La trayectoria de la construcción inmobiliaria en Colombia ha estado marcada por profundas transformaciones asociadas a factores macroeconómicos, institucionales y sociales. Desde la crisis de finales de los años 90 hasta el desplome por la pandemia en 2020, pasando por el auge de inversión pública y subsidios en la década de 2010.

Un 93,0 % de los usuarios de internet en Colombia utiliza alguna red social, dedicando un promedio de 3 horas y 25 minutos diarios a estas plataformas, lo que demuestra su profunda integración en la vida cotidiana y su creciente impacto en el comercio.

Según el portal Xataka Colombia, en un informe de DataReportal 2025, el uso de estas plataformas es casi equitativo entre hombres (50,3 %) y mujeres (49,7 %). Este entorno digital se ha convertido en una vitrina comercial clave, ya que más del 20,0 % de las compras en línea en el país se originan en redes sociales.

Instagram se ha consolidado como la plataforma líder para el comercio electrónico, generando, seguido, por Facebook. El impacto de este fenómeno no es uniforme en todo el territorio; departamentos como Córdoba, Caldas y Valle del Cauca lideran en el número de órdenes de compra generadas a través de estos canales.

Las plataformas más populares en el país, como WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok, se han integrado cada vez más en los procesos de venta de las tiendas virtuales. Esto permite a los negocios presentar sus catálogos y facilitar las ventas directamente en los espacios donde los consumidores pasan una parte significativa de su tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una iniciativa internacional para que los países aumenten el precio real del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas en al menos un 50,0% para el año 2035. El objetivo principal es frenar las enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, que causan más del 75,0 % de las muertes a nivel mundial.

Según el diario El Espectador, esta medida se implementaría a través de impuestos saludables. La organización argumenta que estos impuestos son una herramienta eficaz para reducir el consumo de productos nocivos y, al mismo tiempo, generar ingresos que los gobiernos pueden reinvertir en servicios de salud, educación y protección social. Además, se estima que un aumento del 50,0 % en el precio de estos productos podría prevenir hasta 50 millones de muertes prematuras en los próximos 50 años. La iniciativa busca recolectar un billón de dólares (equivalente a un millón de millones) en los próximos 10 años para apoyar a los países en la implementación de estas políticas fiscales.

La OMS ha puesto a Colombia como un ejemplo en la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. En el país, esta medida ha logrado disminuir el consumo de dichos productos y ha contribuido a aumentar los ingresos fiscales.

El envejecimiento de la población podría generar costos a las economías emergentes equivalentes al 16,0 % de su Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2100, debido al aumento proyectado en el gasto público en salud y pensiones. Esta transformación demográfica impactará también el mercado laboral, la vivienda y los patrones de consumo.

Según el diario La República, para 2050 el gasto en estos rubros podría alcanzar el 10,0 % del PIB, y para 2025 representa cerca del 8,0 %. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran este fenómeno como uno de los desafíos más significativos para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal en el siglo XXI.

En Colombia, el proceso ha sido más acelerado que en otros países, en parte por el descenso de la fecundidad y la llegada de población migrante. Las proyecciones indican que la población mayor de 75 años pasará de representar el 4,0 % del total en 2025 al 16,0 % en menos de cinco décadas, mientras que los jóvenes de 15 a 29 años pasarán del 24,0 % a solo el 15,0 % en 2070. Este cambio estructural presenta retos para sectores como la educación básica y el comercio minorista, que dependen de la población joven, pero abre oportunidades para segmentos orientados a las personas mayores, como la salud, los seguros y la vivienda adaptada.

