Las acciones de las principales aseguradoras de salud de Estados Unidos sufrieron fuertes caídas tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, impulsadas por la creciente presión sobre los costos y la incertidumbre regulatoria. Desde el 20 de octubre, las acciones de Elevance cayeron un 9,1%, UnitedHealth Group un 5,4%, y The Cigna Group un 19,5%. La mayor caída entre las aseguradoras de atención médica administrada la registró Molina Healthcare, Inc., con un descenso del 23,5%. Estas disminuciones superaron las caídas del S&P 500 y del índice S&P Insurance.

De acuerdo con S&P Global, un problema común reportado en las presentaciones de resultados es la continua presión sobre los costos, especialmente en los planes subvencionados por el gobierno como Medicaid y Medicare Advantage. Tim Noel, director ejecutivo de UnitedHealthcare, lamentó que los estados no han financiado el programa acorde con las tendencias de costos reales, y la discrepancia podría extenderse hasta 2026. De manera similar, el director ejecutivo de Molina, Joseph Zubretsky, señaló un “entorno de costos médicos muy desafiante”.

Los problemas de costos también alcanzan a los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). UnitedHealth ha solicitado aumentos de tarifas de más del 25 % en promedio en casi todos los 30 estados donde ofrece planes ACA, previendo una disminución significativa en sus afiliados.

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Un eventual acuerdo comercial entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, respectivamente, podría amenazar la bonanza exportadora del café colombiano en su principal mercado. La posible eliminación del arancel del 50,0 % que Washington impuso a Brasil podría desmejorar la posición competitiva de Colombia, justo cuando el grano nacional atraviesa su mejor momento en tres décadas, tras una cosecha récord.

Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Asoexport), alertó a Bloomberg Línea sobre el riesgo, a pesar de que las exportaciones de Colombia hacia EE. UU. han crecido 10,0 % en lo que va de 2025, mientras que las de Brasil han caído un 20,0 % en el mismo periodo. En 2024, Brasil lideró las exportaciones de café a EE. UU. con un 32,0 % del mercado, mientras que Colombia ocupó el segundo lugar con un 19,0 % de participación, pagando actualmente un arancel del 10,0 %. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), enfatizó la necesidad de evitar una tarifa diferencial negativa que impacte la capacidad exportadora y el ingreso de los caficultores colombianos.

El diálogo entre Trump y Lula, que tuvo lugar a finales de octubre, buscó iniciar negociaciones para reducir los aranceles del 50,0 % y establecer nuevos mecanismos de cooperación económica. Según cifras de Analdex, las exportaciones de café verde colombiano a EE. UU. sumaron US$ 1.559 millones entre enero y septiembre de 2025, un aumento del 78,7 % respecto a 2024. Estos ingresos representan el 14,0 % del total de las exportaciones de Colombia a EE. UU. y llegan directamente a las 550.000 familias productoras.

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Durante su visita oficial a Egipto, el presidente Gustavo Petro priorizó una ruta de cooperación económica y propuso una estrategia “multinacional” para integrar algodón y telas egipcias a la cadena de valor colombiana. El mandatario hizo un llamado a los empresarios del país para comprar estos insumos con el fin de impulsar la industria colombiana y aumentar sustancialmente los puestos de trabajo en el sector.

Según el diario La República, el presidente planteó su estrategia tras su encuentro con el presidente de Egipto, Abdelfatah El Sisi, en El Cairo. En su cuenta de X, el mandatario llamó especialmente a la comunidad árabe de Maicao y el país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas que permitan la confección de calidad.

Además de la cooperación textil, el jefe de Estado planteó una articulación policial con Egipto y países árabes para combatir la trata de personas, las mafias de drogas y el mercenarismo. También anunció la participación de Colombia en la reconstrucción de Gaza con recursos y avances en mecatrónica e impresión 3D para proveer prótesis para extremidades de niños y adultos.

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• Las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC) se encuentran en déficit, donde para el primer semestre de 2025 acumula $58,2 billones, un aumento del 32,4% con respecto al mismo periodo de 2024.
• El gobierno tiene como estrategia la colocación de bonos en los mercados internacionales, además, del recaudo y ajuste fiscal como principal mecanismo de financiamiento.
• Se estima que las estrategias del gobierno no alcancen a cubrir el déficit, por lo tanto, diversos analistas esperan que para finales de 2025, el hueco fiscal de país represente entre el 7,1% y 7,8% del PIB.

Tras cerrar 2023 con un déficit del 4,3% del PIB, la cifra se disparó a un estimado del 6,8 %  en 2024. Esta tendencia se ha agravado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025, es el documento rector de la política fiscal, proyecta que el déficit alcanzará el 7,1 % del PIB en 2025, una de las cifras más altas registradas en la historia del país, solo superada por los años de crisis de 1999 y 2020. Para el primer semestre de 2025 se observa que el déficit fiscal acumulado alcanzó la cifra de $58,2 billones de pesos colombianos (Grafico 1). Este resultado representa el 54,0% de la meta de déficit proyectada para todo el año, lo que sugiere una presión sobre las cuentas públicas para el resto del período.

El deterioro fiscal de Colombia es producto de una divergencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. El aumento del déficit en 2024, fue de 2,6 puntos porcentuales (p.p) del PIB, se explica principalmente por una caída de 2,3 p.p en los ingresos, acompañada de un incremento de 0,3 p.p en los gastos.   Este desajuste es una tendencia estructural que se ha consolidado. Desde 2022, el gasto público ha crecido a un ritmo diez veces superior al de los ingresos. Mientras que los ingresos del GNC pasaron de representar él 16,2% del PIB al 16,5%, el gasto se disparó del 21,5% al 24,4% del PIB en el mismo período. Este crecimiento del gasto está impulsado en gran medida por componentes inflexibles, entre los cuales destaca el servicio de la deuda. Analistas del sector privado, como los de Corficolombiana, sostienen que este evento, más que ser inesperado, es una consecuencia previsible de la gestión económica y tributaria del ejecutivo, lo que apunta a un problema de sobreestimación sistemática de los ingresos en la planificación presupuestaria.  

