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Desde 1999 hasta la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado la liquidación forzosa de 118 EPS. De estas, el 57,6% correspondían a Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), el 16,9% a EPS del Régimen Subsidiado, el 11% al Régimen Contributivo y el 14,4% a entidades que operaban en ambos regímenes.

Muchas ARS fueron creadas por municipios o departamentos para atender a la población subsidiada, pero salieron del sistema debido a la incapacidad de los entes territoriales para mantenerlas, especialmente en las primeras décadas del modelo de aseguramiento. Entre 1999 y 2012, se liquidaron forzosamente 98 EPS en Colombia: el 69,4% operaban como ARS, el 18,4% eran EPS del Régimen Subsidiado, el 8,2% pertenecían al Régimen Contributivo y el 3,1% operaban en ambos regímenes.

Aunque el ritmo de las liquidaciones forzosas disminuyó, durante la segunda década de los 2000 comenzaron a cerrarse EPS de gran relevancia en el país. Esto generó grandes desafíos para las demás EPS, que tuvieron dificultades para absorber y atender a los afiliados de las entidades liquidadas. Entre 2013 y 2023 se liquidaron 20 EPS, incluyendo algunas con un alto número de afiliados, como SaludCoop, Cafesalud, Coomeva y Medimás.

Actualmente, hay 9 EPS intervenidas por la Supersalud, aunque no se han ordenado nuevas liquidaciones. Incluso EPS como Sura y Compensar han solicitado voluntariamente salir del sistema y la Supersalud ha denegado sus solicitudes. La crisis financiera del sector ha dejado a las demás EPS sin capacidad para recibir nuevos afiliados, lo que agrava la situación del sistema de salud.

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Sectorial Salud

Deudas de las EPS superan los $32,9 billones y se agudiza la crisis del sector salud

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El sector Contact Center y BPO en Colombia creció el 1,4% en ingresos durante el primer trimestre de 2025, impulsado por la adopción masiva de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la automatización.

Colombia se posiciona como uno de los destinos nearshore más atractivos para empresas globales, con Estados Unidos como principal mercado de exportación, concentrando el 50,9% de las ventas internacionales. Cerca del 50% de las empresas planean expandir operaciones a regiones como Antioquia, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, buscando descentralizar actividades y fortalecer las economías locales. A pesar de una reducción del 5,4% en la ocupación laboral, el sector sigue siendo un importante generador de empleo formal, especialmente para jóvenes (63% entre 18 y 29 años) y mujeres (59% de la fuerza laboral).

  • La discriminación sistémica contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia genera exclusión educativa, desempleo, informalidad y barreras en el acceso a servicios financieros.
  • A pesar de estas limitaciones, el poder adquisitivo estimado de la comunidad alcanza los USD 16.000 millones anuales, y su participación en el emprendimiento es una forma de resiliencia económica.
  • Incluir a esta población en el sistema productivo no es solo un acto de justicia, sino una oportunidad clara para el crecimiento económico, la innovación y la expansión del mercado interno.

En los márgenes de la economía formal y bajo el peso persistente de la discriminación, la comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha encontrado en el emprendimiento y la innovación una vía para sortear las barreras del sistema. Sin embargo, lejos de ser solo una historia de superación individual, la vida empresarial LGBTIQ+ revela un potencial económico colectivo que ha sido sistemáticamente desaprovechado. La exclusión de esta comunidad no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también le cuesta al país talento, productividad e ingresos fiscales.

Un camino marcado por la exclusión: educación, empleo y finanzas

La trayectoria laboral de muchas personas LGBTIQ+ comienza con una herida estructural: la deserción escolar por acoso y discriminación. Según un estudio realizado en Bogotá, el 25% de los miembros de esta comunidad que abandonaron sus estudios lo hicieron por causa directa de la violencia basada en su orientación sexual o identidad de género. Esta exclusión temprana se traduce en menores oportunidades de empleo y menos herramientas para emprender. En el caso de las personas trans, esta realidad es aún más severa: el 49% no tiene ningún tipo de formación para el trabajo.

