Las acciones de las principales aseguradoras de salud de Estados Unidos sufrieron fuertes caídas tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, impulsadas por la creciente presión sobre los costos y la incertidumbre regulatoria. Desde el 20 de octubre, las acciones de Elevance cayeron un 9,1%, UnitedHealth Group un 5,4%, y The Cigna Group un 19,5%. La mayor caída entre las aseguradoras de atención médica administrada la registró Molina Healthcare, Inc., con un descenso del 23,5%. Estas disminuciones superaron las caídas del S&P 500 y del índice S&P Insurance.

De acuerdo con S&P Global, un problema común reportado en las presentaciones de resultados es la continua presión sobre los costos, especialmente en los planes subvencionados por el gobierno como Medicaid y Medicare Advantage. Tim Noel, director ejecutivo de UnitedHealthcare, lamentó que los estados no han financiado el programa acorde con las tendencias de costos reales, y la discrepancia podría extenderse hasta 2026. De manera similar, el director ejecutivo de Molina, Joseph Zubretsky, señaló un “entorno de costos médicos muy desafiante”.

Los problemas de costos también alcanzan a los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). UnitedHealth ha solicitado aumentos de tarifas de más del 25 % en promedio en casi todos los 30 estados donde ofrece planes ACA, previendo una disminución significativa en sus afiliados.

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Un eventual acuerdo comercial entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, respectivamente, podría amenazar la bonanza exportadora del café colombiano en su principal mercado. La posible eliminación del arancel del 50,0 % que Washington impuso a Brasil podría desmejorar la posición competitiva de Colombia, justo cuando el grano nacional atraviesa su mejor momento en tres décadas, tras una cosecha récord.

Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Asoexport), alertó a Bloomberg Línea sobre el riesgo, a pesar de que las exportaciones de Colombia hacia EE. UU. han crecido 10,0 % en lo que va de 2025, mientras que las de Brasil han caído un 20,0 % en el mismo periodo. En 2024, Brasil lideró las exportaciones de café a EE. UU. con un 32,0 % del mercado, mientras que Colombia ocupó el segundo lugar con un 19,0 % de participación, pagando actualmente un arancel del 10,0 %. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), enfatizó la necesidad de evitar una tarifa diferencial negativa que impacte la capacidad exportadora y el ingreso de los caficultores colombianos.

El diálogo entre Trump y Lula, que tuvo lugar a finales de octubre, buscó iniciar negociaciones para reducir los aranceles del 50,0 % y establecer nuevos mecanismos de cooperación económica. Según cifras de Analdex, las exportaciones de café verde colombiano a EE. UU. sumaron US$ 1.559 millones entre enero y septiembre de 2025, un aumento del 78,7 % respecto a 2024. Estos ingresos representan el 14,0 % del total de las exportaciones de Colombia a EE. UU. y llegan directamente a las 550.000 familias productoras.

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Durante su visita oficial a Egipto, el presidente Gustavo Petro priorizó una ruta de cooperación económica y propuso una estrategia “multinacional” para integrar algodón y telas egipcias a la cadena de valor colombiana. El mandatario hizo un llamado a los empresarios del país para comprar estos insumos con el fin de impulsar la industria colombiana y aumentar sustancialmente los puestos de trabajo en el sector.

Según el diario La República, el presidente planteó su estrategia tras su encuentro con el presidente de Egipto, Abdelfatah El Sisi, en El Cairo. En su cuenta de X, el mandatario llamó especialmente a la comunidad árabe de Maicao y el país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas que permitan la confección de calidad.

Además de la cooperación textil, el jefe de Estado planteó una articulación policial con Egipto y países árabes para combatir la trata de personas, las mafias de drogas y el mercenarismo. También anunció la participación de Colombia en la reconstrucción de Gaza con recursos y avances en mecatrónica e impresión 3D para proveer prótesis para extremidades de niños y adultos.

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• Las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC) se encuentran en déficit, donde para el primer semestre de 2025 acumula $58,2 billones, un aumento del 32,4% con respecto al mismo periodo de 2024.
• El gobierno tiene como estrategia la colocación de bonos en los mercados internacionales, además, del recaudo y ajuste fiscal como principal mecanismo de financiamiento.
• Se estima que las estrategias del gobierno no alcancen a cubrir el déficit, por lo tanto, diversos analistas esperan que para finales de 2025, el hueco fiscal de país represente entre el 7,1% y 7,8% del PIB.

