El sector bancario continúa ampliando su capilaridad mediante alianzas estratégicas con el comercio minorista para facilitar la operatividad de sus usuarios. BBVA Colombia ha hecho un nuevo acuerdo con la cadena Tiendas D1, habilitando a la totalidad de sus establecimientos como puntos autorizados para el retiro de efectivo. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de inclusión financiera y mejorar el acceso a la liquidez para los titulares de cuentas de ahorro y corriente, aprovechando la extensa cobertura geográfica del discounter tanto en zonas urbanas como en áreas rurales apartadas.

Según Valora Analitik, bajo este esquema operativo los clientes podrán realizar retiros de hasta $700.000 por transacción, con un tope diario acumulado establecido en $2.100.000. Las operaciones se gestionan a través de la plataforma de corresponsales bancarios, lo que garantiza que cada movimiento cumpla con los mismos estándares de seguridad, verificación y trazabilidad que los canales tradicionales, ofreciendo una alternativa confiable y segura para la disposición de recursos sin la necesidad de acudir a una sucursal física o un cajero automático.

Con la integración de estos supermercados, la entidad financiera suma 2.700 nuevos puntos de atención a su infraestructura, consolidando una red que se aproxima a los 60.000 corresponsales en todo el territorio nacional. Esta expansión estratégica responde a los hábitos de consumo actuales, donde los usuarios priorizan la cercanía y la agilidad, permitiéndoles resolver sus necesidades de efectivo dentro de sus propios barrios y optimizando sus tiempos de desplazamiento al integrar servicios financieros en sus actividades cotidianas.

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La falta de recursos financieros y voluntad desde el gobierno central ha llevado al colapso del sistema de salud, donde ya contar con una cobertura universal no es sinónimo de satisfacción.

Producto de la desatención en salud, cada vez, más colombianos usan su dinero para pagar por las medicinas y consultas, esto, que es el gasto de bolsillo, si supera el 20 %; el país alcanzaría el umbral internacional que indica una crisis sanitaria por carga financiera insostenible para los hogares.

Ya no se trata de volver a un sistema anterior; ahora es construir uno mejor; donde se retome el orden institucional, se garantice el recurso financiero corriente, se depure el aseguramiento, se cambie la contratación, se genere salud basada en valor, se conlleve a ahorros al sistema y se materialice una visión de largo plazo.

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Informes Sectoriales

El mercado colombiano de motocicletas ha consolidado su posición como uno de los más dinámicos a nivel global, logrando ubicarse entre las diez naciones con mayor volumen de ventas en el mundo durante el 2025. Este hito se sustenta en un crecimiento sostenido de la demanda interna, impulsado por la necesidad de transporte ágil y económico, lo que ha permitido al país superar a mercados tradicionales como Taiwán, Argentina e Italia, e incluso a potencias económicas como Estados Unidos en este segmento específico.

Según 360 Radio, los registros de la ANDI y Fenalco indican que entre enero y noviembre se han comercializado 988.033 motocicletas en el territorio nacional, una cifra que proyecta superar el millón de unidades al cierre del año. Este desempeño ubica a Colombia en el décimo lugar del ranking mundial, liderado por gigantes asiáticos como India, China e Indonesia; en el contexto latinoamericano, el país se sitúa como el tercer mercado más relevante, solo por detrás de Brasil y México, que ocupan la sexta y séptima posición global respectivamente.

El auge del sector no solo se refleja en las ventas, sino en la expansión del parque automotor. Este fenómeno está respaldado por una regulación que incentiva el ensamble nacional, exigiendo una integración de autopartes locales del 20,0%, lo que ha fortalecido la industria y convertido a la moto en la opción de movilidad predominante para millones de hogares colombianos.

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El auge de las aplicaciones de entrega a domicilio ha propiciado el crecimiento de un mercado ilícito dedicado a la comercialización de cuentas para domiciliarios, una práctica que amenaza la seguridad y la confianza dentro del ecosistema de economía colaborativa. Lo que inició como una irregularidad administrativa mediante el préstamo de cuentas, ha evolucionado hacia esquemas de fraude sofisticados que incluyen la suplantación de identidad, la manipulación de documentos y el uso de tecnologías avanzadas como los deepfakes para evadir los filtros de seguridad de las plataformas.