Las estadísticas del mercado laboral evidencian las consecuencias. El 27% de quienes están empleados lo hacen sin contrato y un 12% adicional bajo acuerdos verbales, lo que implica exclusión de prestaciones sociales, estabilidad y acceso al crédito. Además, el 60% de las personas LGBTIQ+ y el 80% de las personas trans reportan haber sufrido discriminación en entornos laborales.

Esta cadena de exclusión alcanza su punto más crítico en el acceso al sistema financiero. La inclusión bancaria de la comunidad LGBTIQ+ es 20 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población. A pesar de que ciertos segmentos de esta comunidad cuentan con ingresos promedio altos y hábitos de consumo sofisticados, la desconfianza, el temor a ser discriminados y la rigidez de los procesos bancarios los alejan de productos clave como créditos de vivienda, seguros o líneas empresariales. Esto ha motivado una mayor adopción de soluciones fintech y banca digital, no necesariamente por afinidad tecnológica, sino también como mecanismo de protección frente al maltrato institucional.

El emprendimiento como alternativa: del refugio a la resistencia

Frente a este entorno adverso, el emprendimiento ha sido una estrategia de resiliencia. Aunque muchas personas LGBTIQ+ inician sus propios negocios por necesidad ante la exclusión del mercado laboral, no se trata de emprendimientos marginales o de subsistencia. En muchos casos, son iniciativas innovadoras, con alto nivel de profesionalismo, que generan empleo y satisfacen nichos de mercado desatendidos. Este fenómeno da origen a lo que se ha denominado la “Economía Rosa”, un segmento con poder adquisitivo y capacidad de dinamizar sectores como el comercio, la moda, el entretenimiento y la tecnología.

El caso de Estados Unidos, con su ecosistema empresarial LGBTIQ+ más consolidado, ofrece una referencia valiosa. La National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) estima que existen 1,4 millones de empresas propiedad de personas LGBTIQ+ que aportan anualmente USD 1,7 billones a la economía estadounidense. Las empresas certificadas por esta organización, que representan solo una fracción del total, han creado más de 33.000 empleos directos y tienen una longevidad empresarial promedio de 12 años, superando el promedio de las startups convencionales, donde más de la mitad fracasan en los primeros cinco años.

Voces visibles: empresarios que rompen el molde

Algunos empresarios e influenciadores LGBTIQ+ en Colombia y el mundo están marcando la diferencia no solo con sus negocios, sino también con su visibilidad, entre estos casos encontramos:

  • Tim Cook, CEO de Apple
  • Sam Altman, CEO de OpenAI
  • Martyn Sibley, Cofundador de Disability Horizons
  • Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb
  • Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies
  • Martine Rothblatt, CEO de United Therapeutics

En Colombia y América Latina también encontramos grandes personalidades como:

  • Santiago Castro, expresidente de Asobancaria
  • Claudia López, exalcaldesa de Bogotá
  • Sergio Londoño, vicepresidente Asuntos públicos de Coca Cola
  • Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane

La oportunidad ignorada: el mercado LGBTIQ+ como motor de crecimiento

El poder económico de la comunidad LGBTIQ+ colombiana está lejos de ser marginal. De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia (CCLGBTCO), el poder adquisitivo de este segmento supera los USD 16.000 millones anuales, lo que lo convierte en el cuarto mercado LGBTIQ+ más grande de América Latina. Esta capacidad de consumo se explica, en parte, por estructuras familiares más reducidas y patrones de gasto orientados hacia el consumo de experiencias, tecnología y servicios especializados.

Además del consumo, el sector financiero podría capitalizar este segmento de forma significativa. Según Asobancaria, existe una oportunidad de mercado para ampliar en un 47 % la vinculación de personas LGBTIQ+ a productos financieros, lo que podría representar ingresos adicionales de hasta USD 633 millones anuales para el sistema bancario colombiano. Sin embargo, esta potencial expansión requiere ajustes profundos en políticas de atención, formación del personal, simplificación de trámites y diseño de productos que reconozcan la diversidad.

