Especiales

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El sector de combustibles en Colombia atraviesa un periodo de estabilización fiscal sin precedentes, marcado por el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Esta coyuntura permitió una reducción de $500 en el precio de la gasolina corriente a partir de febrero de 2026, buscando aliviar las presiones inflacionarias. A pesar de un consumo resiliente liderado por el ACPM (diésel), que creció 5,4 % en 2025 impulsado por el transporte de carga, la producción industrial de refinación enfrenta contracciones del 1,3 %. El sector se reconfigura hacia una mayor dependencia de las importaciones, proyectando que para 2040 el 60,0 % de la gasolina será de origen extranjero, de acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), lo que obliga a robustecer la infraestructura logística y la coordinación operativa para garantizar la seguridad energética nacional.

Durante 66 años, el sistema instaurado tras la Revolución Cubana logró sortear choques que habrían derribado a otros gobiernos: resistió el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962, sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y amortiguó el colapso del “Período Especial” gracias a una posterior alianza estratégica con Venezuela. Sin embargo, el escenario de 2026 luce cualitativamente distinto. La isla enfrenta una combinación inédita de déficit energético extremo, agotamiento demográfico y ausencia de un patrocinador internacional dispuesto a subsidiar su economía. Ya no se debate qué mecanismo permitirá ganar tiempo, sino si el modelo puede sostenerse sin divisas, sin combustible suficiente y con una emigración histórica que erosiona su base laboral y profesional.

El deterioro no es repentino: es la culminación de una descapitalización prolongada, agravada por la crisis venezolana desde 2013, el desplome del turismo tras la pandemia y una unificación monetaria que disparó la inflación. En 2026, la reducción drástica de envíos de crudo —en medio de tensiones regionales y nuevas presiones desde Washington bajo el liderazgo de Donald Trump— ha llevado a apagones de hasta 20 horas diarias, paralizando industria, transporte y servicios básicos. Sin reservas suficientes para comprar energía en el mercado internacional y sin reformas estructurales profundas que reactiven la productividad interna, el régimen enfrenta un punto de inflexión histórico: administrar la escasez ya no parece suficiente para garantizar estabilidad política en un país materialmente exhausto.

Tras la fuerte contracción exportadora registrada en 2024 (-20,1 %), la agroindustria panificadora mostró en 2025 señales de recuperación en el frente externo, alcanzando cerca de US$ 134 millones FOB y un crecimiento cercano al 4,6 %. No obstante, el entorno interno continúa desafiante. El incremento del salario mínimo (23,7 %) y la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas han elevado significativamente el costo por hora trabajada en un sector compuesto mayoritariamente por microempresas intensivas en mano de obra. A esto se suma la dependencia estructural del trigo importado (99,0 %), lo que mantiene alta exposición a volatilidad cambiaria y de precios internacionales. En paralelo, emergen oportunidades asociadas con la modernización tecnológica, automatización industrial y expansión de formatos precocidos y congelados, que podrían redefinir la estructura competitiva del sector en el mediano plazo.

El Congreso es el “filtro” del país: El 8 de marzo elegimos a los Senadores y Representantes que tendrán la última palabra para aprobar o negar las reformas del próximo Gobierno durante los próximos 4 años.

La logística de ese día es que tendrás 2 tarjetones obligatorios (Senado y Cámara), pero el cambio de puesto de votación para esta fecha ya cerró. Consulta tu lugar en registraduria.gov.co para que no te tome por sorpresa la distancia.

El “Extra” que debes pedir: El tercer tarjetón de las Consultas Presidenciales (como la Gran Consulta por Colombia o el Frente por la Vida) No te lo entregan por defecto. Debes pedírselo explícitamente al jurado para elegir quién llegará a la primera vuelta.

La geopolítica dejó de ser un tema exclusivo de cancillerías y titulares internacionales. Hoy moldea decisiones empresariales, altera expectativas y redefine flujos de capital. Sanciones energéticas, rivalidad tecnológica entre potencias, fragmentación comercial o cambios abruptos de gobierno no solo impactan relaciones diplomáticas: modifican la percepción de riesgo. Y en una economía moderna, las expectativas son determinantes. La inversión no depende únicamente de la demanda actual, sino de la confianza en la estabilidad futura. Cuando aumenta la incertidumbre política, se deteriora la previsibilidad regulatoria o se debilita la institucionalidad, el capital se vuelve más cauteloso. Suben las primas de riesgo, se encarece el financiamiento y aparece lo que puede denominarse un “paro empresarial silencioso”: decisiones estratégicas que se postergan a la espera de mayor claridad. En ese entorno, ignorar el contexto global ya no es una omisión menor; es una falla estructural en la planeación.

A este panorama se suman transformaciones simultáneas: transición energética, competencia tecnológica, cambios demográficos, digitalización acelerada y nuevos patrones de consumo. El entorno dejó de cambiar por ciclos y pasó a transformarse de manera permanente. Por eso la estrategia empresarial no puede basarse en estabilidad prolongada, sino en escenarios múltiples y gestión activa del riesgo. Medir la confianza, diversificar exposiciones, invertir en talento, fortalecer cultura de innovación y optimizar recursos se convierte en una necesidad, no en una ventaja opcional. La pregunta ya no es si habrá nuevas tensiones internacionales, sino si las organizaciones están estructurando una hoja de ruta que incorpore esa realidad. En un mundo más exigente y volátil, la solidez no es rigidez: es preparación estratégica.

