Estados Unidos se encuentra al borde de una crisis en su cadena de suministro de alimentos, con productores agrícolas y expertos advirtiendo sobre posibles desabastecimientos y aumentos de precios. La situación se debe a que recientes redadas migratorias están paralizando la producción de alimentos por la escasez de mano de obra.

Según la revista Semana, las asociaciones agrícolas han reportado un clima de miedo generalizado entre los trabajadores, lo que ha conllevado a ausencias masivas que ponen en riesgo las cosechas y los procesos esenciales. En el condado de Ventura, California, entre el 25,0 % y el 45,0 % de los trabajadores agrícolas dejaron de ir a trabajar tras redadas en campos de fresas, limones y aguacates. De manera similar, en Nebraska, una redada en una planta avícola resultó en la detención de 74 trabajadores, lo que redujo la producción en un 80,0 %.

Las implicaciones de esta situación incluyen potenciales alzas de precios, una menor variedad y una mayor inestabilidad en el suministro de alimentos frescos para los consumidores. La problemática resalta el dilema entre la aplicación de las políticas de inmigración y el mantenimiento de un sistema alimentario estable.

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La nueva reforma laboral del Gobierno colombiano ha incorporado y formalizado el teletrabajo, estableciéndolo como una modalidad que se adapta a las cambiantes dinámicas del mercado tras la pandemia. Este esquema permite el desempeño de actividades remuneradas utilizando tecnologías de la información y la comunicación, sin necesidad de la presencia física del colaborador en un lugar específico de trabajo.

Según el diario La República, el artículo 56 de la reforma define el teletrabajo como una modalidad que se efectúa en el marco de un contrato o relación laboral dependiente. La normativa distingue varias divisiones, entre ellas, el teletrabajo autónomo, donde el trabajador puede escoger libremente su lugar de desempeño; y el teletrabajo móvil, aplicado a aquellos trabajadores que no tienen un sitio establecido para ejecutar las labores de su compañía.

Adicionalmente, la reforma contempla el teletrabajo híbrido, que combina días de trabajo presencial y virtual; el teletrabajo transnacional, para empleados con contrato en Colombia que operan desde otro país; y el teletrabajo temporal o emergente, diseñado para situaciones excepcionales como emergencias sanitarias o desastres naturales. En un aspecto relevante para los empleados, el artículo 57 estipula que los empleadores deberán reconocer un auxilio de conectividad. Este auxilio aplicará para quienes devenguen menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte, y aunque no constituirá salario, sí será base para la liquidación de prestaciones sociales.

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• Las consecuencias financieras de la crisis de salud se evidencian en la siniestralidad superior al 109 % de las EPS, el cierre de servicios por parte de las IPS y el crecimiento a doble digito de las quejas de los pacientes.
• Si queremos mantener un sistema universal los recursos para la salud deben aumentar un 15,4 % y se debe contar con voluntad de pago.

A pesar de que los recursos asignados al SGSSS han aumentado cada año, las fuentes de financiación no se han incrementado. Esto contrasta con la creciente presión del gasto, impulsada por factores como el aumento de la población colombiana, la migración venezolana, el incremento de la morbilidad, la prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento demográfico, entre otros.

Por lo anterior, se ha generado una brecha estructural en la financiación del SGSSS. Aproximadamente el 96,0 % de los recursos se destinan al Plan de Beneficios en Salud (PBS), por lo que son cubiertos con pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que el 4,0 % restante se utiliza para financiar servicios y tecnologías de salud fuera del PBS. No obstante, en los últimos años, el PBS se ha ampliado significativamente, incluyendo más del 90,0 % de los medicamentos y procedimientos habilitados para la prestación de servicios de salud, lo que ha incrementado la presión sobre el gasto de la UPC. Paralelamente, los costos asociados a servicios fuera del PBS no han disminuido, debido al aumento de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la necesidad de implementar innovaciones terapéuticas.

