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Irán enfrenta un fenómeno que trasciende lo económico y se aproxima peligrosamente a lo político: una inflación que supera el 40% anual desde hace años y que, según reportes locales, empezó a generar variaciones acumuladas en bienes esenciales superiores al 2.000% en periodos cortos. A diferencia de los titulares centrados en sanciones, tensiones militares o rivalidades geopolíticas, el principal riesgo para la estabilidad del régimen no proviene del exterior, sino del deterioro acelerado del poder adquisitivo. La crisis inflacionaria está erosionando los subsidios que durante décadas han funcionado como amortiguadores sociales —energía barata, alimentos y empleo público— y rompiendo el contrato implícito que sostiene a regímenes autoritarios: estabilidad económica mínima a cambio de control político. En paralelo, la depreciación del rial frente al dólar deteriora expectativas, fomenta dolarización informal y reduce la capacidad del Estado para sostener gasto, lo que a su vez retroalimenta la inflación.

El riesgo para Teherán no está solo en el empobrecimiento acelerado, sino en el cambio en la naturaleza de las protestas. En la medida que el conflicto se vuelve económico —salarios insuficientes, alquileres impagables, bienes básicos encarecidos— resulta más difícil criminalizar la inconformidad con narrativas ideológicas o acusaciones externas. Casos como Venezuela y Argentina demuestran que la inflación persistente puede destruir tejido productivo, deslegitimar instituciones, forzar dolarización de facto y reconfigurar la relación entre Estado y sociedad, incluso sin derrocamientos inmediatos. En Irán, el círculo vicioso entre sanciones, restricción externa, emisión monetaria y subsidios insostenibles ya está en marcha y plantea una pregunta clave para empresas, analistas y gobiernos: ¿por cuánto tiempo puede sostenerse un régimen cuando su moneda deja de cumplir su función y la vida cotidiana se vuelve económicamente inviable?

El sector cafetero colombiano experimentó un repunte histórico en 2025. Así, consolidó su posición como un pilar clave en la economía del país. Esto se debió a condiciones de mercado global excepcionalmente favorables. El PIB del Cultivo Permanente de Café creció un 3,9% en el primer semestre de 2025. Este crecimiento se apalancó en una de las cosechas más productivas en tres décadas y en los precios internacionales históricamente altos. Además, el valor de las exportaciones alcanzó un récord de $3.731 millones de dólares entre enero y septiembre, con un crecimiento del 49,7%. La demanda de Estados Unidos lideró el crecimiento, pues absorbe el 37,4% de los envíos.

A pesar del optimismo, el sector enfrenta el riesgo de una contracción en la producción para 2026 debido al ciclo fisiológico de los cafetales y el impacto de las lluvias. Por eso, la estrategia del sector se centra en aprovechar la coyuntura favorable en Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, apunta a consolidar la sostenibilidad de la cadena ante las nuevas regulaciones ambientales de la Unión Europea.

Durante el último siglo, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países mediante invasiones, ocupaciones, apoyo logístico, bombardeos selectivos u operaciones especiales. Sin embargo, los resultados han sido mucho más heterogéneos de lo que sugiere el imaginario colectivo. Casos como Japón y Alemania Occidental —ambos tras la Segunda Guerra Mundial— demuestran que la combinación de ocupación prolongada, reconstrucción institucional y financiamiento externo puede derivar en crecimiento económico sostenido y estabilidad política. Por ejemplo, Japón se convirtió en la tercera economía del mundo. Alemania Occidental consolidó el “milagro económico” gracias al Plan Marshall y al acceso a mercados occidentales. Panamá, intervenido en 1989 con un objetivo político y estratégico acotado, no experimentó una reconstrucción profunda. Pero sí logró estabilidad macroeconómica y posicionarse como un hub logístico y financiero regional. En estos casos convergieron tres elementos clave: objetivos militares claros, duración limitada y capacidades estatales mínimas para absorber la transición.

La cara opuesta se observa en Irak y Afganistán. Tras la invasión de 2003, Irak enfrentó insurgencia sectaria, vacío institucional y fragmentación territorial; el costo estimado para EE. UU. supera los 2,3 billones de dólares, con al menos 189.000 muertes directas y un proceso político aún inestable dos décadas después.

