Las organizaciones tendrán que transformarse, esto es un hecho, pues están conviviendo con entornos donde se ha aumentado el costo de vivir en el planeta, habitamos un globo cada vez más conflictivo, con una emergencia climática explícita y que a nivel económico no la hemos pasado bien.

Ahora; para transformarse tendrán que combatir barreras asociadas a las brechas de capacidad de sus equipos, la resistencia al cambio, una regulación inflexible, la incapacidad de atraer nuevo talento, la escasez de capital de inversión e insuficiente comprensión de las oportunidades.

Para combatir las barreras al cambio empresarial; las organizaciones están dotando de nuevas capacidades a sus equipos (el upskilling es la prioridad en todas las geografías), involucrar tecnología para acelerar la automatización de procesos, y si no pueden involucrar nuevas capacidades en el equipo a través del upskilling pues se contratará personal que tenga esas habilidades, en especial talento que involucre nuevas tecnologías.

Al final para cumplir los objetivos de transformación de una organización se requiere contar con un equipo conectado con el norte de la empresa. Para lograrlo, los empleadores están priorizando mejorar la salud y bienestar de las personas; pero los empleados lo que más piden es mejorar los horarios.

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Informes Sectoriales

l sistema de salud en Colombia, donde participan tanto entidades públicas como privadas, atraviesa una crisis profunda. El principal problema es la falta de sostenibilidad financiera, que afecta a todos los niveles y ha provocado una preocupante pérdida de confianza entre los actores del sector. Esta desconfianza no solo influye en la percepción de la ciudadanía, sino que también impacta negativamente en la calidad y la operación de los servicios de salud.

¿En qué consiste la crisis actual

La crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia se manifiesta de manera evidente a través de la desfinanciación y las deficiencias operativas, lo que ha desencadenado una profunda “crisis de confianza” que afecta todas las interacciones dentro del sector. En el último Foro de la Salud de la ANDI, llevado a cabo entre el 18 y 1l 20 de junio de 2025, se puso de relieve esta crisis, y en Sectorial también se ha advertido de las alertas que genera el sector dentro del Índice de Confianza Sectorial (ICS). Si bien el ICS general (que abarca todos los sectores) ha mostrado algunos repuntes leves en los últimos meses, esto no se ha traducido en una mejora sustancial de la confianza en el sector salud. (Leve aumento en la confianza empresarial y de inversión en Colombia en junio, según el Índice de Confianza Sectorial)

Sectorial ha identificado que la incertidumbre en torno a la reforma de la salud sigue siendo un factor predominante que mantiene la confianza en este sector en niveles bajos, o al menos genera señales mixtas y preocupantes. A esta persistente desconfianza se suma la crisis financiera del sistema, agravada por la intervención gubernamental en 9 Entidades Promotoras de Salud, las cuales agrupan aproximadamente al 58,8% de los usuarios. Estas entidades enfrentan niveles de siniestralidad superiores al 100%, junto con un aumento significativo en sus pasivos y resultados negativos. (Diagnóstico de Sectorial sobre el ORIGEN de la crisis financiera del sistema de salud)

Por otra parte, los reclamos de usuarios al sistema se han vuelto más recurrentes y las tutelas, en muchos casos, han demostrado ser ineficaces, lo que resulta profundamente “desalentador” para los pacientes. Según, Claudia Vaca, defensora delegada por la Defensoría del Pueblo para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, entre 2022 y 2024, se ha registrado un aumento superior al 60,0% en las intervenciones realizadas por esta entidad, con un crecimiento alarmante en los casos de tutelas y desacatos. En ciudades como Bogotá, el desacato a las tutelas alcanza niveles preocupantes del 50,0%.

Lo que anteriormente se limitaba a quejas por demoras en citas con especialistas ha evolucionado hacia una crisis de acceso a medicamentos. Este problema ha generado un incremento en las intervenciones judiciales, y está directamente relacionado con la ruptura de operadores clave como Nueva EPS y Audifarma. Sumado a la incapacidad de los proveedores locales de medicamentos para cumplir con sus funciones.

