El panorama agrícola internacional anticipa un escenario de mayor rigidez para las próximas temporadas. El Consejo Internacional de Cereales (CIC) proyecta que el suministro mundial de trigo podría reducirse durante el ciclo 2026/27, derivado de una expectativa de menor cosecha combinada con un aumento sostenido en el consumo global. Tal comportamiento revertiría la dinámica del periodo 2025/26, donde los excedentes de inventario contribuyeron a una marcada caída en los precios internacionales, llevando los futuros transados en Chicago a su nivel más bajo de los últimos cinco años durante el mes de octubre.

Según el portal Agronegocios, el organismo intergubernamental mantuvo inalterada su previsión para la producción mundial de trigo en la temporada 2025/26, fijándola en 842 millones de toneladas métricas. Dicha cifra supera ampliamente la demanda estimada, la cual se ubica en 823 millones de toneladas, garantizando un margen de holgura temporal. Aunque el documento mensual detalla las perspectivas iniciales, la entidad se abstuvo de publicar las proyecciones exactas de oferta y requerimientos para el siguiente año agrícola, reservando los reportes minuciosos para las próximas entregas oficiales.

En el segmento del maíz, el ente multilateral ratificó sus cálculos para la cosecha global del ciclo 2025/26, proyectando un volumen de 1.313 millones de toneladas, un nivel que también sobrepasa el consumo previsto de 1.298 millones. Sin embargo, al igual que ocurre con el trigo, los análisis sugieren un posible descenso productivo en la próxima temporada. Considerando las hipótesis iniciales sobre el área sembrada y asumiendo que los rendimientos actuales permanezcan constantes, el mercado internacional deberá prepararse para una etapa de menor disponibilidad de los principales granos alimenticios.

El mercado de ventas en línea en Colombia mantiene una tendencia de crecimiento estructural, registrando un avance del 3,3 % durante el tercer trimestre de 2025 para alcanzar un total de $26,78 billones. Dicho dinamismo comercial se encuentra impulsado por la implementación de sistemas de pagos inmediatos y la constante demanda de una logística urbana eficiente. En medio de tal escenario, la plataforma asiática Temu ha transformado el ecosistema digital, logrando un volumen estimado de 100.000 envíos diarios y ejerciendo una fuerte presión sobre las operaciones de aduana y de entrega de última milla a nivel nacional.

Según Valora Analitik, un informe de la agencia BlackSip evidencia una reconfiguración en el liderazgo del comercio electrónico local. En términos de frecuencia de adquisición, Temu tomó la delantera con un 48,0%, superando por casi 11,0 puntos porcentuales a Mercado Libre, que registró un 37,0%. Sin embargo, en flujo de usuarios mensuales, el portal latinoamericano conserva el primer lugar con 38,2 millones de visitas, seguido por la aplicación asiática con 24,8 millones y Amazon con 22,4 millones. Tal aceleración comercial representa un riesgo de pérdida de relevancia para grandes competidores nacionales que muestran indicadores menores, como Éxito con un 32,0 % y Alkosto con un 29,0 %.

La forma de captar al público también experimenta cambios profundos, dado que el 61,0 % de los consumidores inicia su recorrido de compra directamente en redes sociales. Los algoritmos de recomendación han reemplazado la búsqueda tradicional, permitiendo que los artículos encuentren al comprador de manera proactiva. Otros canales directos incluyen las tiendas virtuales con un 53,0% y las páginas oficiales de las marcas con un 41,0%. Para enfrentar los desafíos actuales centrados en la inmediatez y una geografía fragmentada, los expertos sugieren evaluar alianzas logísticas que permitan integrar inventarios internacionales de forma ágil y eficiente.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó la anulación definitiva de los aranceles globales impuestos unilateralmente por el presidente Donald Trump. A través de un fallo aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal concluyó que el mandatario carecía de autoridad legal para aplicar dichos impuestos a las importaciones sin la aprobación explícita del Congreso. La decisión representa un revés sin precedentes para una de las principales políticas económicas de la actual administración, marcando límites claros sobre el poder ejecutivo en materia comercial.