Afganistán implicó 20 años de presencia militar, casi 978.000 millones de dólares en gasto operacional y más de 170.000 víctimas. Finalmente, el país retornó al control talibán en 2021 tras la retirada estadounidense.

En estos casos fallaron tres variables que la literatura considera determinantes: apoyo local, capacidad estatal y estrategia de salida. La evidencia comparada sugiere que las intervenciones tienden a producir mejores resultados cuando combinan objetivos acotados, reconstrucción institucional y coordinación económica.

En contraste, cuando el país intervenido carece de instituciones, consenso interno o seguridad jurídica, el costo se multiplica y la probabilidad de estabilidad disminuye. Por lo tanto, este marco abre una pregunta pendiente respecto al caso venezolano. Allí la intervención reciente fue corta, focalizada y sin reconstrucción institucional. Así queda abierta la discusión sobre resultados futuros.

La manera más práctica de entender los inductores que explicarán el 2026 es analizar los eventos que no tuvieron conclusión en 2025. Con base en esto, veremos un año donde:

  • Colombia luchará con las peores finanzas estatales y una nueva “talanquera económica” por la determinación de un salario mínimo con crecimiento al 23 % que conducirá a mayor costo de vida, mayores tasas de interés y bajo crecimiento.
  • El gobierno enfilando toda su maquinaria política para buscar ganar las elecciones presidenciales, mientras la derecha trata de organizarse; lo que llevará a una sorpresa en el nuevo líder del país.
  • Venezuela intentará volver a la democracia, mientras se da el aprovechamiento petrolero por parte de EEUU.
  • Se definirá la legalidad o ilegalidad de los aranceles de EEUU con el planeta.

El sector avícola colombiano demuestra en 2025 un desempeño histórico, con cifras récord en producción y consumo. Los crecimientos interanuales registraron el 9,0% tanto en pollo como en huevo, la industria se encamina a superar los 1,9 millones de toneladas de carne y los 19.200 millones de unidades, operando a un intenso 85,4% de su capacidad instalada para satisfacer la robusta demanda nacional.

El dinamismo productivo, apalancado por una importación récord de material genético que creció un 53,1%, coexiste con una fuerte tensión operativa. La inseguridad y los constantes bloqueos viales, con 274 en los primeros cinco meses del año, se erigen como la principal amenaza para la estabilidad de la cadena de suministro. De cara al futuro, y ante un proyectado déficit estructural donde el consumo interno supera la producción, la estrategia del sector se enfoca en dos frentes clave: una decidida ofensiva exportadora para consolidar su presencia en los 11 mercados ya abiertos y avanzar en la compleja admisibilidad a destinos estratégicos como China y EE. UU, y una profunda transformación hacia la Avicultura 4.0, adoptando tecnología, innovación y sostenibilidad como pilares indispensables para asegurar la competitividad global a largo plazo.

La reciente declaración de Donald Trump sobre Venezuela reactivó las expectativas energéticas y provocó una reacción inmediata en los mercados: las acciones de Chevron subieron cerca del 7%, los bonos venezolanos se movieron y analistas comenzaron a especular con un renacer petrolero en el país. La narrativa suena simple: Venezuela está quebrada, su industria petrolera destruida, pero posee 303.000 millones de barriles de reservas probadas —las mayores del mundo— y Estados Unidos tiene compañías, capital y tecnología para explotarlas. Sin embargo, en la práctica la ecuación es mucho más compleja. El problema de Venezuela nunca fue la falta de petróleo, sino la destrucción institucional, las expropiaciones, la pérdida de capital humano, la corrupción y una deuda externa cercana a US$160.000 millones. Hace dos décadas PDVSA producía 3 millones de barriles diarios; hoy apenas ronda el millón y con enormes dificultades. Gran parte de la infraestructura está deteriorada, buena parte del personal técnico emigró y la industria fue utilizada como herramienta política y fiscal. Incluso Chevron —que emplea 3.000 personas en el país y produce cerca de un cuarto del crudo nacional— opera con extrema cautela pese a contar con licencias especiales del Tesoro estadounidense. Si una empresa con décadas de experiencia en el terreno prefiere esperar garantías antes de invertir miles de millones, difícilmente otras petroleras globales asumirán riesgos políticos y jurídicos aún mayores.

