El sistema eléctrico colombiano intensificó el uso de combustibles fósiles para la generación térmica durante los primeros cinco meses del año, en respuesta a la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instale en el territorio nacional antes de finalizar julio. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima en 82,0% la probabilidad de ocurrencia del evento climático, escenario que ha llevado a las plantas termoeléctricas a reforzar su operación con el propósito de preservar los niveles de los embalses y garantizar la confiabilidad del suministro. El consumo de carbón registró un incremento del 47,9%, mientras que el de gas natural aumentó un 65,1% frente a periodos previos, evidenciando el papel cada vez más relevante de la generación térmica como pilar de respaldo ante la reducción esperada de la disponibilidad hídrica. Esta dinámica se acentuó a partir del 10 de mayo, cuando comenzó a observarse un alza sostenida en la quema de combustibles destinados a compensar la menor producción de las centrales hidroeléctricas, fuente que aporta cerca del 77,0% de la electricidad nacional en condiciones normales.

Según el diario La República, las cifras del operador del mercado eléctrico XM muestran que las plantas térmicas acumularon un consumo de 43 millones de unidades térmicas británicas (Mbtu) en lo corrido del año. De ese total, 18,8 millones de Mbtu correspondieron a carbón, 17,0 millones a gas importado y 6,8 millones a gas nacional. En términos de participación, el carbón concentró la mayor proporción con un 43,9%, seguido del gas importado con un 39,6% y del gas nacional con un 15,81%. Pese al mayor consumo, el nivel de los embalses para generación eléctrica se ubicó en 66,4%, apenas por encima del promedio histórico del 65,7% y todavía distante de la meta técnica del 80,0% que los analistas consideran necesaria para enfrentar el verano energético previsto entre diciembre y abril. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió que la principal limitación del carbón no radica en la disponibilidad del recurso, sino en factores logísticos y operativos derivados del cierre de minas en el contexto actual del sector minero.

El robustecimiento del parque térmico enfrenta tensiones estructurales que condicionan su capacidad de respaldo durante un eventual período seco prolongado. Aún persisten desafíos asociados al cierre de minas, a nuevos impuestos y regulaciones que afectan la competitividad, a menor demanda en mercados tradicionales, a problemas de orden público y a la prohibición de exportaciones a Israel. En el caso del gas natural, la situación resulta más apremiante, dado que Colombia dejó de ser autosuficiente en 2024, con una caída de la producción del 17,1% durante 2025, lo que ha obligado a recurrir crecientemente a importaciones más costosas. Según estimaciones gremiales, las plantas térmicas pueden abastecer hasta el 55,0% del consumo eléctrico nacional, consolidándose como un componente indispensable del esquema de confiabilidad. Frente a este panorama, las asociaciones Acolgen y Andeg advirtieron que el mayor uso de generación térmica con gas importado podría traducirse en aumentos moderados en las tarifas de energía durante los próximos meses, presionando el presupuesto de los hogares y la competitividad del aparato productivo nacional.

Para Sectorial, el incremento del 47,9% en el consumo de carbón y del 65,1% en el de gas refleja la transición del parque térmico desde un rol de respaldo hacia un papel protagónico en la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Esta dependencia creciente expone tres vulnerabilidades simultáneas: la limitación logística para movilizar el carbón disponible, la pérdida de autosuficiencia en gas natural que encarece el respaldo, y la presión tarifaria derivada del mayor costo de los combustibles importados. El nivel de embalses en 66,4%, distante del óptimo del 80,0%, configura un margen de maniobra estrecho frente a un evento climático que podría intensificarse durante el segundo semestre. La capacidad de las térmicas para cubrir hasta el 55,0% de la demanda nacional resulta insuficiente si la hidrología se deteriora de forma severa, lo que subraya la urgencia de diversificar la matriz y resolver los cuellos de botella del suministro de gas. Para los hogares y la industria, el escenario anticipa incrementos tarifarios moderados pero sostenidos, mientras que para los generadores térmicos representa una oportunidad de ingresos condicionada a la estabilidad financiera del sector y a la resolución de las deudas acumuladas en la cadena de pagos.

Para conocer en mayor profundidad el comportamiento del consumo de combustibles, la confiabilidad del parque térmico y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios mayoristas y las tarifas finales, así como las variables financieras, regulatorias y comerciales que condicionan la operación de generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los foros sectoriales especializados en energía. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, generadores y entidades reguladoras del sector.

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El comercio exterior de edulcorantes y subproductos derivados de la molienda de la caña en Colombia muestra una transformación en el inicio del 2026, revirtiendo la tendencia de contracción observada durante la vigencia anual previa. Según las cifras consolidadas de la balanza comercial agroindustrial, el volumen total de las importaciones de azúcar reportó un incremento del 41,5% durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, en comparación directa con el mismo trimestre del año anterior.

Este aumento en las toneladas métricas ingresadas al territorio nacional viene acompañado de una expansión del 28,2% en el valor total CIF medido en miles de dólares. Este comportamiento técnico contrasta con la dinámica registrada a lo largo del 2025, periodo en el cual las compras externas del dulce sufrieron una caída acumulada del -42,1% en términos de valor monetario y una reducción del -36,4% en el volumen bruto despachado. La aceleración actual de los envíos hacia los centros de consumo colombianos está vinculada con un descenso sostenido en las cotizaciones internacionales de la materia prima, reflejado en una reducción del -9,4% en el precio unitario por tonelada durante el primer trimestre del año en curso, lo que prolonga la corrección de precios del -8,9% experimentada durante el año 2025.

De acuerdo con la información económica divulgada por el diario El Tiempo y los registros estadísticos aduaneros analizados en el reporte EXIM de Sectorial, el abastecimiento de azúcar importado en Colombia mantiene una alta concentración en los socios comerciales de la región americana. El principal proveedor del mercado colombiano es Bolivia, origen que concentra el 56,2% de la participación total de las importaciones de este producto, seguido por Perú con una cuota del 34,8% del mercado, mientras que el resto se distribuye entre oferentes de Guatemala con una porción del 4,7%, Brasil, Honduras, Estados Unidos de América, Ecuador y Canadá.

