Irán enfrenta un fenómeno que trasciende lo económico y se aproxima peligrosamente a lo político: una inflación que supera el 40% anual desde hace años y que, según reportes locales, empezó a generar variaciones acumuladas en bienes esenciales superiores al 2.000% en periodos cortos. A diferencia de los titulares centrados en sanciones, tensiones militares o rivalidades geopolíticas, el principal riesgo para la estabilidad del régimen no proviene del exterior, sino del deterioro acelerado del poder adquisitivo. La crisis inflacionaria está erosionando los subsidios que durante décadas han funcionado como amortiguadores sociales —energía barata, alimentos y empleo público— y rompiendo el contrato implícito que sostiene a regímenes autoritarios: estabilidad económica mínima a cambio de control político. En paralelo, la depreciación del rial frente al dólar deteriora expectativas, fomenta dolarización informal y reduce la capacidad del Estado para sostener gasto, lo que a su vez retroalimenta la inflación.

El riesgo para Teherán no está solo en el empobrecimiento acelerado, sino en el cambio en la naturaleza de las protestas. En la medida que el conflicto se vuelve económico —salarios insuficientes, alquileres impagables, bienes básicos encarecidos— resulta más difícil criminalizar la inconformidad con narrativas ideológicas o acusaciones externas. Casos como Venezuela y Argentina demuestran que la inflación persistente puede destruir tejido productivo, deslegitimar instituciones, forzar dolarización de facto y reconfigurar la relación entre Estado y sociedad, incluso sin derrocamientos inmediatos. En Irán, el círculo vicioso entre sanciones, restricción externa, emisión monetaria y subsidios insostenibles ya está en marcha y plantea una pregunta clave para empresas, analistas y gobiernos: ¿por cuánto tiempo puede sostenerse un régimen cuando su moneda deja de cumplir su función y la vida cotidiana se vuelve económicamente inviable?

El sector cafetero colombiano experimentó un repunte histórico en 2025. Así, consolidó su posición como un pilar clave en la economía del país. Esto se debió a condiciones de mercado global excepcionalmente favorables. El PIB del Cultivo Permanente de Café creció un 3,9% en el primer semestre de 2025. Este crecimiento se apalancó en una de las cosechas más productivas en tres décadas y en los precios internacionales históricamente altos. Además, el valor de las exportaciones alcanzó un récord de $3.731 millones de dólares entre enero y septiembre, con un crecimiento del 49,7%. La demanda de Estados Unidos lideró el crecimiento, pues absorbe el 37,4% de los envíos.

A pesar del optimismo, el sector enfrenta el riesgo de una contracción en la producción para 2026 debido al ciclo fisiológico de los cafetales y el impacto de las lluvias. Por eso, la estrategia del sector se centra en aprovechar la coyuntura favorable en Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, apunta a consolidar la sostenibilidad de la cadena ante las nuevas regulaciones ambientales de la Unión Europea.

Durante el último siglo, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países mediante invasiones, ocupaciones, apoyo logístico, bombardeos selectivos u operaciones especiales. Sin embargo, los resultados han sido mucho más heterogéneos de lo que sugiere el imaginario colectivo. Casos como Japón y Alemania Occidental —ambos tras la Segunda Guerra Mundial— demuestran que la combinación de ocupación prolongada, reconstrucción institucional y financiamiento externo puede derivar en crecimiento económico sostenido y estabilidad política. Por ejemplo, Japón se convirtió en la tercera economía del mundo. Alemania Occidental consolidó el “milagro económico” gracias al Plan Marshall y al acceso a mercados occidentales. Panamá, intervenido en 1989 con un objetivo político y estratégico acotado, no experimentó una reconstrucción profunda. Pero sí logró estabilidad macroeconómica y posicionarse como un hub logístico y financiero regional. En estos casos convergieron tres elementos clave: objetivos militares claros, duración limitada y capacidades estatales mínimas para absorber la transición.

La cara opuesta se observa en Irak y Afganistán. Tras la invasión de 2003, Irak enfrentó insurgencia sectaria, vacío institucional y fragmentación territorial; el costo estimado para EE. UU. supera los 2,3 billones de dólares, con al menos 189.000 muertes directas y un proceso político aún inestable dos décadas después.

Afganistán implicó 20 años de presencia militar, casi 978.000 millones de dólares en gasto operacional y más de 170.000 víctimas. Finalmente, el país retornó al control talibán en 2021 tras la retirada estadounidense.

En estos casos fallaron tres variables que la literatura considera determinantes: apoyo local, capacidad estatal y estrategia de salida. La evidencia comparada sugiere que las intervenciones tienden a producir mejores resultados cuando combinan objetivos acotados, reconstrucción institucional y coordinación económica.

En contraste, cuando el país intervenido carece de instituciones, consenso interno o seguridad jurídica, el costo se multiplica y la probabilidad de estabilidad disminuye. Por lo tanto, este marco abre una pregunta pendiente respecto al caso venezolano. Allí la intervención reciente fue corta, focalizada y sin reconstrucción institucional. Así queda abierta la discusión sobre resultados futuros.

La manera más práctica de entender los inductores que explicarán el 2026 es analizar los eventos que no tuvieron conclusión en 2025. Con base en esto, veremos un año donde:

• Colombia luchará con las peores finanzas estatales y una nueva “talanquera económica” por la determinación de un salario mínimo con crecimiento al 23 % que conducirá a mayor costo de vida, mayores tasas de interés y bajo crecimiento.
• El gobierno enfilando toda su maquinaria política para buscar ganar las elecciones presidenciales, mientras la derecha trata de organizarse; lo que llevará a una sorpresa en el nuevo líder del país.
• Venezuela intentará volver a la democracia, mientras se da el aprovechamiento petrolero por parte de EEUU.
• Se definirá la legalidad o ilegalidad de los aranceles de EEUU con el planeta.