A esto se suma un factor macroeconómico decisivo: el precio. En 2025 el crudo cayó 20%, la mayor corrección desde 2020; el WTI se proyecta en US$54 para 2026 y el Brent en US$58, mientras que extraer crudo pesado venezolano es costoso, requiere mejoradores, diluyentes e infraestructura especializada. En los años 2000, cuando Venezuela producía con fuerza, el barril cotizaba entre US$100 y US$140; hoy está entre US$55 y US$65. En este nivel de precios, las inversiones son rígidas, el retorno es lento y el riesgo país —amplificado por corrupción, sanciones y litigios internacionales— hace que el negocio se torne poco atractivo. Goldman Sachs calcula que si Venezuela lograra producir 2 millones de barriles diarios hacia 2030, los precios globales caerían US$4 por barril, reduciendo aún más la rentabilidad. Además, cualquier flujo de ingresos petroleros sería reclamado por acreedores, fondos y estados que litigan arbitrajes tras años de expropiaciones, lo que obliga a reestructurar deuda antes de cualquier reapertura seria. Trump puede imaginar la operación en términos geopolíticos, pero las petroleras piensan en retorno, protección legal y estabilidad contractual. La pregunta clave no es si hay petróleo, sino si Venezuela puede ofrecer un entorno donde invertir sea racional. Liberar las reservas venezolanas no requiere discursos, sino tiempo, credibilidad, instituciones y reglas. El crudo está ahí; lo incierto es si el país —y su sistema político— estará listo para aprovecharlo sin repetir la misma historia.

 

Durante 2025, el sector de telecomunicaciones en Colombia ha mostrado un comportamiento de recuperación y profunda transformación. La industria retoma una senda de crecimiento económico, impulsada fundamentalmente por la inversión masiva en la dupla tecnológica de 5G y fibra óptica, que responde a una demanda de datos en crecimiento. Sin embargo, el dinamismo coexiste con una intensa presión competitiva en los segmentos maduros, como la telefonía móvil, donde la alta portabilidad y la “comoditización” de la voz reducen los ingresos tradicionales.

En respuesta, los operadores aceleran su evolución estratégica, pasando de ser meros proveedores de conectividad a convertirse en agregadores de servicios digitales, una táctica clave para retener clientes y asegurar la rentabilidad en un mercado competitivo.

