El formato de tiendas de descuento se ha consolidado como el canal más dinámico del sector de consumo masivo en Colombia, transformando los hábitos de compra en los últimos años. Este modelo ha alcanzado una participación del 27,0 % en la canasta FMCG (bienes de consumo rápido), la cifra más alta entre los principales países de América Latina. Actualmente, este canal logra llegar al 99,6 % de los hogares colombianos, los cuales realizan compras en estos establecimientos cada 5,6 días en promedio.

De acuerdo con la división Worldpanel de Kantar, el crecimiento ha sido exponencial desde 2015. En ese año, el canal tenía una penetración del 36,0 % y un gasto anual por hogar de $261 mil pesos. Para 2024, esa penetración subió al 99,5 %, mientras que el gasto promedio por hogar se multiplicó hasta alcanzar los $2,2 millones anuales. Este avance se ha visto impulsado principalmente por un incremento del 17,0 % en el tiquete de compra durante el último año.

A pesar del éxito, el formato enfrenta un punto de inflexión, ya que la alta frecuencia de compra (63 visitas al año por hogar) representa un desafío a futuro. El estudio señala que los ‘discounters’ deben ahora diversificar su oferta y repensar sus estrategias para mantenerse relevantes. Colombia también lidera la región en la participación de marcas blancas dentro de este canal, con un 24,0 %, lo que ha permitido al formato incursionar en categorías de mayor valor, acercándose a tendencias de “premiumización”.

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A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en octubre en Colombia y el mundo, priorizados por su impacto:

La tregua entre Israel y Hamás se rompió en días

octubre comenzó con optimismo en Medio Oriente, después de que la administración de Donald Trump lograra mediar un alto al fuego. El acuerdo, anunciado el 10 de octubre tras dos años de guerra, buscaba la liberación de rehenes a cambio de prisioneros y un cese de hostilidades. Sin embargo, la tregua demostró ser frágil. Apenas unos días después, ambas partes se acusaban mutuamente de violaciones. La situación colapsó el 28 de octubre, cuando Israel reanudó bombardeos a gran escala, alegando que Hamás había incumplido con el desarme y la liberación de rehenes.

El Ministerio de Exteriores israelí acusó a Hamás de sabotear el plan, mientras que el grupo islamista culpó a Israel de “socavar” el acuerdo con la complicidad de EE. UU. Los ataques de represalia israelíes, ordenados por Netanyahu, dejaron más de 100 muertos, incluidos 35 niños, en menos de 12 horas, poniendo fin a la breve esperanza de paz y dejando la región al borde de una nueva escalada bélica.

El cierre de gobierno en EE. UU. paralizó la administración federal

El gobierno federal de Estados Unidos permaneció cerrado durante todo octubre, tras el fracaso del Congreso para aprobar una ley de financiamiento antes de la fecha límite del 1 de octubre. La parálisis afectó a más de 730.000 empleados federales considerados esenciales, quienes se vieron obligados a trabajar sin recibir su sueldo. La situación generó una creciente inquietud a nivel nacional, especialmente por la posibilidad de que los controladores de tráfico aéreo comenzaran a ausentarse, lo que amenazaba con desatar el caos en la infraestructura de transporte del país. El cierre también tuvo implicaciones en la política migratoria, ya que la administración Trump aprovechó la coyuntura para eliminar la renovación automática de permisos de trabajo, argumentando fraudes en el sistema. El bloqueo evidenció la profunda división política en Washington e impactó la confianza económica en la primera potencia mundial.

EE.UU. sancionó al presidente Gustavo Petro y escala la tensión con Colombia

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, iniciada en septiembre con la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro, escaló en octubre. El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó financieramente al mandatario colombiano, incluyéndolo en la lista OFAC (conocida como “lista Clinton”), alegando una falta de cooperación en la lucha antinarcóticos y un aumento récord en la producción de cocaína. La medida implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y prohíbe transacciones con él. Varios miembros del gabinete, incluyendo el canciller y el ministro de Hacienda, renunciaron a sus visas estadounidenses en solidaridad, mientras que, a otros, como al ministro de Minas y Energía, también les fueron revocados sus permisos. El gobierno colombiano rechazó las sanciones, calificándolas como una violación al derecho internacional, en medio de una tensión que no se veía desde la era del Proceso 8000.

