A continuación, se presenta un análisis detallado de las modificaciones en las juntas directivas de Ecopetrol, Grupo Nutresa, ISA y Banco de Occidente, incluyendo perfiles de los miembros salientes y entrantes. En adición, se presenta el resumen de los miembros entrantes y salientes de las juntas de otras compañías relevantes.

Ecopetrol

Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país, experimentó cambios notables en su junta directiva para el periodo 2025-2029. Estos cambios se dan en un contexto de controversias y desafíos financieros para la compañía. Uno de los ajustes incluye la salida de un miembro y la incorporación de un nuevo integrante en su lugar. Además, otras tres personas se sumaron a la junta para ocupar vacantes que habían estado disponibles desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2025.

Miembros salientes:

Gonzalo Hernández Jiménez fue miembro de la Junta desde octubre de 2022. Es economista de la Universidad Javeriana y PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts.  También se desempeñó como viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público hasta abril de 2023. 

Miembros entrantes:

Alberto José Merlano Alcocer es administrador de negocios de la Universidad EAFIT y magister en Administración Industrial de la Universidad del Valle. En 2013, fue nombrado por el entonces alcalde de Bogotá y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. También ocupó Vicepresidencia Administrativa de Ecopetrol. Su nombramiento en la Junta ha estado sujeto a polémicas debido a su parentesco con la esposa del presidente, Verónica Alcocer.  

Hildebrando Vélez Galeano es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Sociología de la misma universidad, magister en Filosofía de la Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Su trayectoria laboral incluye actividades de docencia, asesoría a organizaciones ambientales, campesinas y sindicales y cargos directivos en entidades como Censat Agua Viva. Su elección también ha sido controversial, pues es el padre de la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Ricardo Rodríguez Yee es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magister en Gestión de Organizaciones de la Université du Québec à Chicoutimi y en Ingeniería Industrial y de la Universidad de los Andes y candidato a doctor de la Università degli Studi di Palermo. Según información reportada por Ecopetrol, ha sido contralor delegado para el Sector de Minas y Energía. También ocupó la Dirección de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Luis Felipe Henao Cardona es abogado y especialista en Derecho de Empresa de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y candidato a doctor en Derecho de la misma universidad. Entre 2013 y 2016, se desempeñó como ministro de Vivienda, Entidad y Territorio. Además, ha ocupado el Viceministerio de Vivienda y de Participación e Igualdad de Derechos y la Secretaría General de los Ministerios del Interior y Justicia y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En la actualidad, también pertenece a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y es el director de Lambda Consultoría.  [IS1https://sectorial.co/articulos-especiales/asi-quedaron-los-gobiernos-de-ecopetrol-nutresa-isa-y-banco-de-occidente/Los%20Protagonistas%20de%20Mayo%202023:%20Grupo%20Gilinski%20se%20Queda%20con%20Nutresa%20y%20Avianca%20Dice%20No%20a%20la%20Integraci%C3%B3n%20con%20Viva%20Air" style="box-sizing: border-box; outline: none; transition-duration: 0.3s; text-decoration: none; color: rgb(232, 52, 66); box-shadow: none;">Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el Grupo. Es el hijo del exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

ISA

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) también vio cambios en su junta directiva en 2025, en un contexto de cuestionamientos y debates internos.

Miembros salientes:

Carlos Raúl Yepes Jiménez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado y magister en Estudios Humanísticos de la Universidad EAFIT. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, en la que se destaca sus cargos como vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Argos y presidente del Grupo Bancolombia.

Hizo parte de la Junta Directiva de ISA entre enero de 2024 y febrero de 2025, cuando presentó su renuncia a la Junta y a los comités en los que estaba. De acuerdo con información presentada por la compañía, “el señor Yepes motivó la renuncia en su inconformidad con la elección del presidente de ISA, que se produjo por decisión mayoritaria de la Junta Directiva”.

Miembros entrantes:

Juan Emilio Posada Echeverri es administrador de empresas de la Universidad EAFIT, tiene un título MBA en Negocios Internacionales y Finanzas de la Escuela de Negocios Lubin de la Universidad Pace y estudios de posgrado en Derecho Financiero Internacional del London School of Economics. Lideró empresas como Avianca, Aces, VivaAir y el proyecto Puerto Brisa. Además, ocupó cargos internacionales en Billiton Marketing and Trading (Grupo Shell) y el Banco Cafetero. En el sector de infraestructura, ocupó cargos directivos en la Financiera de Desarrollo Nacional y ODINSA. En el sector energético, cuenta con experiencia como miembro de la Junta de Ecopetrol y fue presidente de ISA entre julio de 2022 y enero de 2024.

