de estancamiento económico. La consecuencia es un impacto directo sobre la productividad, la innovación y el crecimiento potencial del país, que se vuelve cada vez más dependiente de talento importado para cubrir vacantes clave. El desafío para el gobierno británico es claro: sin mejoras tangibles en condiciones laborales, acceso a vivienda y expectativas de futuro, la fuga de cerebros podría consolidarse como uno de los principales límites al desempeño económico del Reino Unido en los próximos años.

 

En una maniobra estratégica que redefine el panorama tecnológico global, Nvidia ha concretado una inversión histórica de US$5.000 millones en Intel, transformando su antigua rivalidad en una colaboración de alto nivel. Esta inyección de capital, materializada a través de la compra de acciones ordinarias, tiene como objetivo principal acelerar el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y computación avanzada, permitiendo que Intel asuma un rol crucial en la fabricación de chips personalizados adaptados específicamente a las plataformas de su nuevo socio estratégico.

Según La República, este acuerdo llega en una coyuntura decisiva para Intel, que busca recuperar terreno tras años de presión operativa, recibiendo ahora un respaldo financiero que valida su proceso de transformación ante el mercado. La alianza trasciende lo monetario para convertirse en un hito industrial: ambas compañías combinarán la experiencia de Nvidia en computación acelerada con el ecosistema de manufactura de Intel para crear soluciones híbridas que integren IA con procesadores tradicionales, apuntando a revolucionar tanto los centros de datos como los dispositivos de consumo masivo.

El anuncio generó una reacción inmediata y positiva en los mercados bursátiles, interpretando la operación como un voto de confianza hacia la capacidad productiva de Intel y una expansión estratégica para Nvidia más allá del diseño de chips gráficos. Este movimiento simboliza un cambio de paradigma en el sector de semiconductores, donde la competencia paso a la cooperación estratégica para satisfacer la voraz demanda de tecnologías de inteligencia artificial, consolidando a estos gigantes en el corazón de la infraestructura digital del futuro.

Las aerolíneas que operan en el país han manifestado su firme oposición a cualquier intento de control de precios por parte del Gobierno, argumentando que el régimen de libertad tarifaria vigente desde 2012 ha sido el principal motor de competitividad y acceso al servicio. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) destacó que, gracias a la libre competencia, el valor promedio de los pasajes domésticos antes de impuestos ha disminuido un 37,8 % acumulado, mientras que en las rutas internacionales la reducción alcanza el 34,9 %, desvirtuando la necesidad de una intervención estatal en las tarifas.

Según Portafolio, Paula Bernal, gerente de IATA Colombia, advirtió a la ministra de Transporte que imponer techos tarifarios podría generar efectos nocivos como el encarecimiento del servicio y la limitación de la conectividad. La dirigente gremial subrayó que el 75,0 % de los usuarios actuales pertenecen a los estratos I y II, por lo que alterar las reglas de juego pondría en riesgo la democratización del transporte aéreo, recordando que la regulación colombiana solo contempla la congelación de precios en casos excepcionales de calamidad pública.

El gremio enfatizó que la verdadera presión sobre los costos para el usuario final no proviene de las aerolíneas, sino de una carga impositiva desproporcionada. Las cifras revelan que los impuestos y tasas representan el 28,4 % del valor de un tiquete nacional y ascienden al 51,5 % en los internacionales, superando los promedios globales. Ante este panorama, el sector solicitó al Ejecutivo revisar el IVA aplicado al combustible y a los pasajes, así como mejorar la infraestructura aeroportuaria, en lugar de restringir la libertad de empresa.