La comunidad empresarial y consumidora LGBTIQ+ de Colombia es un activo económico nacional que se encuentra crónicamente subutilizado. Las barreras estructurales, desde la deserción escolar inducida por la discriminación hasta la exclusión del sistema financiero, no son meramente problemas sociales o de derechos humanos. Imponen un costo económico directo y medible al país en forma de pérdida de productividad, menor innovación, una base impositiva reducida y una subutilización del capital humano.

El emprendimiento, en este contexto, emerge como testimonio de la resiliencia y la capacidad de innovación de la comunidad, pero también como síntoma de las fallas del mercado laboral formal. La “Economía Rosa”, con su considerable poder adquisitivo, demuestra el potencial latente. Sin embargo, para que este potencial se materialice plenamente, es necesario pasar de un modelo de supervivencia individual a un ecosistema de crecimiento estructurado.

Cerrar las brechas de desempleo, informalidad e inclusión financiera no solo es un imperativo de equidad, sino una de las oportunidades más claras para impulsar el crecimiento, la inclusión económica de la población LGBTIQ+ ya no puede ser vista como un acto de filantropía o de cumplimiento normativo sino como parte de la formalización y la sofisticación de la economía colombiana.

Durante el primer trimestre de 2025, la producción de gas en Colombia cayó al nivel más bajo en cinco años, presentando un descenso del 11,1% respecto al mismo trimestre de 2024. Esta caída se atribuyó principalmente a la desaceleración en proyectos de yacimientos no convencionales. En marzo, cinco departamentos concentraron el 87,3% de la producción nacional, liderados por Casanare con el 62,9%, seguido por Sucre, La Guajira, Córdoba y Boyacá. A nivel municipal, Yopal fue el mayor productor, aunque la mayoría de los municipios presentaron disminuciones en producción, excepto La Unión, que creció 12,8% respecto a marzo de 2024. Cinco campos productivos aportaron el 57,5% del gas, destacándose Pauto Sur en Casanare; solo Cupiagua, también en el departamento de Casanare, aumentó su producción en un 5,1%.

Las organizaciones tendrán que transformarse, esto es un hecho, pues están conviviendo con entornos donde se ha aumentado el costo de vivir en el planeta, habitamos un globo cada vez más conflictivo, con una emergencia climática explícita y que a nivel económico no la hemos pasado bien.

Ahora; para transformarse tendrán que combatir barreras asociadas a las brechas de capacidad de sus equipos, la resistencia al cambio, una regulación inflexible, la incapacidad de atraer nuevo talento, la escasez de capital de inversión e insuficiente comprensión de las oportunidades.

Para combatir las barreras al cambio empresarial; las organizaciones están dotando de nuevas capacidades a sus equipos (el upskilling es la prioridad en todas las geografías), involucrar tecnología para acelerar la automatización de procesos, y si no pueden involucrar nuevas capacidades en el equipo a través del upskilling pues se contratará personal que tenga esas habilidades, en especial talento que involucre nuevas tecnologías.

Al final para cumplir los objetivos de transformación de una organización se requiere contar con un equipo conectado con el norte de la empresa. Para lograrlo, los empleadores están priorizando mejorar la salud y bienestar de las personas; pero los empleados lo que más piden es mejorar los horarios.

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Informes Sectoriales

l sistema de salud en Colombia, donde participan tanto entidades públicas como privadas, atraviesa una crisis profunda. El principal problema es la falta de sostenibilidad financiera, que afecta a todos los niveles y ha provocado una preocupante pérdida de confianza entre los actores del sector. Esta desconfianza no solo influye en la percepción de la ciudadanía, sino que también impacta negativamente en la calidad y la operación de los servicios de salud.

