El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar por decreto un salario mínimo de $2.000.000 para el año 2026 representa un incremento del 23,5 % que, lejos de ser una solución social, amenaza con consolidar una trampa de pobreza estructural en el país. Aunque los efectos en la inflación y las tasas de interés ya son evidentes, el fondo del problema radica en una desconexión con la realidad: mientras las ventas de las empresas crecen a un ritmo del 8%, se les impone una carga laboral que triplica ese desempeño. Este desajuste obliga de inmediato a un recorte drástico de costos que se traduce en despidos masivos o en la migración hacia contratos de prestación de servicios, alimentando las ya críticas cifras de informalidad.

La estabilidad del tejido empresarial y financiero también queda en entredicho ante la necesidad de proteger la caja operativa. Para sobrevivir al alza, las compañías estarían aumentando su apalancamiento con proveedores y extendiendo los plazos de sus carteras, lo que ralentiza el flujo de efectivo en toda la cadena productiva. La situación no solo dispara los índices de mora en el sistema bancario, poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero, sino que anula cualquier posibilidad de repartir dividendos. Al dejar de ser un mercado rentable para los accionistas, Colombia pierde el atractivo necesario para captar inversión, quedando atrapada en un ciclo de descapitalización.

Finalmente, el daño más profundo se observa en la productividad nacional debido al sacrificio del CAPEX (inversiones de capital). Al priorizar el pago de una nómina desproporcionada, las empresas carecen de recursos para invertir en tecnología y modernización, lo que condena a Colombia a mantenerse como un país improductivo. Sin inversión tecnológica, las empresas no pueden escalar, y sin dividendos ni crecimiento, el mercado se estanca. Así, el decreto que buscaba mejorar la calidad de vida termina por destruir los incentivos de inversión y desarrollo, convirtiendo el incremento salarial en una condena de pobreza de largo plazo para la economía nacional.

El Índice de Valoración Predial (IVP) registró una variación anual del 3,4 % para el 2025, marcando una desaceleración frente al 3,8 % reportado en el periodo anterior y consolidando la cifra más baja observada en la última década. Este indicador, que mide el comportamiento de los precios de los inmuebles con destino habitacional en las áreas urbanas, refleja una tendencia de estabilización en el mercado inmobiliario de las principales capitales del país, excluyendo a Bogotá, y sirve como insumo fundamental para determinar el reajuste de los avalúos catastrales a nivel nacional.

Según el Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE), el comportamiento fue heterogéneo entre las 22 ciudades analizadas, donde diez capitales superaron el promedio nacional. Manizales lideró la lista con un incremento del 6,5 %, seguida por Pasto con un 5,9 % y Popayán con un 5,5 %, evidenciando un mayor dinamismo en la valoración de sus predios; por el contrario, ciudades como Quibdó, Cúcuta y Cartagena reportaron las variaciones más bajas, con cifras del 2,2 %, 2,6 % y 2,7 % respectivamente, situándose por debajo de la media del indicador.

El estudio cubrió un universo de más de 3,0 millones de predios, utilizando una muestra probabilística de 4.936 inmuebles visitados directamente por peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La cobertura efectiva del operativo alcanzó el 92,85 %, lo que garantiza la representatividad estadística necesaria para calcular los cambios promedio en los precios de mercado, permitiendo a las autoridades y propietarios contar con un referente técnico y actualizado sobre la valorización de los activos residenciales urbanos en las diferentes regiones del territorio colombiano.