Javier Milei ganó en las elecciones legislativas de Argentina

el presidente de Argentina, Javier Milei, obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas celebradas el domingo 26 de octubre, logrando redefinir el mapa político del país y consolidar su poder. El partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA), superó el 40,0 % de los votos a nivel nacional, un resultado que superó ampliamente las previsiones más optimistas. Con esta victoria, LLA aumentará drásticamente su representación en el Congreso a partir del 10 de diciembre, pasando de 37 a 93 bancas en la Cámara de Diputados, lo que le otorgó una masa crítica fundamental. En el Senado, aunque el kirchnerismo (Fuerza Patria) mantendrá la primera minoría con 28 escaños, LLA incrementará su bloque a 20 legisladores. El resultado fue interpretado por el oficialismo como un fuerte mandato popular para profundizar las reformas estructurales y asegurar la gobernabilidad para la segunda mitad de su mandato.

El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte

la prolongada crisis política en Perú alcanzó un nuevo capítulo en octubre con la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso de la República. La decisión, adoptada a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para abril de 2026, pone fin a un mandato marcado por la inestabilidad y el conflicto social desde que asumió el poder tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Inmediatamente después de la votación, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la jefatura del Estado, tal como lo establece la línea de sucesión. La situación generó una nueva ola de protestas en Lima y otras regiones, lideradas en parte por la “generación Z” del país, que exige una renovación política completa. La destitución también generó reacciones internacionales; la presidenta de México, Claudia Sheibaum, reiteró su solidaridad con el expresidente Castillo, calificando su destitución original como un golpe de Estado.

Otros hechos importantes que tuvieron lugar en octubre:

• Huracán Melissa: el Caribe sufrió el impacto del huracán “Melissa”, que alcanzó la categoría 5 y dejó al menos 49 muertos, principalmente en Haití y Jamaica.
• Premio Nobel 2025: Se anunciaron los galardones, destacando el Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado y el de Literatura para el húngaro László Krasznahorkai.
• Ataques en el Pacífico: como parte de su nueva política antidrogas, el Pentágono anunció ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el océano Pacífico, matando al menos a 18 personas en aguas internacionales.
• Diálogo EE.UU.-China: altos funcionarios de ambas potencias se reunieron en Corea del Sur como antesala a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una resolución reciente con la que prorroga hasta el 31 de enero de 2026 el acuerdo entre industriales y productores, con el objetivo de mantener la estabilización en la cadena productiva del arroz. El pacto surgió a mediados de año, luego de que los productores reclamaran que el precio del paddy verde había caído por debajo de los costos de producción, generando desestabilización en sus ingresos.

Para las regiones de mayor competitividad, el valor mínimo de la carga de 125 kilos de paddy verde se estableció entre $139.000 y $185.000. Estos precios varían según el municipio y su demanda. Entre las zonas que aplican para estos precios regulados destacan Valle del Cauca, Yopal, La Guajira, Cesar y Atlántico, entre otros. Aunque la medida busca un “precio medio que puede ayudar a todos los actores sin ver que esté en peligro la cadena productiva del arroz”, algunos productores consideran que este precio aún es muy bajo frente a sus costos de producción.

La resolución de la SIC también incluyó aclaraciones operacionales. Se precisó que el descuento del 20,0 % por humedad, impurezas y grano partido no se realiza sobre el precio pagado al productor, sino que se aplica sobre la cantidad del producto. Además, se incluyeron como nuevas zonas de compra el departamento de Arauca y los municipios de Purificación (Tolima), Guamal (Meta) y Acacías (Meta).