A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en diciembre en Colombia y el mundo, priorizados por su impacto global y regional: 1. Salario mínimo en Colombia sube 23,7% y alcanza los $2 millones con auxilio de transporte El gobierno decretó un incremento del salario mínimo del 23,7% para 2026, uno de los más altos en décadas, fijando el salario mínimo legal mensual en $1.750.905 y llevándolo a cerca de $2 millones al incluir el auxilio de transporte, que también tuvo un aumento considerable. Según el ejecutivo, la decisión tuvo en cuenta variables como inflación, productividad, composición de los hogares y el impacto sobre la demanda interna, y busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores formales y estimular el consumo. El presidente afirmó que el aumento tendría efectos positivos sobre el empleo y la actividad económica. Sin embargo, distintos gremios empresariales y económicos expresaron preocupación por el impacto fiscal y laboral de la medida, advirtiendo sobre riesgos en materia de inflación, informalidad y sostenibilidad del empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Entidades como la Andi, Fenalco, Anif y el Consejo Gremial Nacional cuestionaron la falta de concertación y señalaron que un alza de esta magnitud podría presionar los costos empresariales y las finanzas públicas en un contexto de alta incertidumbre fiscal y desaceleración económica. 2. UPC del sistema de salud sube 12,9% para 2026 El gobierno nacional definió el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que regirá en 2026 para los regímenes contributivo y subsidiado, con un incremento promedio de 12,9%, lo que elevará el presupuesto del aseguramiento en salud de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones el próximo año. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el ajuste responde a un estudio técnico realizado con la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, y busca cerrar brechas entre regímenes, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. Para 2026, se recomendó un aumento de 9,0% en el régimen contributivo y de 16,5% en el subsidiado, este último con primas adicionales asociadas a factores como dispersión geográfica, ubicación territorial y pertenencia a comunidades indígenas. El Gobierno aseguró que los recursos adicionales, estimados en $11,6 billones, deben reflejarse en pagos efectivos a hospitales y clínicas, y anunció mayores controles de vigilancia y transparencia. No obstante, gremios del sector salud cuestionaron el incremento del régimen contributivo, al considerarlo insuficiente frente al aumento de costos laborales y la situación financiera del sistema. 3. Colombia entra en incertidumbre fiscal tras la caída de la ley de financiamiento El Congreso de la República archivó de forma definitiva la ley de financiamiento presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que dejó sin una fuente clave de recursos al Presupuesto General de la Nación de 2026. El proyecto, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, fue negado el 9 de diciembre por las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, luego de que la Comisión Cuarta del Senado rechazara la ponencia positiva con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo que provocó automáticamente su hundimiento. Pese a los ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda y a los intentos por modificar algunos componentes tributarios, la iniciativa no logró revertir una mayoría legislativa adversa. Tras la decisión, el Gobierno advirtió sobre la necesidad de recortar gasto público, especialmente en inversión, y días después el presidente Petro decretó el estado de emergencia económica por 30 días para adoptar medidas fiscales extraordinarias. El episodio evidenció las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al manejo del déficit fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el alcance de los mecanismos constitucionales para enfrentar desequilibrios presupuestales. 4. Congreso hunde la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Séptima del Senado archivó de manera definitiva la reforma a la salud impulsada por el gobierno, tras una votación de ocho senadores a favor del archivo y cinco en contra. Con esta decisión, el proyecto quedó cerrado para la actual legislatura y se consolidó como uno de los principales reveses políticos del gobierno en el cierre del año. La iniciativa buscaba transformar el modelo de aseguramiento vigente desde la década de 1990, reduciendo la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud y fortaleciendo el rol del Estado en la administración de los recursos y la atención primaria. Sin embargo, el proyecto no logró disipar las preocupaciones sobre su viabilidad financiera ni construir consensos políticos suficientes en el Congreso. El archivo de la reforma se produjo en un contexto de dificultades estructurales del sistema de salud, marcadas por tensiones financieras y problemas de atención a los usuarios. Con su hundimiento, el debate sobre la sostenibilidad y el futuro del sistema sanitario colombiano queda abierto y se traslada a próximos periodos legislativos. 5. Inmobiliaria china Vanke logra un respiro financiero en medio de la crisis del sector La promotora inmobiliaria china Vanke evitó un escenario inmediato de bancarrota tras alcanzar acuerdos de última hora con sus acreedores para ampliar los periodos de gracia de parte de su deuda, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el sector inmobiliario chino. Según información revelada por Bloomberg, los tenedores de un bono por US$241 millones aceptaron extender el plazo de pago hasta el 28 de enero de 2026, mientras que otro grupo de acreedores aprobó ampliar de cinco a treinta días hábiles el periodo de gracia de un pagaré por cerca de US$447 millones. No obstante, la empresa no logró el respaldo necesario para diferir por un año el pago del principal, lo que mantiene latente el riesgo de una reestructuración más profunda. Las dificultades de Vanke reflejan el deterioro estructural del mercado inmobiliario en China, afectado por la caída de ventas, restricciones al crédito y pérdida de confianza de los