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Reino Unido en alerta: la fuga de cerebros ya preocupa al gobierno

El Reino Unido comienza a enfrentar una salida sostenida de profesionales altamente cualificados que ya genera inquietud en el gobierno y en los principales sectores productivos. Entre 2023 y 2024, más de 250.000 ciudadanos británicos emigraron, en su mayoría trabajadores activos, jóvenes cualificados y familias en plena edad laboral. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, contrasta con el discurso político centrado en el control migratorio y pone en evidencia una pérdida de capital humano formado localmente. Sectores estratégicos como la salud, la ingeniería y la tecnología muestran señales claras de presión: solo en 2024, más de 4.000 médicos británicos abandonaron el país, atraídos por mejores condiciones laborales y salariales en destinos como Australia, Canadá o Estados Unidos, mientras el NHS continúa enfrentando listas de espera crecientes y escasez de personal.

A esta dinámica se suma la posible salida de grandes patrimonios, con estimaciones que apuntan a que hasta 16.500 millonarios podrían abandonar el Reino Unido en el corto plazo, tras cambios en la fiscalidad y el debilitamiento del régimen para residentes no domiciliados. El estancamiento salarial real, el aumento del costo de vida —especialmente en vivienda—, una elevada presión fiscal y los efectos estructurales del Brexit han alimentado una percepción de estancamiento económico. La consecuencia es un impacto directo sobre la productividad, la innovación y el crecimiento potencial del país, que se vuelve cada vez más dependiente de talento importado para cubrir vacantes clave. El desafío para el gobierno británico es claro: sin mejoras tangibles en condiciones laborales, acceso a vivienda y expectativas de futuro, la fuga de cerebros podría consolidarse como uno de los principales límites al desempeño económico del Reino Unido en los próximos años.

La estabilidad de las redes digitales ha dejado de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un factor crítico de riesgo financiero para el sector empresarial global. Un solo segundo de retraso en la carga de una aplicación puede reducir la satisfacción del cliente en un 16,0 %, mientras que la caída de servidores genera pérdidas millonarias inmediatas. En un análisis de IBM se revela que el 98,0 % de las organizaciones incurre en costos superiores a los US$100.000 por cada hora de inactividad, cifra que asciende a más de US$1 millón para un tercio de las compañías cuando sus sistemas quedan fuera de servicio.

Según Blu Radio, de cara al 2026, la competitividad de las empresas en Colombia se ve amenazada por enlaces saturados y redes mal dimensionadas que frenan la adopción de Inteligencia Artificial y la nube. Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, advierte que la latencia se ha transformado en un indicador operativo decisivo, donde unos pocos milisegundos marcan la diferencia entre un proceso fluido y un fallo costoso, siendo un requisito de supervivencia para sectores sensibles como la telemedicina y las fintech.

Expertos señalan que el error estructural radica en gestionar la conectividad como una factura de servicios públicos más, en lugar de tratarla como un activo estratégico. Mientras las conexiones de “mejor esfuerzo” acumulan sobrecostos y microcortes invisibles, la implementación de fibra óptica dedicada y gestión inteligente se perfila como el único seguro viable contra el estancamiento digital, obligando a las compañías a integrar la estabilidad de la red dentro de sus políticas de gestión de riesgos corporativos.

El Ministerio de Minas y Energía, en articulación con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), ha oficializado el nuevo Plan de Expansión de Transmisión con vigencia 2024–2038, una hoja de ruta diseñada para robustecer la capacidad de generación y transporte de energía en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Esta iniciativa estratégica contempla la ejecución prioritaria de seis grandes obras de infraestructura eléctrica, las cuales deberán desarrollarse a través de convocatorias públicas o ampliaciones directas del sistema existente para garantizar la confiabilidad del suministro a largo plazo.

Según Portafolio, el cronograma de ejecución inicia con la adecuación de bahías en la subestación Sahagún a 500 kilovatios (kV) para diciembre de 2027, seguida por la subestación Carlosama en 2029, la cual es clave para el seccionamiento de líneas fronterizas. El documento detalla proyectos estructurales para 2030 como la interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño, que incluye las nuevas subestaciones Lagunas y Guárcama a 220 kV, y la subestación Macana con reconfiguración de enlaces; para abril de 2031 se proyecta la entrada de la subestación Corzo, fundamental para la red de occidente.