Según La República, el presidente del tribunal, John Roberts, redactó el documento argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no fue concebida para establecer políticas arancelarias de tal magnitud. El gobierno había invocado dicha normativa para gravar productos provenientes de más de 100 naciones y sancionar comercialmente a México, Canadá y China bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo. En los últimos 50 años, tal herramienta legal solo se había utilizado para embargos específicos, motivo por el cual diversas instancias judiciales previas ya habían declarado ilegales las medidas adoptadas desde la Casa Blanca.

Las estimaciones oficiales indicaban que la estrategia arancelaria pretendía recaudar aproximadamente US$1,5 billones durante la próxima década. Sin embargo, análisis de la Reserva Federal de Nueva York revelaron que los ciudadanos y empresas estadounidenses terminaron asumiendo el 90,0% del costo de los gravámenes. Ante la anulación, los jueces disidentes advirtieron sobre el enorme desafío logístico que implicaría devolver miles de millones de dólares a los importadores afectados. Frente al fallo adverso, los representantes comerciales del gobierno han manifestado su intención de explorar nuevas herramientas legales para intentar restablecer la cuestionada política tributaria.

Tras la fuerte contracción exportadora registrada en 2024 (-20,1 %), la agroindustria panificadora mostró en 2025 señales de recuperación en el frente externo, alcanzando cerca de US$ 134 millones FOB y un crecimiento cercano al 4,6 %. No obstante, el entorno interno continúa desafiante. El incremento del salario mínimo (23,7 %) y la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas han elevado significativamente el costo por hora trabajada en un sector compuesto mayoritariamente por microempresas intensivas en mano de obra. A esto se suma la dependencia estructural del trigo importado (99,0 %), lo que mantiene alta exposición a volatilidad cambiaria y de precios internacionales. En paralelo, emergen oportunidades asociadas con la modernización tecnológica, automatización industrial y expansión de formatos precocidos y congelados, que podrían redefinir la estructura competitiva del sector en el mediano plazo.

La intensa ola invernal que atraviesa el territorio nacional ha puesto en riesgo crítico la cosecha arrocera correspondiente al primer semestre de 2026. Las constantes precipitaciones y las consecuentes inundaciones han impactado severamente la infraestructura agropecuaria, dejando un saldo preliminar de más de 1.400 hectáreas de siembras dañadas. Semejante emergencia climática se traduce en mermas económicas que superan los $10.000 millones, encendiendo las alarmas sobre un posible desabastecimiento de uno de los bienes alimenticios más relevantes dentro de la canasta familiar básica.

Según Contexto Ganadero, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, expuso ante la Comisión Tercera del Senado la gravedad de la coyuntura actual. La funcionaria advirtió que la recolección proveniente de Córdoba y otras zonas fuertemente golpeadas podría no llegar a comercializarse, alterando de forma directa la estabilidad de la cadena de suministro en todo el país. Las lluvias extremas han deteriorado las vías terciarias y paralizado las labores de campo, agravando el panorama operativo para los agricultores locales que dependen de dicho cereal.

Frente a semejante escenario de vulnerabilidad, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente para establecer acuerdos colaborativos entre los cultivadores, la industria y los demás eslabones comerciales. El propósito central radica en mitigar el golpe financiero, proteger el sustento de las familias campesinas y generar estrategias que permitan estabilizar la oferta alimentaria interna. De persistir el mal tiempo, resultará indispensable adoptar medidas de contingencia extraordinarias para evitar que la reducción del grano disponible termine golpeando el poder adquisitivo del consumidor final.

