• Las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC) se encuentran en déficit, donde para el primer semestre de 2025 acumula $58,2 billones, un aumento del 32,4% con respecto al mismo periodo de 2024.
• El gobierno tiene como estrategia la colocación de bonos en los mercados internacionales, además, del recaudo y ajuste fiscal como principal mecanismo de financiamiento.
• Se estima que las estrategias del gobierno no alcancen a cubrir el déficit, por lo tanto, diversos analistas esperan que para finales de 2025, el hueco fiscal de país represente entre el 7,1% y 7,8% del PIB.

Tras cerrar 2023 con un déficit del 4,3% del PIB, la cifra se disparó a un estimado del 6,8 %  en 2024. Esta tendencia se ha agravado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025, es el documento rector de la política fiscal, proyecta que el déficit alcanzará el 7,1 % del PIB en 2025, una de las cifras más altas registradas en la historia del país, solo superada por los años de crisis de 1999 y 2020. Para el primer semestre de 2025 se observa que el déficit fiscal acumulado alcanzó la cifra de $58,2 billones de pesos colombianos (Grafico 1). Este resultado representa el 54,0% de la meta de déficit proyectada para todo el año, lo que sugiere una presión sobre las cuentas públicas para el resto del período.

El deterioro fiscal de Colombia es producto de una divergencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. El aumento del déficit en 2024, fue de 2,6 puntos porcentuales (p.p) del PIB, se explica principalmente por una caída de 2,3 p.p en los ingresos, acompañada de un incremento de 0,3 p.p en los gastos.   Este desajuste es una tendencia estructural que se ha consolidado. Desde 2022, el gasto público ha crecido a un ritmo diez veces superior al de los ingresos. Mientras que los ingresos del GNC pasaron de representar él 16,2% del PIB al 16,5%, el gasto se disparó del 21,5% al 24,4% del PIB en el mismo período. Este crecimiento del gasto está impulsado en gran medida por componentes inflexibles, entre los cuales destaca el servicio de la deuda. Analistas del sector privado, como los de Corficolombiana, sostienen que este evento, más que ser inesperado, es una consecuencia previsible de la gestión económica y tributaria del ejecutivo, lo que apunta a un problema de sobreestimación sistemática de los ingresos en la planificación presupuestaria.  

La Regla Fiscal es el ancla de la política macroeconómica de Colombia, diseñada para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Sin embargo, su eficacia y credibilidad están en entredicho. Para cumplir con la meta de la regla en 2024, el gobierno recurrió a la utilización de 31,9 billones de COP (equivalente al 1,9% del PIB) en “Transacciones de Única Vez” (TUV), que son esencialmente gastos que se reclasifican contablemente para no impactar el cálculo del balance estructural. Sin este mecanismo, el déficit reportado habría sido mayor.

El Gobierno Nacional Central ha diseñado una estrategia de financiamiento que busca movilizar recursos masivos tanto de fuentes internas como externas, la cual, se basa en una diversificación calculada para mitigar riesgos y asegurar la cobertura total de sus necesidades, que para 2025 ascienden a 104,7 billones de COP.  El mercado de capitales local sigue siendo parte importante de la estrategia porque, contempla la obtención de 68,8 billones de COP a través de desembolsos internos, principalmente mediante la subasta de Títulos de Tesorería (TES). A lo largo de 2025, el Ministerio de Hacienda ha realizado múltiples colocaciones para asegurar este flujo de recursos. En julio de 2025 se colocaron 1,5 billones de COP en bonos con vencimientos a largo plazo (2035 y 2058), que atrajo una demanda de 3,1 billones de COP. En mayo de 2025 se realizó subastas de TES denominados en Unidades de Valor Real (UVR), por 600 mil millones de COP. Adicionalmente, se han llevado a cabo colocaciones regulares de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) para gestionar la liquidez.  En septiembre de 2025, se destaca el regreso de Colombia a los mercados de deuda europeos, por primera vez en una década, en esta transacción, el país emitió la cifra récord de 4.100 millones de euros en bonos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036.

Por otro lado, el gobierno busca complementar el déficit con endeudamiento en los mercados con la obtención de créditos de organismos multilaterales, en junio de 2025 adquirió un paquete de financiamiento por 1.440 millones de dólares por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Estos fondos no son de libre destinación, sino que están atados a proyectos específicos considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el apoyo a la acción climática (350 millones de dólares), la mejora de servicios de salud mental (150 millones de dólares) y la modernización de la infraestructura de la aviación civil (240 millones de dólares).  