El proyecto de mayor horizonte temporal es la subestación Amanecer, cuya entrada en operación está prevista para diciembre de 2032 y requerirá la instalación de reactores de 120 MVAr (potencia reactiva)  y transformadores de alta potencia para conectarse al circuito Virginia-Nueva Esperanza. Estas inversiones en tecnología de interruptor y medio, así como en bancos de autotransformadores, son esenciales para reconfigurar los circuitos regionales y asegurar la estabilidad de voltaje necesaria para soportar la creciente demanda energética del país durante la próxima década.

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Monday, 29 December 2025 15:11

Peajes subirán 5,3 % a partir de enero del 2026

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El Gobierno Nacional ha confirmado que, a partir del próximo 16 de enero de 2026, se aplicará un nuevo incremento en las tarifas de peajes a lo largo del territorio nacional, medida orientada a garantizar la sostenibilidad financiera, operación y ampliación de la infraestructura vial. Este ajuste anual, amparado en la normativa vigente, tomará como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con corte a noviembre de 2025, el cual se ubicó en 5,3 %, impactando directamente la estructura de costos para el transporte de carga y pasajeros en todas las concesiones del país.

Según La República, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que esta actualización por costo de vida es generalizada, aunque el Ejecutivo reconoce la sensibilidad social del tema y ha implementado estrategias de mitigación específicas. Entre las medidas paliativas se encuentran la aplicación de tarifas diferenciales para comunidades aledañas y usuarios frecuentes, así como esquemas de gradualidad en ciertos corredores, buscando amortiguar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos en un contexto donde recientemente se registraron alzas de hasta el 30,0 % en casetas a cargo del Invías.

Actualmente, las estaciones con los costos más elevados para vehículos de categoría I se concentran en departamentos como Antioquia y Meta, así como en la vía hacia la Orinoquía. Si bien el Gobierno insiste en que los alivios no son uniformes y dependen de la antigüedad y tipo de contrato de cada concesión, la necesidad de recurrir a estos mecanismos ha reavivado el debate legislativo sobre la estructura del modelo de concesiones viales ante la creciente inconformidad por el impacto acumulado en la competitividad logística.

Durante el primer semestre de 2025, las ventas en línea alcanzaron los $54,2 billones, representando un incremento del 48,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento refleja una consolidación del canal digital como una alternativa preferente por los consumidores, impulsado por una mayor digitalización, cambios en los hábitos de compra y un entorno competitivo más robusto.

El ticket promedio de compra alcanzó los $199.425, presentando un crecimiento del 5,1% frente al primer semestre de 2024. En cuanto a la composición sectorial, las categorías con mayor participación en las ventas fueron tecnología, otras categorías del retail (como moda, hogar, y consumo masivo) y entretenimiento.

Respecto a los medios de pago, se destaca la predominancia de las transacciones por PSE (débito a cuenta bancaria), que concentraron el 63,5% del total. Este medio continúa siendo el más utilizado, favorecido por su seguridad, facilidad de uso y amplia aceptación. Le siguen las tarjetas débito o crédito con una participación del 33,0%, y finalmente, el efectivo o pago contra entrega con apenas un 3,5%, lo que evidencia una disminución progresiva del uso de métodos tradicionales en las compras digitales.

En plena temporada de fin de año, los colombianos enfrentan un nuevo ajuste en los costos de movilidad tras confirmarse un incremento de $100 en el precio del galón de diésel, medida que entró en vigor el 20 de diciembre. La decisión eleva el precio promedio del ACPM en las 13 ciudades principales a $10.885, generando preocupación en los gremios transportadores y sectores productivos que advierten sobre el impacto directo en los costos logísticos justo cuando la demanda de mercancías y pasajeros alcanza su pico estacional.