Banco de Occidente

La Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2025 realizó el nombramiento de la Junta Directiva para el período 2025-2026, el cual incluyó la salida de un anterior miembro y el ingreso de su reemplazo.

Miembros salientes:

José Carlos Santander Palacios es economista de la Universidad América. Perteneció a las juntas directivas de la Fiduciaria de Occidente, Corficolombiana, Leasing de Occidente, entre otras. También hizo parte de la Junta Directiva del banco desde marzo de 2019.

Miembros entrantes:

Jorge Castaño Gutiérrez es abogado y especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia y magister en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene más de veinte años de experiencia en los sectores público y privado y se desempeñó como superintendente Financiero de Colombia entre 2017 y 2023. En 2024, asumió la Vicepresidencia Corporativa de Activos Financieros y Eficiencia del Grupo Aval Acciones y Valores.

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Un análisis reciente del economista Eduardo Lora revela una creciente desconexión entre la formación académica y las oportunidades laborales en Colombia, situación que afecta especialmente a los jóvenes. A pesar de alcanzar niveles de educación superior, muchos se ven obligados a desempeñar trabajos no relacionados con su área de estudio, lo que genera descontento, baja productividad e informalidad.

Según el diario Opanoticias, se destaca que este fenómeno se ve agravado por expectativas poco realistas sobre el emprendimiento y una alta informalidad laboral. Datos de la Fundación Empresarios por la Educación indican que la mayoría de los jóvenes con estudios técnicos o universitarios terminan en empleos no vinculados a su formación, lo que contribuye a la insuficiente protección social en el país.

Además, diversos estudios señalan que el 69,0 % de los empleadores en Colombia reporta dificultades para encontrar profesionales con la experiencia y competencias técnicas necesarias. Los sectores de tecnología y telecomunicaciones, impulsados por la demanda en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad, lideran las expectativas de contratación. Sin embargo, las empresas se han adaptado a los cambios, teniendo que el 55,0% manejan una modalidad de trabajo mixta, buscando un equilibrio entre bienestar y cultura organizacional.

Ante esta situación, expertos proponen un diálogo nacional para reformar el sistema educativo, mejorar su calidad y fomentar una colaboración más estrecha entre el sector educativo y el empresarial. La alineación de la formación académica con las demandas del mercado laboral es clave para que el talento joven pueda contribuir efectivamente al progreso nacional.

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La expansión de la minería ilegal en América Latina está privando a la región de capitalizar los actuales precios récord del oro, que han superado los US$3.200 por onza. La actividad ilícita genera impactos económicos y ambientales significativos, al tiempo que fortalece redes criminales.

Según Bloomberg Línea, se estima que la minería ilegal representa aproximadamente el 80,0 % del oro extraído en Colombia, el 50,0 % en Bolivia, el 40,0 % en Perú y el 30,0 % en Brasil. En Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales. Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT), señaló que esta actividad genera más de US$7.000 millones anuales en ingresos ilícitos en Sudamérica.

La minería ilegal está dominada por una compleja red de actores que incluye grupos de crimen organizado, guerrillas, redes de contrabando internacional, actores estatales corruptos y empresas cómplices. Además de las pérdidas económicas, esta actividad genera graves consecuencias sociales y ambientales, como trabajo infantil, prostitución y drogadicción, especialmente en comunidades vulnerables.

La falta de regulación y control efectivo sobre la cadena de producción y comercialización del oro permite que estas redes ilícitas prosperen, impidiendo que los países latinoamericanos se beneficien plenamente del auge en los precios del metal precioso.

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Durante el primer trimestre de 2025 se sacrificaron 834.843 cabezas de ganado vacuno en Colombia, lo que representó un crecimiento del 12,0 %, unas 89.228 reses más que en el mismo período de 2024. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este aumento estuvo impulsado principalmente por un crecimiento del 10,1 % en el sacrificio de machos y del 5,4 % en hembras. Se destaca el incremento de 312,7 % en el sacrificio con destino a exportación, que pasó de 9.804 a 40.457 animales en el período analizado. En el caso del ganado bufalino, el incremento fue de 53,0 %, mientras que el porcino creció 3,8 % y el caprino 46,6 %. La producción ovina tuvo un alza de 7,1 %.

En cuanto a la producción de carne en canal, la especie vacuna generó 197.205 toneladas, un 14,5 % más que en el mismo trimestre del año anterior. La carne de cerdo en canal creció 4,4 %, mientras que la de búfalo aumentó 53,0 %. La producción caprina y ovina se incrementó 37,1 % y 6,5 %, respectivamente.

