La geopolítica dejó de ser un tema exclusivo de cancillerías y titulares internacionales. Hoy moldea decisiones empresariales, altera expectativas y redefine flujos de capital. Sanciones energéticas, rivalidad tecnológica entre potencias, fragmentación comercial o cambios abruptos de gobierno no solo impactan relaciones diplomáticas: modifican la percepción de riesgo. Y en una economía moderna, las expectativas son determinantes. La inversión no depende únicamente de la demanda actual, sino de la confianza en la estabilidad futura. Cuando aumenta la incertidumbre política, se deteriora la previsibilidad regulatoria o se debilita la institucionalidad, el capital se vuelve más cauteloso. Suben las primas de riesgo, se encarece el financiamiento y aparece lo que puede denominarse un “paro empresarial silencioso”: decisiones estratégicas que se postergan a la espera de mayor claridad. En ese entorno, ignorar el contexto global ya no es una omisión menor; es una falla estructural en la planeación.

A este panorama se suman transformaciones simultáneas: transición energética, competencia tecnológica, cambios demográficos, digitalización acelerada y nuevos patrones de consumo. El entorno dejó de cambiar por ciclos y pasó a transformarse de manera permanente. Por eso la estrategia empresarial no puede basarse en estabilidad prolongada, sino en escenarios múltiples y gestión activa del riesgo. Medir la confianza, diversificar exposiciones, invertir en talento, fortalecer cultura de innovación y optimizar recursos se convierte en una necesidad, no en una ventaja opcional. La pregunta ya no es si habrá nuevas tensiones internacionales, sino si las organizaciones están estructurando una hoja de ruta que incorpore esa realidad. En un mundo más exigente y volátil, la solidez no es rigidez: es preparación estratégica.

El mercado ilegal de cigarrillos en Colombia alcanzó un máximo al abarcar el 38,0 % del consumo nacional durante el 2025. Dicha cifra representa un incremento frente al 22,0 % registrado en 2019, consolidando una problemática estructural que trasciende la marginalidad comercial. Como consecuencia de esta dinámica ilícita, los departamentos dejaron de percibir cerca de $1,18 billones por concepto del impuesto al consumo. Tales recursos, originalmente destinados a financiar sectores esenciales como la salud, el deporte y la recreación, generan un déficit en las finanzas territoriales y limitan la capacidad de inversión de las administraciones locales.

Según el informe de la Federación Nacional de Departamentos divulgado por Portafolio, la región Caribe concentra la mayor incidencia del mercado negro, liderada por La Guajira con un 94,0%, seguida de Cesar y Magdalena con el 79,0 % y 76,0 %, respectivamente. El desplazamiento de la demanda hacia redes informales obedece principalmente a la amplia brecha tarifaria, dado que una cajetilla legal superó en promedio los $12.000 en 2025, valor que equivale al precio de 2,5 unidades de contrabando. En contraste, los mayores volúmenes netos de recaudo perdido se ubican en zonas densamente pobladas como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca.

La comercialización de las mercancías ilegales, provenientes de orígenes diversos como Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y China, se realiza predominantemente a través del ecosistema minorista cotidiano. Más del 70,0 % de las ventas ilícitas ocurren en tiendas de barrio y minimercados, factor que dificulta el control institucional y debilita la efectividad de las políticas preventivas de salud pública. Frente a tal escenario, las autoridades advierten que el flagelo financia economías criminales asociadas al lavado de activos, haciendo imperativo revisar la política tributaria para evitar que los altos gravámenes continúen incentivando la expansión del comercio ilícito.

La demanda mundial de electricidad experimentará una aceleración hacia el final de la década, proyectándose un crecimiento 2,5 veces más rápido en comparación con el requerimiento energético general. Dicha tendencia estará fundamentada en la expansión del uso industrial, la adopción masiva de vehículos eléctricos y la mayor utilización de sistemas de aire acondicionado. Adicionalmente, la rápida proliferación de centros de datos, impulsada por el auge de la inteligencia artificial, jugará un papel determinante en el incremento sostenido del consumo a nivel global.

Según La República, el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) advierte que será indispensable elevar la inversión anual en el sector en aproximadamente un 50,0% para satisfacer las futuras necesidades, considerando que actualmente se destinan US$400.000,0 millones a las redes eléctricas. Las economías emergentes son el motor principal de este dinamismo, representando cerca del 80,0 % del consumo previsto hasta 2030, con China consolidándose como el mayor contribuyente. Por su parte, las naciones avanzadas aportaron un 20,0 % del crecimiento global durante 2025.

En lo referente a la matriz de generación, las estimaciones señalan que la mitad del suministro eléctrico para el cierre de esta década provendrá de fuentes renovables y energía nuclear, alcanzando niveles proporcionales a la producción basada en carbón. Se calcula que la capacidad renovable registrará un aumento cercano a los 1.000 TWh anuales. Paralelamente, la alternativa nuclear mantendrá un ascenso constante, respaldada por la reactivación de reactores en Japón y una mayor capacidad instalada en países estratégicos como Francia, China e India.

La industria colombiana de hidrocarburos y minería completó su segundo año consecutivo de contracción al cierre de 2025, perfilándose como el renglón de peor desempeño nacional. Las proyecciones estiman una caída anual del PIB para el sector de minas y canteras que oscila entre el 6,6 % y el 7,2 % para 2025. Dicha tendencia se sustenta en una severa disminución del 18,0 % en la producción de gas comercializado, obligando a incrementar las importaciones para abastecer la demanda interna. Paralelamente, la extracción petrolera descendió un 3,5% debido al declive natural de los pozos operativos.

Según Valora Analitik, la Asociación Colombiana de Minería y múltiples analistas advierten que el retroceso se agrava por la fuerte incertidumbre normativa. Subdividiendo el mercado, el carbón y los minerales metalíferos reportarían caídas cercanas al 10,0%, afectados por dificultades logísticas, menores exportaciones y el avance de la extracción ilícita. Las decisiones de política pública han limitado la confianza inversionista, impidiendo que los precios históricamente altos de materias primas como el oro y la plata logren compensar el balance negativo de la actividad extractiva formal.

A pesar de la crisis en el tejido minero-energético, las expectativas para el agregado de la economía colombiana apuntan a un crecimiento del 2,9 % para el consolidado del 2025, impulsado por una expansión estimada entre el 3,0 % y el 3,1 % durante el cuarto trimestre. Semejantes métricas rozan el límite del crecimiento potencial del país, evidenciando la necesidad de reactivar motores productivos tradicionales. Fomentar una inversión con reglas claras resultará imperativo para recuperar el empleo regional y asegurar la competitividad a mediano plazo.