El Índice de Valoración Predial (IVP) registró una variación anual del 3,4 % para el 2025, marcando una desaceleración frente al 3,8 % reportado en el periodo anterior y consolidando la cifra más baja observada en la última década. Este indicador, que mide el comportamiento de los precios de los inmuebles con destino habitacional en las áreas urbanas, refleja una tendencia de estabilización en el mercado inmobiliario de las principales capitales del país, excluyendo a Bogotá, y sirve como insumo fundamental para determinar el reajuste de los avalúos catastrales a nivel nacional.

Según el Departamento Administrativo Nacional Estadístico (DANE), el comportamiento fue heterogéneo entre las 22 ciudades analizadas, donde diez capitales superaron el promedio nacional. Manizales lideró la lista con un incremento del 6,5 %, seguida por Pasto con un 5,9 % y Popayán con un 5,5 %, evidenciando un mayor dinamismo en la valoración de sus predios; por el contrario, ciudades como Quibdó, Cúcuta y Cartagena reportaron las variaciones más bajas, con cifras del 2,2 %, 2,6 % y 2,7 % respectivamente, situándose por debajo de la media del indicador.

El estudio cubrió un universo de más de 3,0 millones de predios, utilizando una muestra probabilística de 4.936 inmuebles visitados directamente por peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La cobertura efectiva del operativo alcanzó el 92,85 %, lo que garantiza la representatividad estadística necesaria para calcular los cambios promedio en los precios de mercado, permitiendo a las autoridades y propietarios contar con un referente técnico y actualizado sobre la valorización de los activos residenciales urbanos en las diferentes regiones del territorio colombiano.

Reino Unido en alerta: la fuga de cerebros ya preocupa al gobierno

El Reino Unido comienza a enfrentar una salida sostenida de profesionales altamente cualificados que ya genera inquietud en el gobierno y en los principales sectores productivos. Entre 2023 y 2024, más de 250.000 ciudadanos británicos emigraron, en su mayoría trabajadores activos, jóvenes cualificados y familias en plena edad laboral. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, contrasta con el discurso político centrado en el control migratorio y pone en evidencia una pérdida de capital humano formado localmente. Sectores estratégicos como la salud, la ingeniería y la tecnología muestran señales claras de presión: solo en 2024, más de 4.000 médicos británicos abandonaron el país, atraídos por mejores condiciones laborales y salariales en destinos como Australia, Canadá o Estados Unidos, mientras el NHS continúa enfrentando listas de espera crecientes y escasez de personal.

A esta dinámica se suma la posible salida de grandes patrimonios, con estimaciones que apuntan a que hasta 16.500 millonarios podrían abandonar el Reino Unido en el corto plazo, tras cambios en la fiscalidad y el debilitamiento del régimen para residentes no domiciliados. El estancamiento salarial real, el aumento del costo de vida —especialmente en vivienda—, una elevada presión fiscal y los efectos estructurales del Brexit han alimentado una percepción de estancamiento económico. La consecuencia es un impacto directo sobre la productividad, la innovación y el crecimiento potencial del país, que se vuelve cada vez más dependiente de talento importado para cubrir vacantes clave. El desafío para el gobierno británico es claro: sin mejoras tangibles en condiciones laborales, acceso a vivienda y expectativas de futuro, la fuga de cerebros podría consolidarse como uno de los principales límites al desempeño económico del Reino Unido en los próximos años.

La estabilidad de las redes digitales ha dejado de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un factor crítico de riesgo financiero para el sector empresarial global. Un solo segundo de retraso en la carga de una aplicación puede reducir la satisfacción del cliente en un 16,0 %, mientras que la caída de servidores genera pérdidas millonarias inmediatas. En un análisis de IBM se revela que el 98,0 % de las organizaciones incurre en costos superiores a los US$100.000 por cada hora de inactividad, cifra que asciende a más de US$1 millón para un tercio de las compañías cuando sus sistemas quedan fuera de servicio.

Según Blu Radio, de cara al 2026, la competitividad de las empresas en Colombia se ve amenazada por enlaces saturados y redes mal dimensionadas que frenan la adopción de Inteligencia Artificial y la nube. Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, advierte que la latencia se ha transformado en un indicador operativo decisivo, donde unos pocos milisegundos marcan la diferencia entre un proceso fluido y un fallo costoso, siendo un requisito de supervivencia para sectores sensibles como la telemedicina y las fintech.

Expertos señalan que el error estructural radica en gestionar la conectividad como una factura de servicios públicos más, en lugar de tratarla como un activo estratégico. Mientras las conexiones de “mejor esfuerzo” acumulan sobrecostos y microcortes invisibles, la implementación de fibra óptica dedicada y gestión inteligente se perfila como el único seguro viable contra el estancamiento digital, obligando a las compañías a integrar la estabilidad de la red dentro de sus políticas de gestión de riesgos corporativos.

El Ministerio de Minas y Energía, en articulación con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), ha oficializado el nuevo Plan de Expansión de Transmisión con vigencia 2024–2038, una hoja de ruta diseñada para robustecer la capacidad de generación y transporte de energía en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Esta iniciativa estratégica contempla la ejecución prioritaria de seis grandes obras de infraestructura eléctrica, las cuales deberán desarrollarse a través de convocatorias públicas o ampliaciones directas del sistema existente para garantizar la confiabilidad del suministro a largo plazo.

Según Portafolio, el cronograma de ejecución inicia con la adecuación de bahías en la subestación Sahagún a 500 kilovatios (kV) para diciembre de 2027, seguida por la subestación Carlosama en 2029, la cual es clave para el seccionamiento de líneas fronterizas. El documento detalla proyectos estructurales para 2030 como la interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño, que incluye las nuevas subestaciones Lagunas y Guárcama a 220 kV, y la subestación Macana con reconfiguración de enlaces; para abril de 2031 se proyecta la entrada de la subestación Corzo, fundamental para la red de occidente.

El proyecto de mayor horizonte temporal es la subestación Amanecer, cuya entrada en operación está prevista para diciembre de 2032 y requerirá la instalación de reactores de 120 MVAr (potencia reactiva)  y transformadores de alta potencia para conectarse al circuito Virginia-Nueva Esperanza. Estas inversiones en tecnología de interruptor y medio, así como en bancos de autotransformadores, son esenciales para reconfigurar los circuitos regionales y asegurar la estabilidad de voltaje necesaria para soportar la creciente demanda energética del país durante la próxima década.