Sin embargo, En septiembre de 2025, de cancelar la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La LCF es un instrumento precautorio, no desembolsado, que funciona como un seguro contra choques externos y, más importante aún, como un sello de aprobación de la comunidad financiera internacional sobre la solidez del marco de políticas macroeconómicas de un país. El principal instrumento del gobierno para corregir el desequilibrio estructural es una propuesta de reforma tributaria, presentada al Congreso el 1 de septiembre de 2025, con la meta de recaudar 26 billones de COP adicionales en un solo año, lo que la convierte en la más ambiciosa de la historia del país.  

Tabla 1: Medidas claves en la propuesta de reforma tributaria 2025

Como complemento a la estrategia de ingresos, el gobierno ha implementado un Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia 2025, oficializado mediante decreto y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación. El objetivo declarado de este plan es lograr un ahorro de entre 4 y 5 billones de COP.   Aunque el decreto es detallado y cubre múltiples áreas del gasto discrecional, su impacto potencial se ve limitado por la estructura misma del presupuesto. El plan se enfrenta a lo que puede denominarse una “paradoja de la austeridad”. Mientras el gobierno promueve públicamente la contención en gastos de funcionamiento.

En Colombia se evidencia que uno de los riesgos para la estabilidad fiscal es la desconexión entre las proyecciones macroeconómicas del gobierno y las expectativas del mercado, por un lado, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) proyecta un déficit del 7,1% del PIB para 2025, pero algunos analistas consultados por el Banco de la República apuntan a un 7,4%, y proyecciones de entidades financieras, como la del Banco de Bogotá, lo sitúan en un alarmante 7,8%.  

Los analistas consideran que las metas de recaudo tributario son optimistas y que el gobierno subestima la presión del gasto. Por ejemplo, Corficolombiana estima que, para cumplir con la Regla Fiscal en 2025, sería necesario un recorte del gasto primario de 26,1 billones de COP, una cifra inferior a los 4-5 billones de COP que se esperan ahorrar con el plan de austeridad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo técnico independiente, ha ido aún más lejos, sugiriendo que, bajo ciertos escenarios de riesgo, los recortes necesarios podrían ascender hasta 75 billones de COP. Las principales agencias calificadoras de riesgo, que muestran la confianza de los inversores internacionales, han expresado su profunda preocupación por la trayectoria fiscal de Colombia.

• Fitch Ratings ha declarado explícitamente que Colombia no cumplirá sus metas fiscales en los próximos años sin cambios significativos en su política. La agencia ataca la falta de medidas de consolidación detalladas y creíbles en el MFMP y ve riesgos significativos en el objetivo de déficit.  
• Moody’s, la única de las tres grandes agencias que aún mantiene a Colombia con grado de inversión, cambió la perspectiva del país de “estable” a “negativa”.
• Standard & Poor’s también ha sido señalada por analistas como propensa a bajar la calificación en los próximos 12 meses, especialmente después de que la relación deuda/PIB superara el umbral del 60,0%.  

El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue aprobado en $547 billones de pesos, con un crecimiento del 7% frente a 2025, aunque condicionado a la aprobación de una reforma tributaria por $16,3 billones. Solo el 16 % se destina a inversión pública, mientras que el 66 % es para funcionamiento del Estado.

Los sectores con mayor asignación y crecimiento son educación (mayor partida para fortalecer la educación pública), salud (aumento del 16% con expectativa de ajustes UPC), trabajo (aumento del 11,2% con foco en inclusión social) y transporte (20,3 billones con crecimiento del 17% para modernización e infraestructura vial).

Los sectores más afectados por recortes son vivienda (caída del 17%), agricultura (caída del 24% con impacto en cultivos básicos) y tecnología de la información (contracción del 23%), pese a la inclusión de tecnologías como 5G en el país.

El presupuesto aprobado implica un déficit fiscal que el gobierno proyecta cubrir con más impuestos, generando retos fiscales importantes para el país, con un aumento del déficit que podría impactar la confianza del mercado, el tipo de cambio y el consumo de los hogares déficit fiscal, además de la preocupación de sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

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Informes Sectoriales

• Rezago estructural: la actividad de construcción continúa hasta 40% por debajo de los niveles prepandemia, pese a una leve reactivación de obras civiles.
• Vivienda en retroceso: la debilidad del programa “Mi Casa Ya” y la caída en licencias de construcción evidencian una contracción sostenida del segmento VIS.

Durante el foro Infraestructura y Vivienda organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el presidente del gremio, José Ignacio López, presentó un panorama detallado sobre la evolución reciente del sector de la construcción en Colombia, caracterizado por una alta volatilidad y una recuperación aún incompleta frente a los niveles previos a la pandemia.