La Regla Fiscal es el ancla de la política macroeconómica de Colombia, diseñada para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Sin embargo, su eficacia y credibilidad están en entredicho. Para cumplir con la meta de la regla en 2024, el gobierno recurrió a la utilización de 31,9 billones de COP (equivalente al 1,9% del PIB) en “Transacciones de Única Vez” (TUV), que son esencialmente gastos que se reclasifican contablemente para no impactar el cálculo del balance estructural. Sin este mecanismo, el déficit reportado habría sido mayor.

El Gobierno Nacional Central ha diseñado una estrategia de financiamiento que busca movilizar recursos masivos tanto de fuentes internas como externas, la cual, se basa en una diversificación calculada para mitigar riesgos y asegurar la cobertura total de sus necesidades, que para 2025 ascienden a 104,7 billones de COP.  El mercado de capitales local sigue siendo parte importante de la estrategia porque, contempla la obtención de 68,8 billones de COP a través de desembolsos internos, principalmente mediante la subasta de Títulos de Tesorería (TES). A lo largo de 2025, el Ministerio de Hacienda ha realizado múltiples colocaciones para asegurar este flujo de recursos. En julio de 2025 se colocaron 1,5 billones de COP en bonos con vencimientos a largo plazo (2035 y 2058), que atrajo una demanda de 3,1 billones de COP. En mayo de 2025 se realizó subastas de TES denominados en Unidades de Valor Real (UVR), por 600 mil millones de COP. Adicionalmente, se han llevado a cabo colocaciones regulares de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) para gestionar la liquidez.  En septiembre de 2025, se destaca el regreso de Colombia a los mercados de deuda europeos, por primera vez en una década, en esta transacción, el país emitió la cifra récord de 4.100 millones de euros en bonos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036.

Por otro lado, el gobierno busca complementar el déficit con endeudamiento en los mercados con la obtención de créditos de organismos multilaterales, en junio de 2025 adquirió un paquete de financiamiento por 1.440 millones de dólares por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Estos fondos no son de libre destinación, sino que están atados a proyectos específicos considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el apoyo a la acción climática (350 millones de dólares), la mejora de servicios de salud mental (150 millones de dólares) y la modernización de la infraestructura de la aviación civil (240 millones de dólares).  

Sin embargo, En septiembre de 2025, de cancelar la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La LCF es un instrumento precautorio, no desembolsado, que funciona como un seguro contra choques externos y, más importante aún, como un sello de aprobación de la comunidad financiera internacional sobre la solidez del marco de políticas macroeconómicas de un país. El principal instrumento del gobierno para corregir el desequilibrio estructural es una propuesta de reforma tributaria, presentada al Congreso el 1 de septiembre de 2025, con la meta de recaudar 26 billones de COP adicionales en un solo año, lo que la convierte en la más ambiciosa de la historia del país.  

Tabla 1: Medidas claves en la propuesta de reforma tributaria 2025

Como complemento a la estrategia de ingresos, el gobierno ha implementado un Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia 2025, oficializado mediante decreto y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación. El objetivo declarado de este plan es lograr un ahorro de entre 4 y 5 billones de COP.   Aunque el decreto es detallado y cubre múltiples áreas del gasto discrecional, su impacto potencial se ve limitado por la estructura misma del presupuesto. El plan se enfrenta a lo que puede denominarse una “paradoja de la austeridad”. Mientras el gobierno promueve públicamente la contención en gastos de funcionamiento.

En Colombia se evidencia que uno de los riesgos para la estabilidad fiscal es la desconexión entre las proyecciones macroeconómicas del gobierno y las expectativas del mercado, por un lado, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) proyecta un déficit del 7,1% del PIB para 2025, pero algunos analistas consultados por el Banco de la República apuntan a un 7,4%, y proyecciones de entidades financieras, como la del Banco de Bogotá, lo sitúan en un alarmante 7,8%.  

Los analistas consideran que las metas de recaudo tributario son optimistas y que el gobierno subestima la presión del gasto. Por ejemplo, Corficolombiana estima que, para cumplir con la Regla Fiscal en 2025, sería necesario un recorte del gasto primario de 26,1 billones de COP, una cifra inferior a los 4-5 billones de COP que se esperan ahorrar con el plan de austeridad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo técnico independiente, ha ido aún más lejos, sugiriendo que, bajo ciertos escenarios de riesgo, los recortes necesarios podrían ascender hasta 75 billones de COP. Las principales agencias calificadoras de riesgo, que muestran la confianza de los inversores internacionales, han expresado su profunda preocupación por la trayectoria fiscal de Colombia.

• Fitch Ratings ha declarado explícitamente que Colombia no cumplirá sus metas fiscales en los próximos años sin cambios significativos en su política. La agencia ataca la falta de medidas de consolidación detalladas y creíbles en el MFMP y ve riesgos significativos en el objetivo de déficit.  
• Moody’s, la única de las tres grandes agencias que aún mantiene a Colombia con grado de inversión, cambió la perspectiva del país de “estable” a “negativa”.
• Standard & Poor’s también ha sido señalada por analistas como propensa a bajar la calificación en los próximos 12 meses, especialmente después de que la relación deuda/PIB superara el umbral del 60,0%.