La desconfianza no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro del sistema de salud colombiano. Resolver estos problemas es clave para recuperar la confianza y asegurar el acceso a servicios de calidad. Sin embargo, la desconfianza generalizada dificulta la búsqueda de soluciones conjuntas entre aseguradoras, prestadores, proveedores y pacientes. (Impactos del déficit financiero más allá de la salud)

Una de las principales conclusiones de los diferentes análisis que se presentaron en el Foro de Salud de la ANDI es que reconstruir la confianza dentro del sector salud requiere un esfuerzo conjunto y acciones concretas, especialmente para solucionar la raíz financiera de la crisis:

Recomendaciones para Recuperar la Confianza:

1. Estabilización financiera

– Es urgente reconocer y saldar las deudas acumuladas por la insuficiencia de la UPC.

– Se necesitan mecanismos de pago por disponibilidad, créditos de capital de trabajo y liquidez inmediata para evitar el cierre de servicios esenciales.

– Es fundamental revisar cómo se calcula la UPC.

2. Transparencia y buena gobernanza

– El sistema no puede detenerse ni un solo día; cualquier interrupción afecta gravemente a los usuarios.

– Es esencial que las instituciones tengan claridad sobre los pagos y deudas, y que la comunicación entre las entidades administradoras y las secretarías de salud sea fluida y transparente.

3. Priorizar al paciente y la eficiencia del gasto

– Cualquier medida de reforma al sistema debe centrarse en el paciente y mejorar el funcionamiento actual antes de hacer cambios estructurales.

– Es necesario reducir el pago por evento, considerado poco eficiente y motivado por la desconfianza.

– Se deben implementar pagos prospectivos enfocados en resultados en salud, entendiendo que invertir en salud es invertir en la productividad del país.

4. Reorganizar redes y promover el diálogo territorial

– Es necesario reconstruir la confianza en el sector, los flujos de recursos y las redes de prestación de servicios.

– Fomentar el diálogo a nivel territorial puede ayudar a restablecer la confianza y adaptar soluciones a las realidades locales.

5. Compromiso político y liderazgo

– El próximo presidente debe asumir el liderazgo del sector salud y priorizar su recuperación.

– El plan de desarrollo debe partir de un diagnóstico realista que reconozca tanto la crisis financiera como la de confianza, y debe contar con un actor que coordine y module el sistema.

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Sectorial Salud

Entre enero y mayo de 2025, la demanda de energía en el mercado regulado registró una contracción del 0,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la demanda en el mercado no regulado mostró un crecimiento equivalente del 0,6%. En conjunto, la demanda total alcanzó los 33.981,14 GWh, de los cuales el 69,0% correspondió al segmento regulado y el 31,0% al no regulado.

Por distribución geográfica, la región Caribe concentró la mayor proporción del consumo energético con un 28,5%, seguida por la región Centro (23,9%), Oriente (14,0%), Antioquia (13,7%) y el Valle del Cauca (8,8%). Los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá aportaron en conjunto un 4,0%, igual que el eje cafetero (Caldas, Pereira, Quindío y Cartago), mientras que el restante 3,1% se distribuyó entre otras regiones del país.

En cuanto al mercado no regulado, la demanda estuvo dominada principalmente por la industria manufacturera, que representó el 39,9% del total, seguida por la explotación de minas y canteras con el 30,8% y el sector comercio con un 4,9%. La mayoría de los sectores económicos experimentaron una disminución en su consumo energético, destacándose las caídas en construcción (-16,1%), distribución y tratamiento de agua (-13,0%), actividades financieras y de seguros (-9,4%) y el sector de información y comunicaciones (-9,4%).