Un sector marcado por la inestabilidad

López describió la trayectoria reciente de la construcción como una “montaña rusa”. El 2023 fue particularmente complejo, cuando el sector enfrentó un choque inflacionario que encareció los costos de los insumos (especialmente el acero), lo que se tradujo en una restricción monetaria más fuerte y un deterioro de la demanda de los hogares.

Si bien en 2024 se observó una leve mejoría, en 2025 la actividad constructora volvió a caer a terreno negativo, con reducciones de 3,1 % y 3,5 % en los dos primeros trimestres del año, respectivamente. En palabras del presidente de ANIF, la economía colombiana muestra un ritmo de recuperación moderado, pero la construcción continúa rezagada.

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Obras civiles: una recuperación parcial y desigual

El componente de obras civiles ha mostrado un mejor desempeño, impulsado principalmente por grandes proyectos privados y la reactivación de infraestructura vial. Sin embargo, este repunte no ha sido suficiente para compensar el deterioro del segmento edificador, que continúa siendo el principal factor de arrastre del sector.

A pesar de los avances recientes, el nivel de actividad en obras civiles sigue siendo 39 % inferior al observado antes de la pandemia, convirtiéndolo en uno de los sectores con mayor rezago dentro de la economía.

La aceleración registrada en el segmento civil para 2025 se explica, en gran medida, por la reactivación de proyectos mineros y viales, mientras que las actividades relacionadas con puertos, canales y presas permanecen en terreno negativo.

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Infraestructura vial y participación privada

López destacó la importancia de mantener el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), que ha demostrado ser un instrumento eficaz para la transformación de la red vial del país. Según explicó, la inversión privada en infraestructura de transporte, impulsada tras la promulgación de la Ley 1508 de 2012, ha alcanzado niveles cercanos al 1 % del PIB, cifra que será indispensable mantener “dada la situación de las cuentas fiscales”.

El legado de las vías 4G incluye un avance de 91,9 %, con 132 billones de pesos en inversión, 30.000 empleos generados, 19 departamentos beneficiados y un CAPEX total de 65,6 billones de pesos distribuidos en 30 proyectos (15 en operación, 11 en construcción, 2 en preconstrucción y 1 en terminación anticipada).

En contraste, el programa 5G avanza a un ritmo más lento: 6 proyectos adjudicados, de los cuales 4 están en construcción y 2 en preconstrucción, con un avance global de 5,06 %. Este conjunto de proyectos beneficia 7 departamentos, ha generado 5.738 empleos y representa un CAPEX de 15,21 billones de pesos.

Vivienda: contracción persistente y menor dinámica VIS

El panorama del sector edificador, en especial el residencial, continúa siendo desfavorable. El deterioro del programa “Mi Casa Ya” ha incrementado los desistimientos en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), mientras que las licencias de construcción mantienen una tendencia descendente.

La menor participación de las VIS dentro del total de licencias es un indicador claro de la pérdida de dinamismo en la actividad edificadora, que aún no encuentra un punto de inflexión pese a los esfuerzos de reactivación.

El despliegue de buques, submarinos y cazas estadounidenses en el Caribe no solo evidencia una demostración de fuerza, sino el inicio de un pulso estratégico que deja en evidencia la fragilidad del régimen de Nicolás Maduro. Con un presupuesto militar de US$895.000 millones frente a los US$4.000 millones de Venezuela, la asimetría es abrumadora. Las sanciones, la caída del 99 % en los ingresos públicos y unas reservas de apenas US$12.200 millones reflejan un país sin capacidad de sostener una economía de guerra. A esto se suma el colapso operativo de sus fuerzas armadas —con cazas rusos inactivos, fuga de técnicos e ingenieros, y un ejército enfocado en el control interno más que en la defensa externa—, lo que convierte cualquier amenaza de confrontación en un riesgo más político que militar.

Ni Rusia ni China parecen dispuestas a intervenir más allá del discurso, pues su apoyo es pragmático y económico, no bélico. Para Washington, la estrategia no pasa por invadir, sino por desgastar: bloqueos, presión económica y ataques de precisión bastarían para paralizar al país. El resultado es un aislamiento geopolítico total y una vulnerabilidad que impacta a toda la región. Para Colombia y América Latina, este escenario redefine los flujos de inversión y subraya la importancia de anticipar riesgos políticos y comerciales. En este tablero, el “choque” ya no se mide por misiles, sino por el poder económico y la información estratégica.