Según Bloomberg Línea, firmas especializadas en gestión de identidad han documentado que en Colombia la venta de un perfil verificado de Rappi puede alcanzar los US$ 160. Este fenómeno transnacional también se evidencia en otros mercados de la región, donde el arriendo o venta de cuentas activas oscila entre los US$ 22 y los US$ 128, dependiendo de la antigüedad y categoría del usuario. La dimensión del problema es global; estudios realizados en Estados Unidos han detectado más de 800.000 cuentas ilegales de conductores ofreciéndose en redes sociales, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad en los procesos de validación actuales.

Para contrarrestar esta amenaza, la industria tecnológica está implementando soluciones de autenticación en tiempo real basadas en Inteligencia Artificial y biometría facial obligatoria al momento de la entrega. La estrategia busca cerrar las brechas de seguridad mediante reglas dinámicas que detecten comportamientos anómalos y prevengan modalidades de estafa como la SIM swapping (estafa que consiste en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM). Los expertos coinciden en que la validación robusta de la identidad ya no es opcional, sino un pilar fundamental para evitar riesgos reputacionales y posibles sanciones regulatorias en un sector que depende enteramente de la credibilidad.

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El mercado inmobiliario colombiano se aproxima al 2026 bajo una coyuntura económica favorable, caracterizada por un peso fortalecido y la búsqueda de refugios financieros ante una inflación que se mantiene por encima del 5,0 %. Este escenario está propiciando una migración estratégica de capitales desde instrumentos bancarios tradicionales hacia activos inmobiliarios digitales, los cuales ofrecen una alternativa más dinámica para proteger el patrimonio y obtener rentabilidades competitivas mediante el uso de tecnología y modelos de inversión fraccionada.

Según La Nota Económica, se proyecta un evento de liquidez para el 2026 con el vencimiento de Certificados de Depósito a Término (CDT) por un valor superior a los $100,0 billones, recursos que podrían redireccionarse masivamente hacia el sector de la construcción y la vivienda. Las estimaciones sugieren que estos flujos de capital podrían acceder a tasas de retorno superiores al 14,0% anual en proyectos inmobiliarios, una cifra atractiva frente a la corrección de tasas en la renta fija.

La transformación del sector se consolida con la digitalización total del ciclo de inversión, integrando herramientas de Inteligencia Artificial para realizar análisis predictivos de precios y demanda con mayor precisión. Esta tendencia no solo optimiza la toma de decisiones para los grandes capitales, sino que democratiza el acceso al mercado mediante tickets de entrada más bajos, permitiendo que un segmento más amplio de la población participe en proyectos de alta calidad y diversifique sus portafolios con respaldo en activos reales.

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• La IA aumenta la capacidad humana para procesar información, automatizar tareas y crear contenido, pero tiene un alto consumo energético.
• La solución pasa por avanzar hacia una “IA Verde” mediante energías renovables, modelos eficientes y políticas integrales de sostenibilidad.
• Los centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad y agua, lo que pondría presión sobre la matriz hidroeléctrica de Colombia.

La acelerada digitalización global, impulsada por herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT, Gemini o los generadores de imágenes, ha multiplicado las capacidades humanas para procesar información, automatizar tareas y crear contenido; pero, detrás de esta revolución tecnológica se esconde una realidad menos visible: su elevado consumo energético y el impacto ambiental asociado. Para países como Colombia, altamente dependientes de recursos hídricos para generar electricidad y vulnerables a fenómenos climáticos extremos, este debate no es solo tecnológico, sino estratégico.

La huella energética de la IA puede dividirse en dos grandes momentos: el entrenamiento de los modelos y la fase de inferencia, es decir, su uso cotidiano por parte de millones de usuarios en todo el mundo.

Entrenar un modelo de lenguaje de gran escala, como ChatGPT, requiere miles de unidades de procesamiento gráfico operando de manera continua durante semanas o meses. La potencia promedio durante este proceso puede alcanzar hasta 1.200 megavatios (MW). Traducido a energía total consumida, esto representa decenas de miles de megavatios-hora (MWh), lo que equivale aproximadamente a la energía que consumen en un día ciudades como Manizales o Ibagué. Incluso modelos más pequeños, como generadores de imágenes, pueden requerir 0,15 MW de potencia promedio, un consumo mucho menor pero aún considerable debido a la cantidad de modelos operativos a nivel global. Estas cifras muestran que cada avance en IA implica un incremento proporcional en la demanda energética.