El panorama descrito ha llevado a un incremento en la siniestralidad de las EPS y el SGSSS, reflejando un crecimiento de los costos que supera al de los ingresos. En este contexto, la siniestralidad de la UPC aumentó del 93,4 % en 2020 al 103,7 % en 2024. Adicionalmente, al incluir los ingresos y costos asociados a los Presupuestos Máximos, destinados a financiar servicios y tecnologías fuera del PBS, la siniestralidad total calculada para 2024 alcanzó el 109,8 %.

Para el 2024, la mayoría de las EPS enfrentaron una siniestralidad superior al 100%. El incumplimiento de indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de Salud a las EPS llevó a que 9 de ellas fueran intervenidas forzosamente: Capresoca, Emssanar, Asmet, Savia Salud, Famisanar, Sanitas, Nueva EPS, S.O.S. y Coosalud. Al analizar los ingresos operacionales de todas las EPS intervenidas en ese año, no alcanzan para cubrir sus costos y gastos operativos. Además, el ROA negativo en todas estas EPS indica que no solo no están generando utilidades sobre sus activos, sino que están destruyendo valor. Por otra parte, Dusakawi y Comfachocó se encuentran en Medida de Vigilancia Especial y Comfaoriente está sometida a Programa de Recuperación.

A junio de 2024, las EPS Aliansalud, Comfaoriente, EPS Familiar de Colombia, Salud Bolívar, Salud Mía y Salud Total destacaron como las únicas entidades que cumplen con las condiciones financieras y de solvencia exigidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Solo 15 EPS del SGSSS cumplen con los requisitos de capital mínimo, 10 poseen un patrimonio adecuado y solo 8 mantienen el cumplimiento del régimen de inversión de reservas técnicas.

Las dificultades financieras del SGSSS no se limitan únicamente a las EPS. Estudios sobre la situación de cartera realizados por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) han evidenciado un incremento constante en los niveles de vencimiento de las cuentas por cobrar de las empresas de la industria farmacéutica, dispositivos médicos, gases medicinales e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) afiliadas, así como también en el aumento de la rotación de sus carteras. Lo que pone en evidencia la expansión de los problemas de liquidez a toda la cadena de actores del SGSSS.

También se ha documentado cómo las IPS se han visto obligadas a desinstalar algunos servicios. En los últimos dos años, se han registrado disminuciones significativas en el número de camas disponibles para trabajo de parto, salud mental y atenciones especiales, entre otros servicios. Estas reducciones afectan a varios de los departamentos más poblados del país, así como a aquellos que históricamente han enfrentado problemas de acceso a los servicios.

Como era de esperarse, esta problemática también ha afectado directamente a los pacientes, lo cual se refleja en el incremento de los reclamos recibidos por el sistema. En los últimos seis años, los reclamos presentados ante el SGSSS han crecido un 19,6 % anual. Para 2024, los principales motivos de insatisfacción fueron: la negación de atención en otros servicios de salud (18,1 %), la falta de oportunidad en la atención (16,2 %) y la negación en la entrega de tecnologías y otros servicios de salud (12,9 %). (En el primer trimestre de 2025, las quejas al sistema de salud incrementaron un 47,6 %) Actualmente, la problemática alrededor de la salud está en el centro de las preocupaciones de la sociedad colombiana.

Revertir esta situación no será tarea sencilla, ya que es consecuencia de los déficits financieros acumulados durante los últimos años. El SGSSS enfrenta un ciclo de deuda estructural que se caracteriza por arrastrar obligaciones del pasado, generar pasivos en el presente y proyectar riesgos crecientes a futuro si no se ajusta la financiación ni se estabiliza el flujo de recursos. De acuerdo con estimaciones de la ANDI, entre 2021 y 2024 se ha acumulado un déficit cercano a los $20 billones de pesos. Este problema tiene su origen en una insuficiencia histórica de la UPC, el incumplimiento en el pago de los Presupuestos Máximos y los retrasos en los giros por parte de la ADRES.

Actores externos al SGSSS, como la Corte Constitucional mediante los Autos 2049 y 007 de 2025, han destacado la insuficiencia de los Presupuestos Máximos y la imperiosa necesidad de incrementar la UPC, instando a la creación de espacios de concertación entre los actores del sistema para abordar estas problemáticas. (Ministerio de Salud tendrá que cumplir órdenes de la corte y pagar deudas al sistema de salud) Sin embargo, hasta el momento no se han implementado medidas efectivas que detengan el aumento del déficit financiero del SGSSS. Si no se ajusta la UPC ni se garantiza la estabilidad en el flujo de recursos, la acumulación de la deuda continuará de manera inevitable.