¿En qué consiste la crisis actual

La crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia se manifiesta de manera evidente a través de la desfinanciación y las deficiencias operativas, lo que ha desencadenado una profunda “crisis de confianza” que afecta todas las interacciones dentro del sector. En el último Foro de la Salud de la ANDI, llevado a cabo entre el 18 y 1l 20 de junio de 2025, se puso de relieve esta crisis, y en Sectorial también se ha advertido de las alertas que genera el sector dentro del Índice de Confianza Sectorial (ICS). Si bien el ICS general (que abarca todos los sectores) ha mostrado algunos repuntes leves en los últimos meses, esto no se ha traducido en una mejora sustancial de la confianza en el sector salud. (Leve aumento en la confianza empresarial y de inversión en Colombia en junio, según el Índice de Confianza Sectorial)

Sectorial ha identificado que la incertidumbre en torno a la reforma de la salud sigue siendo un factor predominante que mantiene la confianza en este sector en niveles bajos, o al menos genera señales mixtas y preocupantes. A esta persistente desconfianza se suma la crisis financiera del sistema, agravada por la intervención gubernamental en 9 Entidades Promotoras de Salud, las cuales agrupan aproximadamente al 58,8% de los usuarios. Estas entidades enfrentan niveles de siniestralidad superiores al 100%, junto con un aumento significativo en sus pasivos y resultados negativos. (Diagnóstico de Sectorial sobre el ORIGEN de la crisis financiera del sistema de salud)

Por otra parte, los reclamos de usuarios al sistema se han vuelto más recurrentes y las tutelas, en muchos casos, han demostrado ser ineficaces, lo que resulta profundamente “desalentador” para los pacientes. Según, Claudia Vaca, defensora delegada por la Defensoría del Pueblo para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, entre 2022 y 2024, se ha registrado un aumento superior al 60,0% en las intervenciones realizadas por esta entidad, con un crecimiento alarmante en los casos de tutelas y desacatos. En ciudades como Bogotá, el desacato a las tutelas alcanza niveles preocupantes del 50,0%.

Lo que anteriormente se limitaba a quejas por demoras en citas con especialistas ha evolucionado hacia una crisis de acceso a medicamentos. Este problema ha generado un incremento en las intervenciones judiciales, y está directamente relacionado con la ruptura de operadores clave como Nueva EPS y Audifarma. Sumado a la incapacidad de los proveedores locales de medicamentos para cumplir con sus funciones.

La desconfianza no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro del sistema de salud colombiano. Resolver estos problemas es clave para recuperar la confianza y asegurar el acceso a servicios de calidad. Sin embargo, la desconfianza generalizada dificulta la búsqueda de soluciones conjuntas entre aseguradoras, prestadores, proveedores y pacientes. (Impactos del déficit financiero más allá de la salud)

Una de las principales conclusiones de los diferentes análisis que se presentaron en el Foro de Salud de la ANDI es que reconstruir la confianza dentro del sector salud requiere un esfuerzo conjunto y acciones concretas, especialmente para solucionar la raíz financiera de la crisis:

Recomendaciones para Recuperar la Confianza:

  1. Estabilización financiera

– Es urgente reconocer y saldar las deudas acumuladas por la insuficiencia de la UPC.

– Se necesitan mecanismos de pago por disponibilidad, créditos de capital de trabajo y liquidez inmediata para evitar el cierre de servicios esenciales.

– Es fundamental revisar cómo se calcula la UPC.

  1. Transparencia y buena gobernanza

– El sistema no puede detenerse ni un solo día; cualquier interrupción afecta gravemente a los usuarios.

– Es esencial que las instituciones tengan claridad sobre los pagos y deudas, y que la comunicación entre las entidades administradoras y las secretarías de salud sea fluida y transparente.

  1. Priorizar al paciente y la eficiencia del gasto

– Cualquier medida de reforma al sistema debe centrarse en el paciente y mejorar el funcionamiento actual antes de hacer cambios estructurales.

– Es necesario reducir el pago por evento, considerado poco eficiente y motivado por la desconfianza.

– Se deben implementar pagos prospectivos enfocados en resultados en salud, entendiendo que invertir en salud es invertir en la productividad del país.

  1. Reorganizar redes y promover el diálogo territorial

– Es necesario reconstruir la confianza en el sector, los flujos de recursos y las redes de prestación de servicios.