• Los puertos se han consolidado como nodos cruciales para el narcotráfico y el contrabando, un problema que el gobierno ha elevado a la categoría de amenaza a la seguridad nacional para justificar una reforma.
• Por un lado, la propuesta presidencial busca un cambio radical hacia el control estatal para purgar las redes criminales y garantizar la equidad social. Por otro, la vía técnica (CONPES 4118) y el sector privado abogan por fortalecer y optimizar el modelo de concesión actual, mejorando la seguridad y la regulación sin sacrificar la competitividad.

El sistema portuario colombiano, uno de los pilares de la modernización económica del país, se encuentra en un punto de inflexión crítico. Su éxito operativo y eficiencia, producto del modelo de concesión privada implementado desde 1991, contrasta con dos amenazas estructurales que hoy definen el debate sobre su futuro: una gobernanza institucional fragmentada y una profunda crisis de seguridad que lo ha convertido en un activo estratégico para el crimen organizado a gran escala.

A pesar de los éxitos operativos, la arquitectura institucional que gobierna el sector es innecesariamente compleja. La gobernanza está distribuida entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima (DIMAR) y las propias sociedades portuarias. Esta multiplicidad de actores ha generado un entorno desarticulado que un estudio reciente describe como una “fragmentación institucional”, la cual conduce a un “desalineamiento” entre los roles y responsabilidades de los actores públicos y privados.

Esta fragmentación debilita la capacidad del Estado para ejecutar una visión estratégica nacional, como lo reconoce el CONPES 4118 de 2023. Dicho documento propone clarificar las funciones de cada entidad y fortalecer el rol del Ministerio de Transporte como la autoridad portuaria rectora del sistema.

El desafío más explosivo es la utilización de los puertos por redes de crimen organizado. Por su volumen y ubicación, los puertos colombianos son nodos cruciales para la exportación de cocaína e importación de contrabando. La sofisticación criminal ha penetrado las cadenas logísticas, corrompiendo funcionarios y contaminando contenedores.

El gobierno argumenta que los ingresos ilícitos financian a grupos armados, generando un “nuevo paramilitarismo” y exportando la violencia a países vecinos como Ecuador. Esta grave crisis es la principal justificación para proponer un cambio fundamental en el modelo, argumentando que el sistema de concesiones ha sido “cooptado” por intereses criminales.

El debate sobre el futuro portuario está dominado por dos visiones antagónicas: la reforma política radical del gobierno y la defensa del modelo actual por parte del sector privado.

La propuesta presidencial (vía política)

El presidente Gustavo Petro ha expresado su intención de “cambiar completamente la administración de puertos”, posiblemente a través de una nueva ley. Sus argumentos se basan en:

• Seguridad: Retomar el control estatal para desmantelar las redes criminales que, según el gobierno, han “cooptado” los puertos. Este diagnóstico incluye explícitamente al Aeropuerto El Dorado, considerado el principal puerto para mercancías ilícitas.
• Equidad Social: Garantizar que la riqueza portuaria genere desarrollo local, evitando que nuevos megaproyectos como Puerto Antioquia repitan el “caso de Buenaventura”, donde la prosperidad del puerto coexiste con la pobreza de la ciudad.

La reacción del sector privado

Los gremios empresariales advierten sobre los riesgos de un cambio abrupto, argumentando que:

• El problema es de seguridad y control estatal, no de la naturaleza de la administración.
• Amenaza la inversión: El anuncio de una posible reversión genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y daña la confianza en el país.
• La solución es fortalecer, no desmantelar: Proponen aumentar la eficacia de la DIAN y la Policía Antinarcóticos dentro de los terminales, advirtiendo que un retorno a la administración estatal podría resucitar la ineficiencia y corrupción de la era de Colpuertos.

El futuro no reside en una elección binaria entre un modelo estatal fallido y un modelo privado con fallas. El desafío es construir una nueva generación de asociación público-privada, donde operadores eficientes sean supervisados por un Estado fuerte que les exija cumplir con los más altos estándares de rendimiento económico, seguridad integral y responsabilidad social.