El PIB del sector de transporte y almacenamiento creció 3,3 % anual, impulsado por la mayor movilización de carga sólida y el dinamismo en transporte terrestre y otras actividades complementarias. También aportaron positivamente el transporte marítimo y los servicios postales. No obstante, el desempeño se vio limitado por la caída del comercio exterior, afectado por la disminución en las exportaciones minero-energéticas y por problemas estructurales en aduanas y normatividad, lo que reduce carga movilizada y genera ineficiencias operativas.

Adicionalmente, los costos del transporte de carga por carretera subieron 8,6 % anual en julio, casi el doble de la inflación (4,9 %). El nuevo Decreto 572, que eleva la autorretención en la fuente de 1,1 % a 3,5 %, agrava la situación al impactar severamente la liquidez y utilidades, especialmente en empresas con flota tercerizada (88,0 % del parque).

En el frente regulatorio, persisten tensiones por el esquema de reposición vehicular “uno a uno” y la falta de claridad en la tabla de equivalencias, que han limitado la modernización del parque automotor. A esto se suma la incertidumbre por la posible terminación del acuerdo comercial con Brasil, que encarecería el acceso a vehículos nuevos y afectaría las exportaciones hacia ese mercado.

En año y 9 meses, Nueva EPS ha tenido 2 presidentes y 3 interventores. Su volatilidad administrativa ha generado falencias en el proceso de control interno y gestión de riesgo, que comprometen la confiabilidad de la información financiera y la operación de la entidad. Desde 2023 no se sabe ¿cuáles son los resultados de la entidad?.

En julio de 2025 la Contraloría General de la Nación hizo una inspección de policía judicial y advirtió que en la entidad se han incrementado, de 2023 a junio de 2025, anticipos por $11,87 billones; no se han procesado facturas por $13,2 billones y se tienen cuentas por pagar de $21,3 billones.

Adicionalmente, el reporte de la inspección dice que la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud. 

Con base en estos elementos, y teniendo en cuenta que en 2023 la entidad apenas contaba con caja de $700 mil millones y un patrimonio negativo de $5 billones, el riesgo de colapso está presente.

Si este riesgo se materializa, colapsa la salud del 22 % de los colombianos y el 31 % de las clínicas, hospitales y prestadores del país.

Para evitar el colapso, la Superintendencia de Salud aprobó que la entidad pueda ser capitalizada. Las dudas están sobre la capacidad de recursos del gobierno actual para hacerlo o ¿será otro de los grandes problemas que heredará el próximo gobierno?

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Informes Sectoriales

A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en agosto en Colombia y el mundo:

Fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay conmocionó a Colombia: El escenario político colombiano se enlutó tras confirmarse, el 11 de agosto, el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su muerte se produjo tras permanecer más de dos meses hospitalizado en estado crítico, como consecuencia de un atentado con arma de fuego perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Uribe Turbay, de 39 años, fue considerado el primer aspirante presidencial asesinado en más de tres décadas, lo que ha reavivado el debate nacional sobre la seguridad de los líderes políticos y las garantías para el ejercicio de la democracia en el país. El magnicidio ha sido condenado por todos los sectores políticos y ha generado una profunda conmoción social. Las autoridades han avanzado en la investigación del crimen y, a principios de septiembre, se ordenó la prisión para una persona acusada de participar en la planeación y ejecución del atentado, aunque los móviles detrás del ataque continúan siendo materia de investigación judicial. El suceso marca un punto de inflexión en la contienda electoral y deja un vacío en el panorama político nacional.

El Salvador aprobó la reelección presidencial indefinida y extendió el mandato a seis años: El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó el 1 de agosto una controvertida reforma constitucional que habilita la reelección presidencial sin límite de mandatos y amplía el periodo de gobierno de cinco a seis años. La decisión le permite al actual presidente, Nayib Bukele, perpetuarse en el poder, una medida que ha sido calificada como un retroceso democrático por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y la oposición política. La reforma se produce en un contexto de alta popularidad del mandatario, impulsada por su política de mano dura contra las pandillas, pero también entre fuertes críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y la concentración de poder en el Ejecutivo. Críticos y analistas señalan que este tipo de reformas son características de regímenes autoritarios, comparando la situación de El Salvador con los casos de Venezuela y Nicaragua. A pesar de los cuestionamientos internacionales, el presidente Bukele defendió la medida, consolidando así un mayor control sobre las instituciones del Estado salvadoreño y abriendo un nuevo capítulo en la política centroamericana.

