El sector de la moda en Colombia muestra recuperación y se proyecta que mantenga su dinamismo durante el resto de 2025. Impulsado por el consumo nacional y la reactivación del comercio tradicional, se espera que la industria cierre el año con un crecimiento del 8,0 %.

De acuerdo con un informe del portal HSB Noticias, el mercado de la moda en el país generó ingresos por aproximadamente $33,3 billones en 2024, lo que representó un aumento del 3,7 % en comparación con el año anterior. Este comportamiento positivo refleja la confianza del consumidor y una mayor disposición a gastar en productos.

El análisis detalla que el gasto de los hogares se distribuyó principalmente en prendas de vestir, seguido de accesorios personales y calzados. Asimismo, se observó un crecimiento en los servicios relacionados con el vestuario y los textiles para el hogar, lo que demuestra una recuperación integral de toda la cadena de valor de la moda. La proyección de crecimiento del 8,0 % para lo que resta de 2025 confirma las buenas expectativas para el sector.

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Una transición energética acelerada y sin una estrategia clara podría generar una caída de $38 billones en la economía nacional y la pérdida de 74.000 empleos. Esta es la principal advertencia del informe ‘Transición Energética de los Carbones Colombianos’, elaborado por la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) y el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree). El estudio subraya los graves riesgos fiscales, sociales y económicos que enfrentaría el país si no se planifica adecuadamente el proceso.

Según el análisis, citado por el diario El Tiempo, el impacto comprometería las finanzas públicas, ya que el recaudo de regalías e impuesto de renta representa cerca del 95,0% de los ingresos que recibe la nación por la producción de carbón. En departamentos como Cesar y La Guajira, estas regalías superan el 100% de sus ingresos corrientes, por lo que una transición abrupta comprometería la inversión en salud y educación. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, afirmó que la estabilidad laboral y la inversión social en 132 municipios dependen de una transición bien planificada.

El informe propone que la propia industria del carbón sea la base para financiar una reconversión ordenada. Para ello, se plantea la creación de un fondo fiscal que mitigue los efectos negativos y el diseño de programas de reconversión laboral. El estudio también destaca la importancia económica del sector, que actualmente genera más de 55.000 empleos directos, con ingresos 2,6 veces superiores al promedio nacional y beneficia indirectamente a más de 250.000 personas. Colombia es el quinto exportador mundial de carbón térmico, y solo en 2022, las exportaciones del sector sumaron más de 8.100 millones de dólares.

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La relación entre el activismo social y el desarrollo económico resulta compleja de establecer, principalmente debido a la dificultad para medir el primero. Este puede entenderse como formas de participación alternativa, disruptiva y simbólica, que cada vez están menos enfocadas exclusivamente en problemáticas materiales como la inequidad en los ingresos o la distribución desigual de la tierra. En cambio, también se fundamenta en identidades, valores y derechos, como ocurre con los movimientos feministas, ecologistas y de diversidad sexual, entre otros.

A diferencia de la participación política, que puede medirse mediante censos electorales, afiliación a partidos, asistencia a debates y otras actividades canalizadas a través de medios institucionales, el activismo se desarrolla en espacios híbridos como calles, redes sociales, plataformas digitales y otros entornos que escapan al control absoluto del Estado y sus instituciones. Es más volátil y depende en gran medida de causas contextuales, como los cambios en la coyuntura política, social y ambiental, lo que dificulta evaluar con precisión su intensidad, impacto y frecuencia.