Según El País, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) oficializó este ajuste como parte de la revisión periódica de la estructura de precios, la cual contempla variables como el ingreso al productor, los márgenes de distribución y los impuestos. El reporte aclara que, a diferencia del diésel, el precio de la gasolina corriente se mantendrá estable con un promedio nacional de $15.967 por galón, ofreciendo un alivio temporal a los propietarios de vehículos particulares en medio de la incertidumbre económica que marca el cierre del 2025.

Analistas económicos señalan que esta alza en el combustible de carga podría tener un efecto cascada sobre la inflación de alimentos y bienes básicos en el corto plazo, dado que la mayor parte del abastecimiento interno se moviliza por carretera. Mientras en ciudades como Bogotá el galón ya supera los $11.100, el Gobierno defiende la medida como necesaria para sanear el déficit fiscal, aunque persiste el debate sobre la sostenibilidad de estos aumentos.

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Las proyecciones indican que la producción de carne de ave aumentará un 9,1 % al cierre del año, impulsada por un mayor encasetamiento (proceso de introducir pollitos recién nacidos en las instalaciones de la granja), mientras que el consumo per cápita alcanzará máximos históricos de 38,2 kilogramos de pollo y 365 unidades de huevo por persona, cifras que evidencian la capacidad de la industria para responder a los requerimientos nutricionales de la población.

Según La República, este dinamismo productivo se ha visto favorecido por un alivio parcial en los costos de los alimentos balanceados, donde el precio de la soya registró una caída internacional del 12,0 % y la torta de soya del 19,0 %, factores que ayudaron a compensar el alza del 7,0 % en la cotización del maíz. En términos de comercialización, el mercado presenta dos velocidades: el precio del pollo mayorista se valorizó cerca de un 7,0 % anual ubicándose en $13.271 por kilo, mientras que el huevo rojo tipo AA acumuló retrocesos del 4,8 % en el promedio acumulado a octubre de 2025, debido a la amplia oferta disponible derivada del aumento en las aves de postura.

En el frente de comercio exterior, las exportaciones de huevo experimentaron un crecimiento exponencial del 203,0 % entre enero y septiembre de 2025, con Cuba absorbiendo el 96,0% del volumen despachado. De cara al 2026, los retos del sector se centrarán en proteger la rentabilidad frente a la volatilidad de los insumos y en aprovechar nuevas oportunidades estratégicas, como la apertura del mercado estadounidense para ovoproductos industriales, lo cual permitirá diversificar los destinos de venta sin comprometer el abastecimiento interno.

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El sector del aguacate Hass colombiano cierra 2025 con cifras récord que lo ratifican como el tercer mayor exportador a nivel mundial, situándose únicamente detrás de México y Perú. La industria alcanzó una producción superior a las 620.000 toneladas y un volumen de ventas externas cercano a las 147.000 toneladas, logrando un notable crecimiento del 46,6 % en el valor exportado, el cual superó la barrera de los US$300 millones impulsados por la sólida demanda en Europa y Estados Unidos.

Según Portafolio, la estrategia para 2026 se centra en la expansión hacia mercados premium en Asia, priorizando destinos como Japón, Corea del Sur y China, donde los estándares de calidad y trazabilidad son determinantes. A pesar de haber enfrentado un año desafiante con alzas del 7,8 % en los costos de insumos y tasas de interés superiores al 9,0 %, el sector ha logrado certificar su origen y tecnificar los cultivos para mantener la competitividad en los más de 30 mercados donde hace presencia actualmente.

Para el próximo ciclo, los productores proyectan un escenario de precios ligeramente superiores al promedio de 2025 y un incremento en la demanda desde plazas emergentes como Chile, Medio Oriente y Europa del Este. Aunque persisten riesgos externos asociados al fenómeno de La Niña, la industria apuesta por la eficiencia operativa y la diversificación de ventanas comerciales para sostener la rentabilidad y consolidar al “oro verde” como uno de los principales motores de la balanza comercial agrícola del país.

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