Los análisis gremiales procesados por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) confirman que el mercado colombiano se ha consolidado como un destino prioritario para el superávit agroindustrial boliviano, al punto que Colombia recibe de forma directa el 62,0% de todo el azúcar que Bolivia exporta hacia el mundo. Esta relación comercial fluida se ve facilitada por las ventajas arancelarias vigentes en los acuerdos de integración regional, que eximen de gravámenes de importación a estos flujos de bienes dentro del bloque andino.

Por otro lado, la reducción continua del -9,4% en el precio unitario del azúcar importado funciona como un factor de alivio financiero para las organizaciones, permitiendo mitigar el incremento generalizado en los costos de los servicios públicos, el transporte por carretera y las cargas laborales fijas en el país.

Desde Sectorial, el repunte del 41,5% en el volumen de importaciones de azúcar durante el primer trimestre de 2026 devela un cambio de estrategia de abastecimiento por parte de la industria transformadora de alimentos y bebidas en Colombia. La caída consecutiva en los precios unitarios internacionales, reflejada en el ajuste del -9,4% en el arranque del año, ha generado un arbitraje de costos favorable para que los grandes jugadores utilicen el producto extranjero en lugar de depender exclusivamente de la oferta local.

Por otro lado, la concentración del 56,2% de las compras en el origen boliviano expone una complementariedad comercial andina que ejerce presión directa sobre los productores de caña tradicionales del Valle del Cauca. En los trimestres restantes de 2026, Sectorial prevé que la estabilidad de este canal importador dependerá de la evolución de las salvaguardias regulatorias que supervise Asocaña y de la reactivación de la molienda local en los ingenios azucareros del país.

Para conocer detalladamente las variaciones comerciales de las materias primas agroindustriales, las tendencias en las estructuras de costos de la industria de alimentos y bebidas, y los análisis mensuales de comercio exterior en el mercado colombiano, consulte nuestro reporte de comercio exterior y revise nuestros informes sectoriales, herramientas diseñadas para la toma de decisiones estratégicas de su organización.

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¿Qué pasaría si les dijera que una sola decisión técnica, tomada en junio de 2025, sumó 125 millones de personas a las estadísticas de pobreza del mundo en un solo día? Hoy, uno de cada diez seres humanos vive con menos de tres dólares al día. Pero esa cifra esconde algo más complejo de lo que parece.

El Banco Mundial subió la línea con la que mide la pobreza extrema, y de un día para otro, 125 millones de personas pasaron a contarse dentro de la estadística. El punto clave es este: ser pobre no es un hecho que simplemente se observa, es un umbral que se define. Y según dónde se coloque ese umbral, el número de pobres del planeta cambia por cientos de millones. Hoy vamos a explicar, qué significa realmente la pobreza, por qué existen distintos niveles para medirla y por qué el ingreso diario es solo una parte del problema. Porque mientras 808 millones de personas viven en pobreza extrema por ingresos, otra medición distinta cuenta 1.100 millones de pobres en el mundo. ¿Cómo pueden coexistir dos cifras tan diferentes? La respuesta empieza por una pregunta básica que casi nadie se hace.

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¿Qué significa realmente ser pobre?

La palabra pobreza se usa a diario, pero definirla con precisión es más difícil de lo que parece. En el sentido más amplio, la pobreza es una situación de privación: la imposibilidad de cubrir un conjunto de necesidades consideradas básicas para vivir con dignidad. El problema es que esa definición abre de inmediato dos preguntas. ¿Qué cuenta como necesidad básica? ¿Y cuánto dinero, o cuántos recursos, hacen falta para cubrirla?

Para resolver esto, los organismos internacionales no usan una sola definición, sino varias herramientas de medición que conviven entre sí. La más conocida mide la pobreza a través del dinero: cuánto ingresa o cuánto consume una persona en un día. Otra herramienta mira directamente las condiciones de vida: si la vivienda tiene agua potable, si los niños asisten a la escuela, si el hogar cocina con combustibles seguros. Cada método ofrece una fotografía parcial. Y cuando se combinan, revelan que la pobreza no es un estado único, sino una escala con varios niveles de gravedad.

La pobreza monetaria: la línea de los tres dólares

La forma más difundida de medir la pobreza es la línea internacional de pobreza, un umbral de ingreso o consumo diario por persona. En junio de 2025, el Banco Mundial actualizó ese umbral y fijó la pobreza extrema en 3,00 dólares diarios, medidos en paridad de poder adquisitivo de 2021 que es una medida de la cantidad de moneda local necesaria en cada país para adquirir bienes y servicios del mismo valor. Quien vive con menos de esa cantidad se considera en pobreza extrema. El límite anterior era de 2,15 dólares, y el simple ajuste de la cifra explica por qué 125 millones de personas entraron de golpe en la estadística: el conteo pasó de 713 millones para 2022 a 838 millones de personas, sin que la realidad material cambiara ese día.

Pero la pobreza extrema es solo el escalón más bajo. El Banco Mundial maneja también una línea de 4,20 dólares diarios, típica de los países de ingreso medio-bajo, y otra de 8,30 dólares, propia de los países de ingreso medio-alto. Estas líneas funcionan como una escalera. Y los números son contundentes: casi una de cada cinco personas en el mundo vive con menos de 4,20 dólares al día, y cerca de la mitad de la población mundial sobrevive con menos de 8,30 dólares diarios.

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Para 2025, las estimaciones ubican la pobreza extrema mundial en torno a 808 millones de personas, alrededor del 9,9% de la humanidad. La cifra ha bajado a lo largo de las décadas, pero el avance se concentra de forma desigual. Más de tres cuartas partes de las personas en pobreza extrema viven hoy en África subsahariana o en países afectados por conflictos. Mientras una región reduce la pobreza, otra la acumula.

Pobreza absoluta y pobreza relativa: dos formas de contar

Existe una distinción conceptual que ayuda a entender por qué las cifras varían tanto entre países. La pobreza absoluta se mide contra un umbral fijo: el costo de un conjunto mínimo de bienes y servicios indispensables, como alimentación, vivienda y salud. Ese umbral no cambia porque el resto de la sociedad se enriquezca. La línea de los 3,00 dólares diarios es un ejemplo de medición absoluta, y es la que se utiliza para comparar la pobreza extrema entre los países más pobres del mundo.