Por otro lado, es posible identificar el impacto de la participación política en el desarrollo, evidenciándose una correlación positiva y constante entre altos niveles de participación democrática y prosperidad económica. Los países con sistemas democráticos más sólidos, como los nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), suelen concentrar un mayor poder económico a nivel global. De manera similar, en regiones cercanas a Colombia, tanto por su ubicación geográfica como por su contexto económico, se han registrado avances significativos. Casos como Brasil, Chile y Corea del Sur demuestran que el fortalecimiento de las democracias, impulsado por una participación política más activa, ha derivado en mejoras económicas sustanciales. (Formar para trabajar, trabajar para formar: Claves del desarrollo según Paul Romer)

Los países nórdicos, antes mencionados, no sobresalen exclusivamente por su participación política; sus instituciones gubernamentales también promueven activamente la intervención social al proteger los derechos de propiedad privada, garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento de los contratos y fomentar la igualdad en derechos y oportunidades. Lo anterior, ha generado una elevada confianza en las instituciones estatales, que suele superar el 70%.  Por lo anterior, el activismo social en estas naciones se orienta a operar dentro del sistema democrático existente, priorizando mejoras graduales a partir de la institucionalidad instalada y enfocándose en soluciones sostenibles a largo plazo.

En cambio, en democracias menos consolidadas como las de América Latina, el activismo se distingue por su carácter más antisistémico y confrontacional, impulsado por una profunda desconfianza hacia las instituciones, cuya credibilidad rara vez supera el 40%. Esta desconfianza se ve reforzada por la incapacidad de dichas instituciones para garantizar igualdad de oportunidades y evitar que la estructura estatal perpetúe el poder de élites económicas y sociales. Como resultado, el activismo en la región tiende a ser más orientado al corto plazo, enfocado en atender necesidades urgentes, y responde principalmente a problemas relacionados con la exclusión y la desigualdad social. Además, suele fomentar liderazgos populistas que prometen transformaciones radicales, pero que se estancan a la hora de lograr consensos (Al parecer, las posiciones políticas de centro no existen)

Estas dos formas de activismo no pueden clasificarse como positivas o negativas, ya que están moldeadas por los contextos sociales y económicos, así como por la estructura institucional en la que se desarrollan. De distintas maneras, ambas cumplen con uno de los beneficios más relevantes del activismo en las sociedades democráticas: vigilar a las instituciones estatales e intentar corregir las afectaciones que puedan surgir.

En conclusión, la evidencia indica que, si bien la democracia no asegura automáticamente el desarrollo, las sociedades más participativas y democráticas suelen generar condiciones más favorables para un crecimiento económico sostenible y equitativo. Los cinco países que lideran el Índice de Democracia Liberal, Dinamarca, Suecia, Estonia, Suiza y Noruega, destacan por su fortaleza económica y, especialmente, por su capacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En contraste, los últimos en la lista, Afganistán, Nicaragua, Myanmar, Corea del Norte y Eritrea (puestos 175 a 179 a nivel mundial), son conocidos por tener gobiernos autoritarios o democracias restringidas y niveles extremadamente bajos de bienestar social.

El sector petrolero en Colombia atraviesa un momento complejo en 2025, marcado por una caída en la producción, una contracción en la inversión y un entorno de precios internacionales volátil. Según un reciente análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la situación compromete tanto la seguridad energética como la estabilidad macroeconómica del país, planteando serios desafíos para las finanzas públicas.

De acuerdo con el informe, citado por el diario Occidente, la producción de crudo entre enero y julio de 2025 promedió 746.826 barriles diarios, lo que representa una reducción del 4,3% anual. Esta caída se atribuye a factores internos como atentados a oleoductos y bloqueos comunitarios en zonas estratégicas como Arauca y Meta. El indicador más preocupante, sin embargo, es la drástica caída en la inversión. La actividad de taladros se redujo en un 27,7 % entre noviembre de 2022 y julio de 2025, pasando de 155 a solo 113 equipos activos. Específicamente, los taladros de perforación, claves para reponer reservas, cayeron 48,3 %

Esta contracción en la actividad exploratoria se refleja en el monto de la inversión proyectada para 2025, que será de apenas USD 740 millones, un 18,0 % menos que en 2024 y el nivel más bajo de los últimos cuatro años. El debilitamiento del sector ya tiene consecuencias fiscales; durante el primer trimestre de 2025, las regalías por hidrocarburos disminuyeron un 5,3 % en comparación con el mismo período del año anterior. ANIF concluye que es urgente estabilizar el sector para garantizar los ingresos que financien, paradójicamente, la propia transición energética del país.

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