• La negociación del salario mínimo para 2026 parte de dos cifras base: una inflación proyectada cercana al 5,0% y una productividad que no superaría el 1,0%. La suma de ambos es el punto de inicio técnico para la discusión.
• Los gremios empresariales han manifestado que el incremento no debería superar el 7,0% para no afectar la generación de empleo formal ni presionar la inflación.
• El Gobierno Nacional busca un aumento concertado y aún no ha revelado su propuesta oficial, aunque analistas proyectan que su intención podría iniciar sobre el 9,5% o incluso el 11,0%.

Como es costumbre en el último trimestre del año, Colombia se prepara para la negociación del salario mínimo, una de las discusiones económicas más relevantes para el país. El debate para 2026 comienza con una base técnica clara, una postura empresarial que fija un techo prudente y un Gobierno que busca el consenso. El resultado de esta concertación será clave para el poder adquisitivo de millones de hogares y la estabilidad del mercado laboral.

La negociación, que se instala formalmente en el último trimestre del año, reúne a representantes del Gobierno, los gremios de empresarios y las centrales de trabajadores en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de que finalice el año; de lo contrario, el Gobierno lo fijará por decreto.

El Punto de Partida: Inflación + Productividad

La fórmula tradicional para calcular el aumento del salario mínimo tiene dos componentes principales: la inflación causada del año que termina y el dato de productividad. Según las proyecciones actuales, se espera que la inflación cierre el 2025 cerca del 5,0%. Este indicador es crucial, ya que el aumento debe, como mínimo, proteger el poder de compra de los trabajadores frente al alza en el costo de vida. La productividad, que históricamente en Colombia ha mostrado un crecimiento modesto, por lo que esta cifra difícilmente superará el 1,0%.

El componente inflacionario es el más sensible. A pesar de que ha venido descendiendo, persisten factores que dificultan su convergencia a la meta del 3,0%, según ha explicado Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

La postura empresarial: un techo del 7,0% para proteger el empleo

Desde el sector privado, la principal preocupación es el impacto que un alza excesiva pueda tener sobre la generación de empleo formal y la competitividad.

Al explorar las perspectivas para el próximo año, se estima que un 77,5 % de las empresas planea incrementar los salarios en 2026. En contraste, un 20,3 % de las compañías consultadas aún no ha tomado una decisión, mientras que un 2,2 % ya ha descartado la posibilidad de un aumento.

En lo que se refiere específicamente al salario mínimo, el consenso entre las organizaciones es que el alza no debería superar el 7,0 %, fundamentando esta postura en el comportamiento de la economía, las proyecciones de inflación y la capacidad de pago de las empresas.

La perspectiva del Gobierno

El Ministerio de Trabajo ha sido claro en afirmar que el Gobierno aún no ha fijado una posición sobre un porcentaje de aumento para el salario mínimo de 2026, y que la prioridad es lograr un incremento concertado.

Si bien no hay una propuesta oficial, es relevante considerar los antecedentes de esta administración: para 2023 el aumento fue del 16,0 % y para 2024 del 12,0 %. Tomando en cuenta este contexto, algunos analistas aseguran que la discusión sobre el ajuste podría empezar con un incremento del 9,5 %, e incluso con la posibilidad de que llegue al 11,0 %.

Análisis de Impacto: empleo y formalidad

Más allá de la cifra porcentual, la discusión sobre el salario mínimo se centra en sus impactos directos sobre el mercado laboral. Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han advertido que un aumento desmedido podría tener consecuencias negativas, principalmente en la generación de empleo. La principal preocupación es que un incremento muy por encima de la inflación y la productividad desincentive la contratación formal, afectando la creación de nuevos puestos de trabajo.

Este riesgo es particularmente alto para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son las mayores generadoras de empleo en el país. Para este segmento empresarial, un alza elevada en los costos laborales puede comprometer su capacidad de pago. Por ello, el consenso del sector privado es que se debe encontrar un balance que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin sacrificar la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal.

• Las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC) se encuentran en déficit, donde para el primer semestre de 2025 acumula $58,2 billones, un aumento del 32,4% con respecto al mismo periodo de 2024.
• El gobierno tiene como estrategia la colocación de bonos en los mercados internacionales, además, del recaudo y ajuste fiscal como principal mecanismo de financiamiento.
• Se estima que las estrategias del gobierno no alcancen a cubrir el déficit, por lo tanto, diversos analistas esperan que para finales de 2025, el hueco fiscal de país represente entre el 7,1% y 7,8% del PIB.

Tras cerrar 2023 con un déficit del 4,3% del PIB, la cifra se disparó a un estimado del 6,8 %  en 2024. Esta tendencia se ha agravado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025, es el documento rector de la política fiscal, proyecta que el déficit alcanzará el 7,1 % del PIB en 2025, una de las cifras más altas registradas en la historia del país, solo superada por los años de crisis de 1999 y 2020. Para el primer semestre de 2025 se observa que el déficit fiscal acumulado alcanzó la cifra de $58,2 billones de pesos colombianos (Grafico 1). Este resultado representa el 54,0% de la meta de déficit proyectada para todo el año, lo que sugiere una presión sobre las cuentas públicas para el resto del período.

El deterioro fiscal de Colombia es producto de una divergencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. El aumento del déficit en 2024, fue de 2,6 puntos porcentuales (p.p) del PIB, se explica principalmente por una caída de 2,3 p.p en los ingresos, acompañada de un incremento de 0,3 p.p en los gastos.   Este desajuste es una tendencia estructural que se ha consolidado. Desde 2022, el gasto público ha crecido a un ritmo diez veces superior al de los ingresos. Mientras que los ingresos del GNC pasaron de representar él 16,2% del PIB al 16,5%, el gasto se disparó del 21,5% al 24,4% del PIB en el mismo período. Este crecimiento del gasto está impulsado en gran medida por componentes inflexibles, entre los cuales destaca el servicio de la deuda. Analistas del sector privado, como los de Corficolombiana, sostienen que este evento, más que ser inesperado, es una consecuencia previsible de la gestión económica y tributaria del ejecutivo, lo que apunta a un problema de sobreestimación sistemática de los ingresos en la planificación presupuestaria.  