La pobreza relativa funciona de otra manera. En lugar de un umbral fijo, se define en relación con el nivel de vida promedio de cada sociedad. Por lo general, se considera en pobreza relativa a quien vive con un ingreso muy por debajo de la mediana de su país. Bajo este criterio, una persona puede no estar en pobreza extrema, pero sí quedar excluida de las condiciones de vida normales de su entorno. Este enfoque, usado con frecuencia en países de altos ingresos, mide menos la supervivencia y más la desigualdad y la exclusión social. Por eso un país puede tener pobreza absoluta casi nula y, al mismo tiempo, una pobreza relativa significativa.

Más allá del ingreso: la pobreza multidimensional

Medir la pobreza solo por el dinero deja un punto ciego. Una familia puede superar la línea de los 3,00 dólares y, aun así, no tener acceso a agua potable, electricidad o educación. Para capturar esa realidad existe el Índice de Pobreza Multidimensional, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford.

Este índice no pregunta cuánto gana una persona, sino qué carencias enfrenta de manera simultánea. Evalúa tres dimensiones del bienestar: salud, educación y nivel de vida, repartidas en diez indicadores concretos, como la nutrición, los años de escolaridad, el acceso a saneamiento, el agua, la electricidad o el tipo de combustible para cocinar. Una persona se considera multidimensionalmente pobre cuando acumula privaciones que superan un tercio de esos indicadores ponderados.

Para entender la pobreza multidimensional, imaginemos un hogar rural en una zona apartada. La familia logra ingresos superiores a los tres dólares diarios por persona, lo que técnicamente la deja fuera de la pobreza extrema monetaria. Sin embargo, cocina con leña dentro de la vivienda, no cuenta con servicio de saneamiento, uno de los hijos abandonó la escuela y otro presenta desnutrición crónica.

Bajo el lente del ingreso, esta familia no aparece como pobre. Bajo el lente multidimensional, acumula privaciones simultáneas en salud, educación y nivel de vida, y queda clasificada como pobre multidimensional aguda. El caso contrario también ocurre: un hogar urbano con ingresos por debajo del umbral, pero con acceso a agua potable, electricidad, escuela cercana y atención médica, puede aparecer como pobre monetario sin serlo en términos multidimensionales. Por eso ambas mediciones son complementarias, no sustitutas, y suelen usarse en conjunto.

Los resultados de 2025 muestran la otra cara de la pobreza. De 6.300 millones de personas analizadas en 109 países, 1.100 millones viven en pobreza multidimensional aguda, es decir, el 18,3% de esa población. Más de la mitad de esas personas son niños. Y un dato adicional dimensiona el problema: cerca del 80% de la población en pobreza multidimensional, unos 887 millones de personas, está expuesta a riesgos climáticos como olas de calor extremo, inundaciones, sequías o contaminación del aire. La pobreza dejó de analizarse como un problema aislado de ingresos para entenderse como una red de carencias conectadas entre sí.

La pobreza en américa latina: una radiografía regional

La región permite ver cómo estos conceptos se traducen en cifras cercanas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2024 el 25,5% de la población latinoamericana, unos 162 millones de personas, vivía en situación de pobreza por ingresos. Es el nivel más bajo desde que existen datos comparables. De ese total, 62 millones de personas, el 9,8% de la población, se encontraban en pobreza extrema.

Cuando se cambia el lente y se mide la pobreza multidimensional, la fotografía se amplía: esta forma de pobreza alcanza al 27,4% de la población regional. Las diferencias entre países son profundas. En naciones como Guatemala y El Salvador la incidencia supera el 50%, mientras que en Chile, Uruguay y Costa Rica se ubica por debajo del 6%. Una misma región contiene realidades opuestas, y el promedio regional oculta esas brechas internas tanto como las revela.

Si quieren profundizar en cómo las desigualdades económicas afectan el desarrollo de América Latina, pueden ver este video relacionado de Economía y Desarrollo: El problema que América Latina no resolvió: menos pobreza, la misma desigualdad

Por qué medir bien la pobreza sí importa

Podría parecer que estas distinciones son un asunto estadístico sin consecuencias prácticas, pero ocurre lo contrario. La forma de medir la pobreza determina quién recibe ayuda y quién queda fuera de los programas sociales. Si un gobierno solo mide ingresos, puede ignorar a hogares con carencias graves de vivienda o salud. Si solo mira el promedio nacional, puede pasar por alto regiones enteras rezagadas.

El cambio de línea de 2025 hizo que 125 millones de personas se sumen a las estadísticas por una actualización metodológica y no es un detalle menor: afecta la percepción del progreso global, la asignación de recursos internacionales y la urgencia con la que se diseñan las políticas. Por eso conviven varias mediciones complementarias. Ninguna es perfecta por sí sola, y la combinación de todas ofrece la imagen más fiel de un fenómeno que es, al mismo tiempo, económico, social y ambiental.

Las preguntas que deja la pobreza

Entender la pobreza obliga a aceptar que no existe un único número verdadero, sino varias formas legítimas de contarla. La línea de los tres dólares mide la supervivencia básica; la pobreza relativa mide la exclusión dentro de cada sociedad; y la medición multidimensional revela las carencias que el dinero no logra mostrar. Cada herramienta responde una pregunta distinta, y por eso las cifras nunca coinciden del todo.

Esto deja varias preguntas abiertas para la reflexión. Si el umbral de la pobreza es una decisión humana y no un hecho natural, ¿quién debería tener la autoridad de fijarlo? ¿Es suficiente sacar a una persona de la pobreza extrema por ingresos si sigue sin acceso a agua, salud o educación? ¿Y tiene sentido hablar de progreso global cuando ese progreso se concentra en unas regiones mientras otras retroceden? Quizá la pregunta de fondo no sea cuántos pobres hay en el mundo, sino qué estamos dispuestos a aceptar como un mínimo digno para cualquier ser humano.

Detrás de cada cifra que vimos hoy hay una vida concreta: un niño que no fue a la escuela, una familia que cocina sin combustible seguro, un hogar que sobrevive con menos de lo que cuesta un café en muchas ciudades. La pobreza no es un número lejano; es la medida de lo que una sociedad decide tolerar. Así que la pregunta te la dejamos a ti: si pudieras definir el umbral mínimo para vivir con dignidad, ¿dónde lo pondrías? Déjanos tu respuesta en los comentarios y debatamos.