Para 2025, se proyecta que el sistema de salud colombiano requerirá aproximadamente $101,9 billones, lo que representa un aumento del 15,4 % en comparación con los recursos asignados en 2024. Cabe destacar que este cálculo no incluye la incorporación de nuevos medicamentos y servicios al Plan de Beneficios en Salud (PBS), ni contempla nuevas fuentes de gasto, como la financiación de Equipos Territoriales de Salud, lo que podría incrementar aún más las necesidades financieras del sistema en 2025. Sin embargo, se proyecta que, en el mejor de los escenarios, en 2025 solo se logrará cubrir el 92,05 % de los servicios de salud proporcionados por los actores del sistema. Esto generará un aumento en las cuentas por cobrar y provocará un déficit financiero acumulado de $25,9 billones.

De acuerdo con la Resolución 18430 de la ADRES, el presupuesto de gastos autorizado para 2025 asciende a aproximadamente $98,6 billones. Este monto cubrirá la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, los Presupuestos Máximos para servicios y tecnologías no financiadas con UPC, además de ajustes de vigencias anteriores y otros conceptos. Al excluir los recursos para vigencias pasadas, el SOAT y otros usos específicos, el monto disponible será de $93,8 billones.

En un escenario pesimista donde no se logren acuerdos ni soluciones en beneficio de los actores del SGSSS y sus usuarios, la deuda continuará acumulándose. Esto podría derivar en un aumento en la gravedad de las enfermedades debido a la falta de atención efectiva, reformas incompletas que no aseguren la sostenibilidad financiera del sistema, mayores problemas de liquidez con retrasos en los pagos, riesgos en la continuidad de los servicios, pérdida de capacidad en la red de prestadores y un incremento en las demandas y acciones legales contra el sistema y sus actores.

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Sectorial Salud

El consumo masivo en Colombia muestra signos de estabilización, aunque el volumen de ventas no ha logrado una recuperación plena, particularmente en los sectores de bebidas y alimentos. A pesar de un ligero crecimiento económico del 1,7 % en 2024 y una reducción de la inflación al 5,2 %, solo el 40,0 % de las categorías de la canasta de consumo masivo registran crecimiento.

Según un estudio reciente de NielsenIQ (NIQ), “Consumo Masivo en Perspectiva – Colombia 2025”, citado por El Nuevo Siglo, las categorías de bebidas y alimentos están experimentando notables disminuciones en volumen de ventas. Segmentos como refrescos, jugos y confitería son los más afectados. La categoría de bebidas, que históricamente impulsó el crecimiento del consumo masivo, ahora lidera su reducción. Sin embargo, las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, mantienen su posición gracias al desarrollo de segmentos y presentaciones más asequibles.

El estudio también identifica tendencias clave en el comportamiento del consumidor, incluyendo una creciente preferencia por productos saludables, con etiquetas limpias, sostenibles y menos aditivos. El impacto del cambio climático también está influyendo en los patrones de consumo, afectando negativamente categorías como el agua y los refrescos. Las marcas propias, por su parte, están ganando terreno debido a su asequibilidad, representando el 44,3 % de las ventas en cadenas y discounters, posicionando a Colombia como líder en Latinoamérica en participación de marcas privadas.

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La producción de aceite de palma crudo en Colombia registró un notable crecimiento del 10,0 % entre enero y mayo de 2025 en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 908.000 toneladas. Esta tendencia positiva se observó en todas las zonas palmeras del país.

Según el portal El Palmicultor, la zona Central destacó particularmente con un crecimiento del 16,0 % en mayo de 2025 respecto al mismo mes de 2024. El buen desempeño se atribuye a una mejor distribución de las lluvias, optimización en la nutrición de las palmas y mejoras en las prácticas de polinización.