Una vez entrenados, los modelos continúan consumiendo energía durante la fase de inferencia. Cada solicitud, ya sea para generar texto o una imagen, puede parecer insignificante, con aproximadamente 0,00015 MW por operación, pero multiplicada por millones de interacciones diarias, la demanda se vuelve considerable. Se estima que una sola petición a una IA generativa puede consumir hasta 500 veces más energía que una búsqueda en Google. Este consumo continuo convierte a la IA en un factor de presión constante sobre los sistemas eléctricos que la soportan.

Los centros de datos, donde se alojan estos modelos, son los epicentros del consumo. No solo requieren grandes cantidades de electricidad, sino también enormes volúmenes de agua para refrigerar los sistemas y evitar sobrecalentamiento. En algunos casos, los sistemas de enfriamiento consumen millones de litros de agua al año. En Colombia, donde cerca del 80 % de la electricidad proviene de hidroeléctricas, la combinación de alta demanda energética y consumo de agua es crítica. Fenómenos climáticos reducen el volumen de los embalses, limitando la generación eléctrica y aumentando la presión sobre los recursos hídricos, lo que evidencia la vulnerabilidad de la matriz energética ante el crecimiento de la IA.

Frente a este panorama, la pregunta sobre si Colombia está preparada para asumir los costos energéticos y ambientales de una digitalización acelerada encuentra una respuesta cautelosa. Actualmente, el país carece de una estrategia integral que regule la ubicación, diseño y sostenibilidad de centros de datos, que garantice que su operación no compita con las necesidades de hogares e industrias y que asegure que el crecimiento de la infraestructura tecnológica no supere la capacidad de generación eléctrica en épocas de estrés hídrico. Entre los riesgos más relevantes están la presión sobre la infraestructura eléctrica, el posible aumento de tarifas energéticas, el agravamiento de desigualdades si los recursos se concentran en sectores de alta tecnología, y la ausencia de políticas claras sobre gestión de agua y huella de carbono.

El desafío no es frenar la innovación, sino avanzar hacia un modelo de “IA Verde” que permita compatibilizar transformación digital y sostenibilidad energética. Lo anterior implica construir centros de datos alimentados con energías renovables como solar, eólica o biomasa; desarrollar modelos de IA más eficientes que reduzcan la potencia requerida sin sacrificar desempeño; y fomentar programas de reciclaje y economía circular para los equipos electrónicos cuya vida útil es cada vez más corta.

La Inteligencia Artificial es un avance tecnológico importante, pero su sostenibilidad dependerá de la coordinación entre el Estado, las empresas y la academia. Para Colombia, este es un momento clave, integrar la digitalización con la planificación energética y ambiental será fundamental para que la IA contribuya al desarrollo del país sin poner en riesgo sus recursos naturales.

La industria cementera colombiana mostró un desempeño positivo durante octubre de 2025, impulsada por un repunte en la actividad constructora y la demanda comercial. Durante este mes, la producción nacional alcanzó los 1.249,8 miles de toneladas, lo que representa un incremento anual del 5,8 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los despachos al mercado interno totalizaron 1.178,9 millones de toneladas, evidenciando un crecimiento del 9,8 % que dinamiza la cadena de suministros del sector.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el comportamiento de los despachos estuvo jalonado principalmente por el canal de comercialización, el cual registró un aumento del 17,4 % y aportó 9,8 puntos porcentuales a la variación total. Por su parte, el segmento de concreteras también mostró una recuperación con un alza del 5,8 %, contrarrestando la caída del 11,2 % observada en el canal de constructores y contratistas, lo que sugiere un cambio en la dinámica de ejecución de obras a proyectos de menor escala o autoconstrucción.

En el análisis regional, se destaca el comportamiento del área de Bogotá, cuyos despachos crecieron un 10,8 %, y de departamentos como Nariño y Norte de Santander, que presentaron variaciones significativas del 38,8 % y 26,1 % respectivamente. En contraste, regiones como Valle del Cauca (-2,3 %) y Sucre (-0,6 %) reportaron contracciones en la demanda, lo que refleja un panorama heterogéneo en la reactivación de la infraestructura y la vivienda a lo largo del territorio nacional.

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El sector logístico colombiano atraviesa un punto de inflexión al iniciar la transición desde los motores diésel hacia flotas eléctricas inteligentes, una evolución impulsada por la necesidad de reducir la huella de carbono y optimizar los costos operativos. Actualmente, el transporte de carga por carretera moviliza más del 96 % de las mercancías terrestres del país, pero esta dependencia de combustibles fósiles ha llevado a que las emisiones del sector superen los 33 millones de toneladas de CO₂ anuales, evidenciando la urgencia de adoptar tecnologías más limpias.