El 52,9 % del peso en pie del ganado vacuno se aprovechó como carne en canal, siendo Antioquia, Bogotá y Norte de Santander los departamentos con mayor rentabilidad. En porcinos, el rendimiento promedio fue de 82,4%, destacándose Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

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• USAID fue una parte fundamental en la cooperación internacional para el desarrollo económico y social en países de América Latina, África y Asia.
• La reducción de su presencia en países como Colombia ha dejado vacíos significativos en programas sociales, de desarrollo rural y construcción de paz.
• No hay reemplazos equivalentes en escala o alcance, lo que plantea riesgos para el crecimiento y la estabilidad en regiones vulnerables.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es un organismo creado en 1961 bajo la administración de John F. Kennedy, como un instrumento de diplomacia y desarrollo del gobierno estadounidense. Su misión ha sido impulsar el crecimiento económico, el fortalecimiento institucional y la estabilidad social en países con altos niveles de pobreza, desigualdad o en situación de conflicto.

USAID ha operado en más de 100 países a lo largo de su historia, con especial énfasis en regiones como América Latina, África Subsahariana, Asia Central y Oriente Medio. Sus intervenciones incluyen la financiación de proyectos en salud pública, educación, infraestructura, agricultura sostenible, desarrollo rural, gobernanza democrática y derechos humanos.

En el caso de Colombia, USAID ha sido un actor clave durante más de cuatro décadas. Su presencia se consolidó durante el conflicto armado interno, cuando se convirtió en una de las principales fuentes de financiación para proyectos de desarrollo alternativo (como la sustitución de cultivos ilícitos), la atención a víctimas del conflicto, la protección de comunidades étnicas y el fortalecimiento de instituciones locales. A través de alianzas con organizaciones sociales, gobiernos locales y entidades internacionales, USAID canalizaba recursos —en ocasiones superiores a los 300 millones de dólares anuales— hacia regiones vulnerables como el Pacífico, el Catatumbo o el sur del país.

El mecanismo habitual de funcionamiento incluía la apertura de convocatorias para proyectos alineados con las prioridades de desarrollo del país y de la política exterior estadounidense. Organizaciones no gubernamentales, agencias locales e incluso universidades podían recibir financiamiento y asistencia técnica para implementar las iniciativas.

¿Por qué se cerró USAID?

En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congeló casi toda la ayuda exterior argumentando la necesidad de revisar y realinear la ayuda internacional con los intereses nacionales de Estados Unidos. Poco después, Elon Musk, designado para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció que él y el presidente de EEUU estaban en proceso de cerrar USAID, criticándola por supuestos usos indebidos de fondos, como el financiamiento de programas de diversidad e inclusión, incluyendo una “ópera transgénero” en Colombia y un cómic de temática trans en Perú.

Además, se despidió o suspendió a más de 1.000 empleados y contratistas de USAID, y el sitio web oficial de la agencia fue desactivado. El 6 de febrero de 2025, se anunció que todo el personal de contratación directa de USAID sería puesto en licencia administrativa a nivel global, salvo aquellos designados para funciones críticas.

La suspensión de los programas de USAID no es una medida temporal, sino parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de la agencia por parte de la administración Trump.

El vacío que deja en Colombia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado su previsión de crecimiento económico global para 2025 del 3,3% al 2,8%, atribuyendo esta desaceleración a la creciente incertidumbre provocada por los altos aranceles impuestos por la administración Trump. Estas medidas proteccionistas han desencadenado una guerra comercial que afecta a casi todas las grandes economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, México, China, Canadá, la Unión Europea y Japón.

Aunque los recortes a la cooperación internacional, como el desmantelamiento de USAID, no figuran explícitamente entre las razones del FMI para la revisión a la baja, estos pueden tener efectos indirectos significativos en el crecimiento global. La suspensión abrupta de programas de desarrollo en regiones vulnerables, debilita las condiciones de gobernabilidad, reduce la inversión social y puede desencadenar nuevas olas migratorias o conflictos locales. Estos factores generan inestabilidad regional y afectan negativamente las expectativas de crecimiento.

En Colombia, la suspensión de los programas de USAID ha tenido consecuencias significativas. Programas clave en áreas como desarrollo rural, salud, educación y apoyo a comunidades vulnerables han sido afectados. Por ejemplo, en Cartagena, cerca de 19 proyectos sociales están en riesgo, incluyendo el apoyo a víctimas de trata de personas y explotación sexual infantil. En el departamento del Cauca, más de 12 programas financiados por USAID, como “Nuestra Tierra Próspera” y “Jóvenes Resilientes”, enfrentan incertidumbre.

Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha advertido que las investigaciones contra exintegrantes de las FARC y agentes de la Fuerza Pública por graves delitos pueden quedar en suspenso debido a la falta de financiamiento.

¿Hay un reemplazo posible?

Actualmente, no existe un organismo internacional que iguale en escala y continuidad el papel que desempeñó USAID en Colombia. Sin embargo, algunas entidades han incrementado su presencia o fortalecido sus programas en ciertas áreas. La Unión Europea ha aumentado sus recursos para apoyar el Acuerdo de Paz, y agencias multilaterales como el Banco Mundial, el BID o el PNUD han establecido programas específicos para el desarrollo rural y la adaptación al cambio climático. Gobiernos como el de Canadá, Noruega, Suecia y Alemania han mantenido compromisos bilaterales con enfoque en derechos humanos y sostenibilidad.

No obstante, estos esfuerzos son fragmentados y muchas veces limitados por mandatos específicos o ciclos de financiación cortos. La ausencia de un actor con la capacidad de articulación, cobertura territorial y presupuesto constante como USAID ha dejado a muchas organizaciones locales sin un respaldo estable para continuar su trabajo.

La suspensión de los programas de USAID no son una medida temporal, sino parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de la agencia por parte de la administración Trump. Esta decisión tiene implicaciones profundas para los programas de desarrollo y paz en Colombia, y plantea desafíos significativos para las comunidades que dependían de esta asistencia, haciendo imperativo diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer las capacidades internas para garantizar la sostenibilidad de los programas sociales y de desarrollo.

La Corte Constitucional ratificó la legalidad del impuesto adicional a las energías renovables establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, tras desestimar una demanda que cuestionaba su constitucionalidad.

Según Valora Analitik, el alto tribunal concluyó que la contribución, que se incrementará gradualmente del 1,0 % hasta llegar a 6,0 % en 2028, no vulnera el principio de unidad de materia. La Corte determinó que existe una conexión directa y verificable entre esta medida y los objetivos generales, metas y estrategias del PND, así como con el Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026.

El impuesto se aplicará a nuevas plantas solares ubicadas en zonas con alta radiación solar (superior a 5 kWh/m²/día) y a proyectos eólicos en áreas con velocidades de viento promedio superiores a 4 m/s a 10 metros de altura. Para las plantas ya en operación o con obligaciones asignadas, la tarifa aumentará hasta un 4,0 % para 2027.

La Corte también validó más de 100 artículos adicionales del PND que habían sido impugnados por presuntas irregularidades en su aprobación legislativa. El tribunal concluyó que las votaciones en bloque realizadas durante los debates en el Congreso no presentaron vicios de procedimiento y permitieron la deliberación y exclusión de artículos cuando fue necesario.

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De acuerdo con The New York Times, el acuerdo contempla una suspensión mutua de aranceles durante 90 días mientras continúan las negociaciones. Como parte del compromiso, EE. UU. reducirá los aranceles a productos chinos del 145,0 % al 30,0 %, y China bajará los suyos del 125,0 % al 10,0 % sobre mercancías estadounidenses. Este avance ocurre luego de un fin de semana de negociaciones en Ginebra, donde ambos gobiernos coincidieron en evitar una ruptura comercial.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó que ni China ni Estados Unidos desean una desvinculación económica. También señaló que podría discutirse la compra de productos estadounidenses por parte del gobierno chino, en un intento por reducir el déficit comercial. Pese a esta tregua, se mantienen aranceles base del 10,0 % y otros gravámenes aplicados previamente.

La industria y los mercados ven el impacto de la medida; por un lado, el índice bursátil de Hong Kong subió 3,0 % y los futuros del S&P 500 reaccionaron positivamente. No obstante, persiste la incertidumbre, ya que el acuerdo no incluye compromisos estructurales de largo plazo y economistas advierten que los efectos de la disputa seguirán impactando el crecimiento global.

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• Los cambios en el comercio internacional impulsado por barreras comerciales como los aranceles están llevando a la necesidad de expandir los mercados.
• Dentro de la apertura de nuevos mercados se debe tener en cuenta conceptos logísticos, apoyos gubernamentales, publicidad.
• Los costos mas relevantes dentro de la apertura son el tipo de cambio y restricciones o certificados dependiendo del sector.   