En cuanto a la comercialización, las ventas de aceite de palma en Colombia han llegado a las 578.000 toneladas este año, superando en 10.000 toneladas las cifras del año anterior. Este impulso se debe, en parte, a un aumento del 7,0 % en el segmento de aceites y grasas comestibles. Las exportaciones de aceite de palma también mostraron un dinamismo significativo, creciendo un 19,0 % hasta totalizar 278.000 toneladas. Europa y México se consolidaron como los principales destinos de estas exportaciones, representando el 32,0 % y el 28,0 % respectivamente.

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El mercado petrolero enfrenta crecientes presiones debido a la escalada del conflicto entre Israel e Irán, lo que la consultora RBC Capital Markets califica como una amenaza directa al suministro energético global.

Según Bloomberg Línea, los analistas de RBC destacaron que ambos bandos han atacado infraestructura energética clave desde el segundo día de enfrentamientos, lo cual intensifica los riesgos sobre el envío de crudo, especialmente si se extienden agresiones hacia instalaciones como las de la isla Kharg o en Irak.

La consultora señaló que esta dinámica geopolítica ya está presionando al alza los precios del petróleo, con el Brent experimentando una variación positiva de 19.8 % en el último mes. Aunque aún no hay interrupciones concretas en el flujo, RBC advierte que un conflicto prolongado podría interrumpir el estrecho de Ormuz, clave para las exportaciones de crudo, y provocar saltos en el precio del barril.

Los operadores del mercado se muestran especialmente atentos: los movimientos en los futuros y las opciones reflejan un notable nerviosismo. La advertencia de RBC se produce en un contexto de elevada incertidumbre en los mercados energéticos y financieros. Incluso los bancos centrales podrían verse afectados, debido a presiones inflacionarias derivadas de precios elevados del petróleo.

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Mantener una cobertura universal en salud con ingreso de nuevas tecnologías sin nuevas fuentes de financiación genera un reto de sostenibilidad. Si a este, se le agrega falta de voluntad de solución, la situación deriva en una crisis.

Desde que se creó la Ley 100 de 1993, se separaron las funciones de aseguramiento, prestación y regulación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) colombiano. En los siguientes años entraron numerosas EPS al sistema, tanto de carácter público como privado, para atender a afiliados del régimen contributivo y subsidiado. Algunas lograron consolidarse, mientras que otras enfrentaron dificultades financieras y administrativas que en ocasiones llevaron a salidas del sistema.

El sistema de aseguramiento se fue transformando con los años y ha tenido muchos logros, entre ellos la cobertura universal, con casi el 99,0 % de la población asegurada (más de 50 millones de colombianos), además de la reducción del gasto de bolsillo, la ampliación del Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los dos regímenes de atención, la capacidad de respuesta ante las crisis, entre otros. No obstante, mantener la sostenibilidad financiera del SGSSS ha sido uno de los principales retos.

Desde 2017, los recursos que recibe el SGSSS son unificados bajo la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), siguiendo un principio de unidad de caja, mientras que una porción es manejada directamente por entidades territoriales para financiar programas específicos de promoción y prevención de salud pública. El SGSSS se financia con aportes del Presupuesto General de la Nación, recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), transferencias de las Cajas de Compensación Familiar, cotizaciones de empresas y empleados, y los rendimientos financieros generados por la ADRES.

Las cotizaciones dependen principalmente del empleo formal de los afiliados del régimen contributivo; estas se calculan como un 12,5 % del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los afiliados. De este porcentaje, el trabajador asume el 4,0 %, mientras que el empleador cubre el 8,5 %. Además, para regular la demanda y estimular el uso adecuado de los servicios de salud, el gobierno ha establecido copagos y cuotas moderadoras. Los cotizantes pagan copagos por cada servicio médico recibido, mientras que los beneficiarios del régimen contributivo abonan cuotas moderadoras por servicios de mayor complejidad, como hospitalizaciones o cirugías.

No obstante, la mayor parte de los recursos que recibe el SGSSS proviene del Estado, principalmente para financiar el régimen subsidiado, el cual beneficia a más de 20 millones de personas sin capacidad de pago. Esto hace que el SGSSS sea vulnerable a los déficits fiscales y al crecimiento del endeudamiento público. Tanto el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como el Banco de la República han señalado los desafíos fiscales que enfrenta el Gobierno a mediano y largo plazo, derivados de la rigidez del gasto público, la sobreestimación de los ingresos y las implicaciones de la reforma del (SGP).