– Fomentar el diálogo a nivel territorial puede ayudar a restablecer la confianza y adaptar soluciones a las realidades locales.

  1. Compromiso político y liderazgo

– El próximo presidente debe asumir el liderazgo del sector salud y priorizar su recuperación.

– El plan de desarrollo debe partir de un diagnóstico realista que reconozca tanto la crisis financiera como la de confianza, y debe contar con un actor que coordine y module el sistema.

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Sectorial Salud

Entre enero y mayo de 2025, la demanda de energía en el mercado regulado registró una contracción del 0,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la demanda en el mercado no regulado mostró un crecimiento equivalente del 0,6%. En conjunto, la demanda total alcanzó los 33.981,14 GWh, de los cuales el 69,0% correspondió al segmento regulado y el 31,0% al no regulado.

Por distribución geográfica, la región Caribe concentró la mayor proporción del consumo energético con un 28,5%, seguida por la región Centro (23,9%), Oriente (14,0%), Antioquia (13,7%) y el Valle del Cauca (8,8%). Los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá aportaron en conjunto un 4,0%, igual que el eje cafetero (Caldas, Pereira, Quindío y Cartago), mientras que el restante 3,1% se distribuyó entre otras regiones del país.

En cuanto al mercado no regulado, la demanda estuvo dominada principalmente por la industria manufacturera, que representó el 39,9% del total, seguida por la explotación de minas y canteras con el 30,8% y el sector comercio con un 4,9%. La mayoría de los sectores económicos experimentaron una disminución en su consumo energético, destacándose las caídas en construcción (-16,1%), distribución y tratamiento de agua (-13,0%), actividades financieras y de seguros (-9,4%) y el sector de información y comunicaciones (-9,4%).

Tuesday, 15 July 2025 12:53

La encrucijada en los puertos de Colombia

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  • Los puertos se han consolidado como nodos cruciales para el narcotráfico y el contrabando, un problema que el gobierno ha elevado a la categoría de amenaza a la seguridad nacional para justificar una reforma.
  • Por un lado, la propuesta presidencial busca un cambio radical hacia el control estatal para purgar las redes criminales y garantizar la equidad social. Por otro, la vía técnica (CONPES 4118) y el sector privado abogan por fortalecer y optimizar el modelo de concesión actual, mejorando la seguridad y la regulación sin sacrificar la competitividad.

El sistema portuario colombiano, uno de los pilares de la modernización económica del país, se encuentra en un punto de inflexión crítico. Su éxito operativo y eficiencia, producto del modelo de concesión privada implementado desde 1991, contrasta con dos amenazas estructurales que hoy definen el debate sobre su futuro: una gobernanza institucional fragmentada y una profunda crisis de seguridad que lo ha convertido en un activo estratégico para el crimen organizado a gran escala.

A pesar de los éxitos operativos, la arquitectura institucional que gobierna el sector es innecesariamente compleja. La gobernanza está distribuida entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima (DIMAR) y las propias sociedades portuarias. Esta multiplicidad de actores ha generado un entorno desarticulado que un estudio reciente describe como una “fragmentación institucional”, la cual conduce a un “desalineamiento” entre los roles y responsabilidades de los actores públicos y privados.

Esta fragmentación debilita la capacidad del Estado para ejecutar una visión estratégica nacional, como lo reconoce el CONPES 4118 de 2023. Dicho documento propone clarificar las funciones de cada entidad y fortalecer el rol del Ministerio de Transporte como la autoridad portuaria rectora del sistema.

El desafío más explosivo es la utilización de los puertos por redes de crimen organizado. Por su volumen y ubicación, los puertos colombianos son nodos cruciales para la exportación de cocaína e importación de contrabando. La sofisticación criminal ha penetrado las cadenas logísticas, corrompiendo funcionarios y contaminando contenedores.

El gobierno argumenta que los ingresos ilícitos financian a grupos armados, generando un “nuevo paramilitarismo” y exportando la violencia a países vecinos como Ecuador. Esta grave crisis es la principal justificación para proponer un cambio fundamental en el modelo, argumentando que el sistema de concesiones ha sido “cooptado” por intereses criminales.