Fuentes:

Banco Mundial – Poverty and Inequality Platform.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2024.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El sector de la edificación y las obras civiles en Colombia atraviesa una fase de ajuste estructural dentro de la producción nacional durante el 2026. De acuerdo con los balances agregados sobre la actividad edificadora, el macrosector de la construcción en su conjunto ha disminuido de forma progresiva su peso específico dentro del Producto Interno Bruto (PIB) total del país, situándose actualmente en un 4,1% de la economía colombiana. Esta cifra contrasta con el máximo histórico alcanzado durante el año 2016, periodo en el cual la ejecución constructiva representó el 7,3% del PIB nacional.

A pesar de esta pérdida de dinamismo macroeconómico, el sector es uno de los principales motores de absorción de mano de obra en las áreas urbanas, dando ocupación directa a un total de 1,6 millones de personas, lo que equivale al 6,7% del total de ocupados de la fuerza laboral del país. La ocupación sectorial registró su nivel más alto a finales del año anterior, alcanzando los 1,7 millones de trabajadores, debido a que el volumen de preventas inmobiliarias acumuladas durante el bienio de 2022 y 2023 completó sus fases de preventa e inició la ejecución física de obras en los proyectos habitacionales.

Según los datos y series estadísticas recopiladas en el informe de coyuntura elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de BBVA Research, con base en los registros oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la red de Coordenada Urbana de Camacol, el comportamiento de las obras civiles y las edificaciones  muestra trayectorias divergentes. Por un lado, la infraestructura de transporte y energía registró un crecimiento real cercano al 10,0% al cierre del último año evaluado, impulsado por el avance de obras civiles estratégicas en centrales eléctricas como Hidroituango, la ampliación de complejos mineros y planes viales regionales, lo que llevó el valor total de la producción de obras civiles a una suma consolidada de $31,3 billones medidos a precios de mercado. En la composición interna de la infraestructura vial y de servicios, la construcción de carreteras y ferrocarriles explica el 45,8% del indicador, seguida por las centrales eléctricas con un 9,7% y los desarrollos mineros con un 9,0% del total invertido.

En sentido opuesto, el segmento específico de las edificaciones residenciales experimenta una contracción derivada de las restricciones en la financiación estatal; los subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional se ubicaron en 43.000 coberturas anuales, una cifra que representa exactamente la mitad de los niveles máximos históricos registrados en el año 2021, cuando se asignaron 86.000 ayudas financieras a las familias compradoras.

Las gobernaciones y alcaldías de las principales regiones del país estructuraron planes de desarrollo cuatrienales enfocados en infraestructura vial y obras públicas locales, sumando una inversión regional proyectada de $42,3 billones, donde destacan los aportes presupuestales de Bogotá con $14,8 billones y de Antioquia con $10,0 billones corrientes. En el ámbito privado, las constructoras han reducido gradualmente las exigencias de preventa requeridas para dar inicio físico a las excavaciones. En 2024, el 94,0% de los proyectos exigían tener vendido al menos el 60,0% de sus unidades para arrancar obras, y en 2025 esa proporción bajó: el 81,0% de los proyectos mantuvo esa exigencia de vender el 60,0%. 

Adicionalmente, las compañías inmobiliarias incrementaron el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, reportando una adopción del 70,0% de inteligencia artificial aplicada al servicio al cliente y un 53,0% orientada a procesos de mercadeo y comunicaciones digitales. Esta transformación digital coincide con una modificación demográfica estructural en los compradores, caracterizada por la reducción del tamaño promedio de los hogares colombianos, los cuales pasaron de 3,1 personas por vivienda a un promedio nacional de 2,8 integrantes. Esta tendencia impulsa la diversificación de portafolios hacia usos mixtos y soluciones de rentas cortas para el turismo, un mercado que consolidó 64.284 hospedajes activos en plataformas digitales y una tasa de ocupación del 50,0% en los principales nodos urbanos. Al mismo tiempo, los colombianos no residentes en el país ganaron participación en los segmentos comerciales de precio libre (No-VIS), llegando a representar el 15,6% del volumen de ventas netas totales de las constructoras.

Desde la perspectiva de Sectorial, la reconfiguración de las variables operativas en la construcción evidencia que el sector residencial colombiano transita desde un modelo de crecimiento dependiente de los subsidios del presupuesto nacional hacia un esquema de gestión corporativa basado en la diversificación y la inversión pública descentralizada. El hecho de que la producción de infraestructura civil haya alcanzado los $31,3 billones demuestra que los proyectos públicos de carácter departamental funcionarán como el principal amortiguador contra el ciclo recesivo habitacional. Por otro lado, la adopción de herramientas de inteligencia artificial y la canalización de recursos provenientes de compradores en el exterior serán determinantes para estabilizar la rotación de los inventarios inmobiliarios remanentes en los centros metropolitanos durante los trimestres restantes del año en curso.

Para conocer detalladamente las variaciones financieras de la cadena de valor inmobiliaria, las tendencias de costo de insumos de edificación y las proyecciones de oxigenación de cartera hipotecaria para cada región de Colombia, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y, para estar al día de los proyectos de infraestructura, consulte nuestro radar de inversiones en infraestructura.

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Según el diario El Colombiano, el sector nuclear colombiano genera actualmente cerca de 45.000 empleos y aporta aproximadamente el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a unos $3,6 billones anuales, cifra que podría duplicarse durante los próximos cinco años en caso de aprobarse la Ley Nuclear que cursa en el Congreso de la República. La cooperación técnica entre la OIEA y Colombia experimentó un aumento del 50,0%, pasando de 700.000 euros a aproximadamente 1,3 millones de euros, recursos orientados a proyectos estratégicos en salud, agricultura, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento regulatorio. Adicionalmente, el país sostiene 24 tratados internacionales relacionados con el uso seguro de materiales radiactivos, la seguridad radiológica y la no proliferación nuclear, un soporte institucional considerado fundamental para avanzar bajo estándares internacionales. El Ministerio de Minas y Energía consolidó el Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), mecanismo encargado de coordinar los análisis técnicos, regulatorios e institucionales requeridos por la Fase 1 de la metodología establecida por la OIEA para evaluar la viabilidad de incorporar energía nuclear al sistema eléctrico nacional.