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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha otorgado la autorización a Nequi, la reconocida billetera digital, para operar como compañía de financiamiento en el país. Este aval permite a la entidad avanzar hacia una mayor independencia de su socio principal, Bancolombia, aunque la entidad continuará bajo la estructura corporativa del Grupo Cibest. La plataforma, con más de 26 millones de clientes, iniciará sus actividades bajo esta nueva modalidad una vez complete los trámites adicionales requeridos por la regulación.

De acuerdo con el diario Portafolio, este hito regulatorio coincide con un importante logro financiero para la plataforma digital. Nequi alcanzó el punto de equilibrio por primera vez en su historia, un resultado reportado en los estados financieros del holding al que pertenece. La compañía aclaró que estas utilidades se lograron específicamente en el mes de septiembre. Su objetivo ahora es sostener el crecimiento y mantener los resultados en terreno positivo para consolidar su posición en el ecosistema financiero colombiano.

En un pronunciamiento oficial, la compañía afirmó que los usuarios no percibirán cambios en el servicio: “Los usuarios pueden estar tranquilos porque esta autorización no trae cambios en sus servicios: la experiencia, canales de atención, y los productos de Nequi siguen ahí para todos”. Por su parte, el Grupo Cibest, matriz que agrupa a Bancolombia y otros negocios, reportó al mercado una utilidad de $2,1 billones entre julio y septiembre, ascendiendo la utilidad acumulada de 2025 a $5,7 billones.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró que una sociedad extranjera con sede efectiva de administración en Colombia debe incluir en su declaración de renta los ingresos y la información patrimonial generados por sucursales industriales, incluso si estas operan dentro de una zona franca. Esta confirmación obliga a estas empresas a tributar por sus rentas de fuente mundial.

De acuerdo con Ámbito Jurídico, según el concepto doctrinal de la entidad, las sucursales industriales en zona franca no se consideran personas jurídicas independientes de la casa matriz. Por lo tanto, la sociedad extranjera debe tributar de manera consolidada, estando sujeta a la obligación de liquidar impuestos por sus rentas de fuente mundial cuando tenga su sede efectiva de administración en el país. Se establece una diferencia crucial: aunque la sucursal de zona franca puede aplicar la tarifa especial del impuesto sobre la renta (Art. 240-1 del Estatuto Tributario), la renta global de la sociedad extranjera está gravada a la tarifa general.

Para garantizar el cumplimiento de este esquema tributario, la DIAN exige a las empresas extranjeras elaborar un estudio de atribución basado en el principio de plena competencia y una contabilidad separada. Este proceso es necesario para identificar los ingresos, costos, gastos, activos y pasivos asociados a la sucursal de zona franca, lo que facilita el cálculo y la correcta aplicación de las tarifas diferenciadas. Finalmente, la entidad recordó que el cumplimiento del principio de exclusividad para operar dentro de la zona franca es obligatorio para acceder al régimen especial.

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• La negociación del salario mínimo para 2026 parte de dos cifras base: una inflación proyectada cercana al 5,0% y una productividad que no superaría el 1,0%. La suma de ambos es el punto de inicio técnico para la discusión.
• Los gremios empresariales han manifestado que el incremento no debería superar el 7,0% para no afectar la generación de empleo formal ni presionar la inflación.
• El Gobierno Nacional busca un aumento concertado y aún no ha revelado su propuesta oficial, aunque analistas proyectan que su intención podría iniciar sobre el 9,5% o incluso el 11,0%.

Como es costumbre en el último trimestre del año, Colombia se prepara para la negociación del salario mínimo, una de las discusiones económicas más relevantes para el país. El debate para 2026 comienza con una base técnica clara, una postura empresarial que fija un techo prudente y un Gobierno que busca el consenso. El resultado de esta concertación será clave para el poder adquisitivo de millones de hogares y la estabilidad del mercado laboral.

