• Informalidad del 55 %, incremento en el terrorismo, crisis en salud, riesgo de racionamiento y déficit fiscal superior al -7 % marcan un escenario complejo; innovación, biodiversidad y tecnología emergen como palancas de crecimiento.

Colombia entrará a 2026 en medio de un panorama económico marcado por tensiones internas y externas. Mientras el país afronta retos estructurales en materia fiscal, de formalidad y seguridad en un año electoral decisivo, emergen sectores estratégicos que podrían compensar parcialmente la desaceleración proyectada.

El escenario internacional para el próximo año presenta señales de desaceleración. El fenómeno de frontloading —exportaciones anticipadas para evitar aranceles— impulsó artificialmente el comercio en el primer trimestre de 2025, pero una vez implementadas las medidas proteccionistas, el flujo comercial cayó notablemente.

“Lo que vimos en el primer trimestre de 2025 fue un espejismo comercial”, explica Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico de Sectorial.co. “Las empresas adelantaron exportaciones para evitar aranceles, pero esa ola no era sostenible. Ahora enfrentamos la resaca: una desaceleración que afectará especialmente a economías emergentes dependientes del comercio exterior”.

Las proyecciones difieren entre organismos: la OCDE estima un crecimiento mundial del 3,2% para 2025, ajustándose a 2,9% en 2026 por el impacto arancelario. El Banco Mundial adopta un enfoque más conservador, calculando entre 2,3% y 2,6% para los próximos años. La principal preocupación es la caída de la inversión global, factor crítico para sostener la expansión económica.

Estados Unidos enfrenta siete meses sin repuntes industriales significativos, mientras China se enfriaría progresivamente: de un 4,5% en 2025 a 3,9% en 2027. Por el contrario, India lidera el crecimiento con expansiones superiores al 6%, y economías del Golfo, África subsahariana y Asia no china mantienen ritmos entre 3,7% y 4%.

Por su parte, la región latinoamericana registrará un crecimiento entre 2,3% y 2,7%, limitado por la dependencia de commodities y tasas de interés elevadas. Argentina sale de la recesión con un 4,5% en 2025, estabilizándose en 4% en 2026 y 2027. Perú sorprende con cifras consistentes: 2,7% este año, 2,5% en 2026 y 2,7% en 2027, impulsado por inversión privada que crece 6,5% y sectores agrícolas y mineros sólidos.

Colombia crecerá 2,8% en 2025, impulsado principalmente por el consumo, pero Sectorial advierte que esta dinámica no es sostenible. La incertidumbre política y el desorden fiscal limitarían la inversión, recortando el crecimiento a 2,3% en 2026.

“Colombia está creciendo por consumo, no por inversión. Es como quemar los muebles para calentar la casa”, advierte Escobar. “Sin una corrección fiscal creíble y sin señales claras en el frente político, la inversión privada seguirá contenida. El 2026 será un año de consolidación, no de expansión”.

Entre los factores clave a tener en cuenta están:

Finanzas públicas bajo presión: El déficit fiscal proyectado para 2025 será superior al 7 %, limitando el espacio de inversión y aumentando los costos de endeudamiento. Esta situación restringe la capacidad del Estado para impulsar la economía.

Mercado laboral estancado: Colombia registra una tasa de desempleo del 8,6% con una informalidad del 55% en 2025. La ocupación total promedio se mantiene cerca de 23,5 millones de personas, en un contexto donde más de la mitad de los ocupados trabaja en condiciones informales.

Inflación y política monetaria: La inflación supera el 5 % para 2025, convergiendo gradualmente al rango meta del Banco de la República hacia 2027. Las tasas de interés cerrarán 2025 en 9,25 %, bajarían a 7,5 % en 2026 y a 5 % en 2027. Sin embargo, las tasas efectivas para empresas y hogares continuarían alrededor del 15% anual, frenando el crédito y la expansión económica.

Crisis de seguridad territorial: El control de grupos armados ilegales en gran parte del territorio colombiano ha aumentado, marcando una fragmentación territorial y un repunte de delitos como secuestros y extorsiones. La disputa territorial mantiene en alerta al país, complicando la estabilidad y seguridad del Estado.

AÑO ELECTORAL Y FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

El panorama político apunta a seis candidaturas en la primera vuelta: un candidato de izquierda, dos de centro, uno de centro derecha y dos de derecha. La fragmentación en el centro-derecha es notable, sin un liderazgo unificado.

En la izquierda, Iván Cepeda del Pacto Histórico se consolidó como el principal candidato tras ganar la consulta interna con aproximadamente 1,5 millones de votos (65,1%) en octubre de 2025. La consulta interpartidista con el Frente Amplio está programada para marzo de 2026.

“La fragmentación política es el reflejo de una sociedad polarizada y sin consensos claros”, observa Escobar. “Seis candidaturas en primera vuelta significan incertidumbre prolongada. Los inversionistas odian la incertidumbre. Eso se traduce en proyectos pospuestos y capital que espera a ver qué pasa. El costo económico de esta fragmentación no aparece en ninguna cifra oficial, pero es enorme”.

Colombia enfrenta 2026 con una economía heterogénea. Los desafíos estructurales —déficit fiscal, informalidad laboral, fragmentación territorial y tensión política electoral— coexisten con sectores capaces de apalancar crecimiento mediante biodiversidad, innovación tecnológica y cambios en patrones de consumo.