La globalización y los constantes cambios en el comercio internacional como los aranceles propuestos por Estados Unidos hacen pensar en la necesidad de expandirse en nuevos mercados. Sin embargo, ingresar a un país implica una serie de inversiones importantes que van mucho más allá del simple envío de productos. Comprender cuánto cuesta abrir un nuevo mercado para la exportación es fundamental para que las empresas y países puedan tomar decisiones informadas y sostenibles a largo plazo.

La decisión de exportación, parte de analizar en primer lugar la situación económica del país al cual se pretende exportar, teniendo en cuenta el Producto interno bruto (PIB), además, de las expectativas de crecimiento; dependiendo del producto, se pueden observar variables adicionales como la renta per cápita, Por otro lado, también implica identificar los posibles riesgos comerciales y conocer las barreras comerciales de tipo arancelario o documentación adicional. Consideraciones de cambio de moneda para exportadores son otro aspecto crítico de la expansión internacional. Los tipos de cambio fluctúan, y esta volatilidad puede afectar la balanza comercial de un país o los ingresos de una empresa.

La adaptación del producto a los estándares y gustos del mercado de destino es esencial. Esto puede incluir cambios en el diseño, etiquetado, empaque e incluso en la composición del producto. Además, muchos países exigen certificaciones específicas para permitir la comercialización de ciertos bienes, lo cual puede representar costos adicionales significativos, tanto en dinero como en tiempo. Por otro lado, antes de ingresar a un nuevo mercado, es crucial proteger la marca y la propiedad intelectual, además de los interés del país. Esto implica el registro de marcas, revisión de contratos internacionales y cumplimiento de las regulaciones locales. Los costos legales varían ampliamente según el país.

También un componente clave para consolidar la presencia en un nuevo mercado es el reconocimiento de marca, o del reconocimiento del país, como lo hecho por Colombia en Japón para atraer turistas e inversión. Esto requiere inversiones en marketing digital, publicidad tradicional, participación en ferias comerciales, creación de material promocional y campañas de relaciones públicas. Estas actividades son necesarias para generar confianza y captar la atención de distribuidores y consumidores.

Los costos logísticos son otro de los componentes que a menudo se subestima y va más allá del transporte de mercancías de un lugar a otro. Hay gastos relacionados con el almacenamiento, la gestión de inventario y la distribución dentro del nuevo mercado. También es importante entender costos del canal de distribución para la expansión global. Trabajar con un distribuidor local puede darle un punto de apoyo en el mercado, pero también agrega otra capa de costos y complejidad

Los aranceles, impuestos, seguros, comisiones y otros costos variables también deben ser considerados, con los constantes cambios actuales como los aranceles de Trump que han afectado el comercio mundial. Además, es importante evaluar las barreras comerciales que podrían dificultar la entrada al mercado, como regulaciones complejas, controles cambiarios, o restricciones aduaneras.  El apoyo gubernamental es clave, pues diversas agencias y cámaras de comercio ofrecen programas de apoyo a la internacionalización, incluyendo estudios de mercado, misiones comerciales y servicios de consultoría.

Expandirse a nuevos mercados internacionales es una decisión compleja y costosa, pero también puede ser una vía de crecimiento sostenido para los países o empresas que lo logran con éxito. Con inversiones que pueden superar los cientos de miles de dólares, abrir un nuevo mercado de exportación requiere planeación estratégica, asesoramiento experto y una comprensión profunda del mercado destino. No obstante, con las herramientas adecuadas y una ejecución cuidadosa, los beneficios a largo plazo pueden superar ampliamente los costos iniciales.

La agroindustria de la caña se perfila como una alternativa energética clave para el sector residencial, gracias al potencial de generación de biometano a partir de residuos orgánicos como las vinazas, que se producen en el proceso de elaboración de bioetanol.

Según el diario Portafolio, Claudia Calero, presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), señaló que con las tecnologías actuales es posible producir hasta 80 millones de metros cúbicos de biometano, lo que permitiría cubrir cerca del 40,0 % de la demanda residencial de gas en la región. Cabe resaltar que el bioetanol se usa como aditivo en la gasolina y que, de acuerdo con el Gobierno, el 10,0 % de esta contiene bioetanol.

El gremio afirmó que el sector ya cuenta con procesos que permiten aprovechar los residuos agroindustriales para la generación de gas renovable. Con cifras a marzo, se han producido 131 millones de litros de bioetanol, cumpliendo así el 18,0 % de la proyección propuesta. La iniciativa plantea una oportunidad para fortalecer la seguridad energética del suroccidente colombiano, al tiempo que impulsa el desarrollo sostenible y la economía circular en torno al cultivo de caña. La agroindustria busca ahora condiciones de mercado que permitan acelerar la implementación de estos proyectos en el corto plazo.

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