La negociación, que se instala formalmente en el último trimestre del año, reúne a representantes del Gobierno, los gremios de empresarios y las centrales de trabajadores en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de que finalice el año; de lo contrario, el Gobierno lo fijará por decreto.

El Punto de Partida: Inflación + Productividad

La fórmula tradicional para calcular el aumento del salario mínimo tiene dos componentes principales: la inflación causada del año que termina y el dato de productividad. Según las proyecciones actuales, se espera que la inflación cierre el 2025 cerca del 5,0%. Este indicador es crucial, ya que el aumento debe, como mínimo, proteger el poder de compra de los trabajadores frente al alza en el costo de vida. La productividad, que históricamente en Colombia ha mostrado un crecimiento modesto, por lo que esta cifra difícilmente superará el 1,0%.

El componente inflacionario es el más sensible. A pesar de que ha venido descendiendo, persisten factores que dificultan su convergencia a la meta del 3,0%, según ha explicado Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

La postura empresarial: un techo del 7,0% para proteger el empleo

Desde el sector privado, la principal preocupación es el impacto que un alza excesiva pueda tener sobre la generación de empleo formal y la competitividad.

Al explorar las perspectivas para el próximo año, se estima que un 77,5 % de las empresas planea incrementar los salarios en 2026. En contraste, un 20,3 % de las compañías consultadas aún no ha tomado una decisión, mientras que un 2,2 % ya ha descartado la posibilidad de un aumento.

En lo que se refiere específicamente al salario mínimo, el consenso entre las organizaciones es que el alza no debería superar el 7,0 %, fundamentando esta postura en el comportamiento de la economía, las proyecciones de inflación y la capacidad de pago de las empresas.

La perspectiva del Gobierno

El Ministerio de Trabajo ha sido claro en afirmar que el Gobierno aún no ha fijado una posición sobre un porcentaje de aumento para el salario mínimo de 2026, y que la prioridad es lograr un incremento concertado.

Si bien no hay una propuesta oficial, es relevante considerar los antecedentes de esta administración: para 2023 el aumento fue del 16,0 % y para 2024 del 12,0 %. Tomando en cuenta este contexto, algunos analistas aseguran que la discusión sobre el ajuste podría empezar con un incremento del 9,5 %, e incluso con la posibilidad de que llegue al 11,0 %.

Análisis de Impacto: empleo y formalidad

Más allá de la cifra porcentual, la discusión sobre el salario mínimo se centra en sus impactos directos sobre el mercado laboral. Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han advertido que un aumento desmedido podría tener consecuencias negativas, principalmente en la generación de empleo. La principal preocupación es que un incremento muy por encima de la inflación y la productividad desincentive la contratación formal, afectando la creación de nuevos puestos de trabajo.

Este riesgo es particularmente alto para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son las mayores generadoras de empleo en el país. Para este segmento empresarial, un alza elevada en los costos laborales puede comprometer su capacidad de pago. Por ello, el consenso del sector privado es que se debe encontrar un balance que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin sacrificar la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal.

El sector siderúrgico colombiano ha propuesto al Gobierno la implementación de “aranceles inteligentes” como medida de protección para la producción local y el empleo formal. Esta solicitud surge ante el notable incremento de las importaciones de acero a precios bajos, fenómeno impulsado principalmente por la sobreoferta global, siendo China un actor principal. Mauro de Castro, director país de Diaco, señaló que la prioridad de la industria es preservar el sector nacional y asegurar condiciones de competencia justas. Asimismo, indicó que la medida busca cubrir la mayor cantidad posible de productos vinculados al acero, partiendo del entendimiento de que, al establecer protección sobre un frente, pueden abrirse vías de ingreso por otros. Por ello, es necesario aplicar una estrategia de protección amplia para todo el sector, que posteriormente permita evaluar, partida arancelaria por partida arancelaria, cuáles medidas podrían flexibilizarse o ajustarse según su impacto.