El Ministerio de Salud y Protección Social modificó los plazos establecidos para la formulación de los Planes Maestros de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud (PMIDS). Mediante una nueva resolución, el gobierno nacional otorgó un periodo de 60 días calendario, contados a partir de la expedición del decreto, para que los usuarios creadores de iniciativas remitan la información respectiva a las secretarías de salud departamentales y distritales. Tal directriz busca facilitar la adaptación al marco regulatorio fijado por la Ley 2294 de 2023, normativa encargada de reorganizar las inversiones en equipamiento y establecimientos médicos de la red pública.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la modificación del artículo 30 de la Resolución 2373 de 2025 responde directamente a los requerimientos manifestados por diversas entidades territoriales. Tras unas jornadas de asistencia técnica llevadas a cabo en diciembre de 2025, los gobiernos locales solicitaron capacitaciones adicionales para fortalecer su capacidad técnica al momento de sustentar proyectos. Dicho tiempo extra resulta fundamental para que las regiones logren evaluar los alcances del Decreto 1437 de 2025 e identifiquen con precisión las necesidades que fundamentan la planeación a su cargo.

Mientras se consolidan los primeros documentos bajo el cronograma actualizado, los actuales Planes Bienales de inversión manejados por las administraciones territoriales mantendrán su plena vigencia. La reglamentación exige que la estructuración de las propuestas se desarrolle en conjunto con las autoridades regionales, tomando en consideración la duración del Plan Decenal de Salud Pública. Con el lapso ampliado, se espera garantizar una planeación rigurosa que asegure la correcta asignación de recursos destinados a la modernización tecnológica y estructural del sistema sanitario.

El canal tradicional en Colombia enfrenta una transformación que redefine su papel histórico en el abastecimiento de los hogares. Al cierre de 2025, la frecuencia de visitas a los establecimientos minoristas registró una caída del 7,1 %. Aunque el valor total de las ventas experimentó un crecimiento del 1,4 %, dicho avance responde a presiones inflacionarias y no a un mejor desempeño comercial. El desembolso promedio por compra pasó de $9.325 en 2024 a $10.850 en enero de 2026, reflejando un aumento del 11,8 %, lo cual indica que el consumidor paga más dinero por lo básico llevando un menor volumen a su mesa.

Según El Colombiano, un informe elaborado por Servipunto señala una estrategia de optimización extrema del presupuesto familiar. Los clientes modificaron sus hábitos y ahora compran montos cerrados de dinero en lugar de pedir por gramaje, comportamiento que derivó en reducciones del 5,4 % en el volumen de carnes frías y del 10,2% en la rotación de arroz. Ante tal escenario, surge una clara preferencia por adquirir formatos mínimos o sobres individuales, segmento que creció un 11,0 %. El ahorro planificado se trasladó a las tiendas de descuento duro, relegando al tendero a un rol secundario para urgencias y artículos faltantes a mitad de semana.

De cara al 2026, el mayor reto para los micronegocios consistirá en redefinir su enfoque comercial sin intentar competir exclusivamente por precios. Juan Pablo Muñoz, líder de analítica de la firma investigadora, advierte sobre una migración de lealtad donde el mercado pesado ya tiene un destino fijo en las grandes superficies. Por consiguiente, la supervivencia del canal tradicional dependerá de su capacidad para capitalizar las compras de reposición rápida y consolidarse como el aliado inmediato del día a día, aprovechando sus fortalezas históricas de cercanía y agilidad frente a un comprador cada vez más calculador.

El Congreso es el “filtro” del país: El 8 de marzo elegimos a los Senadores y Representantes que tendrán la última palabra para aprobar o negar las reformas del próximo Gobierno durante los próximos 4 años.

La logística de ese día es que tendrás 2 tarjetones obligatorios (Senado y Cámara), pero el cambio de puesto de votación para esta fecha ya cerró. Consulta tu lugar en registraduria.gov.co para que no te tome por sorpresa la distancia.

El “Extra” que debes pedir: El tercer tarjetón de las Consultas Presidenciales (como la Gran Consulta por Colombia o el Frente por la Vida) No te lo entregan por defecto. Debes pedírselo explícitamente al jurado para elegir quién llegará a la primera vuelta.