El subsector de obras de ingeniería civil en Colombia presentó una recuperación asimétrica en 2025, logrando un crecimiento acumulado del 9,0 % al cierre del tercer trimestre. El dinamismo, impulsado por una aceleración histórica en el segmento de minas y plantas industriales, coexiste con un entorno de costos al alza con una variación anual del 4,3 % a diciembre. A pesar de la maduración del programa 4G, con un avance promedio superior al 87,0 %, el sector enfrenta una rigidez fiscal extrema para 2026, con el 91,0 % del presupuesto nacional comprometido. La sostenibilidad operativa dependerá de la ejecución de megaproyectos urbanos como el Metro de Bogotá, que ya alcanza el 72,1 % de avance, y la transición efectiva hacia fuentes de financiación multimodal e internacional que permitan mitigar la incertidumbre sobre la reprogramación de vigencias futuras.

Durante décadas, Alemania construyó su poder sobre una fórmula que parecía infalible: exportaciones industriales, energía barata proveniente de Rusia y acceso privilegiado al mercado de China, mientras la seguridad quedaba bajo el paraguas de OTAN. Ese equilibrio permitió disciplina fiscal, liderazgo manufacturero y una política exterior prudente. Sin embargo, la guerra en Ucrania rompió simultáneamente esos pilares: la energía se encareció, las cadenas de suministro se politizaron y la protección automática de aliados dejó de darse por sentada. El resultado es un cambio profundo en la forma como Berlín entiende su papel en el mundo.

El nuevo entorno obliga a priorizar defensa, autonomía tecnológica y reducción de dependencias. El aumento sostenido del gasto militar, la presencia permanente de tropas en el flanco oriental europeo y la búsqueda de producción local de insumos críticos muestran que la potencia industrial ahora se prepara para un escenario de rivalidad prolongada. Este viraje ocurre además en medio de estancamiento económico, pérdida de competitividad energética y una relación cada vez más tensa con Beijing, hoy más competidor que cliente. Alemania descubre que exportar ya no basta: la seguridad económica exige capacidad de disuasión, resiliencia industrial y mayor liderazgo político dentro de Europa.

La agroindustria de la caña en Colombia ha entrado en una fase de transformación estructural definida por el tránsito de un sector puramente alimentario hacia un modelo sucroenergético de alta eficiencia. Al cierre de 2025, el sector demostró una resiliencia notable: mientras la demanda interna de azúcar industrial se contrajo entre un 3,0% y 4,0% debido a la plena aplicación de los impuestos saludables, la industria logró sostener un crecimiento del 2,0% en su PIB sectorial mediante rendimientos récord de 12,4 toneladas de azúcar por hectárea y un aumento del 8,4% en la molienda. El panorama para 2026 está marcado por una dualidad de riesgos y oportunidades. En el frente interno, la rentabilidad de los biocombustibles enfrenta una presión del 9,0% a la baja por el cambio en la fórmula de precios (Resolución 40616), lo que pone en alerta la estabilidad de los 286.000 empleos de la cadena. En el frente externo, el sector ha iniciado una reconfiguración agresiva de su mapa exportador: la pérdida de competitividad en mercados andinos por barreras arancelarias (como el nuevo arancel del 30,0% en Ecuador) está siendo compensada por la eliminación de aranceles en Estados Unidos para la panela y la apuesta por nichos de “etiqueta limpia” en Europa. En definitiva, la consolidación de la economía circular y el aporte a la seguridad energética nacional mediante la biomasa se perfilan como los salvaguardas de la rentabilidad sectorial para el nuevo año.

Tras el alivio que dejaron los mercados en 2025 —bolsas al alza, inflación retrocediendo y expectativas de recortes de tasas— el comienzo de 2026 cambió radicalmente el humor de los inversionistas. El oro se disparó hasta niveles cercanos a US$5.600 por onza, mientras fondos globales migran hacia bonos del Tesoro y monedas refugio. La volatilidad regresó en cuestión de semanas y reabrió una pregunta incómoda: ¿era real la estabilidad o solo una pausa antes de nuevas turbulencias? El giro ocurre en medio de tensiones comerciales renovadas, cadenas de suministro más frágiles y señales de desaceleración simultánea en economías clave como China y Europa.

Detrás del nerviosismo aparece un problema estructural: el peso de la deuda y los déficits fiscales. En 2025 la deuda pública global rondó el 95 % del PIB mundial, con grandes economías operando con desbalances superiores al 5 %. A esto se suman choques políticos que impactan expectativas: disputas arancelarias entre aliados históricos, presiones sobre la autonomía de bancos centrales y dudas sobre la capacidad de los gobiernos para sostener el crecimiento sin nuevos estímulos. No es una crisis declarada, pero sí un entorno donde el margen de error es cada vez menor. El mercado dejó de celebrar el aterrizaje suave y volvió a prepararse para un escenario de corrección.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro registra un marcado aumento en términos de monto ($308 billones, un crecimiento del 35 % frente a 2022), proporcionalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos lidera el endeudamiento con una variación del 134% (pasó de $203 a $473 billones).

Mientras que la deuda de Duque se atribuye a la emergencia del COVID-19 (FOME) y la de Santos a la caída del petróleo (2014), la del gobierno Petro carece de una justificación de peso similar; si restas los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el excedente se ha desviado hacia gasto burocrático y fines probablemente electorales mediante subsidios.

Tenemos, por su parte, la advertencia de las calificadoras internacionales, que en 2021 nos quitaron el rating de grado de inversión, en 2024 nos pusieron en perspectiva negativa; es decir que ven una solvencia justa de la Nación para pagar su endeudamiento, debido al alto nivel de este y el mal manejo de las finanzas que ha hecho el gobierno.

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