Gobierno de EE. UU. adquiere el 10,0 % de Intel para fortalecer su industria de chips: En una medida sin precedentes recientes, el gobierno de Estados Unidos adquirió una participación del 10,0 % en el gigante tecnológico Intel, en una operación valorada en 8.900 millones de dólares. El acuerdo, confirmado el 22 de agosto, se materializó mediante la conversión de subvenciones de la Ley CHIPS (CHIPS Act) en capital accionario, convirtiendo al Ejecutivo estadounidense en el mayor accionista individual de la compañía, aunque sin derechos de representación en el consejo directivo. Esta estratégica inversión, impulsada por la administración Trump, busca blindar la producción nacional de semiconductores, un sector considerado vital para la seguridad nacional y la competitividad tecnológica frente a China. La decisión marca un giro en la política industrial del país, optando por una participación directa en lugar de otorgar subsidios sin retorno. La operación se produce en un momento en que Intel busca reestructurarse para competir con rivales como Nvidia y ha iniciado planes de ajuste que incluyen una reducción significativa de su plantilla.

Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga: El 21 de agosto, la sección quinta del Consejo de Estado confirmó la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, una de las principales ciudades de Colombia. El alto tribunal determinó que Beltrán incurrió en doble militancia política durante su campaña electoral. Según el fallo, el entonces candidato, apoyó a aspirantes a concejos y asambleas de partidos diferentes a Colombia Justa Libres, la agrupación que oficialmente avaló su candidatura. La decisión, que responde a una demanda por irregularidades, deja a la capital de Santander sin su mandatario electo y abre un periodo de incertidumbre administrativa hasta que se defina su reemplazo. Beltrán, quien se había posicionado por sus propuestas de seguridad, manifestó su intención de seguir trabajando por la ciudad hasta que el fallo quede en firme, mientras que la noticia genera un reacomodo de las fuerzas políticas en la región y pone de relieve la estricta vigilancia de las normas electorales por parte de las altas cortes del país.

OpenAI lanza GPT-5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado: La compañía de investigación en inteligencia artificial OpenAI lanzó oficialmente el 7 de agosto su nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño, GPT-5. Este sistema de última generación es presentado como el más inteligente, rápido y útil desarrollado hasta la fecha, con capacidades de razonamiento integradas y un rendimiento superior en áreas como matemáticas, programación, ciencias y finanzas. Entre sus principales mejoras técnicas, GPT-5 cuenta con una ventana de contexto ampliada de hasta 400.000 tokens, una reducción de aproximadamente el 45,0 % en alucinaciones (respuestas incorrectas o inventadas) y una mayor eficiencia en comparación con su predecesor, GPT-4o. El nuevo modelo unifica el razonamiento avanzado y la entrada multimodal (texto, visión y voz) en un solo sistema, eliminando la necesidad de alternar entre herramientas especializadas. El lanzamiento de GPT-5 está destinado a tener un profundo impacto en el sector empresarial y tecnológico, ofreciendo una herramienta más potente y confiable para la resolución de problemas complejos, análisis de datos y desarrollo de software.

Otros hechos importantes que tuvieron lugar en agosto:

• Hallazgo petrolero de BP: La petrolera británica BP anunció el 4 de agosto el descubrimiento de un importante yacimiento de gas y petróleo en aguas profundas frente a las costas de Brasil, considerado su hallazgo más relevante en los últimos 25 años.
• Impuesto a exportaciones de chips: Nvidia y AMD acordaron pagar al gobierno de EE. UU. un 15,0 % de los ingresos obtenidos por la venta de chips avanzados a China, en un pacto inédito que funciona como un “peaje” para obtener licencias de exportación.
• Disputa Colombia – Perú por la isla de Santa Rosa: La cambiante dinámica del río Amazonas, producto de la sedimentación, ha generado una disputa diplomática entre Colombia y Perú sobre la soberanía de islas fluviales como Santa Rosa, reavivando tensiones históricas por la definición de los límites fronterizos.

Lea también:

• Protagonistas de julio de 2025: Uribe fue declarado culpable, paro arrocero y creación de zona binacional con Venezuela
• Protagonistas de junio de 2025: Atentado al precandidato Miguel Uribe, derogación de la consulta popular y el conflicto en medio oriente
• Protagonistas de mayo de 2025: La adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, Frisby y la propiedad intelectual y el impacto del retiro de Warren Buffett
• Protagonistas de abril de 2025: Apagón en Europa, fallecimiento del Papa Francisco y riesgo de perder crédito flexible del FMI
• Los protagonistas de marzo 2025: hundimiento de la reforma laboral, renuncia ministro de Hacienda y EE. UU. revoca ayudas militares a Ucrania
• Los protagonistas de febrero de 2025: Aranceles ponen en jaque el comercio mundial y crisis de ministros en Colombia
• Los protagonistas de enero de 2025: Conmoción por atentados del ELN en Catatumbo, tregua en Gaza y Nicolás Maduro asume su tercer mandato en Venezuela
• Los protagonistas de diciembre de 2024: en riesgo la soberanía energética de Colombia, nuevamente UPC insuficiente en salud y se hunde otra reforma
• Protagonistas de noviembre de 2024: COP29 en Azerbaiyán, alto al fuego entre Israel y Hezbolá tras mediación de EE. UU., mientras Trump gana las elecciones
• Protagonistas de octubre de 2024: fin de la huelga portuaria en Estados Unidos, Colombia destaca en la COP 16 y acuerdos levantan el paro minero y campesino en Colombia
• Protagonistas de septiembre de 2024: paro transportador, comienzo de ajustes en precios del diésel e intervención Air-e
• Protagonistas de agosto de 2024: Acuerdo sobre inversiones forzosas y se aprueba venta de la participación de EPM en Tigo-Une