Tras cerrar 2023 con un déficit del 4,3% del PIB, la cifra se disparó a un estimado del 6,8 %  en 2024. Esta tendencia se ha agravado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025, es el documento rector de la política fiscal, proyecta que el déficit alcanzará el 7,1 % del PIB en 2025, una de las cifras más altas registradas en la historia del país, solo superada por los años de crisis de 1999 y 2020. Para el primer semestre de 2025 se observa que el déficit fiscal acumulado alcanzó la cifra de $58,2 billones de pesos colombianos (Grafico 1). Este resultado representa el 54,0% de la meta de déficit proyectada para todo el año, lo que sugiere una presión sobre las cuentas públicas para el resto del período.

El deterioro fiscal de Colombia es producto de una divergencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. El aumento del déficit en 2024, fue de 2,6 puntos porcentuales (p.p) del PIB, se explica principalmente por una caída de 2,3 p.p en los ingresos, acompañada de un incremento de 0,3 p.p en los gastos.   Este desajuste es una tendencia estructural que se ha consolidado. Desde 2022, el gasto público ha crecido a un ritmo diez veces superior al de los ingresos. Mientras que los ingresos del GNC pasaron de representar él 16,2% del PIB al 16,5%, el gasto se disparó del 21,5% al 24,4% del PIB en el mismo período. Este crecimiento del gasto está impulsado en gran medida por componentes inflexibles, entre los cuales destaca el servicio de la deuda. Analistas del sector privado, como los de Corficolombiana, sostienen que este evento, más que ser inesperado, es una consecuencia previsible de la gestión económica y tributaria del ejecutivo, lo que apunta a un problema de sobreestimación sistemática de los ingresos en la planificación presupuestaria.  

La Regla Fiscal es el ancla de la política macroeconómica de Colombia, diseñada para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Sin embargo, su eficacia y credibilidad están en entredicho. Para cumplir con la meta de la regla en 2024, el gobierno recurrió a la utilización de 31,9 billones de COP (equivalente al 1,9% del PIB) en “Transacciones de Única Vez” (TUV), que son esencialmente gastos que se reclasifican contablemente para no impactar el cálculo del balance estructural. Sin este mecanismo, el déficit reportado habría sido mayor.

El Gobierno Nacional Central ha diseñado una estrategia de financiamiento que busca movilizar recursos masivos tanto de fuentes internas como externas, la cual, se basa en una diversificación calculada para mitigar riesgos y asegurar la cobertura total de sus necesidades, que para 2025 ascienden a 104,7 billones de COP.  El mercado de capitales local sigue siendo parte importante de la estrategia porque, contempla la obtención de 68,8 billones de COP a través de desembolsos internos, principalmente mediante la subasta de Títulos de Tesorería (TES). A lo largo de 2025, el Ministerio de Hacienda ha realizado múltiples colocaciones para asegurar este flujo de recursos. En julio de 2025 se colocaron 1,5 billones de COP en bonos con vencimientos a largo plazo (2035 y 2058), que atrajo una demanda de 3,1 billones de COP. En mayo de 2025 se realizó subastas de TES denominados en Unidades de Valor Real (UVR), por 600 mil millones de COP. Adicionalmente, se han llevado a cabo colocaciones regulares de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) para gestionar la liquidez.  En septiembre de 2025, se destaca el regreso de Colombia a los mercados de deuda europeos, por primera vez en una década, en esta transacción, el país emitió la cifra récord de 4.100 millones de euros en bonos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036.

Por otro lado, el gobierno busca complementar el déficit con endeudamiento en los mercados con la obtención de créditos de organismos multilaterales, en junio de 2025 adquirió un paquete de financiamiento por 1.440 millones de dólares por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Estos fondos no son de libre destinación, sino que están atados a proyectos específicos considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el apoyo a la acción climática (350 millones de dólares), la mejora de servicios de salud mental (150 millones de dólares) y la modernización de la infraestructura de la aviación civil (240 millones de dólares).  

Sin embargo, En septiembre de 2025, de cancelar la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La LCF es un instrumento precautorio, no desembolsado, que funciona como un seguro contra choques externos y, más importante aún, como un sello de aprobación de la comunidad financiera internacional sobre la solidez del marco de políticas macroeconómicas de un país. El principal instrumento del gobierno para corregir el desequilibrio estructural es una propuesta de reforma tributaria, presentada al Congreso el 1 de septiembre de 2025, con la meta de recaudar 26 billones de COP adicionales en un solo año, lo que la convierte en la más ambiciosa de la historia del país.  

Tabla 1: Medidas claves en la propuesta de reforma tributaria 2025

Como complemento a la estrategia de ingresos, el gobierno ha implementado un Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia 2025, oficializado mediante decreto y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación. El objetivo declarado de este plan es lograr un ahorro de entre 4 y 5 billones de COP.   Aunque el decreto es detallado y cubre múltiples áreas del gasto discrecional, su impacto potencial se ve limitado por la estructura misma del presupuesto. El plan se enfrenta a lo que puede denominarse una “paradoja de la austeridad”. Mientras el gobierno promueve públicamente la contención en gastos de funcionamiento.