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Sectorial Salud

• La historia electoral de Colombia ha estado marcada por una alta fluctuación, donde los cambios de partido político es un panorama común.
• Los colombianos no tienen una identidad política definida, pues recientes encuestas muestran la disparidad, así como los recientes presidentes, donde se ha pasado de un gobierno de derecha, centro – derecha, conservador y actualmente de ideas de izquierda.

La historia electoral reciente de Colombia muestra una marcada volatilidad partidaria, la identificación estable con partidos políticos tradicionales ha sido reemplazada por comportamientos electorales fluctuantes y una creciente distancia entre la ciudadanía y las colectividades políticas. Según el especial de la revista Semana sobre big data electoral, menos del 30,0% de los votantes en ciudades como Bogotá mantienen una simpatía estable con un partido. Este fenómeno de “apartidismo congruente” (es decir, personas que ni simpatizan ni votan con base en partidos) representa una parte significativa del electorado.

Un estudio académico publicado en Revista de Estudios Sociales (Scielo) confirma esta debilidad institucional: los partidos políticos en Colombia no logran establecer vínculos duraderos con los votantes, y muchas veces se convierten en vehículos temporales para candidaturas personales o coyunturales. Esta desconexión está también relacionada con la desconfianza en las instituciones democráticas, donde los partidos ocupan los últimos lugares en niveles de favorabilidad.

Además, las candidaturas por firmas se han convertido en una estrategia común. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, líderes políticos como Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo o David Luna han optado por este camino, lo que reafirma la crisis de representatividad de los partidos tradicionales.

Aunque la identificación con partidos es débil, los colombianos sí tienden a ubicarse en espectros ideológicos generales. De acuerdo con la más reciente encuesta de Guarumo (abril de 2025), el 26,0 % de los ciudadanos se considera de derecha, el 20,8 % de izquierda y el 17,2 % de centro. Sin embargo, un 33,2 % dice no identificarse con ninguna corriente política, lo que reafirma el desapego partidario, además, la afinidad con partidos políticos está muy repartida, pero sobresale el componente de no sentirse identificado por ninguna colectividad, como lo muestra el siguiente cuadro elaborado por Cifras y Conceptos en su encuesta polimétrica de mayo del 2025:

La elección de Gustavo Petro en 2022, primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, marcó un cambio significativo. Sin embargo, su mandato ha generado una reacción ideológica: según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre 2021 y 2023 el porcentaje de ciudadanos que se identificaba como de derecha aumentó seis puntos porcentuales, pasando de 17,9 % a 23,9 %. Esta polarización no se traduce en un fortalecimiento partidario, sino en una reafirmación de posturas ideológicas personales, muchas veces desligadas de militancia o simpatía con partidos.

Presidentes anteriores también reflejan esta oscilación ideológica: Álvaro Uribe representó la derecha, Juan Manuel Santos se acercó al centro tras el proceso de paz, e Iván Duque tuvo un perfil conservador con apoyo débil en el Congreso. Esta diversidad ideológica ha sido acompañada por una baja institucionalidad partidaria, pues el poder presidencial se ha ejercido a menudo más por liderazgo personal que por estructuras partidistas.

Una de las claves para entender la débil identificación con los partidos en Colombia es la desconexión entre las preocupaciones ciudadanas y las agendas de los partidos políticos. Según la encuesta de Guarumo, los principales temas que inquietan a los colombianos son el acceso a la salud (33,6 %), la corrupción (12,6 %), el desempleo (9,9 %) y la inseguridad (9,5 %). No obstante, los partidos tradicionales han sido percibidos como ineficaces o indiferentes frente a estos problemas.