La Regla Fiscal es el ancla de la política macroeconómica de Colombia, diseñada para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Sin embargo, su eficacia y credibilidad están en entredicho. Para cumplir con la meta de la regla en 2024, el gobierno recurrió a la utilización de 31,9 billones de COP (equivalente al 1,9% del PIB) en “Transacciones de Única Vez” (TUV), que son esencialmente gastos que se reclasifican contablemente para no impactar el cálculo del balance estructural. Sin este mecanismo, el déficit reportado habría sido mayor.

El Gobierno Nacional Central ha diseñado una estrategia de financiamiento que busca movilizar recursos masivos tanto de fuentes internas como externas, la cual, se basa en una diversificación calculada para mitigar riesgos y asegurar la cobertura total de sus necesidades, que para 2025 ascienden a 104,7 billones de COP.  El mercado de capitales local sigue siendo parte importante de la estrategia porque, contempla la obtención de 68,8 billones de COP a través de desembolsos internos, principalmente mediante la subasta de Títulos de Tesorería (TES). A lo largo de 2025, el Ministerio de Hacienda ha realizado múltiples colocaciones para asegurar este flujo de recursos. En julio de 2025 se colocaron 1,5 billones de COP en bonos con vencimientos a largo plazo (2035 y 2058), que atrajo una demanda de 3,1 billones de COP. En mayo de 2025 se realizó subastas de TES denominados en Unidades de Valor Real (UVR), por 600 mil millones de COP. Adicionalmente, se han llevado a cabo colocaciones regulares de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) para gestionar la liquidez.  En septiembre de 2025, se destaca el regreso de Colombia a los mercados de deuda europeos, por primera vez en una década, en esta transacción, el país emitió la cifra récord de 4.100 millones de euros en bonos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036.

Por otro lado, el gobierno busca complementar el déficit con endeudamiento en los mercados con la obtención de créditos de organismos multilaterales, en junio de 2025 adquirió un paquete de financiamiento por 1.440 millones de dólares por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Estos fondos no son de libre destinación, sino que están atados a proyectos específicos considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el apoyo a la acción climática (350 millones de dólares), la mejora de servicios de salud mental (150 millones de dólares) y la modernización de la infraestructura de la aviación civil (240 millones de dólares).  

Sin embargo, En septiembre de 2025, de cancelar la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La LCF es un instrumento precautorio, no desembolsado, que funciona como un seguro contra choques externos y, más importante aún, como un sello de aprobación de la comunidad financiera internacional sobre la solidez del marco de políticas macroeconómicas de un país. El principal instrumento del gobierno para corregir el desequilibrio estructural es una propuesta de reforma tributaria, presentada al Congreso el 1 de septiembre de 2025, con la meta de recaudar 26 billones de COP adicionales en un solo año, lo que la convierte en la más ambiciosa de la historia del país.  

Tabla 1: Medidas claves en la propuesta de reforma tributaria 2025

Como complemento a la estrategia de ingresos, el gobierno ha implementado un Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia 2025, oficializado mediante decreto y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación. El objetivo declarado de este plan es lograr un ahorro de entre 4 y 5 billones de COP.   Aunque el decreto es detallado y cubre múltiples áreas del gasto discrecional, su impacto potencial se ve limitado por la estructura misma del presupuesto. El plan se enfrenta a lo que puede denominarse una “paradoja de la austeridad”. Mientras el gobierno promueve públicamente la contención en gastos de funcionamiento.

En Colombia se evidencia que uno de los riesgos para la estabilidad fiscal es la desconexión entre las proyecciones macroeconómicas del gobierno y las expectativas del mercado, por un lado, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) proyecta un déficit del 7,1% del PIB para 2025, pero algunos analistas consultados por el Banco de la República apuntan a un 7,4%, y proyecciones de entidades financieras, como la del Banco de Bogotá, lo sitúan en un alarmante 7,8%.  

Los analistas consideran que las metas de recaudo tributario son optimistas y que el gobierno subestima la presión del gasto. Por ejemplo, Corficolombiana estima que, para cumplir con la Regla Fiscal en 2025, sería necesario un recorte del gasto primario de 26,1 billones de COP, una cifra inferior a los 4-5 billones de COP que se esperan ahorrar con el plan de austeridad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo técnico independiente, ha ido aún más lejos, sugiriendo que, bajo ciertos escenarios de riesgo, los recortes necesarios podrían ascender hasta 75 billones de COP. Las principales agencias calificadoras de riesgo, que muestran la confianza de los inversores internacionales, han expresado su profunda preocupación por la trayectoria fiscal de Colombia.

• Fitch Ratings ha declarado explícitamente que Colombia no cumplirá sus metas fiscales en los próximos años sin cambios significativos en su política. La agencia ataca la falta de medidas de consolidación detalladas y creíbles en el MFMP y ve riesgos significativos en el objetivo de déficit.  
• Moody’s, la única de las tres grandes agencias que aún mantiene a Colombia con grado de inversión, cambió la perspectiva del país de “estable” a “negativa”.
• Standard & Poor’s también ha sido señalada por analistas como propensa a bajar la calificación en los próximos 12 meses, especialmente después de que la relación deuda/PIB superara el umbral del 60,0%.