La disminución en la producción de carbón en Colombia podría representar pérdidas para la Nación de entre $1 y $2 billones, según estimaciones recientes. Esta situación responde a la decisión de la multinacional Glencore de reducir en un 50,0% la producción en la mina El Cerrejón, que equivale entre 5 y 10 millones de toneladas métricas.

Según el diario El Nuevo Siglo, este ajuste se debe a la caída en los precios internacionales del carbón térmico, reducción de la demanda en mercados clave, también el transporte marítimo se ha vuelto insostenible para el carbón afectando mercados europeos y asiáticos. Además de estos retos, se sumaría lo que dejará de pagar Cerrejón por el impuesto del 1,0% a la exportación de carbón, que decretó el Ministerio de Hacienda en el marco de la conmoción interior en el Catatumbo.

La disminución en la producción no solo impactará los ingresos fiscales, sino que también afectará la economía de la región de La Guajira, donde la minería representa una fuente de empleo y desarrollo clave. A medida que avanza la transición energética global, el sector minero colombiano enfrenta nuevos desafíos. La reducción en la producción y exportaciones de carbón obliga a replantear estrategias económicas que permitan mitigar el impacto de esta situación.

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La tasa de ocupación fue 58,0% en febrero de 2025, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (56,4%). El sector de la construcción continúa desempeñando un papel clave en la generación de empleo en Colombia. Durante febrero de 2025, esta industria se destacó como una de las principales fuentes de ocupación.

El comportamiento del sector refleja la influencia de proyectos de infraestructura en ejecución y la inversión pública y privada en vivienda y obras civiles. Sin embargo, factores como los costos de los materiales y la incertidumbre económica podrían afectar su crecimiento en los próximos meses.

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El desempeño del sector ganadero en 2024 fue relativamente positivo teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica y social, nacional e internacional. Evaluando las variables más representativas del sector, se destaca el crecimiento del 5,6% en el PIB de la ganadería y el incremento, aunque frágil, de las exportaciones de carne en canal en 0,6%. De igual forma, el sacrificio y el consumo de carne de res registraron aumentos significativos del 3,7% y 5,9%, respectivamente. Acción explicada, en general, por la estabilización de los precios del novillo gordo en pie que evidenció un precio promedio en 2024 de 7.836 pesos por kilo, valor cercano a los 7.907 pesos que tuvo en 2023. Frente al escenario futuro, el incremento de los costos asociados al transporte, la inseguridad que azota el país, el sacrificio ilegal, la inestabilidad del sector relacional, el lácteo, y la incertidumbre vinculada a las decisiones gubernamentales; constituyen los principales retos que debe afrontar el sector.

Con relación a la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados para el sector, la Resolución ICA 017938 de 2024 trajo consigo una noticia de impacto positivo como lo es la admisión a los mercados de Estados Unidos y Canadá para la exportación de carne bovina y bufalina. Esta resolución da pie a la entrega gratuita por parte del ICA de los Dispositivos de Identificación Individual Nacional, DIN, con los que se tendrá la trazabilidad en tiempo real, con información actualizada y completa, del establecimiento de origen, con registro de todos los eventos sanitarios y movilizaciones ocurridos durante la vida del animal. El plan, es parte del requerimiento para poder exportar hacía los nuevos mercados e involucra en un primero momento a siete departamentos del Caribe Colombiano. Sin embargo, la implementación del DIN también servirá para mitigar el flagelo del sacrificio ilegal, el abigeato y de paso, cerrar la brecha de seguimiento en vacunación para asegurar un país 100% libre de aftosa.

El Gobierno de Colombia plantea modificaciones al Decreto 1079 de 2015 que regula el transporte de carga, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y la eficiencia del sector. La propuesta, que ya está en análisis, busca mejorar las condiciones operativas y reducir los costos logísticos, lo que podría beneficiar tanto a transportistas como a empresas del sector.

Según La FM, las reformas incluirían ajustes en los requisitos de los vehículos de carga manteniendo la opción de pago de 15,0%, ampliando las normativas para garantizar su correcto mantenimiento y para reducir el impacto ambiental de las flotas. Además, se fortalecería la implementación de medidas para mejorar la infraestructura vial y la capacitación de los conductores.

Estas medidas, de ser aprobadas, tendrían implicaciones directas en la competitividad del transporte de carga en el país, permitiendo una mayor eficiencia en las operaciones y la reducción de accidentes y consolidando una regulación más equitativa y eficiente, que promueva estabilidad y transparencia en la operación del transporte de carga del país. Sin embargo, los gremios del sector aún analizan los detalles de las reformas para evaluar su impacto en la industria.