Colombia es un país fuerte; institucionalmente, en su sociedad civil, con medios de comunicación que hacen un control estricto y con una economía en recuperación. Independiente de esto, el gobierno entrante va a heredar una serie de problemas: el fiscal, la crisis de salud, crisis en energía y servicios públicos, seguridad, y caída en la inversión privada. Sin embargo, la contienda electoral presidencial no ha empezado y el camino que parecía de tres carriles (izquierda, centro y derecha), realmente es de seis: el Pacto Histórico, tendencias de centro izquierda, el centro de partidos tradicionales, el centro sin partidos tradicionales, el Centro Democrático y candidatos “outsiders de derecha” (Vicky Dávila y empresarios). La competencia por la presidencia de Colombia será, en el fondo, entre candidatos minoritarios. En 2022, las ideas de un cambio tranquilo no se iban a conectar con la opinión pública, en la actualidad la situación es diferente. “De cara al 2026, una idea de cambio con conocimiento y que geste las ideas de Antanas Mockus sobre el yo voy a decir la verdad, tendrá un lugar en la política”, Alejandro Gaviria.

Colombia se ha posicionado como el cuarto país con más ciberataques en América Latina, enfrentando una crisis de seguridad digital. Durante 2024, el país registró más de 36 mil millones de intentos de ciberataques y se reportaron 22.086 vulnerabilidades, lo que evidencia el creciente riesgo para empresas y gobierno.

Según la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS), los sectores más afectados por esta ola de agresiones digitales son salud, manufactura, transporte y logística. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali se han consolidado como los epicentros de la actividad maliciosa, siendo las pequeñas y medianas empresas (PYMES) las más vulnerables debido a su falta de infraestructura de seguridad.

Entre los tipos de ataques más comunes se encuentran el phishing, el ransomware y la suplantación de identidad. La principal causa de este incremento es una combinación de bajos presupuestos en ciberseguridad, falta de formación especializada y una digitalización acelerada que ha superado la preparación en defensa digital.

Los expertos recomiendan una estrategia integral para enfrentar esta amenaza, que incluya la evaluación de riesgos, el fortalecimiento tecnológico y la capacitación constante del personal. A pesar de los avances legales e institucionales, el país aún enfrenta desafíos como la falta de talento especializado y una cultura de ciberseguridad deficiente para mejorar su resiliencia digital.

Durante el primer semestre de 2025, el sector automotor en Colombia registró la venta de 104.947 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 23,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte indica una recuperación significativa para la industria en el país.

Según un informe de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), citado por Forbes Colombia, el segmento de vehículos sostenibles fue uno de los grandes protagonistas. Las ventas de vehículos completamente eléctricos se dispararon un 204,0 %, en el primer semestre de 2025, con 7.294 unidades matriculadas, mientras que los híbridos crecieron un 49,0 %, alcanzando las 25.541 unidades vendidas.

En cuanto a los tipos de vehículos, las camionetas lideraron el crecimiento con un aumento del 42,0 % en sus ventas, seguidas por los SUV con un 37,0 %. A nivel geográfico, ciudades como Manizales, Ibagué y Madrid mostraron los mayores incrementos en el registro de vehículos nuevos. El informe también destaca que las marcas con mayor número de ventas durante este periodo en el país fueron Renault, Kia, Toyota, Mazda y Chevrolet. El buen desempeño del sector se considera una señal positiva para la economía nacional.

La situación se debe a que la producción nacional de las refinerías no crecerá al mismo ritmo que la demanda de combustible en el país.

Según el diario La Opinión, que cita proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), las importaciones de gasolina podrían llegar a 127.000 barriles diarios en 2040. En contraste, la producción conjunta de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja aportaría solo 90.000 barriles diarios para esa fecha.

A pesar de una desaceleración temporal en el consumo entre 2023 y 2024 por el alza de precios, la tendencia general de la demanda sigue en ascenso, impulsada por el crecimiento del parque automotor. Esta situación difiere de la del diésel, pues aunque se necesitarán importaciones por 43.000 barriles diarios para 2040, la producción nacional mantendrá un papel predominante.

El informe de la Upme también señala que este aumento en las importaciones, concentradas en la región Caribe, requerirá una ampliación en la capacidad de transporte de hasta 150.000 barriles diarios para garantizar el suministro. A largo plazo, factores como la electrificación vehicular, donde se espera que los eléctricos representen el 50,0% de las ventas de carros nuevos para 2030, podrían moderar estas proyecciones de consumo.