Según Alejandro Escobar Correa, gerente de Sectorial, “el panorama proyecta un año de ajustes y cautela. Entre políticas contractivas, shocks externos y tensiones comerciales, la adopción tecnológica se perfila como el camino para que las empresas amortigüen costos y mantengan competitividad.”

La combinación de un contexto global adverso, restricciones macroeconómicas internas y un proceso electoral decisivo definirá el rumbo de Colombia. Sin embargo, la capacidad de capitalizar ventajas competitivas en sectores estratégicos podría marcar la diferencia entre el estancamiento y una recuperación sostenible.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha propuesto un borrador de decreto que pretende modificar radicalmente el sistema de Registro Nacional de Turismo (RNT), transformándolo de un modelo declarativo a uno de preverificación administrado por las cámaras de comercio. La iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la cual advierte que los nuevos requisitos técnicos y documentales, como la validación semestral del RNT y la supervisión de anuncios, impondrán cargas operativas desproporcionadas a las plataformas digitales, poniendo en riesgo la continuidad de miles de pequeños prestadores de servicios turísticos.

Según El Espectador, la agremiación estima que las plataformas como Airbnb han generado más de 215.000 empleos en el país y aportado US$554 millones al PIB turístico nacional. La preocupación radica en que las nuevas exigencias podrían excluir del mercado formal a numerosas familias de clase media que dependen de estos ingresos para sostener sus viviendas, empujando la actividad hacia la informalidad y concentrando la oferta en grandes operadores, lo que afectaría negativamente la competencia y la innovación en el sector.

El impacto económico de estas medidas se extendería a toda la cadena de valor del turismo, dado que por cada US$ 10 gastados en alojamiento a través de estas aplicaciones, se generan US$ 48 adicionales en sectores complementarios como gastronomía, transporte y entretenimiento. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de armonizar la normativa para evitar fraudes y garantizar la seguridad, los gremios insisten en que la falta de un periodo de transición y la imposición de requisitos propios de grandes comerciantes harían inaplicable la norma, dejando a zonas rurales y municipios PDET sin opciones viables de desarrollo turístico.

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El gigante inmobiliario chino Vanke ha iniciado una ronda de negociaciones críticas con sus acreedores, buscando extender el plazo de vencimiento de un bono por valor de 2.000 millones de yuanes (aproximadamente US$ 283 millones). La compañía, que hasta hace poco se consideraba una de las más sólidas del sector estatal, ha propuesto una prórroga de 12 meses respaldada por garantías de empresas controladas por el gobierno de Shenzhen, en un esfuerzo desesperado por evitar lo que sería su primer incumplimiento de pagos en un mercado ya golpeado por la crisis.

Según Swissinfo y EFE, para que esta medida prospere, la promotora necesita la aprobación del 90,0 % de los tenedores de bonos, quienes evalúan una oferta mejorada que incluye el pago de intereses adicionales. La presión financiera sobre la empresa no se detiene ahí, pues se enfrenta a otro vencimiento de US$ 524 millones a finales de diciembre y acumulará obligaciones por cerca de US$ 1.900 millones hasta mediados de 2026. La situación ha generado una alta volatilidad en sus títulos bursátiles, aunque la expectativa de un acuerdo impulsó recientemente sus acciones un 10,0 % en la bolsa de Shenzhen.

El caso de Vanke es emblemático del deterioro del sector inmobiliario chino, cuyas ventas comerciales se desplomaron un 12,9 % en 2024, sumándose a las caídas de los dos años anteriores. La firma, que había logrado evitar el impago gracias a inyecciones de liquidez por US$ 4.200 millones de su principal accionista, perdió su calificación crediticia favorable en 2024, pasando a categoría de “bono basura”. Este escenario revive los temores de contagio financiero que ya protagonizaron otros colosos como Evergrande, poniendo a prueba la capacidad de intervención de las autoridades chinas.

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El debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano se ha intensificado de cara a la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2026. Diversos gremios del sector han presentado estudios técnicos que evidencian una insuficiencia estructural en los recursos asignados, advirtiendo que el sistema opera con pérdidas y que la siniestralidad proyectada para el cierre de 2025 superará el 100,0 %. Ante este panorama de desfinanciamiento y aumento en la demanda de servicios, las agremiaciones coinciden en que el ajuste para el próximo año debe ser de doble dígito para evitar un colapso operativo y garantizar el acceso a tratamientos.

Según Consultor Salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) estima que el incremento requerido para el régimen contributivo es del 17,3 %, partiendo de un análisis que revela la eliminación injustificada de registros de gasto por $2,1 billones en las bases de datos oficiales. Por su parte, la ANDI plantea un aumento mínimo del 15,6 %, señalando que cualquier cifra inferior se recortaría cerca de $890.000 millones vitales al sistema, esto por cada punto porcentual inferior al que menciona la ANDI; Mientras que AFIDRO propone un ajuste del 15,0 %, argumentando que existe una brecha histórica de hasta 8,0 puntos entre los costos reales y los reconocidos por el Gobierno.

La crisis de recursos ya tiene efectos tangibles en la atención a los usuarios, reflejada en un aumento del 32,0 % en las quejas y reclamos y del 22,0 % en las tutelas durante el último año. Los gremios insisten en que el ajuste no es una negociación política, sino una necesidad técnica impostergable, subrayando que el Estado cuenta con la capacidad fiscal en el Presupuesto General de la Nación de 2026 para cubrir estos requerimientos si se prioriza el aseguramiento en salud.

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