La relación entre el activismo social y el desarrollo económico resulta compleja de establecer, principalmente debido a la dificultad para medir el primero. Este puede entenderse como formas de participación alternativa, disruptiva y simbólica, que cada vez están menos enfocadas exclusivamente en problemáticas materiales como la inequidad en los ingresos o la distribución desigual de la tierra. En cambio, también se fundamenta en identidades, valores y derechos, como ocurre con los movimientos feministas, ecologistas y de diversidad sexual, entre otros.

A diferencia de la participación política, que puede medirse mediante censos electorales, afiliación a partidos, asistencia a debates y otras actividades canalizadas a través de medios institucionales, el activismo se desarrolla en espacios híbridos como calles, redes sociales, plataformas digitales y otros entornos que escapan al control absoluto del Estado y sus instituciones. Es más volátil y depende en gran medida de causas contextuales, como los cambios en la coyuntura política, social y ambiental, lo que dificulta evaluar con precisión su intensidad, impacto y frecuencia.

Por otro lado, es posible identificar el impacto de la participación política en el desarrollo, evidenciándose una correlación positiva y constante entre altos niveles de participación democrática y prosperidad económica. Los países con sistemas democráticos más sólidos, como los nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), suelen concentrar un mayor poder económico a nivel global. De manera similar, en regiones cercanas a Colombia, tanto por su ubicación geográfica como por su contexto económico, se han registrado avances significativos. Casos como Brasil, Chile y Corea del Sur demuestran que el fortalecimiento de las democracias, impulsado por una participación política más activa, ha derivado en mejoras económicas sustanciales. (Formar para trabajar, trabajar para formar: Claves del desarrollo según Paul Romer)

Los países nórdicos, antes mencionados, no sobresalen exclusivamente por su participación política; sus instituciones gubernamentales también promueven activamente la intervención social al proteger los derechos de propiedad privada, garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento de los contratos y fomentar la igualdad en derechos y oportunidades. Lo anterior, ha generado una elevada confianza en las instituciones estatales, que suele superar el 70%.  Por lo anterior, el activismo social en estas naciones se orienta a operar dentro del sistema democrático existente, priorizando mejoras graduales a partir de la institucionalidad instalada y enfocándose en soluciones sostenibles a largo plazo.

En cambio, en democracias menos consolidadas como las de América Latina, el activismo se distingue por su carácter más antisistémico y confrontacional, impulsado por una profunda desconfianza hacia las instituciones, cuya credibilidad rara vez supera el 40%. Esta desconfianza se ve reforzada por la incapacidad de dichas instituciones para garantizar igualdad de oportunidades y evitar que la estructura estatal perpetúe el poder de élites económicas y sociales. Como resultado, el activismo en la región tiende a ser más orientado al corto plazo, enfocado en atender necesidades urgentes, y responde principalmente a problemas relacionados con la exclusión y la desigualdad social. Además, suele fomentar liderazgos populistas que prometen transformaciones radicales, pero que se estancan a la hora de lograr consensos (Al parecer, las posiciones políticas de centro no existen)

Estas dos formas de activismo no pueden clasificarse como positivas o negativas, ya que están moldeadas por los contextos sociales y económicos, así como por la estructura institucional en la que se desarrollan. De distintas maneras, ambas cumplen con uno de los beneficios más relevantes del activismo en las sociedades democráticas: vigilar a las instituciones estatales e intentar corregir las afectaciones que puedan surgir.

En conclusión, la evidencia indica que, si bien la democracia no asegura automáticamente el desarrollo, las sociedades más participativas y democráticas suelen generar condiciones más favorables para un crecimiento económico sostenible y equitativo. Los cinco países que lideran el Índice de Democracia Liberal, Dinamarca, Suecia, Estonia, Suiza y Noruega, destacan por su fortaleza económica y, especialmente, por su capacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En contraste, los últimos en la lista, Afganistán, Nicaragua, Myanmar, Corea del Norte y Eritrea (puestos 175 a 179 a nivel mundial), son conocidos por tener gobiernos autoritarios o democracias restringidas y niveles extremadamente bajos de bienestar social.