Según Portafolio, el sector del acero enfrenta un entorno complejo, caracterizado por una sobreoferta significativa que presiona los precios internacionales y que busca colocarse en mercados abiertos como el colombiano. Diaco, a pesar de reportar una caída en la demanda local y un aumento en las importaciones de productos terminados, mantiene la perspectiva de cerrar el año con resultados positivos. La compañía ha sostenido niveles de producción cercanos a los históricos, aunque la menor disponibilidad de chatarra ferrosa, su principal insumo, ha generado desafíos.

De Castro subrayó que Colombia tiene la capacidad instalada para producir todo el acero que demanda el país con altos estándares de calidad, pero el reto es mantener esa operación de manera sostenible. Además de los aranceles, el sector pide extender la vigencia del decreto que limita las exportaciones de chatarra y reforzar los controles. La producción de acero a partir de chatarra es considerada una de las más limpias del sector, lo que subraya la importancia de que este material se quede en Colombia para fortalecer la economía circular.

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La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación bilateral. Este compromiso busca desarrollar iniciativas conjuntas en Colombia para fortalecer la innovación e investigación aplicada en semillas, adaptar modelos exitosos de transferencia tecnológica e impulsar la competitividad de las organizaciones de productores. El objetivo central es consolidar estrategias en defensa de la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Según Contexto Ganadero, este acuerdo se concretó tras una misión técnica liderada por el gerente general de Fenalce, Arnulfo Trujillo, que se llevó a cabo en México entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Durante la misión, la delegación conoció de primera mano los modelos de innovación agrícola del CIMMYT, incluyendo sus plataformas, avances científicos y el modelo de hubs (centros) de innovación. El acuerdo se enmarca en el Plan Estratégico Institucional de Fenalce, que busca potenciar su participación en el mercado de semillas de maíz para la siembra y lograr la transición a un modelo de extensión agropecuaria integral.

El gerente de Fenalce señaló que la delegación regresó al país con el compromiso de replicar y adaptar las experiencias aprendidas; avanzando en el propósito institucional de construir un campo más innovador, resiliente y productivo al servicio de los agricultores colombianos. Destacó, además, la importancia de reconocer el empoderamiento de los productores, labor que realiza el CIMMYT en México, brindándoles herramientas para que puedan ser autosuficientes.

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Colombia sigue trabajando en su integración económica con Asia al concretar una alianza con Cosco Shipping, el gigante del transporte marítimo mundial. El acuerdo, confirmado durante la China International Import Expo en Shanghái (donde Colombia fue el país invitado de honor), tiene como objetivo establecer rutas, asegurar la disponibilidad de contenedores y ofrecer tarifas competitivas. Lo anterior busca facilitar la exportación de alimentos y bienes agrícolas colombianos, fortaleciendo la presencia del país en el mercado asiático de más de 1.400 millones de consumidores.

Según W Radio, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, fue el encargado de anunciar la firma, explicando que el acuerdo busca resolver el problema histórico de la falta de flota propia y el alto costo para mover mercancías desde el campo hacia otros continentes. El nuevo vínculo con China se planteó como una salida moderna y necesaria. El acto coincidió con la inauguración del pabellón nacional en la feria, donde se exhibieron productos como café de especialidad, cacao, miel, aguacate y limón Tahití, representando a más de dos mil familias campesinas de distintas regiones.

La alianza se enmarca en la llamada “ruta de la seda” y permite a la agricultura colombiana entrar en la vitrina del mayor mercado del mundo. El Gobierno destacó que esta es una semana clave para mostrar que Colombia se destaca por sabor, calidad y competitividad.

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Para que una organización esté bien, primero el líder debe estar bien; luego, se debe imprimir una mentalidad de crecimiento. 

La solución a la crisis de la salud implica la convergencia de todos los actores: gobierno, eps, ips, proveedores y pacientes.

Con todo el entorno de datos y la involucración de la tecnología, sabremos con anticipación de que nos enfermaremos y de esta forma poder prevenir efectivamente.

A su vez, requerimos de la preservación de la fertilidad que es la preservación de la humanidad.

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