La hoja de ruta presentada en Viena por el Ministerio de Minas y Energía plantea una secuencia estructurada en tres horizontes temporales. En el corto plazo, la prioridad consiste en consolidar el marco regulatorio mediante la aprobación de la Ley Nuclear, iniciativa actualmente en la Comisión Primera del Senado y a dos debates de convertirse en norma. En el mediano plazo, el énfasis se concentrará en el fortalecimiento de las capacidades académicas y técnicas, incluyendo programas universitarios especializados en ciencias e ingenierías nucleares y alianzas formativas con instituciones internacionales. En el largo plazo, el horizonte planteado señala el 2038 como posible ingreso de la nucleoelectricidad a la matriz energética nacional, etapa que requeriría planeación integral, adecuación de infraestructura, evaluación técnica y ambiental, así como identificación de aliados estratégicos con experiencia comprobada en operación de reactores.

Adicionalmente, el acuerdo contempla aplicaciones complementarias en oncología, irradiación de alimentos, desalinización y control de plagas agrícolas. El proceso enfrenta como principal obstáculo la incertidumbre legislativa, dado que el trámite congresional quedó frenado tras la suspensión de sesiones, situación que podría retrasar la implementación efectiva del marco institucional requerido para avanzar hacia las siguientes fases del programa.

Colombia avanza en la estructuración formal de una hoja de ruta para evaluar la incorporación de la energía nuclear dentro de su matriz energética, en un contexto marcado por la creciente vulnerabilidad del sistema eléctrico ante fenómenos climáticos como El Niño y por la dependencia estructural de la generación hidroeléctrica, fuente que aporta cerca del 70,0% del suministro nacional en condiciones normales. El proceso quedó respaldado por el Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de febrero de 2026 en Cartagena entre el Ministerio de Minas y Energía y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instrumento con una vigencia de cinco años, sin afectación presupuestal inmediata para las partes, que establece un marco de cooperación técnica en planificación energética, desarrollo de infraestructura nuclear, intercambio de información y evaluación de tecnologías como los pequeños reactores modulares. La iniciativa se inscribe dentro del Plan Energético Nacional 2022-2052 y busca diversificar las fuentes firmes de generación, reducir la huella de carbono y fortalecer la confiabilidad operativa del Sistema Interconectado Nacional ante escenarios climáticos adversos.

Para Sectorial, la incorporación gradual de la energía nuclear a la matriz energética nacional representa una alternativa estratégica para abordar la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico colombiano, especialmente frente a la recurrencia de fenómenos como El Niño y al retraso sostenido en la incorporación de nueva capacidad firme de generación y los retrasos históricos en proyectos de transmisión eléctrica. La cooperación técnica del OIEA, valorada en 1,3 millones de euros, aporta el respaldo institucional necesario para avanzar bajo estándares internacionales sin comprometer recursos fiscales inmediatos. Sin embargo, la materialización del horizonte planteado para 2038 dependerá críticamente de tres factores: la aprobación oportuna de la Ley Nuclear, la consolidación de capacidades técnicas y científicas locales, y la disponibilidad de financiación de largo plazo bajo esquemas público-privados sostenibles. Las aplicaciones complementarias en salud, agricultura y desalinización abren oportunidades de inversión paralelas, con potencial de generar encadenamientos productivos significativos. La duplicación proyectada del aporte económico sectorial, de $3,6 billones a cerca de $7,2 billones en cinco años, configura un escenario atractivo para inversionistas estratégicos, siempre que la incertidumbre regulatoria y política logre resolverse durante los próximos ciclos legislativos.

Para conocer en mayor profundidad los impactos de la diversificación de la matriz energética sobre la confiabilidad operativa, los precios mayoristas y las oportunidades de inversión derivadas de la incorporación de nuevas tecnologías de generación firme, así como las variables financieras, regulatorias y comerciales que condicionan el desarrollo del sector eléctrico colombiano, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los foros sectoriales especializados en energía. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, generadores, comercializadores y entidades reguladoras del sector.

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Wednesday, 27 May 2026 12:52

Penetración de seguros fue el 3,3 % en 2025

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En 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector financiero y asegurador creció 2,8% frente a 2024, alcanzando $53,1 billones de pesos. La actividad aseguradora cerró el año con primas emitidas por $61,0 billones, un aumento anual del 8,7%, mientras los siniestros liquidados ascendieron a $26,4 billones (6,3%). Para el primer trimestre de 2026, las primas continuaron creciendo (4,5%), mientras los siniestros liquidados se redujeron 36,3% frente a igual periodo del año anterior, mejorando los resultados técnicos del sector.

La penetración de los seguros se ubicó en 3,3% del PIB en 2025, manteniéndose en niveles similares a los observados desde 2022. Por su parte, el sector enfrenta retos estructurales como la baja cobertura voluntaria en motocicletas (97,0% sin seguro voluntario), el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado de rentas vitalicias y los riesgos catastróficos: solo 5,0% de los hogares en Antioquia están asegurados contra estos eventos. Al mismo tiempo, la digitalización avanza: la compra de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en plataformas digitales superó las 500.000 pólizas en Mercado Libre. La inteligencia artificial se perfila como un factor clave de competitividad para el sector en la región.

El sector eléctrico colombiano enfrenta un panorama de dificultad operativa ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del 2026. Los más recientes pronósticos climáticos sitúan en 90,0% la probabilidad de que el evento se dé a partir de septiembre de 2026, manteniendo su intensidad durante el último trimestre del calendario. Dicho escenario coincide con un comportamiento atípico en los aportes hídricos del Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya que durante mayo de 2026 los caudales de los afluentes que abastecen los principales embalses del país descendieron al 53,9% del promedio histórico. Tal reducción compromete seriamente la capacidad de generación hidráulica, una fuente que actualmente soporta cerca del 70,0% de la matriz energética nacional y cuya estabilidad resulta determinante para la confiabilidad operativa, los precios spot de la electricidad y la cobertura del consumo residencial e industrial durante los meses de mayor demanda térmica.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), entre los meses de mayo y julio del año en curso existe una probabilidad del 61,0% de que se establezcan condiciones de El Niño, cifra que asciende progresivamente hasta superar el 90,0% en el último trimestre. Voceros oficiales advierten que el océano Pacífico podría calentarse hasta 2,0 °C por encima del promedio habitual, configurando un evento de intensidad moderada a fuerte.

EPM informó que el nivel agregado de los embalses de energía nacionales se ubica en 64,8%, mientras que sus propios reservorios alcanzan el 82,6% al corte del 19 de mayo de 2026. Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció como meta técnica que los reservorios deben superar el 80,0% desde julio hasta noviembre, con el propósito de garantizar la confiabilidad del SIN durante el periodo crítico. Los analistas del sector indican una preocupación adicional relacionada con la limitada incorporación de nueva capacidad de generación, considerando que entre los años 2020 y 2026 únicamente se han integrado al sistema 4.729 megavatios, equivalentes al 16,7% de los más de 28.000 megavatios proyectados durante el periodo de referencia.