Según Xataka Colombia, las marcas están liderando este cambio mediante la implementación de soluciones de “inteligencia energética”, que integran vehículos eléctricos con herramientas avanzadas de conectividad y análisis de datos. Esta modernización permite a las empresas planificar rutas más eficientes, anticipar mantenimientos y gestionar con precisión el desempeño de cada unidad, transformando la movilidad de un gasto fijo inevitable a una inversión estratégica que mejora los márgenes de rentabilidad y cumple con estándares regulatorios como la norma Euro VI.

La adopción de estas tecnologías no solo responde a compromisos ambientales, sino que fortalece los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que hoy exigen inversionistas y clientes. Además, la sustitución de flotas convencionales por eléctricas reduce significativamente el ruido y las vibraciones, mejorando las condiciones laborales de los conductores y contribuyendo a la calidad del aire en ciudades como Bogotá, alineándose así con las metas nacionales de descarbonización del transporte pesado.

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A partir de diciembre, el sector transporte en Colombia enfrentará un desafío económico considerable con el incremento proyectado en el precio del Gas Natural Vehicular (GNV). Se estima que el ajuste tarifario podría alcanzar un alza del 30,0 %, afectando directamente la estructura de costos de más de 645.000 automotores que operan con este combustible en el territorio nacional, incluyendo taxis, sistemas de transporte masivo, flotas de carga y vehículos particulares, con un impacto mayoritario en las zonas del interior del país y el Valle del Cauca.

Según Portafolio, este encarecimiento obedece al vencimiento masivo de contratos de suministro que contaban con tarifas preferenciales, lo que obliga a los distribuidores a renegociar bajo condiciones de mercado más volátiles y con una mayor dependencia del gas importado. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, advirtió que el efecto inflacionario no se limitará al parque automotor, pues los usuarios residenciales, particularmente en la región Caribe, también percibirán el impacto de los altos precios internacionales, sumándose a los aumentos superiores al 20,0 % que ya se han registrado en el interior de la nación.

La dinámica del mercado energético ha entrado en una fase de incertidumbre caracterizada por la firma de contratos de corto plazo (trimestrales o incluso semanales), sustituyendo las tradicionales negociaciones anuales. Se prevé que las facturas reflejen este golpe financiero a partir de enero para el sector industrial y los transportadores, mientras que los hogares sentirían el ajuste pleno entre finales de enero y febrero, situación que presionará al alza los fletes de transporte y, consecuentemente, el costo de vida general.

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La economía mundial opera sobre una infraestructura digital altamente concentrada, donde unas pocas empresas —Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud— controlan más del 60% del mercado global de computación en la nube, un sector valorado en USD 107.000 millones en 2025. Esto significa que millones de transacciones financieras, cadenas logísticas, pagos electrónicos, plataformas de comercio y sistemas corporativos dependen de servidores remotos ubicados en muy pocos lugares. El caso más crítico es el norte de Virginia, donde funcionan más de 150 centros de datos, considerado el mayor hub digital del planeta. Una falla, un error interno o un evento climático en esta zona puede afectar —como ya ocurrió con Cloudflare el 18 de noviembre de 2025 o con AWS el 21 de octubre de 2025— a bancos, aplicaciones, empresas, plataformas de streaming y sistemas de comunicación en todo el mundo. La reciente caída de AWS dejó más de 2.000 empresas y 8 millones de usuarios sin servicio, demostrando que no hace falta un ciberataque sofisticado para generar un apagón global: basta con una mala actualización.

A este riesgo técnico se suma un riesgo geopolítico mucho más profundo: la infraestructura digital crítica del mundo está bajo la jurisdicción legal y política de Estados Unidos. Esto le permite al país activar sanciones, cortar acceso a servicios de nube o bloquear infraestructura a gobiernos y empresas extranjeras, como ocurrió con entidades rusas en 2022 o con las presiones sobre TikTok en 2020. La nube, por tanto, se convirtió en un instrumento de poder estratégico, capaz de alterar operaciones corporativas, estabilidad financiera y soberanía tecnológica de otros países. Para las empresas, especialmente en mercados emergentes como Colombia, este escenario obliga a repensar la gestión del riesgo digital, la diversificación de proveedores, la resiliencia tecnológica y la dependencia estructural de actores globales. El mundo nunca ha funcionado tan rápido, pero tampoco ha sido tan vulnerable: un solo incidente en Virginia podría detener la economía global en cuestión de minutos.