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El Congreso de Colombia está considerando una propuesta para prolongar la reducción del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en los tiquetes aéreos al 5,0% hasta el año 2027. Esta medida busca estimular la recuperación económica del sector turístico, facilitando los viajes aéreos y promoviendo el turismo interno, además de ayudar a la recuperación del sector aéreo.

Según Ámbito Jurídico, la iniciativa plantea mantener la tarifa reducida del IVA en los tiquetes aéreos, una medida que ha sido implementada anteriormente. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ha manifestado que antes de pandemia el sector aéreo aportaba US$10.500 millones al producto interno bruto (PIB), y manteniendo dicha reducción se busca fortalecer la actividad.

La propuesta también contempla reducciones transitorias en las tarifas del IVA para servicios de hotelería y turismo, así como en la comercialización de artesanías. De ser aprobada, la extensión de la reducción del IVA en los tiquetes aéreos hasta 2027 representaría un alivio significativo para los viajeros y podría contribuir a una recuperación más rápida y sostenida del sector turístico en Colombia.

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• La población campesina representó el 30,1% del total de Colombia en enero de 2025.
• Aunque la mayor parte de la población campesina es femenina, en el último trimestre de 2024, la tasa de ocupación de las mujeres fue del 38,6%, frente al 74,1% de los hombres.
• El campesinado colombiano evidencia un envejecimiento progresivo de su población, donde en el grupo de 65 años o más se ubican 3,9 millones de personas, superando a los 2,8 millones de niños menores de 14 años.

La población campesina en Colombia desempeña un papel fundamental en la economía y la cultura del país. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el trimestre octubre-diciembre de 2024, 11,3 millones de personas mayores de 15 años se identificaron como campesinas, lo que representa una proporción significativa de la población nacional. En enero de 2025, incluyendo los menores de 15 años, la población campesina representó el 30,1% del total de habitantes del país.

Participación en el mercado laboral

Durante el último trimestre de 2024, la tasa global de participación de la población campesina fue del 61,4%, con una ocupación del 56,8% y una desocupación del 7,5%. La principal actividad económica de la población campesina ocupada fue la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que emplea al 42,8% de esta población. Le siguen el comercio y la reparación de vehículos, con un 12,1%. En contraste, las ramas de actividad con menor participación campesina fueron información y comunicaciones, y actividades financieras y de seguros, cada una con 0,3%. En cuanto a la forma de ocupación, el 53,5% de la población campesina ocupada trabaja por cuenta propia, seguido por obreros y empleados particulares con un 24,9%.

Brecha de género en el empleo

La brecha de género en el mercado laboral campesino es notable. A pesar de que para enero de 2025 la población femenina representó el 52,4% del total, la tasa de ocupación en el último trimestre de 2024 fue del 74,1% para los hombres y del 38,6% para las mujeres. Además, la tasa de desocupación se situó en 5,6% para los hombres y en 11,1% para las mujeres.

Pirámide poblacional

La distribución etaria de la población campesina revela un fenómeno demográfico significativo: una pirámide poblacionalaparentemente invertida. Se registró que hay más personas mayores de 65 años (3,9 millones) que niños menores de 14 años (2,8 millones). Además, este comportamiento también se refleja en la proporción de campesinos respecto a la población nacional:

• 0-14 años: 20% del total nacional es campesino
• 15-24 años: 22,4%
• 25-44 años: 27,5%
• 45-64 años: 38,7%
• 65 años o más: 45,3%

De lo anterior, es notorio que en Colombia una significativa parte de las personas más adultas pertenecen al campesinado. A su vez, estos datos evidencian un envejecimiento progresivo del campesinado, lo que podría implicar desafíos en la renovación generacional.

En la población campesina del país, si bien se entiende que el contexto rural se presta para desempeñar actividades económicas específicas, la concentración laboral en ciertos sectores representa un desafío a afrontar. Además, las brechas de género siguen siendo una problemática relevante, lo que subraya la importancia de modernizar el rol femenino en el sector campesino y garantizar mayores oportunidades de empleo. Por otro lado, la inversión de la pirámide poblacional plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del campesinado a largo plazo. Equilibrar la estructura etaria es clave para asegurar la preservación cultural y el desarrollo de la ruralidad colombiana.

El incremento en el precio del dólar y los elevados costos internacionales de los lácteos redujeron las importaciones de estos productos en Colombia durante en el primer mes de 2025, reportando un volumen total de 6.655 toneladas.