La brecha acumulada entre la planeación energética y la ejecución efectiva alcanza los 22.263 megavatios durante los últimos seis años, evidenciando un desacople estructural que limita la respuesta del sistema ante contingencias climáticas. En lo corrido de 2026, han ingresado al sistema únicamente 259 megavatios de los 4.475 megavatios esperados, equivalentes a un avance del 5,8%. Asimismo, las generadoras térmicas que respaldarían el suministro durante períodos de baja hidrología enfrentan presiones financieras significativas, derivadas de las deudas acumuladas con comercializadoras como Air-e y de la necesidad creciente de importar gas natural ante la caída de las reservas locales. La probabilidad de déficit en el suministro de gas para el año 2026 se estima en 53,0%, escalando hasta el 69,0% durante 2027 bajo escenarios más pesimistas. Frente a este complejo panorama, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el operador del mercado eléctrico XM han iniciado mesas técnicas con el propósito de revisar planes de contingencia, evaluar mecanismos de respaldo firme y monitorear posibles efectos sobre las tarifas finales al usuario. Las regiones Caribe, Andina y Pacífica figuran entre las más vulnerables ante un eventual racionamiento, escenario con implicaciones directas sobre cultivos estratégicos como yuca, palma de aceite, café, arroz, maíz y papa, así como sobre la cadena agroindustrial y la inflación de los alimentos durante el segundo semestre del año.

Desde Sectorial se analiza que la eventual materialización del fenómeno de El Niño en su escenario más severo configuraría una coyuntura compleja para la economía colombiana, agravada por la coincidencia entre la fragilidad hidrológica actual y el retraso sostenido en la incorporación de nueva oferta firme y el desbalance financiero que enfrentan las empresas generadoras. Las estimaciones gremiales sugieren que un eventual racionamiento eléctrico podría restar hasta 1,5 puntos al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), considerando los efectos directos sobre el empleo formal, la productividad industrial y el consumo de los hogares. La carga financiera del sector, estimada en aproximadamente $9,2 billones, limita la capacidad efectiva de inversión justo cuando se requiere acelerar proyectos prioritarios, transmisión y generación de respaldo. La diversificación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, si bien resulta estratégica en el largo plazo, presenta limitaciones operativas en términos de respaldo firme durante períodos de bajo caudal hídrico. Por lo tanto, las decisiones regulatorias y los incentivos contractuales que se adopten durante el próximo semestre serán determinantes para preservar la confiabilidad del servicio y mitigar afectaciones de magnitud comparable a las registradas durante el episodio de racionamiento de 1992 y 1993.

Para conocer en mayor profundidad cómo el fenómeno de El Niño y la coyuntura energética nacional impactarán los precios mayoristas, la oferta firme y la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, así como las variables financieras, normativas y comerciales que condicionan la viabilidad de las empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras, consulte la Actualidad informativa sectorial y el Índice de Desempeño Sectorial especializados en energía. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, proveedores y reguladores del sector.

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sostenida de valorización, aunque con señales de desaceleración respecto al ritmo registrado durante el ciclo anterior. El Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) reportó una variación trimestral del 2,8% al cierre del primer trimestre, cifra inferior al 3,5% observado en el mismo periodo del año anterior. En términos anuales, los precios crecieron un 8,5%, evidenciando una moderación de 1,46 puntos porcentuales frente al 9,93% acumulado un año atrás. El comportamiento general del indicador refleja un mercado en transición, donde la valorización persiste, pero a un ritmo menos acelerado que el observado tras la pandemia, en línea con la estabilización gradual de los costos de construcción, la reducción progresiva de las tasas de interés y una demanda más cautelosa por parte de los hogares colombianos.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), once áreas urbanas registraron variaciones trimestrales por encima del promedio nacional. Cali encabezó el listado con un incremento del 5,49%, seguida por Pereira con un 4,9% y Pasto con un 4,5%. En contraste, Cúcuta registró el menor crecimiento trimestral del país con apenas un 1,5%, mientras Bogotá se ubicó por debajo del promedio nacional con un 2,5%. En la comparación anual, Pasto se posicionó como la ciudad con mayor encarecimiento de vivienda nueva al alcanzar una variación del 19,6%, mientras Popayán fue la única área evaluada con caída en los precios, registrando un retroceso del -0,9%. Las casas presentaron una valorización trimestral del 3,2%, superior al 2,8% de los apartamentos, configurando una dinámica diferenciada entre los segmentos del mercado. A nivel socioeconómico, los estratos bajos en Cali experimentaron una variación anual del 18,6%, en Armenia del 5,8% y en Bogotá del 3,2%, evidenciando una presión más acentuada sobre los segmentos de menores ingresos.

Durante el primer trimestre del año en curso, la comercialización de vivienda nueva alcanzó cerca de 39.000 unidades a nivel nacional, registrando una contracción del 6,1% frente al mismo periodo de 2025, mientras los lanzamientos de proyectos cayeron un 9,4%. Bogotá mantuvo su posición como principal mercado del país con 11.847 unidades vendidas a marzo, equivalentes a un crecimiento del 10,7%. Por su parte, municipios cercanos a las grandes capitales como Soacha y Chía registraron expansiones del 23,0% y del 16,1% respectivamente, mientras ciudades como Cali, Medellín y Santa Marta evidenciaron contracciones del -32,8%, -15,5% y -15,9%. En materia de financiación, el DANE informó que los créditos otorgados para adquisición de vivienda sumaron $3,03 billones a precios constantes, con un incremento anual del 4,8%. La vivienda de interés social (VIS) concentró el 48,1% del valor total desembolsado y el 70,2% del número de créditos otorgados, financiando 30.567 unidades, de las cuales 25.291 correspondieron a vivienda nueva y 5.276 a usada. Los desembolsos del Fondo Nacional del Ahorro presentaron un retroceso del 39,1%, contrastando con el incremento del 8,5% reportado por los establecimientos de crédito.

