El Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que pretende desvincular el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) del incremento del salario mínimo (el salario mínimo subió un 23,7 % para 2026). La medida busca unificar el tope máximo de venta en 135 salarios mínimos, fijando el valor en pesos colombianos desde la firma del contrato de separación hasta la escrituración. Dicha iniciativa establecería un techo aproximado de $236 millones. Además, elimina los rangos superiores de 150 y 175 salarios que aplicaban para grandes ciudades y proyectos de renovación urbana. El objetivo es controlar la inflación en el sector inmobiliario y evitar alzas desproporcionadas para los compradores.

Según el portal Metro Cuadrado, la comercialización de vivienda VIS representa el 67,0 % de las ventas totales de unidades nuevas en el país. Se registraron 107.235 inmuebles vendidos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, el gremio constructor Camacol advierte que tal modificación normativa podría generar una contracción en la oferta. Estiman que los costos de producción aumentarían entre un 10,0 % y un 15,0 % debido a la dificultad de proyectar el valor de insumos y mano de obra bajo un esquema de precios fijos. Por lo tanto, se desincentivaría el desarrollo de proyectos en las principales capitales y los desplazaría hacia las periferias.

La propuesta genera incertidumbre jurídica sobre los negocios pactados con anterioridad. Si el valor comercial supera el nuevo límite establecido, los compradores perderían el acceso a subsidios estatales y tasas preferenciales, dificultando su cierre financiero. El panorama se torna complejo si se considera la disminución en la asignación de subsidios del programa “Mi Casa Ya”, el cual pasó de cubrir más de 308.000 cupos en años anteriores a solo 58.000 en el periodo reciente. Esta realidad, sumada al encarecimiento de los arriendos por la menor oferta disponible, presiona la capacidad adquisitiva y el bienestar de los hogares colombianos.

El Ministerio de Salud ha emitido la reglamentación que hace efectiva la prohibición de experimentar con animales para la industria cosmética en Colombia. Además, se establecen nuevos requisitos para la fabricación y comercialización de estos bienes. La norma decreta que toda persona natural o jurídica involucrada en la cadena de producción o importación deberá presentar ante la autoridad sanitaria una “Declaración de Primera Parte”. A través de este documento, el representante legal certifica que los productos, sus ingredientes o combinaciones no han sido objeto de pruebas en animales.

Según el documento del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) será el encargado de validar este requisito como condición indispensable para la emisión de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). El procedimiento se fundamenta en la norma ISO/IEC 17050, la cual regula las declaraciones de conformidad emitidas por proveedores. Por lo tanto, se asegura que la responsabilidad sobre la veracidad de la información recaiga directamente sobre el fabricante o importador. Adicionalmente, estos deberán garantizar el cumplimiento de la Ley 2047 de 2020 y asumir las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

La resolución contempla excepciones específicas, permitiendo pruebas en animales únicamente cuando existan riesgos de salud o ambientales y no haya métodos alternativos validados por la comunidad científica internacional. Así mismo, se permiten si los datos de seguridad provienen de fines no cosméticos. Cabe destacar que la declaración tendrá vigencia indefinida y podrá amparar múltiples operaciones comerciales. No obstante, si se introducen nuevos productos al portafolio, será necesario presentar una nueva certificación para mantener la conformidad con la normativa vigente y evitar sanciones administrativas.

A partir del primero de febrero de 2026, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar una tasa de seguridad del 30,0 %, medida impuesta por el presidente Daniel Noboa ante lo que considera una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Dicha barrera arancelaria impactará directamente a rubros estratégicos de la oferta exportable nacional, encareciendo bienes como la energía eléctrica, medicamentos de uso humano, vehículos, azúcares de caña y café sin tostar, los cuales perderán competitividad en el mercado vecino mientras se mantenga la tensión diplomática sobre la seguridad fronteriza.

Según Pulzo, Ecuador se consolida como el sexto destino de las ventas externas del país y el segundo mercado más relevante para los bienes no minero-energéticos. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones hacia esa nación sumaron US$1.673 millones, cifra que ya evidenciaba una contracción del 3,2 % frente al año anterior. La nueva restricción comercial se suma a los controles migratorios vigentes desde diciembre de 2025, que limitaron el tránsito terrestre a solo dos pasos habilitados, complicando aún más la logística en una frontera caracterizada por sus extensas zonas selváticas y fluviales.

El mandatario ecuatoriano justifica tal decisión señalando un déficit comercial superior a los US$1.000 millones anuales y la necesidad de recursos para combatir a los grupos criminales transnacionales. La medida permanecerá vigente de manera indefinida hasta que se concrete un compromiso conjunto y efectivo para erradicar las economías ilícitas en la región limítrofe, situación que pone en riesgo la estabilidad de un intercambio comercial vital para ambos países y afecta la cadena de suministro de insumos esenciales y alimentos.

Irán enfrenta un fenómeno que trasciende lo económico y se aproxima peligrosamente a lo político: una inflación que supera el 40% anual desde hace años y que, según reportes locales, empezó a generar variaciones acumuladas en bienes esenciales superiores al 2.000% en periodos cortos. A diferencia de los titulares centrados en sanciones, tensiones militares o rivalidades geopolíticas, el principal riesgo para la estabilidad del régimen no proviene del exterior, sino del deterioro acelerado del poder adquisitivo. La crisis inflacionaria está erosionando los subsidios que durante décadas han funcionado como amortiguadores sociales —energía barata, alimentos y empleo público— y rompiendo el contrato implícito que sostiene a regímenes autoritarios: estabilidad económica mínima a cambio de control político. En paralelo, la depreciación del rial frente al dólar deteriora expectativas, fomenta dolarización informal y reduce la capacidad del Estado para sostener gasto, lo que a su vez retroalimenta la inflación.

El riesgo para Teherán no está solo en el empobrecimiento acelerado, sino en el cambio en la naturaleza de las protestas. En la medida que el conflicto se vuelve económico —salarios insuficientes, alquileres impagables, bienes básicos encarecidos— resulta más difícil criminalizar la inconformidad con narrativas ideológicas o acusaciones externas. Casos como Venezuela y Argentina demuestran que la inflación persistente puede destruir tejido productivo, deslegitimar instituciones, forzar dolarización de facto y reconfigurar la relación entre Estado y sociedad, incluso sin derrocamientos inmediatos. En Irán, el círculo vicioso entre sanciones, restricción externa, emisión monetaria y subsidios insostenibles ya está en marcha y plantea una pregunta clave para empresas, analistas y gobiernos: ¿por cuánto tiempo puede sostenerse un régimen cuando su moneda deja de cumplir su función y la vida cotidiana se vuelve económicamente inviable?