El sector cauchero en Colombia alcanzó un hito de exportaciones al cierre de 2025, registrando un recaudo de $1.078,4 millones para el Fondo de Fomento Cauchero. Dicha cifra representa un cumplimiento del 119,3% frente a la meta anual inicial fijada en $904,0 millones. Este desempeño evidencia una sólida consolidación de la cadena productiva a nivel nacional, impulsada por la ampliación de la base de aportantes y la optimización de los mecanismos de fiscalización. En el ámbito territorial, el departamento del Meta se posicionó como el eje estructural del sistema, concentrando el 76,7% de las contribuciones totales y reafirmando el liderazgo productivo de la Orinoquía.

Según el diario Portafolio, la Confederación Cauchera Colombiana destacó que el crecimiento operativo se extendió estratégicamente hacia otras zonas del país. Departamentos como Caquetá reportaron un incremento sobresaliente del 128,2%, pasando de $7,4 millones a $17,0 millones, mientras que Cundinamarca, Antioquia y Santander registraron variaciones positivas del 47,6%, 29,5% y 6,9%, respectivamente. En el frente del comercio exterior, el balance resultó igualmente favorable, pues el valor de las exportaciones ascendió a US$11,18 millones, marcando un avance del 43,0% frente al periodo anterior. Semejante resultado comercial permitió capitalizar la recuperación de las tarifas internacionales durante el segundo semestre, mitigando los impactos negativos derivados de las fluctuaciones climáticas.

La dinámica alcista en las cotizaciones globales resultó determinante para el éxito del gremio, finalizando el año con valores que oscilaron entre US$1,72 y US$1,76 por kilogramo de caucho natural. Las proyecciones para el 2026 apuntan a una mejora continua, estimando precios superiores a los US$1,86 por kilogramo. Tal escenario optimista abre nuevas posibilidades para expandir los programas de inversión dirigidos a productores y transformadores locales. Adicionalmente, la implementación de rigurosas auditorías y la actualización del manual operativo garantizarán la transparencia administrativa, asegurando la sostenibilidad económica del fondo parafiscal para las próximas vigencias.

La formación bruta de capital fijo en Colombia experimentó un retroceso significativo al cierre de 2025, ubicándose en apenas el 16,0% del Producto Interno Bruto, el nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas. Dicho indicador refleja una fuerte desaceleración económica que impactó de manera directa al sector inmobiliario, donde el renglón de vivienda sufrió una contracción del 8,5% en la inversión durante el último trimestre. La disminución sostenida del apetito inversionista evidencia un deterioro en la capacidad productiva del país, alejándose drásticamente del pico del 24,1% alcanzado hace casi veinte años.

Según La República, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó preocupación ante las cifras entregadas por la autoridad estadística, dado que la actividad edificadora cerró el año con una variación negativa del 2,8%. El gremio subrayó que recuperar la dinámica inmobiliaria constituye una decisión estratégica nacional, ya que la actividad constructora encadena a 34 subsectores que dependen enteramente del flujo de capitales. Frente a dicho panorama, los líderes sectoriales insisten en la urgencia de encender nuevamente el motor de la inversión privada mediante la implementación de reglas claras.

El desplome de los recursos destinados a nuevas infraestructuras ha desatado un debate sobre sus causas fundamentales. Por un lado, el Gobierno Nacional argumenta que el estancamiento en la edificación de soluciones habitacionales obedece a las altas tasas de interés fijadas por el banco central, las cuales pasaron del 9,25% al 10,25% a principios de 2026. Por otro lado, representantes comerciales sostienen que la incertidumbre regulatoria aleja la llegada de capitales nacionales y extranjeros. Los analistas concluyen que, si no se logra elevar la tasa general de inversión por encima del 20,0%, el país permanecerá atrapado en un crecimiento económico inferior al 3,0% anual.