En Colombia se evidencia que uno de los riesgos para la estabilidad fiscal es la desconexión entre las proyecciones macroeconómicas del gobierno y las expectativas del mercado, por un lado, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) proyecta un déficit del 7,1% del PIB para 2025, pero algunos analistas consultados por el Banco de la República apuntan a un 7,4%, y proyecciones de entidades financieras, como la del Banco de Bogotá, lo sitúan en un alarmante 7,8%.  

Los analistas consideran que las metas de recaudo tributario son optimistas y que el gobierno subestima la presión del gasto. Por ejemplo, Corficolombiana estima que, para cumplir con la Regla Fiscal en 2025, sería necesario un recorte del gasto primario de 26,1 billones de COP, una cifra inferior a los 4-5 billones de COP que se esperan ahorrar con el plan de austeridad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo técnico independiente, ha ido aún más lejos, sugiriendo que, bajo ciertos escenarios de riesgo, los recortes necesarios podrían ascender hasta 75 billones de COP. Las principales agencias calificadoras de riesgo, que muestran la confianza de los inversores internacionales, han expresado su profunda preocupación por la trayectoria fiscal de Colombia.

• Fitch Ratings ha declarado explícitamente que Colombia no cumplirá sus metas fiscales en los próximos años sin cambios significativos en su política. La agencia ataca la falta de medidas de consolidación detalladas y creíbles en el MFMP y ve riesgos significativos en el objetivo de déficit.  
• Moody’s, la única de las tres grandes agencias que aún mantiene a Colombia con grado de inversión, cambió la perspectiva del país de “estable” a “negativa”.
• Standard & Poor’s también ha sido señalada por analistas como propensa a bajar la calificación en los próximos 12 meses, especialmente después de que la relación deuda/PIB superara el umbral del 60,0%.  

A pesar de las altas tasas de interés y de la cautela en el gasto familiar, los electrodomésticos de línea blanca, como refrigeradores, lavadoras y secadoras, mantienen una demanda sólida en el mercado colombiano. Este segmento es crucial, ya que representa más de la mitad de las ventas totales de la industria en el país.

Según el diario La República, la línea blanca representó el 57,0 % de los $747.000 millones en ventas totales reportadas por la Asociación Colombiana de Electrodomésticos (Asodelco) en 2024. Los datos de NielsenIQ confirman la buena dinámica, al reportar que las ventas del sector crecieron un 6,0 % en unidades y un 3,0 % en valor en mayo de 2025 frente al mismo mes del año anterior. Este mercado también muestra un fuerte crecimiento en Latinoamérica, donde se espera que se expanda un 5,2 % anual hasta 2034.

El mercado está fuertemente liderado por marcas nacionales y extranjeras que compiten con innovación y eficiencia energética. Samsung se mantiene en el primer lugar con ingresos por $3,2 billones en 2024, destacando su apuesta por la inteligencia artificial. Por su parte, la empresa local Haceb, que en septiembre de 2025 cumplió 85 años, demostró ser la más rentable del sector, con ingresos de $1,3 billones. Las ventas en canales de ecommerce también impulsan el crecimiento, con un aumento del 51,0 % en neveras, lavadoras y secadoras en el último año.

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El Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de resolución que busca unificar los estándares técnicos y regulatorios para la infraestructura de carga eléctrica en Colombia, marcando un hito en el desarrollo de la movilidad limpia. La medida principal es que todas las estaciones de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el país deberán ser interoperables, garantizando la compatibilidad entre ellas.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la interoperabilidad se convierte en un pilar clave de la Transición Energética Justa, ofreciendo reglas claras, transparencia y acceso equitativo. La viceministra de Energía, Karen Schutt, afirmó que la medida generará transparencia, eficiencia y confianza tanto para los usuarios como para los inversionistas privados. El proyecto establece la adopción de conectores Tipo 2 (AC) y CCS2 (DC), los más comunes a nivel global.

Para asegurar la transparencia, se adoptará el protocolo OCPI, que permitirá reportar en tiempo real la ubicación, disponibilidad y tarifas de cada punto de carga. Toda esta información será administrada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y publicada en plataformas abiertas. Actualmente, el país cuenta con 229 estaciones de carga pública, pero las proyecciones indican que hacia el año 2030 se necesitarán cerca de 20.000 puntos de carga, una expansión que requerirá una inversión de hasta 390 millones de dólares.

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Sindicatos del sector de la caña de azúcar han emitido una advertencia al Gobierno Nacional por un proyecto de resolución que busca modificar la metodología para calcular el Ingreso al Productor (IP) de etanol y biodiésel, ajustándolo a los precios internacionales. Las organizaciones gremiales señalan que la medida propuesta generaría graves consecuencias económicas, sociales y ambientales en varias regiones del país.