Según Contexto Ganadero, históricamente, las importaciones de lácteos han aumentado debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. Sin embargo, factores como el costo del dólar, que inició el año en $4.400, y el arancel temporal del 4,9% impuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) entre septiembre de 2024 y enero de 2025, impactaron este comercio.

Los productos más importados en lo corrido de 2025 son la leche en polvo descremada (16,3%), el queso fresco (218,1%), y el lactosuero (158,1%), y Estados Unidos es el principal proveedor. Expertos han señalado que el sector lechero colombiano dependerá de su capacidad para cerrar brechas estructurales. El deficiente estado de las vías terciarias sigue dificultando el transporte de la leche, encareciendo costos y limitando la competitividad.

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El cambio climático pone en consideración la forma de reducir la huella de carbono. En este contexto, una alternativa son las eSIMs, que son tarjetas digitales integradas en el dispositivo que permiten conectarse a redes móviles sin necesidad de una tarjeta SIM física. Esta innovación tecnológica elimina por completo la necesidad de fabricar, distribuir y reemplazar tarjetas SIM físicas, generando beneficios significativos para el medio ambiente.

Según un análisis publicado por BusinessCol, estudios internacionales demuestran que la adopción de eSIMs puede reducir hasta 12.000 toneladas de CO₂ asociadas al ciclo de vida de las SIM tradicionales. La reducción genera un impacto positivo, ya que, la producción masiva de tarjetas SIM implica un uso considerable de plásticos y consumo de energía.

Si bien es algo relativamente nuevo, se espera que la industria de teléfonos móviles se adapte al cambio, usando este tipo de innovaciones en los productos.

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En los primeros dos meses de 2025, la producción de aceite de palma en Colombia alcanzó las 338.807 toneladas, creciendo así un 5,1% frente al mismo periodo del año anterior.

Según el diario Vivir en el Poblado, las ventas totales en febrero sumaron 296.000 toneladas, de las cuales, el 71,0% se destinó al mercado interno y el 29,0% a exportaciones. Sin embargo, el consumo local mostró una caída de 12.000 toneladas en el periodo, situándose en 211.000 toneladas.

Por regiones, la zona Oriental (Casanare, Meta y Vichada) experimentó un crecimiento destacado, con un aumento de 13,4%, mientras que la zona Norte (Antioquia, Bolívar, Cesar) presentó una caída de 11,5%. Las regiones Central (Cundinamarca, Santander, Norte de Santander) y Suroccidental (Nariño) mantuvieron su producción, presentando variaciones de 0,2% y 0,3% respectivamente. El sector continúa adaptándose a las dinámicas del mercado, con el objetivo de fortalecer su competitividad y garantizar un suministro estable tanto para el consumo interno como para las exportaciones.

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Es inconstitucional saltarse al congreso para promover una ley, pero no lo es si se usa un mecanismo de participación ciudadana. Por lo cual, la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro se acoge a la ley.

Hemos tenido mecanismos de participación como el plebiscito de 1957 que aprobó la alternancia en el poder de los partidos Liberal y Conservador; el referendo de 2003 con el cual Álvaro Uribe buscó modificar la constitución y no pasó; el plebiscito de 2016 con el cual Juan Manuel Santos buscó refrendar la paz y la ciudadanía dijo que no; y la consulta popular anticorrupción de 2018 promovida por el movimiento Verde, pero no pasó el umbral requerido.

La consulta popular liderada por el gobierno tendrá alrededor de 12 preguntas y será presentada para aprobación del congreso en abril, de ahí se tienen 3 meses para realizarla, es decir que se tendrá hasta agosto para llevarla a los ciudadanos.

Ahora, el censo electoral en Colombia es de 40.963.470 personas, es decir que cada pregunta para que sea válida requiere que sea votada por una tercera parte, es decir 13.654.457 y para que sea aprobada deben votar sí, al menos 6.827.229 personas. Estos son números claves, pues el presidente Petro cuando tenía una alta popularidad, que superaba el 60 %, en la primera vuelta presidencial de 2022 sacó 8,5 millones de votos, ahora, con una popularidad de entre el 32 % y 37 % ¿si le dará para sacar los 6.827.299 votos?.

Si la consulta es aprobada, el Congreso no puede rechazar ni archivar el resultado. Debe tramitar las leyes necesarias para implementar las decisiones tomadas por la ciudadanía, pero tiene plazo hasta el fin de la legislatura para hacerlo, es decir que la aprobación se puede ir hasta junio del 2026, y resulta que en agosto de 2026 tendremos nuevo presidente o presidenta.