El debate sobre el futuro portuario está dominado por dos visiones antagónicas: la reforma política radical del gobierno y la defensa del modelo actual por parte del sector privado.

La propuesta presidencial (vía política)

El presidente Gustavo Petro ha expresado su intención de “cambiar completamente la administración de puertos”, posiblemente a través de una nueva ley. Sus argumentos se basan en:

  • Seguridad: Retomar el control estatal para desmantelar las redes criminales que, según el gobierno, han “cooptado” los puertos. Este diagnóstico incluye explícitamente al Aeropuerto El Dorado, considerado el principal puerto para mercancías ilícitas.
  • Equidad Social: Garantizar que la riqueza portuaria genere desarrollo local, evitando que nuevos megaproyectos como Puerto Antioquia repitan el “caso de Buenaventura”, donde la prosperidad del puerto coexiste con la pobreza de la ciudad.

La reacción del sector privado

Los gremios empresariales advierten sobre los riesgos de un cambio abrupto, argumentando que:

  • El problema es de seguridad y control estatal, no de la naturaleza de la administración.
  • Amenaza la inversión: El anuncio de una posible reversión genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y daña la confianza en el país.
  • La solución es fortalecer, no desmantelar: Proponen aumentar la eficacia de la DIAN y la Policía Antinarcóticos dentro de los terminales, advirtiendo que un retorno a la administración estatal podría resucitar la ineficiencia y corrupción de la era de Colpuertos.

El futuro no reside en una elección binaria entre un modelo estatal fallido y un modelo privado con fallas. El desafío es construir una nueva generación de asociación público-privada, donde operadores eficientes sean supervisados por un Estado fuerte que les exija cumplir con los más altos estándares de rendimiento económico, seguridad integral y responsabilidad social.

El sector cemento en Colombia enfrentó un entorno desafiante durante el primer trimestre de 2025, impactado por la contracción del sector de la construcción, el cual decreció un 3,5% respecto al mismo periodo de 2024. La caída se ha visto impulsada por el retroceso en las iniciaciones de vivienda (-57,1% en abril 2025), altas tasas de interés y menor ejecución de proyectos públicos. En consecuencia, la producción de cemento gris se redujo levemente (-1,0%) y el concreto premezclado bajó 4,7%, especialmente por la menor actividad en la Vivienda de Interés Social (VIS).

Pese a estas cifras negativas, el sector mostró algunas señales positivas: las exportaciones crecieron 90,3% en el primer trimestre y el segmento de comercialización de cemento aumentó 8,1%. La industria mantiene un efecto multiplicador relevante, con vínculos a más de 35 sectores económicos.

A nivel internacional, se prevé una recuperación leve del consumo global de cemento (1-2% en 2025). A esto se suman oportunidades ligadas a la demanda de cemento verde y tecnologías sostenibles.

¿Cómo lograr que una empresa no se quiebre? Desde nuestra experiencia, esto depende de la combinación de tres elementos: ganas, uso de activos y comprensión del entorno:

  1. Las ganas surgen cuando, dentro del lugar de trabajo, hay confianza, liderazgo inspirador, compañeros que ayudan a florecer, buena remuneración y, sobre todo, cuando las personas sienten que la empresa les ayuda a cumplir su propósito de vida. Cuando hay ganas, las ideas florecen y se hacen realidad.
  2. El uso de los activos implica que los equipos tengan el conocimiento técnico y los recursos adecuados para hacer bien su trabajo, que las personas cuando llegan a la empresa sepan lo que tienen que hacer También significa que la organización identifique y cuente con los activos clave para alcanzar sus objetivos, con el menor esfuerzo y uso de recursos.
  3. El entorno se refiere a los cambios que presentarán los sectores, las políticas del país y las fuerzas globales y ambientales. En esto nos hemos especializado en Sectorial: anticipar y mostrar a las empresas dónde surgirán oportunidades y riesgos, para que puedan movilizar sus recursos hacia lo favorable y alejarse de lo adverso.
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