• Colombia oficializó en 2025 su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, con expectativas de inversión en infraestructura, comercio y tecnología.
• El acuerdo ofrece oportunidades de financiamiento y modernización, pero también plantea riesgos de endeudamiento, desequilibrios comerciales y tensiones geopolíticas.
• Su impacto en el mercado financiero dependerá de la gestión estatal, la calidad de los proyectos y el equilibrio en las relaciones internacionales.

El 14 de mayo de 2025, Colombia formalizó su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), un ambicioso plan de integración global liderado por China que busca expandir su influencia mediante infraestructura, comercio e inversión. La reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Xi Jinping en Beijing culminó con el anuncio de la adhesión, y marca un cambio de dirección en la política exterior colombiana, históricamente más cercana a Estados Unidos. El acuerdo representa, para algunos sectores, una puerta hacia nuevas fuentes de financiamiento y cooperación tecnológica, mientras que para otros plantea interrogantes sobre sostenibilidad de la deuda, equilibrio geopolítico y efectos estructurales en la economía.

Beneficios

Uno de los beneficios más inmediatos del acuerdo con China es el acceso a nuevas fuentes de financiamiento para obras de infraestructura que históricamente han enfrentado cuellos de botella por falta de recursos. La iniciativa promete créditos preferenciales para proyectos estratégicos como la segunda línea del metro de Bogotá, la modernización de puertos como el de Buenaventura y la expansión de plantas de generación eléctrica. Estos proyectos no solo tienen impacto directo sobre la productividad, sino que también dinamizan el mercado financiero local al movilizar recursos del sistema bancario, asegurar la participación de firmas de seguros y estimular la emisión de instrumentos financieros ligados a la infraestructura. A su vez, la posibilidad de cofinanciar obras a través de bonos temáticos, como los bonos verdes o bonos de impacto social, abre nuevas líneas de negocio para actores institucionales y contribuye a diversificar la oferta en el mercado de capitales colombiano.

En el ámbito comercial, el acuerdo también puede significar una ganancia neta para el país. China es ya el segundo socio comercial de Colombia y su principal origen de importaciones. Con la IFR, se espera una expansión de las exportaciones hacia el gigante asiático, incluyendo productos agrícolas como café, flores y banano, pero también materias primas mineras y, potencialmente, bienes intermedios con algún grado de transformación. Esta diversificación geográfica reduce la dependencia tradicional de Estados Unidos y mejora el perfil de ingresos en divisas del país, lo que se traduce en mayor estabilidad cambiaria. Desde la perspectiva financiera, ello favorece una mejor gestión del riesgo por parte de bancos e inversionistas, estabiliza los flujos internacionales y mejoraría la percepción de riesgo soberano en los mercados internacionales.

Adicionalmente, la dimensión tecnológica del acuerdo incluye compromisos de cooperación en inteligencia artificial, energías limpias, transporte inteligente y salud digital. Este tipo de transferencias puede estimular el surgimiento de nuevos sectores productivos y atraer inversión extranjera directa en industrias de futuro, por lo que, representaría también una oportunidad para que firmas emergentes colombianas accedan a capital de riesgo, y para que el país fortalezca su ecosistema de innovación financiera, especialmente en lo relativo a Fintech y banca digital. Desde esta óptica, la vinculación a la BRI se alinea con los esfuerzos por modernizar la estructura económica nacional, y no se limita únicamente a un intercambio de bienes físicos.

Desventajas

Por otro lado, uno de los principales riesgos del acuerdo está relacionado con el endeudamiento externo. Casos como los de Venezuela, Ecuador o Sri Lanka han sido citados con frecuencia como ejemplos de países atrapados en condiciones crediticias onerosas tras adherirse a la IFR. Aunque las condiciones anunciadas para Colombia parecen ser favorables, no hay garantías de que la deuda contraída no se convierta en una carga fiscal a futuro, especialmente si los proyectos financiados no generan retornos proporcionales. Esto puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, elevar el riesgo país y, en consecuencia, aumentar los costos de financiamiento para el Estado y las empresas privadas. Desde el punto de vista financiero, el impacto se traduce en tasas de interés más altas, mayor presión sobre el tipo de cambio y una eventual contracción del crédito disponible para el sector productivo.