Además, los atributos que más valoran los colombianos en un futuro presidente son la honestidad (30,7 %) y el pie de fuerza contra la inseguridad (21,5 %), por encima de la afiliación política o la experiencia partidista. Lo anterior sugiere que los votantes priorizan características personales sobre alineamientos ideológicos o vínculos partidarios. El bajo nivel de confianza en los partidos se manifiesta también en los métodos de información política, ya que, el 44,5% de los ciudadanos se informa a través de redes sociales, mientras que solo una pequeña fracción accede a contenido político mediante canales institucionales. Este consumo de información fragmentado y personalizado refuerza la tendencia a una política de individuos más que de partidos.

Los colombianos, en su mayoría, no se identifican con partidos políticos de forma sostenida. Si bien existe una conciencia ideológica que oscila entre la izquierda, el centro y la derecha; la lealtad partidaria es débil, inestable y muchas veces sustituida por preferencias individuales o coyunturales. Esta realidad refleja una crisis de representación, donde los partidos no logran canalizar las preocupaciones de la ciudadanía y tampoco una articulación de proyectos colectivos duraderos. La volatilidad electoral, la personalización de la política y la desafección hacia las estructuras tradicionales sugieren que, al menos por ahora, la identificación partidista en Colombia es más una excepción que una norma.

Según Bloomberg Línea, la combinación de la baja en los tipos de interés por parte del Banco de la República y una cotización del peso estable frente al dólar ha generado un entorno favorable para el gasto de los hogares. El informe Consumer Insights de Kantar Worldpanel para el primer trimestre de 2025 prevé un repunte del consumo en el segundo semestre, impulsado por temporadas como Amor y Amistad, Halloween y Navidad.

El reporte destacó que, en el primer trimestre, las familias colombianas incrementaron el gasto por acto de compra en un 11,6 % con respecto al mismo periodo de 2024, aunque lo hicieron con una menor frecuencia de visitas a los puntos de venta, que cayó 7,1 %, optando por adquirir más unidades de productos en cada ocasión (+9, %). Este comportamiento refleja una madurez en las decisiones de consumo, donde priman la necesidad, el valor y el momento, pero sin reducir la inversión en bienes de consumo básico.

En cuanto a los canales comerciales, el tradicional mantiene una penetración del 99,0 %, mientras que los minimercados crecen al 97,0 % y los puntos independientes alcanzan un récord histórico del 85,0 % de cobertura. Los hogares más vulnerables siguen usando con frecuencia el canal tradicional (33,0 % de sus compras), mientras que los discounters se mantienen en 26,0 % de participación entre todos los segmentos.

Dentro de las categorías que crecieron, los medicamentos OTC destacan con un aumento del 10,1 % en unidades por acto de compra, alineado con preocupaciones de salud en la población. Este panorama sugiere un consumo más racional, inteligente y adaptado a diferentes estilos de vida, en un contexto económico caracterizado por tasas de interés más bajas y un tipo de cambio estable.

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Los comerciantes de San Victorino, uno de los centros comerciales tradicionales más importantes de Colombia, han manifestado una creciente preocupación por el impacto de las plataformas de comercio electrónico Temu y Shein. Consideran que las prácticas de estas empresas chinas representan una competencia desleal que amenaza la sostenibilidad del comercio local.

Según la revista Semana, Temu y Shein han experimentado un rápido crecimiento en América Latina, ofreciendo una amplia variedad de productos, desde vestuario hasta electrónica y artículos de belleza, a precios considerablemente bajos. El principal reclamo de los comerciantes es que estas plataformas operan sin la carga de impuestos y regulaciones locales, lo que les permite ofrecer precios significativamente inferiores. Mauricio Alarcón, gerente del Centro Comercial Gran San en Bogotá, afirmó que “estas plataformas operan con precios muy bajos y sin la carga de impuestos y regulaciones locales, y son consideradas competencia desleal que amenaza el comercio tradicional”.

El impacto de estas plataformas trasciende lo económico, afectando el tejido social del mercado colombiano. Ante esta situación, las asociaciones de comerciantes locales han solicitado al gobierno intervenir para regular el comercio electrónico y garantizar condiciones de competencia equitativas. Aunque algunos comerciantes han intentado adaptarse abriendo tiendas en línea o vendiendo a través de redes sociales, se encuentran en desventaja debido a la escala y logística de las plataformas internacionales, así como al analfabetismo digital que afecta a muchos pequeños vendedores.

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