Para Sectorial el comportamiento reciente del IPVN configura un mercado de vivienda nueva con dinámicas regionales y socioeconómicas crecientemente heterogéneas. Si bien el ritmo agregado de valorización muestra signos de moderación, la presión sobre los estratos bajos en ciudades como Cali, con incrementos cercanos al 18,6% anual, representa un reto estructural para la política habitacional y el acceso a la vivienda formal. La concentración del 70,2% de los créditos en el segmento VIS confirma su rol como eje articulador de la demanda efectiva, aunque la caída del 39,1% en los desembolsos del Fondo Nacional del Ahorro y la suspensión de programas nacionales de subsidio limitan la capacidad de respuesta para los hogares de menores ingresos. Adicionalmente, la contracción del 6,1% en la comercialización y del 9,4% en los lanzamientos sugiere un ajuste de oferta que podría sostener la presión sobre los precios hacia los próximos trimestres. La consolidación de mercados intermedios como Pasto, Pereira y Armenia, junto con el dinamismo de municipios conurbados como Soacha y Chía, redefine progresivamente el mapa de oportunidades para constructoras, inversionistas inmobiliarios y entidades financieras del país.

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Un primer ministro del Reino Unido duró apenas 45 días en el cargo y, en menos de una década, el país ha tenido seis jefes de gobierno distintos. Ahora, en mayo de 2026, el séptimo enfrenta una presión creciente dentro de su propio partido. La pregunta ya no es únicamente qué tan impopular puede volverse un líder británico, sino por qué el sistema político del Reino Unido parece incapaz de sostener liderazgos estables.

El detonante más reciente fueron las elecciones locales del 8 de mayo de 2026. El Partido Laborista de Keir Starmer perdió cerca de 1.500 concejales y 38 municipios, mientras Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, ganó más de 1.400 escaños y tomó control de 14 municipios por primera vez. La derrota abrió inmediatamente tensiones internas dentro del laborismo, donde algunos parlamentarios comenzaron a pedir un calendario para la salida de Starmer.

Pero esta crisis no empezó con Starmer. Desde 2016, el Reino Unido ha pasado por David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y ahora Keir Starmer. La rotación no es casualidad. Es consecuencia directa del sistema de Westminster.

Para entender a Reino Unido, hay que entender su inmigración y cómo se ha convertido en uno de los temas más sensibles y determinantes para su política, economía e identidad cultural. Si quieren profundizar en cómo este fenómeno transformó el debate público británico en los últimos años, pueden ver este análisis de Economía y Desarrollo.

El sistema de Westminster: estabilidad institucional, fragilidad política

El Reino Unido funciona bajo una monarquía constitucional parlamentaria. Formalmente, el jefe de Estado es el rey Carlos III, pero el poder ejecutivo real está en manos del primer ministro y su gabinete. La clave está en que el primer ministro no es elegido directamente por los ciudadanos, sino que depende permanentemente del respaldo de su partido y de la Cámara de los Comunes.

A diferencia de un sistema presidencial como el de Estados Unidos, Brasil o México, donde el presidente tiene un mandato fijo, en el Reino Unido un líder puede caer en cuestión de días si pierde el apoyo parlamentario. Esa es la gran fortaleza y la gran debilidad del modelo.

Por un lado, el sistema permite reaccionar rápidamente frente a gobiernos fallidos. No se necesitan largos procesos de destitución ni años de parálisis institucional. Pero, por otro lado, convierte a cada primer ministro en rehén de las facciones internas de su propio partido.

Seis primeros ministros en menos de diez años

La inestabilidad británica moderna comenzó con David Cameron. En 2016 convocó el referéndum del Brexit convencido de que ganaría la permanencia en la Unión Europea. Perdió. Y renunció al día siguiente.

Theresa May heredó entonces una tarea casi imposible: ejecutar el Brexit sin destruir la economía británica ni comprometer el acuerdo de paz en Irlanda del Norte. Su acuerdo de salida fue rechazado tres veces por el Parlamento. Aunque sobrevivió a una moción interna de confianza, quedó políticamente destruida y terminó renunciando.

Luego llegó Boris Johnson, quien consiguió una mayoría histórica en 2019. Sin embargo, los escándalos de Partygate y la renuncia masiva de ministros terminaron derrumbándolo. En apenas 24 horas, más de 60 miembros de su gobierno abandonaron sus cargos.

Después apareció Liz Truss, cuyo gobierno duró solo 45 días. Su famoso “mini presupuesto”, basado en recortes fiscales sin financiación clara, provocó un colapso de confianza en los mercados financieros. La libra esterlina cayó con fuerza, las tasas hipotecarias se dispararon y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de emergencia.

Rishi Sunak logró estabilizar parcialmente los mercados, pero heredó un Partido Conservador dividido y profundamente desgastado. En las elecciones generales de 2024, los conservadores sufrieron una derrota histórica y Keir Starmer llegó al poder con una mayoría parlamentaria enorme. Sin embargo, menos de dos años después, ya enfrenta cuestionamientos internos.

El Brexit dejó una fractura permanente

Gran parte de esta volatilidad tiene un origen común: el Brexit.

El referéndum de 2016 no solo dividió al electorado británico. También fracturó a los partidos tradicionales, debilitó las lealtades políticas históricas y abrió espacio para nuevas fuerzas populistas y nacionalistas.

Hoy el sistema de partidos británico es mucho más fragmentado que hace treinta años. Conservadores y laboristas ya no concentran el mismo nivel de apoyo electoral, mientras crecen partidos como Reform UK, los Liberal Demócratas, los Verdes y el Partido Nacional Escocés.

Ese fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. La fragmentación política también aparece en Europa, América Latina y Estados Unidos, donde las redes sociales y la polarización aceleran el desgaste de los liderazgos tradicionales.

Si quieren entender cómo las tensiones geopolíticas y económicas han transformado las democracias occidentales, también pueden ver este análisis del canal Economía y Desarrollo sobre el Brexit y sus efectos económicos.

Lo bueno y lo malo del parlamentarismo

El sistema parlamentario británico sigue teniendo ventajas importantes. La principal es la capacidad de adaptación rápida. Cuando un gobierno pierde legitimidad o capacidad de gestión, puede ser reemplazado sin necesidad de esperar años.

Eso evita bloqueos institucionales largos y permite reaccionar rápidamente ante crisis económicas o políticas.

Pero el costo es evidente: gobernar se vuelve extremadamente difícil cuando cada decisión puede desencadenar una rebelión interna. Los líderes terminan priorizando la supervivencia política de corto plazo sobre reformas estructurales más profundas.