Un segundo punto crítico es el desequilibrio estructural en la balanza comercial con China. Actualmente, Colombia mantiene un déficit superior a los 13 mil millones de dólares con este país, y no está claro que el acuerdo logre revertir esa asimetría. Un incremento descontrolado de las importaciones chinas, especialmente de manufacturas, podría desplazar producción local, generar desempleo en sectores industriales sensibles y aumentar la vulnerabilidad frente a choques externos. Además, una balanza comercial persistentemente negativa puede deteriorar las reservas internacionales y conllevar a presiones cambiarias que afecten la estabilidad macroeconómica.

También deben considerarse las tensiones geopolíticas derivadas de este giro, pues este posicionamiento no está exento de tensiones. Estados Unidos ha manifestado explícitamente su oposición a que se destinen fondos de desarrollo a empresas chinas en Colombia en el marco de la IFR. Esta postura refleja una preocupación más amplia en Washington sobre la creciente influencia china en América Latina, una región que tradicionalmente ha estado bajo su esfera de influencia. En un contexto internacional caracterizado por rivalidades crecientes entre potencias, el alineamiento excesivo con uno de los polos puede traducirse en sanciones, aislamiento diplomático o incluso penalizaciones comerciales, lo cual afectaría directamente los flujos de inversión y la confianza de los mercados.

Además, la participación del capital chino en proyectos de gran escala exige el fortalecimiento de los marcos regulatorios, las capacidades de supervisión y los mecanismos de rendición de cuentas, para evitar que los beneficios económicos se vean eclipsados por impactos sociales o ambientales adversos que deriven en conflictos y litigios. En términos financieros, un entorno de baja gobernanza puede traducirse en mayor incertidumbre jurídica, aumento de primas de riesgo para inversiones, y menor apetito por instrumentos de deuda locales. La percepción de que las reglas pueden ser flexibles o cambiar según conveniencia política deteriora la confianza, y puede tener efectos duraderos sobre la profundidad y eficiencia del mercado financiero colombiano.

En conclusión, la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta representa una decisión estratégica con implicaciones profundas para su desarrollo económico y financiero. La posibilidad de acceder a recursos frescos, modernizar infraestructura, diversificar comercio e impulsar sectores de alta tecnología es, sin duda, una oportunidad. Sin embargo, los riesgos asociados a un endeudamiento excesivo, al desequilibrio comercial, a las tensiones geopolíticas y a una ejecución deficiente de los proyectos requieren atención urgente y medidas preventivas. El éxito o fracaso de esta alianza dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado colombiano para negociar con criterio técnico, establecer prioridades claras, fortalecer sus instituciones y mantener una política exterior equilibrada que no comprometa su autonomía. Si se logra ese equilibrio, el acuerdo con China podría convertirse en una palanca para el desarrollo sostenible. Si no, podría derivar en una nueva dependencia, esta vez del gigante asiático.

Según informa el portal AviNews, la aprobación es el resultado de un proceso técnico y diplomático que se extendió por más de dos años, liderado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con el apoyo de la Embajada de Colombia en Dubái.

El proceso incluyó la armonización de requisitos sanitarios y la validación de protocolos de inocuidad entre las autoridades colombianas y su contraparte emiratí. La culminación de este trabajo fue la aprobación del modelo de certificado sanitario, un documento indispensable para formalizar las exportaciones.

Si bien el mercado de los EAU está dominado por grandes exportadores como Brasil y Estados Unidos, el alto consumo per cápita de pollo en ese país, que supera los 45 kg por persona al año, ofrece un gran potencial para los productos colombianos. Con esta, ya son 99 las habilitaciones de mercados internacionales para alimentos de origen colombiano.