Según el diario El País, la principal preocupación del sector cañero es que la nueva fórmula utilizaría el Precio Paridad (PP) de biocombustibles en mercados como Estados Unidos y Europa, sin reconocer los costos reales del mercado colombiano. Los trabajadores y sindicatos aseguran que producir etanol en Colombia cuesta en promedio tres dólares por galón, el doble del costo en Estados Unidos (1,5 dólares) debido a sus subsidios y economías de escala.

Los sindicatos señalaron que adoptar precios externos pondría en riesgo la estabilidad de más de 286.000 puestos de trabajo en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. Además, el aumento de la producción de azúcar, al reducirse la demanda de caña para etanol, podría generar efectos negativos en la cadena panelera que sustenta a más de 350.000 familias rurales. Por ello, han solicitado al Gobierno que el proyecto sea derogado o que incluya medidas concretas de protección para el empleo y la competitividad nacional.

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El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue aprobado en $547 billones de pesos, con un crecimiento del 7% frente a 2025, aunque condicionado a la aprobación de una reforma tributaria por $16,3 billones. Solo el 16 % se destina a inversión pública, mientras que el 66 % es para funcionamiento del Estado.

Los sectores con mayor asignación y crecimiento son educación (mayor partida para fortalecer la educación pública), salud (aumento del 16% con expectativa de ajustes UPC), trabajo (aumento del 11,2% con foco en inclusión social) y transporte (20,3 billones con crecimiento del 17% para modernización e infraestructura vial).

Los sectores más afectados por recortes son vivienda (caída del 17%), agricultura (caída del 24% con impacto en cultivos básicos) y tecnología de la información (contracción del 23%), pese a la inclusión de tecnologías como 5G en el país.

El presupuesto aprobado implica un déficit fiscal que el gobierno proyecta cubrir con más impuestos, generando retos fiscales importantes para el país, con un aumento del déficit que podría impactar la confianza del mercado, el tipo de cambio y el consumo de los hogares déficit fiscal, además de la preocupación de sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

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Informes Sectoriales

Durante el evento Experiencia Tech 2025, expertos destacaron que la tecnología debe orientarse hacia el bienestar humano y la productividad sostenible. En materia de ciberseguridad, se advirtió que el principal riesgo no proviene de fallas técnicas, sino del factor humano. La situación está generando nuevas oportunidades de negocio en Colombia para empresas dedicadas a la capacitación, auditoría digital y aseguramiento cibernético, especialmente frente a amenazas como el phishing y la ingeniería social.

Asimismo, el fondo de inversión, Gaia Value Capital, presentó un modelo de gobernanza digital sustentado en la confianza ciudadana, la alfabetización tecnológica y la ética profesional. El enfoque busca fortalecer la adopción de servicios digitales en sectores productivos, además de atraer inversión extranjera directa y consolidar los clústeres tecnológicos de Antioquia, en línea con la transición hacia la economía del conocimiento.

Por último, los paneles sobre inteligencia colectiva subrayaron que la cooperación interempresarial y la gestión compartida de datos favorecen la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación, posicionando mejor a las organizaciones ante la automatización y la digitalización productiva.

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El Gobierno colombiano ha dado un paso significativo en la regulación del cannabis medicinal al autorizar, por primera vez, la venta de flor seca de cannabis como producto terminado para uso médico y veterinario. La nueva normativa, contenida en el decreto 1138 de 2025, permite que este producto se comercialice directamente en farmacias, siempre y cuando sea bajo fórmula médica. La medida se ampara en la Ley 1787 de 2016, que busca garantizar el acceso informado al cannabis y promover la inclusión de pequeños y medianos cultivadores.

De acuerdo con el diario El País, esta medida ha sido recibida con profunda preocupación por el sector que ya opera en el país, el cual califica la decisión como una “humillación”. Productores como Mayra Correa, líder de la cadena en el Tolima, señalan que el Gobierno facilitará permisos más baratos y rápidos a nuevos jugadores, mientras que los actuales han cumplido durante años con costosas licencias y protocolos de seguridad. Además, Julián Wilches, fundador de Clever Leaves, advierte que el mercado legal actual es muy pequeño, con apenas unos 1.000 pacientes accediendo a estos tratamientos.

La Asociación Colombiana de Cultivadores y Transformadores de Cáñamo Industrial (ASOCAÑAMO) ha advertido que la norma carece de mecanismos claros para hacer la trazabilidad del producto, lo que pone en riesgo la participación real de los pequeños productores. La organización también alertó sobre la posibilidad de una concentración de la producción y la falta de infraestructura interoperable de entidades que regulan, como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La reglamentación final por parte de los Ministerios de Salud y Justicia deberá ser expedida en los próximos cinco meses.

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