compradores. Aunque las autoridades han reforzado la supervisión y brindado apoyo limitado, el alivio obtenido es temporal y no despeja las incertidumbres sobre la estabilidad financiera del sector. Otros hechos importantes que tuvieron lugar en diciembre: Proyecto de Asamblea Constituyente en Colombia: El gobierno formalizó ante la Registraduría un comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bajo el argumento de superar un “bloqueo institucional”, el proyecto busca una transformación estructural que incluye reformas al modelo económico, la descarbonización de la economía y cambios profundos en los sistemas de salud y justicia. Ataque de la CIA en Venezuela: Se reportó una operación exclusiva de la CIA mediante el uso de drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela. Según fuentes gubernamentales de EE. UU., el objetivo era un muelle utilizado por el grupo criminal “Tren de Aragua” para el narcotráfico; el presidente Donald Trump confirmó la autoría del ataque, calificándolo como un golpe directo a las rutas de distribución de drogas. Actualización masiva de software de Airbus: La aerolínea Avianca completó con éxito la actualización de software en su flota A320 tras una directriz global del fabricante Airbus. El proceso, que requirió el trabajo ininterrumpido de más de 2.500 técnicos, afectó temporalmente a miles de pasajeros, pero logró normalizar la operación aérea a principios de mes bajo los más altos estándares de seguridad. Creación de DAVIbank: El Grupo Davivienda anunció el nacimiento de DAVIbank, una nueva entidad bancaria que surge tras la integración de las operaciones de Scotiabank en la región. Este movimiento posiciona al grupo como un holding multilatina con más de 29 millones de clientes, operando dos marcas en paralelo antes de una futura consolidación total. Netflix adquiere Warner Bros: En un movimiento histórico para la industria del entretenimiento, Netflix anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros. por aproximadamente 82.700 millones de dólares. La transacción incluye los legendarios estudios de cine, televisión y el servicio HBO Max, lo que otorga al gigante del streaming el control sobre franquicias como el Universo DC, Harry Potter y Game of Thrones. Emisión de bonos colombianos a PIMCO: El Ministerio de Hacienda de Colombia concretó una venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos al fondo de inversión estadounidense PIMCO. La operación generó debate y un requerimiento de información por parte de la Contraloría debido a la naturaleza directa de la adjudicación y las condiciones de la tasa pactada en comparación con el mercado abierto. Primer caso de influenza H3N2 en Colombia: El Ministerio de Salud confirmó el primer caso importado del virus de influenza A(H3N2) subclado K en el país, correspondiente a un viajero procedente de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a reforzar la vacunación, especialmente en adultos mayores, ante la circulación de esta variante que ha mostrado un aumento sostenido a nivel global. Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado: La líder opositora venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego destacó su “lucha incansable por los derechos democráticos” y su papel fundamental en la promoción de una transición pacífica en Venezuela, convirtiéndola en un símbolo global de resistencia civil y esperanza democrática.
América Latina cerró 2024 con la tasa de pobreza más baja desde que existen registros: 25,5% de la población, equivalente a 162 millones de personas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. Entre 2022 y 2024, entre 20 y 25 millones de personas salieron de la pobreza, impulsadas principalmente por Brasil y México. Brasil redujo su pobreza de 25,3% a 20,6% en solo un año, sacando a 8,6 millones de personas, mientras que México explicó cerca del 60% de la reducción regional. Otros países como República Dominicana, Paraguay, Costa Rica y Colombia también mostraron avances, aunque más moderados. Sin embargo, este progreso es altamente concentrado: sin Brasil y México, la reducción regional habría sido marginal, lo que deja en evidencia profundas brechas entre países y modelos económicos dentro de la región. El problema estructural que persiste es la desigualdad. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini cercano a 49 puntos, muy por encima del umbral de alta desigualdad. Además, cerca del 32% de la población vive en situación de vulnerabilidad, con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, expuesta a caer nuevamente ante cualquier choque económico. La informalidad laboral, que afecta a ocho de cada diez trabajadores pobres, limita el acceso a protección social y perpetúa ciclos de precariedad. Mientras países como Uruguay, Chile, Brasil y México combinaron empleo formal, control de inflación, diversificación productiva y programas sociales enfocados en empleabilidad, otros como Honduras, Guatemala o Haití mantienen economías poco diversificadas, instituciones débiles y altos niveles de corrupción. La conclusión es incómoda pero clara: la pobreza puede reducirse, el modelo existe y ya fue probado, pero sin reformas institucionales profundas y crecimiento con valor agregado, el progreso seguirá siendo frágil y profundamente desigual.
Tecnología, talento y transformación, la era de estas 3T, nos enfrenta a un mundo donde la única constante es el cambio. La velocidad del desarrollo tecnológico redefine las reglas del juego en todos los sectores, pero es el talento humano el que convierte la innovación en ventaja competitiva (https://sectorial.co/hoja-de-ruta-empresarial/). La relación entre el bienestar emocional y la productividad laboral es innegable, y se han convertido en indicadores claves para entender cómo los estados emocionales colectivos afectan el rendimiento económico. El talento humano no es un recurso reemplazable, sino el corazón de cualquier estrategia de crecimiento. Empresas que prioricen la empatía, la inteligencia emocional y la motivación lograrán construir equipos sólidos y resilientes, capaces de afrontar los desafíos de un entorno incierto.
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