Además, la incertidumbre constante genera dudas para inversionistas, aliados diplomáticos y mercados financieros. Cada cambio de primer ministro implica también cambios de prioridades económicas, fiscales y regulatorias.

El caso de Liz Truss demostró hasta qué punto los mercados pueden castigar rápidamente a un gobierno cuando perciben improvisación o pérdida de control.

¿Puede el Reino Unido recuperar estabilidad?

La situación actual de Keir Starmer refleja un problema más profundo que el desgaste de un líder particular. El Reino Unido enfrenta una pregunta estructural: ¿puede el sistema de Westminster seguir ofreciendo estabilidad política en un entorno global mucho más fragmentado, polarizado y acelerado que el del siglo XX?

La democracia parlamentaria británica fue diseñada en otro contexto histórico, cuando los partidos eran más disciplinados, los medios más lentos y las identidades políticas más estables. Hoy, la presión mediática, la polarización y la fragmentación electoral hacen que sostener liderazgos de largo plazo sea mucho más complejo.

El Reino Unido no está colapsando institucionalmente. Sus instituciones siguen funcionando. Pero sí está mostrando las tensiones de un sistema político que debe adaptarse a una nueva era.

Y esa discusión no solo importa en Londres. También importa en América Latina, Europa y cualquier democracia donde la estabilidad política empieza a depender menos de las constituciones y más de la capacidad de las instituciones para resistir la presión permanente de la polarización y el desgaste social.

Fuentes

Colombia atraviesa un periodo de creciente vigilancia climática ante la inminente convergencia de tres fenómenos meteorológicos anómalos cuyas consecuencias podrían acumularse sobre los territorios, los recursos hídricos y los sectores económicos más sensibles: sequía prolongada, causada por varios meses con lluvias por debajo de lo normal; temperaturas históricamente altas, especialmente en la región Caribe y la llegada anticipada del fenómeno de El Niño, con una probabilidad estimada del 82,0%. El Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ubicaron en 82,0% la probabilidad de que un fenómeno de El Niño se consolide en el país a partir de junio de 2026. La autoridad ambiental advirtió que el escenario podría resultar más complejo que el episodio registrado entre 2023 y 2024, debido a la coincidencia simultánea de meses con lluvias por debajo de lo normal, semanas con temperaturas históricas concentradas en la región Caribe y la posible llegada anticipada del calentamiento del Pacífico ecuatorial. Cabe destacar que la sumatoria de los tres factores plantea riesgos directos sobre la generación eléctrica, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y las metas inflacionarias del país durante la segunda mitad del año.

Según el diario Portafolio, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que los tres procesos anómalos no solo coinciden en el tiempo, sino que sus efectos se retroalimentan, amplificando las presiones sobre las comunidades y las actividades productivas. Por su parte, un informe reciente de Anif advirtió que un episodio fuerte de El Niño podría reactivar las presiones sobre la inflación local, recordando que entre los años 2009 y 2010 los precios de la energía escalaron hasta 18,2% y durante el evento de 2015 y 2016 los alimentos registraron incrementos de hasta 18,9%. Los productos identificados como más vulnerables incluyen la papa, el plátano, las frutas frescas, la zanahoria, el arroz, el maíz, la yuca, la cebolla y la arracacha, debido a su alta dependencia hídrica y la limitada posibilidad de sustitución. El sector pecuario tampoco se encuentra exento, dado que la carne de res, la leche y el pescado podrían sufrir presiones por la escasez de forraje, la reducción de fuentes de agua y las alteraciones en los caudales de los ríos. Adicionalmente, la región Caribe registró temperaturas históricas durante las últimas semanas, mientras que Medellín experimentó en mayo un calor 3,4 grados superior al promedio habitual, según mediciones del Ideam.

Frente a este panorama, el Gobierno Nacional dispuso una estrategia de articulación entre el Ministerio de Ambiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ideam y el Ministerio de Agricultura, con el propósito de socializar pronósticos, fortalecer capacidades territoriales y coordinar la respuesta institucional. La hoja de ruta contempla una reunión virtual nacional con alcaldías para alinear estrategias de prevención, seguida de encuentros regionales presenciales orientados a acompañar la toma de decisiones en los territorios más expuestos. Las autoridades solicitaron a los municipios y gobernaciones disponer de recursos económicos, equipos técnicos y planes de contingencia anticipados, principalmente en cuencas hidrográficas críticas y zonas con alta exposición agropecuaria. Es importante mencionar que el sector eléctrico también permanece en alerta, ya que la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) solicitó activar oportunamente las plantas térmicas para evitar racionamientos similares a los observados durante el último fenómeno climático. La combinación de menor disponibilidad hídrica, mayor demanda eléctrica y caída en la producción agrícola plantea un reto significativo para las metas macroeconómicas trazadas hacia el cierre del 2026, en un contexto donde la inflación nacional ya muestra signos de resistencia a la baja.

Desde Sectorial se considera que la convergencia de tres fenómenos climáticos anómalos representa uno de los mayores riesgos de mediano plazo para la estabilidad económica colombiana, ya que combina presiones simultáneas sobre la oferta agroalimentaria, el suministro eléctrico y las metas de inflación. El antecedente histórico del fenómeno de 2015 y 2016, cuando los alimentos perecederos registraron incrementos cercanos al 18,9%, sugiere que una eventual consolidación del Súper Niño podría dificultar significativamente la trayectoria descendente proyectada por el Banco de la República. A esto se suma la alta dependencia hidroeléctrica del sistema energético nacional, donde más del 70,0% de la generación proviene de embalses sensibles a la sequía. La articulación oportuna entre las autoridades nacionales y territoriales, junto con la activación temprana del respaldo termoeléctrico y la implementación de planes de manejo agrícola adaptativos, serán determinantes para mitigar los efectos sobre los hogares de menores ingresos, quienes históricamente absorben de manera desproporcionada las presiones inflacionarias derivadas de la variabilidad climática.

Para profundizar en el análisis sobre los principales sectores de la economía colombiana, incluyendo las proyecciones sobre inflación, generación eléctrica, producción agropecuaria y dinámica empresarial frente al fenómeno de El Niño, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y participe en los Foros Sectoriales, donde se desarrollan en profundidad las variables macroeconómicas y sectoriales que orientan la toma de decisiones estratégicas en el actual escenario de variabilidad climática.

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